El País, 20 de noviembre de 2022.
La polémica sobre la rebaja de penas por abuso sexual sitúa una vez más el debate sobre la violencia machista en el ámbito penal y ha puesto a la sociedad a pedir penas más duras en lugar de aportar soluciones más eficaces para las mujeres.
La Ley de Garantía de la Libertad Sexual ha desatado una tormenta política y mediática porque su entrada en vigor ha posibilitado que condenados por delitos sexuales puedan solicitar una revisión de penas ya impuestas. Varios tribunales han aplicado reducciones que han incluido excarcelaciones y han saltado todas las alarmas. En un contexto político como el nuestro, en el que el punitivismo ha permeado el sentido común, nada activa más nuestra sensación de inseguridad que la idea de delincuentes saliendo de las cárceles. Es más, son justamente este tipo de delitos, los delitos de violencia sexual, los que en las democracias actuales más fácilmente desencadenan la demanda social de fuertes castigos. En el caso español, tras sucesivas reformas que recargaron nuestro Código Penal, algunas penas para los delitos de violación han llegado a equipararse a las penas por homicidio. La violencia sexual contra las mujeres es muy a menudo la baza perfecta para defender las políticas penales más duras y como muestra de ello sólo hace falta mirar cómo las extremas derechas la usan para criminalizar a poblaciones migrantes y defender la prisión permanente o la pena de muerte. Cómo abordar hoy, en nuestro presente político, la violencia sexual, qué discursos construir sobre ello y qué políticas públicas poner en marcha es una de las cuestiones políticas más sensibles y delicadas a las que nos enfrentamos desde los feminismos. En ello nos jugamos la posibilidad de escapar a los marcos de las extremas derechas o el riesgo de caer por entero dentro de ellos y colaborar en el avance de sentidos comunes punitivos y reaccionarios.
