Alberto López-Basaguren
Un Parlamento fragmentado hará difícil que se
afronten las reformas que España requiere
(Versión en castellano del artículo “Hung parliament will make it difficult to push forward the political reform Spain needs”, publicado en la revista The Constitution Unit, Departamento de Ciencia Política del University College, de Londres, 29 de diciembre de 2015).

Las elecciones al Parlamento español del pasado domingo (20 de diciembre, 20-D), han configurado una Cámara Baja con un fraccionamiento político inédito en España. Esta nueva situación tiene un primer efecto: la dificultad de lograr una mayoría suficiente de Gobierno, lo que abocará, casi con total seguridad, a un Gobierno muy débil y, quizás, al riesgo de una legislatura corta, con elecciones anticipadas. Pero hay otro riesgo de gran importancia en el horizonte: la dificultad -o incapacidad- de un Parlamento tan fragmentado, con tan débil liderazgo y tan difíciles alianzas, para afrontar la regeneración democrática y la reforma de la Constitución que la profunda crisis política en la que España está inmersa parece requerir de forma acuciante. La capacidad o incapacidad para afrontar estos retos es lo que, muy probablemente, determinará el futuro político de España.

El sistema electoral (sistema D'Hont, que prima a los dos primeros partidos, con circunscripción provincial, a la que se asigna un mínimo de 2 Diputados, con gran disparidad de población entre provincias, en una Cámara baja de "solo" 350 miembros) llevó, ya desde las primeras elecciones (1977) -las que abrieron el camino a la Constitución-, a un mapa parlamentario dominado por dos grandes partidos, que siempre han superado, en conjunto, los 2/3 de la Cámara Baja. Les han venido acompañando distintos partidos con un reducido número de escaños. Mayoritariamente, partidos nacionalistas/regionalistas (vascos, catalanes, gallegos, aragoneses, valencianos, navarros, canarios...), que al tener el voto concentrado territorialmente, obtienen escaños con un porcentaje global de voto muy reducido; y excepcionalmente, partidos de implantación en toda España, penalizados por el sistema electoral, que con un porcentaje global de votos relativamente significativo obtienen muy baja representación (Alianza Popular, en su día; Partido Comunista y sus herederos; UPyD). Una configuración parlamentaria que, por una parte, otorgaba el control del sistema a los dos grandes partidos, cuyo común acuerdo era indispensable para cualquier reforma sustancial (constitucional); y, por otra, permitía al partido ganador de las elecciones gobernar con gran tranquilidad, incluso cuando no obtenía la mayoría parlamentaria, en cuyo caso se procuraba el apoyo de algún "pequeño" partido. Un bipartidismo que garantizaba la estabilidad.

Fuertes pérdidas de los “viejos” partidos’…, pero insuficientes
ganancias de los "nuevos"

Frente a esta tradición, las elecciones del 20-D han otorgado al partido del Gobierno saliente (PP, conservador) una limitada victoria de 123 escaños, poco más de 1/3 de la Cámara; y 90 escaños al primer partido de la oposición (Partido Socialista, laborista), menos de 1/4 de la Cámara. Entre los dos partidos superan ligeramente el 60% de los escaños. Nunca el partido ganador se había situado tan lejos de la mayoría parlamentaria (176 escaños) ni el segundo partido había quedado por debajo de los 100 escaños
Los dos partidos que han dominado la vida política española han salido de las elecciones terriblemente debilitados, individualmente y en conjunto; y, en consecuencia, profundamente maltrecho el bipartidismo que ellos han representado. ¿Estamos ante una situación transitoria?; ¿serán capaces los dos grandes partidos de recuperar, a corto plazo, sus posiciones tradicionales o la fragmentación ha llegado para quedarse largo tiempo?; ¿estamos en el preludio de un proceso de sustitución, que llevará a reafirmar el bipartidismo pero con diferentes protagonistas?

Los sondeos previos a las elecciones indicaban que el 20-D parecía destinado a resolver el dilema de la hipotética sustitución en el liderazgo político de los "viejos" partidos (PP y socialistas) por los "nuevos" (Ciudadanos -C's- y Podemos). Ni Podemos ha logrado sobrepasar a los socialistas, ni C's lo ha logrado con el PP. Ni en escaños ni en votos. Pero si C's se ha quedado relativamente lejos del PP (13'93 frente a 28'72 en porcentaje de voto y 40 frente a 123 escaños), Podemos ha hecho sentir su aliento en la nuca de los socialistas (20'66 frente a 22'01 en porcentaje de voto y 69 frente a 90 escaños). Los "nuevos" no han logrado desbancar a los "viejos", pero les han causado grandes pérdidas, aunque las ganancias de aquellos hayan sido insuficientes. ¿Sólo de momento?

El PP aguanta el envite de C's gracias, fundamentalmente, a la España rural, despoblada y envejecida; pero el joven partido se asienta con fuerza en las ciudades y en las zonas más dinámicas, no solo en Cataluña. Algo similar ocurre entre socialistas y Podemos. En ambos casos, el sistema electoral ha favorecido a los "viejos" grandes partidos frente a quienes, en cada campo, les disputaban la hegemonía.

Podemos erosiona muy profundamente a los socialistas (que también pierden votos a favor de C's); pero no todos los votos (y escaños) que se ponen en la cuenta de Podemos se le pueden atribuir, sin más. En Cataluña, Valencia y Galicia, el nuevo partido de la izquierda se ha integrado en candidaturas con grupos de izquierda nacionalista en las que su peso es muy bajo o, incluso, casi marginal. Candidaturas que han obtenido 27 de los 69 escaños atribuidos a Podemos, que constituirán grupos parlamentarios separados y que, especialmente por influjo de la candidatura catalana, han impuesto en el programa del partido la férrea defensa del "derecho a decidir", expresada como exigencia de un referéndum en Cataluña (y en el País Vasco), de carácter vinculante, sobre la demanda de secesión (o, más globalmente, sobre el status político del territorio). Y Podemos ha sido superado por C's en lo que parecía su feudo más sólido: Madrid.

Las elecciones del 20-D muestran la agudización de la divergencia entre dos Españas que parecen moverse en direcciones relativamente diferentes: la España interior, rural y envejecida y la "periférica", con las grandes ciudades y los sectores más dinámicos, al margen de la singularidad de Madrid. El sistema electoral favorece nítidamente a la primera, por lo que su reforma será, probablemente, el mayor campo de batalla parlamentario en la nueva legislatura.

¿Cómo ha llegado España a esta situación?

España ha llegado a esta situación por dos tipos fundamentales de razones: la degradación del sistema democrático y la crisis del sistema de autonomía territorial (Devolution). El sistema democrático ha sido golpeado por grandes y numerosos casos de corrupción vinculados a la política, que, en diferentes momentos históricos, han afectado muy especialmente a los dos grandes partidos (pero también al partido del Gobierno de Cataluña y a su "padre" Jordi Pujol y su familia; y a otros), al tiempo que los partidos "colonizaban" las instituciones de control (judiciales y parajudiciales).

Las luces de alarma y los movimientos de reacción frente a la degradación del sistema democrático han sido incontables y llegaron a su momento álgido con el movimiento del 15-M (por referencia al 15 de mayo de 2011) o movimiento de "los indignados". Los grandes partidos han demostrado, en estos años, una enorme sordera frente a las llamadas de atención de la sociedad y una incapacidad absoluta para afrontar la regeneración del sistema político. Podemos nace directamente de esa reacción. Y también C's nace con un claro objetivo de regeneración democrática.

En segundo lugar, los dos grandes partidos tradicionales han protagonizado la parálisis y la falta absoluta de iniciativa frente a la evolución del nacionalismo catalán hacia la ruptura secesionista. C's nace en Cataluña y se fortalece en la oposición a la reclamación independentista, lo que le llevó a atreverse a dar el salto y expandirse al conjunto de España hace aproximadamente un año. Podemos ha logrado (con grandes dificultades y aceptando su papel subalterno) que en el agrupamiento de izquierdas nacionalistas en Cataluña (y, a su imagen, en Valencia y Galicia) se proponga la celebración de un referéndum, desmarcándose de la estrategia de directa reclamación de la independencia y, simultáneamente, de la de los dos "viejos" partidos. Uno y otro han logrado articular una alternativa al problema territorial que, por el contrario, el PP ha impedido, con su atrincheramiento en la legalidad, y que los socialistas no han logrado desatascar con su propuesta de reforma federal.

Los partidos "emergentes" han logrado conectar con las preocupaciones de amplios sectores de la población, en la medida en que han sido capaces de ofrecer propuestas (y respuestas) fiables frente a los dos grandes problemas que, a juicio de la mayoría, aquejan a España: crisis democrática y crisis territorial. Los "viejos" partidos, por el contrario, no han sido capaces de ofrecer una imagen creíble de su voluntad de regenerarse y de su capacidad de liderar la regeneración del sistema, ni un programa atractivo frente a la crisis de Cataluña (y, en general, del sistema territorial).

¿Qué futuro?

El futuro se presenta muy complicado. Las dificultades para configurar una mayoría de gobierno son evidentes. Por una parte, la radical confrontación entre los dos grandes partidos y sus antagónicas trayectorias de los últimos tiempos hace impensable una gran coalición; por otra, las limitaciones que impone la aritmética parlamentaria fuera de esa opción son extremas. Y la opción de una alianza de izquierdas (con otros añadidos) se hace muy difícil no solo por la complejidad extrema a la que llevaría la dispersión de escaños y la incompatibilidad de objetivos entre algunos de los socios necesarios, sino por la guerra sin cuartel que se entablaría entre sus dos principales protagonistas (socialistas y Podemos).

Los movimientos en torno a la conformación de una mayoría de gobierno tienen efectos que trascienden ese objetivo: repercutirán profundamente en las expectativas de los respectivos partidos para lograr los objetivos que han visto frustrados (de forma más o menos relativa) el 20-D. Unos y otros tendrán la mente en la próxima batalla política que deben dilucidar. Y lo que cada uno haga en esta fase será, probablemente, determinante en cómo se resuelvan las cosas en el futuro. 

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Alberto López-Basaguren es Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco.