Andrés Krakenberger

No a la impunidad en delitos importantes
contra los derechos humanos
Entrevista realizada por Antonio Duplá y Josetxo Fagoaga
(Hika, 149zka. 2003ko azaroa)

Andrés Krakenberger se integró en Amnistía Internacional hace más de veinte años y, desde entonces, ha ocupando diferentes responsabilidades dentro de dicha organización. Hace unos años, fue presidente de su Comité Ejecutivo estatal, y desde 2002 desempeña el cargo de coordinador de los grupos vascos y navarros de Amnistía Internacional. Con él hemos querido charlar de muchas cosas concernientes al amplio ámbito de actividades que esta organización desarrolla. Comenzamos preguntándole por los orígenes y evolución de esta organización.

ANDRÉS KRAKENBERGER. Amnistía se creó en el año 1961 de una forma más bien banal. Un abogado británico llamado Peter Benenson, escandalizado por la condena a 7 años de cárcel que sufrieron dos estudiantes en el Portugal salazarista por brindar en un bar a favor de la libertad, publica un artículo en el diario The Guardian titulado Los presos olvidados en el que, además de los dos estudiantes portugueses, saca a la luz una veintena de casos de los que, según la definición que ahora tiene Amnistía Internacional, son presos de conciencia. O sea, encarcelados por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Ese artículo tuvo una extensa difusión internacional y mucha repercusión y, como consecuencia, gentes de todo el mundo se pusieron en contacto con Peter Benenson para defender la causa de esos presos olvidados. Y así empezó todo.

Lo más probable es que nunca hayan existido buenos tiempos para los derechos humanos pero, ¿estamos viviendo hoy en unos momentos especialmente malos? ¿La reacción norteamericana tras los atentados del 11 de septiembre ha marcado un punto de inflexión en el respeto de los derechos humanos?

A.K. Yo creo que, en efecto, desde ese punto de vista, hay un antes y un después del 11 de septiembre. Hay gente que se mete con nosotros cuando decimos esto, argumentando que, antes del 11 de septiembre, la situación no era tampoco ninguna maravilla. Pero sí hay una diferencia cualitativa muy importante. Antes del 11 de septiembre, la mayoría de los gobiernos trataban de transmitir hacia la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación, una imagen lo más impoluta posible en materia de respeto a los derechos humanos. Después del 11 de septiembre, esta preocupación está perdiendo mucho peso en la medida en que aumenta rápidamente la preocupación por la seguridad como valor supremo a defender.

Si antes los gobiernos tenían un cierta interés, que en muchos casos era puramente estético o casi, por los derechos humanos, ahora a lo que se tiende es a que no quede ni ese interés decorativo.

¿Guantánamo puede ser un símbolo de esa evolución?

A.K. Pues como símbolo está bien, ya que antes del 11 de septiembre perecía difícil de concebir que un gobierno que se dice democrático pudiera hacer semejante ostentación de arbitrariedad e indefensión jurídica con unos prisioneros. Pero tenemos que ser muy conscientes de que, a lo largo del mundo, hay bastantes más guantánamos de los cuales los medios de comunicación no dicen nada. Me refiero, por ejemplo, a las cárceles que hay en Afganistán, en las que, en una situación de inhumano hacinamiento, una cantidad muy considerable de prisioneros de aquella guerra (presuntos talibanes, presuntos miembros de Al Qaeda...) sufren todo tipo de vejaciones, torturas, malos tratos... Y luego hay que añadir cosas más generales como los focos de violación de derechos humanos que han pasado completamente al olvido como, por ejemplo, Chechenia, de la cual apenas ya se habla en los grandes medios de comunicación y su situación es, desde el punto de vista de los derechos humanos, escalofriante. Todo esto forma parte de ese amplio consenso mundial en el que el discurso a favor de la defensa de la seguridad ha dejado muy en segundo plano el de la defensa de los derechos humanos.

¿Te parece que nos acerquemos hacia cuestiones más próximas? Hacia los problemas de violaciones de derechos humanos de nuestro entorno más inmediato, como pueden ser la tortura, la violencia de persecución, la situación de los presos en el Estado español...

A.K. Me parece bien pero, quizá antes de entrar en cosas concretas, puede ser bueno el trazar un esquema del modo de acercamiento que tiene Amnistía Internacional a los distintos problemas que las diferentes sociedades plantean, que es diferente de la otras organizaciones como pueden ser los partidos políticos, muchas organizaciones sociales, muchas ONGs...

Cuando, como apuntaba antes, nace Amnistía Internacional, el punto único de su actividad era el trabajo enfocado al logro de la puesta en libertad de presos de conciencia dirigido lógicamente hacia los gobiernos. Este fue durante bastante tiempo su único ámbito de actuación. Sin embargo, en la medida en que Amnistía fue creciendo, amplió sus campos de actuación, pero lo hizo de una manera muy acotada y precisa: AI se ocupaba únicamente de un conjunto cerrado y perfectamente definido de violaciones de derechos humanos cometidos por gobiernos. Así, se pasó de trabajar sólo a favor de la liberación de los presos de conciencia a trabajar también por la abolición de la pena de muerte, contra la tortura, lograr que los presos políticos fuesen juzgados de una manera justa de acuerdo con las normas internacionales y trabajar también contra la práctica de determinados gobiernos de hacer desaparecer a enemigos políticos.

Hasta 1992 AI trabaja exclusivamente sobre problemas inscritos en estos campos. En el año 92, AI mira a su alrededor y viene a decir: éstos campos que nos hemos fijado abarcan, seguramente, la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos a nivel mundial pero, ¡ojo¡, no son sólo los gobiernos quienes hacer barbaridades por ahí. Entonces es cuando Amnistía Internacional incorpora una serie de tareas relativas a abusos que cometen grupos armados que se enfrentan a gobiernos establecidos.

Ahora, de la misma manera que AI no trabaja en todas las violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos en lo tocante a los grupos armados, también se escogen algunos campos muy concretos: los homicidios deliberados y arbitrarios de civiles, la tortura y la toma de rehenes. Luego, creo que sobre 1998, volvemos a mirar a nuestro alrededor y nos preguntamos: ¿qué ocurre cuando la violación de derechos humanos no la comete ni un gobierno, ni una organización armada insurgente sino un señor en su casa? A partir de esta reflexión ampliamos también nuestras áreas de actividad desarrollando algunos proyectos piloto muy concretitos, a través de los cuales evaluábamos caso por caso si el trabajo de AI podía marcar una diferencia. La primera causa de este nuevo tipo que abordamos fue la de la lucha contra la mutilación genital femenina y, tengo que decir que obtuvimos algunos éxitos significativos en algunos países subsaharianos donde se practica este tipo de mutilaciones y en los que percibimos un retroceso de esas prácticas...

Aunque los prolegómenos han sido un poco largos, me parecen convenientes para entender la perspectiva histórica desde la cual trabaja Amnistía Internacional, una perspectiva que nos unifica y nos proporciona uno de nuestros puntos fuertes: nuestras comunes normas de funcionamiento y nuestros criterios de intervención comunes hacen posible que todos digamos lo mismo y a la vez en todo el mundo. Y lo que aquí vamos publicando sobre Pakistán tiene su correspondencia con lo que en Pakistán se publica sobre el País Vasco...

Y ya entro en los temas que me has planteado y lo voy a hacer con el de la tortura. A nivel mundial, la tortura tiene una serie de características que yo creo que se reproducen también aquí. La primera es que, con una sola excepción a nivel mundial, que ya ha desaparecido formalmente (el tratamiento legal de la tortura en Israel), la tortura es un crimen que los gobiernos siempre dicen que ellos nunca cometen aunque, como muy a menudo trasciende en distintos medios, esto sea totalmente incierto muchas veces. Pero, sin embargo, lo que AI ha constatado es que existe una aceptación social de la tortura relativamente alta. Nadie se conmueve, realmente, por casos de tortura. La lucha contra la tortura no moviliza, salvo a la gente muy próxima –por razones ideológicas o familiares– a la víctima, o moviliza muy poco a la gente. Y esto ocurre, yo creo, a lo largo y ancho del mundo, pero también aquí.

¿Cómo ha evolucionado la práctica de la tortura?

A.K. En el mundo, la tortura campa por sus respetos. Y en esto se produce un contraste grande con otro de los problemas en el que también hemos trabajado mucho, cual es el de la pena de muerte. Si a medio plazo, de cara a la abolición de la pena de muerte, cabe ser razonablemente optimistas –ya son más los países que la han abolido que los que la mantienen; y de los ochenta y pico que la mantienen, los tres o cuatro primeros del siniestro ranking llevan a cabo el noventa y tantos por ciento de las ejecuciones que tienen lugar hoy–, en el de la tortura vamos para atrás. Cada vez son más las denuncias de torturas que llegan a AI procedentes de zonas crecientes del mundo.

En nuestro ámbito más inmediato, apreciamos una situación en la que la tortura está en el reino de la impunidad; son contados los casos de denuncia que llegan a los tribunales; aun menos, los que llegan a sentencia firme; y cuando llegan a sentencia firme, las sanciones son para echarse a llorar. Incluso, en los pocos casos de condena firme, ha habido indultos a los sentenciados y hasta condecoraciones. ¿Cuál es el mensaje que recibe un funcionario encargado de hacer cumplir la ley? No digo yo que sea un mensaje claramente favorable a la tortura, pero sí el de que, si torturas, no pasa nada.

¿Cabe hacer un retrato robot del torturado?

A.K. Es un error, y sigo refiriéndome a nuestro entorno más próximo, pensar que las denuncias de tortura se producen únicamente en casos relacionados con al situación del País Vasco. Recibimos bastantes más denuncias de malos tratos y torturas en las que las víctimas son emigrantes, cargadas casi siempre de groseros tintes racistas. Y que conciernen, y esto también es reseñable, a todos los cuerpos policiales sin excepción: desde la Guardia Civil o la Policía Nacional, hasta las policías locales pasando por las autonómicas como la Ertzaintza o los Mossos d’Esquadra.

Sobre el protocolo que parece que el Gobierno Vasco quiere establecer en relación a esta cuestión, ¿cuál es vuestra opinión?

A.K. No tenemos una opinión hecha ya que no lo conocemos. Claro que cualquier medida que tienda a dificultar la practica de la tortura, lógicamente, nos parecerá positiva. Nuestra línea es la que emana del Comité para la prevención de la tortura del Consejo de Europa y del Comité contra la tortura de la ONU. Y no deja de ser curioso que la medida estrella que ambos organismos proponen, la instalación de videocámaras en instalaciones policiales con detenidos, no se lleve a cabo, lo que pone de relieve la falta de una verdadera voluntad política para abordar esta cuestión de una manera seria por parte de los gobiernos. Y es que no se trata de una tecnología especialmente cara ni sofisticada y podría proporcionar una garantía absoluta, no sólo al detenido sino también a los funcionarios encargados de investigar los eventuales delitos, ya no podrían ser injustamente acusados de practicar malos tratos o torturas. Y, sin embargo, no se hace. Yo creo que aquí aparece también esa aceptación social tácita de la tortura ya que, si no, la cosa resultaría inexplicable.

¿Alguna reflexión sobre otras formas de violencia propias de nuestro entorno como puede ser la llamada violencia de persecución?

A.K. Poco más que la radical condena, ya que va en contra de cualquier noción elemental de respeto a los derechos humanos que hemos expresado públicamente. Quizá quepa añadir una reflexión colateral sobre la cuestión de los pronunciamientos públicos: tanto en temas de pena de muerte, torturas o cualquier tipo de barbaridades, las cometan los gobiernos, los grupos armados, etc., a la hora de denunciarlos tu estas siempre un poco a merced de lo que hagan con tu denuncia los medios de comunicación. No siempre te reflejan tus denuncias, no siempre te las reflejan bien y, a menudo, te las reflejan interesadamente. Y como nuestra actitud es la de no casarnos con nadie y la de denunciar la tortura, por ejemplo, la realice quien la realice, solemos encontrarnos en una situación un tanto particular. Una denuncia nuestra, en un momento preciso, puede venir bien a los intereses que defiende un determinado medio de comunicación, pero también sabe que la siguiente denuncia que hagamos a lo mejor no le viene tan bien. Por eso, nuestras relaciones con los medios son complejas y contradictorias.

De cara a vuestro trabajo de cara a los presos de conciencia, que es el punto de partida de AI, ¿la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, con la considerable difuminación que introduce entre los delitos de terrorismo y los de opinión, os ha suscitado algunos problemas particulares?

A.K. En su momento, cuando se aprobó la ley, en Amnistía Internacional expresamos nuestra honda preocupación por el alto grado de indefinición e imprecisión de varios de sus artículos, que podía permitir que casi cualquier organización pudiera ser sujeto de prohibición. Los portavoces en el Congreso del Partido Popular y del Partido Socialista, a los que transmitimos nuestra preocupación, nos dijeron que estábamos equivocados, y punto. Desde luego, al socaire de esto, seguimos muy atentamente la aplicación de esa Ley.

Tal vez nos convenga tomar un punto de vista más general y tratar de reflejar los problemas que todo este cúmulo de dolores, injusticias y desigualdades sobre las que, en todo el mundo, trabaja Amnistía Internacional plantea a la hora de buscar salidas a los conflictos que en torno a las violaciones de los derechos humanos, por parte de unos y de otros, se plantean con tan perversa recurrencia. ¿Qué experiencias puede aportar Amnistía Internacional?

A.K. Quizá la forma más fácil de abordar una cuestión tan amplia y compleja sea referirse al caso de Sudáfrica y la forma en que allí concluyó la historia del apartheid, ya que Amnistía Internacional considera este caso un modelo de algo que tuvo un lado muy bueno y, a la vez, otro que puede encarnar lo que no se debe hacer en ese tipo de situaciones. Es una moneda con dos caras muy distintas. En Sudáfrica se constituyó, cuando se puso fin al apartheid, una especie de comisión de la verdad liderada por Desmond Tutu que consiguió, a base de su prestigio, llevar a la misma sala a víctimas de uno y otro lado junto a verdugos también de uno lado y otro. Las imágenes que se han transmitido por televisión de aquellas sesiones eran sencillamente estremecedoras. Quienes habían perdido a sus familiares en una determinada acción violenta tenían delante a quienes habían disparado sobre ellos, quienes habían sido torturados se enfrentaban cara a cara a sus torturadores... Se hizo allí una especie de catarsis nacional muy dura. Todo esto tuvo de bueno que esa dramática escenificación de la verdad seguramente ayudó no poco a pasar página y a superar la terrible historia del apartheid y de las luchas que se engendraron a su alrededor.

Pero tuvo de malo, y en eso Amnistía Internacional suele hacer hincapié, que ese pasar página se hizo, sí, sobre el conocimiento de la verdad, o de una parte importante de ella, pero también sobre la absoluta impunidad. Esta era una condición imprescindible para poder sentar a víctimas y verdugos en una misma mesa, ya que para que un verdugo pudiera hablar libremente éste tenía que saber que no le iba a pasar nada, dijese lo que dijera. Es decir, que de la comisión de la verdad no se iba a desprender consecuencia penal alguna.

Para Amnistía Internacional, a las llamadas comisiones de la verdad –en Latinoamérica, en Sudáfrica, creo que hubo otra en Pakistán– le vemos eso: que podrán conseguir dosis mayores o menores de verdad sobre lo ocurrido durante un determinado período histórico, pero normalmente esto va acompañado del logro por parte de los violadores de los derechos humanos de una impunidad absoluta.

¿Cabe imaginar otros caminos distintos a los ya tan trillados senderos de la impunidad absoluta para los vencedores y castigo, más o menos duro según los casos, para los vencidos?

A.K. Nosotros, y dicho siempre con el mayor de los respetos, pensamos que no puede haber una sociedad saneada si al final prevalece la impunidad. Es decir, si no han pasado por los tribunales los violadores de los derechos humanos de todos los bandos en conflicto. De hecho, en su día, cuando se reunió la Comisión de Víctimas de la Violencia del Parlamento Vasco, nuestra aportación fue esa: cuidado, si algún día conseguimos de verdad sentarnos todos en una mesa para ver qué es lo que ha pasado aquí, no podemos limitarnos sólo a una consecución de la verdad –que es importante, por supuesto– pero insuficiente para cicatrizar las heridas que existen en la sociedad, si se establece la impunidad. Que pasen a ser juzgados imparcialmente todos lo que tengan que pasar, con todas las garantías, y condenados a lo que tengan que ser condenados.

¿Para ser amnistiados a continuación?

A.K. Bueno, eso ya sería una opción política que podrían tomar o no los gobiernos concernidos. Pero en nuestra opinión, para realmente curar la sociedad, no puede haber impunidad en delitos importantes contra los derechos humanos. Y hay algunos datos inquietantes que muestran los problemas reales de la impunidad; por ejemplo, en El Salvador donde escuadrones de la muerte y similares, tras la amnistía que siguió a los acuerdos de paz, han vuelto a actuar. La impunidad, tardará más o menos, pero vuelve a reproducir los mismos comportamientos a los que se quería poner fin.

¿Qué cabe pensar de la transición española, con la consagración de la impunidad absoluta a todos las gravísimas violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el franquismo?

A.K. Bueno, en realidad, y desde la perspectiva que estamos hablando, no sé si cabría hablar de impunidad ya que ni siquiera se han esclarecido los delitos que se cometieron durante todo aquel largo período. Es más, todavía hoy es el día en que estamos desenterrando a unos muertos de los que nadie se hace responsable. Desde este punto de vista, estaríamos todavía en una situación previa.