Andrés Laguna

Cárceles españolas, hoy.
Hacinamiento, tortura y muerte
(Página Abierta, 160, junio 2005)

El pasado 17 de mayo, el pleno del Congreso aprobó una moción contra la tortura y los malos tratos en los centros de detención, presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y con enmienda transaccional del PSOE. La propuesta obtuvo 307 votos a favor, uno en contra y una abstención.
La moción insta al Gobierno a proceder, en el plazo de 6 meses, a las acciones oportunas con objeto de ratificar y aplicar enseguida el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, constituyendo de inmediato el Subcomité para la Prevención de la Tortura, donde se integrarán las asociaciones defensoras de los derechos humanos, así como a desarrollar una política integral para prevenir los tratos crueles, inhumanos o degradantes, reaccionar con firmeza y prontitud y proteger a la víctima..
Como señalaba la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en un comunicado sobre este hecho tan positivo, «hasta ahora las denuncias realizadas por las distintas organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos y constatadas por los distintos organismos internacionales de la ONU y del Consejo de Europa, fueron sistemáticamente negadas por el Gobierno y el resto de poderes del Estado» (1). 
Por su parte, el diputado de ERC Cerdá Argent, en su interpelación urgente, recordaba la preocupación mostrada en el último informe emitido por el Comité contra la Tortura de la ONU, que  señala la existencia de estas prácticas en el interior de las instituciones penitenciarias y la constatación de esta situación en el informe del relator especial para la Tortura de Naciones Unidas y las visitas e informes del Comité para la prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Y trajo a colación –en sus palabras, “una vez más”– los últimos informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, que destacan una inquietud semejante. Previamente, al comienzo de su intervención, había puesto sobre la mesa algunos datos sobre policías y funcionarios de prisiones denunciados, juzgados y penados por torturas y malos tratos en dependencias policiales y en prisiones. Hechos que siguen saliendo a la luz en estos mismos meses (2).
Los hechos eran y son tan evidentes que, en el Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2004, el Gobierno del PSOE autorizó la firma del Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aunque, después, no se iniciaron –no sabemos si por falta de tiempo– los trámites para la ratificación de ese protocolo facultativo y las medidas oportunas para su puesta en funcionamiento.
En relación con las conclusiones extraídas de la moción aprobada en el Congreso de los Diputados, la APDHA, además de alegrarse de ello y proponer que en la ratificación del Protocolo y en la constitución del Subcomité citados participasen activamente «asociaciones defensoras de derechos humanos y colectivos como el Consejo General de la Abogacía Española, a fin de velar por la transparencia y eficacia de este mecanismo», insistía en algunas medidas que consideraba importantes y urgentes.
En primer lugar, la supresión de detenciones incomunicadas y privaciones de libertad en aislamientos, al ser éstos los espacios en que se producen con mayor habitualidad las torturas (3).
En segundo lugar, aplicar a la víctima de torturas las garantías previstas para el procedimiento del hábeas corpus, así como otras adicionales, tales como la toma de declaración con asistencia letrada y reconocimiento médico inmediato, con intervención activa del fiscal.
Y en tercer lugar, la inmediata excarcelación de los enfermos graves e incurables.

Nuestras cárceles

Los datos de 2004 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias situaban en casi 60.000 el número de personas presas en las cárceles españolas.
Desde el año 1980 al 1990 la población penitenciaria aumentó en más de 20.000 personas, llegando a las 33.000. Y en 2000, y como era de esperar, ya alcanzaban la cifra de 45.000. En resumen, en los últimos catorce años la población reclusa se ha incrementado un 79%, mientras que la población española ha crecido un 8,5%.
Para absorber el incremento de los dos últimos años hubiera sido necesario, según  este organismo, crear ocho centros tipo, con capacidad para 1.000 internos aproximadamente; pero en ese periodo sólo se ha abierto una nueva cárcel, la de Villena, en Alicante. No obstante, ya se han iniciado los trámites para la construcción de cuatro centros en Andalucía (uno en el Puerto de Santa María y otro en Morón de la Frontera), Madrid (Estremera) y Castellón (Albocasser), para los que ya hay disponibles terrenos. Además, Prisiones considera necesaria la construcción de otras cárceles en Canarias, País Vasco, Navarra y Ceuta.
Del total de presos, un 78,6% (46.538) son penados y el resto, 12.661 (un 21,4%), preventivos. Por sexos, el 92,3% son hombres, con un total de 54.619, y el resto, mujeres (4.580).
Por comunidades autónomas, son las cárceles andaluzas las que acogen a un mayor número de reclusos, con 12.193, por delante de las catalanas, dependientes de la Generalitat, con 7.979; las madrileñas, con 7.214, y las castellano-leonesas, con 6.558.
Según Miguel Santiago, de la APDHA, el crecimiento de la población reclusa está relacionado con la pobreza y el consumo y tráfico de drogas ya desde las décadas del setenta y ochenta. En esa segunda década, el entonces Gobierno socialista desarrolló el plan nacional de macrocárceles bajo el ministerio de Antonio Asunción. Grandes complejos penitenciarios se iban construyendo a las afueras de las ciudades por todo el país, que sustituían a las viejas cárceles, generalmente de pequeñas dimensiones.
Diez años después, se abarrotaban las cárceles dejando el objetivo de la reinserción social en una pura falacia. En aquellos años de Gobierno del PP, lejos de plantear una política diferente de la represiva sobre la droga, o una política social que interviniera en los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, dictaminó el endurecimiento del Código Penal para “barrer las calles” de personas, generalmente jóvenes, con graves problemas sociales y de toxicomanías, que cometían pequeños delitos.

La muerte en prisión

Un total de 118 reclusos se suicidaron en los centros dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias –lo que excluye a los situados en Cataluña– en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de octubre de 2004, y otros 379 lo intentaron.
Según el PP, 21 presos se suicidaron en 2000 e igual número en 2001; 25 en 2002; 28 en 2003, y 40 el pasado año. Y en el periodo que va de enero de 2000 a octubre de 2004 hubo, además, otros 379 intentos de suicidio.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, anunció el pasado 17 de mayo la actualización de los protocolos de prevención de suicidios en las cárceles ante su incremento, ya que, desde finales de abril del pasado año y hasta el 5 de mayo, 50 reclusos se habían quitado la vida. Según los datos aportados en su comparecencia en la comisión del Congreso (4), desde el 25 de abril de 2004 hasta el 5 de mayo de este año han fallecido un total de 205 personas internas: 74 por muerte natural, 50 por suicidio, 39 por drogas, 31 por VIH-sida, una por muerte accidental, una por agresión de otro interno, y 9 que se están todavía investigando pendientes de los resultados de las autopsias. Referido todo ello a las cáceles dependientes de Instituciones Penitenciarias, es decir, sin incluir las catalanas.
Todo ello supone, según el ministro, una tasa de mortalidad por cada mil personas presas de 3,55, tasa similar a años pasados. Sin embargo, sí reconoció que la mortalidad por suicidio presenta «un aumento estadísticamente relevante respecto a años anteriores».
Como causas posibles de los suicidios citó el alargamiento del periodo
efectivo de cumplimiento de la condena, el aumento de la población reclusa, en sus palabras, “por encima de lo recomendable”, y la dificultad para la intervención psicológica en la población inmigrante. A lo que añadió el incremento de los internos por delitos de violencia doméstica, «fortísimamente rechazados en las cárceles», y la proximidad de la libertad «sin buenas posibilidades de reinserción social».

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(1) Ejemplos de ello son actuaciones como las que apunta la APDHA. El Gobierno de España, el 22 de junio de 2002, contestó al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, y el 4 de marzo de 2004 a la ONU, rechazando sus recomendaciones de elaborar un plan para impedir y suprimir la tortura (Recomendación 65 del Informe Especial de la ONU), al considerar que no eran ciertas las afirmaciones de existencia de torturas en el Estado español, salvo en casos muy aislados, pues entendía que «las disposiciones legales y la práctica por parte de los agentes del orden garantizan que no se produzcan torturas ni malos tratos y que, en los casos en que un agente del Estado viola la ley, su conducta sea sancionada adecuadamente» (Párrafo 64, Observaciones del Gobierno).
(2) Un funcionario del centro penitenciario provincial de Albolote (Granada) ha sido suspendido provisionalmente de empleo y sueldo por propinar supuestamente una paliza a un interno con problemas mentales, hecho que ha motivado la apertura de diligencias judiciales y administrativas, según El Ideal de Granada de mediados de mayo de 2005.
En Puerto I han cesado al jefe médico por una supuesta incompatibilidad laboral, pero el fondo del tema era las denuncias de presos por su falta de profesionalidad; en Algeciras, a varios funcionarios por una trama de móviles en la cárcel; en Málaga, a varios funcionarios por ir borrachos a trabajar; en Almería hay expediente contra una funcionaria acusada de meter alcohol en la cárcel; sobre malos tratos hay varias inspecciones abiertas en Puerto I y II.
El ministerio fiscal solicita penas de tres años de prisión para dos policías de Calatayud por presuntas torturas a un detenido en las dependencias de la comisaría de esa localidad.
(3) «Las condiciones materiales de reclusión y, en especial, la de privación sensorial que sufren estos internos, estarían en contradicción con métodos de tratamiento penitenciario dirigidos a su readaptación y podrían considerarse un trato prohibido por el artículo 16 de la Convención» (punto 11.d de las Conclusiones y Recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU de 19 de noviembre de 2002).
(4) Terra, 17 de mayo de 2005.


La situación en Andalucía

La masificación de las cárceles es un hecho bien conocido. La mayor parte están ocupadas por mucha más gente de las plazas que les corresponde. Un ejemplo de ello lo daba el estudio presentado hace casi un año por el sindicato de prisiones ACAIP [ver cuadro adjunto]. En él se especificaba, además, que el índice de recluidos en Andalucía alcanzaba –en 2004– el 24% del total de España y advertía de la escasez de funcionarios que están haciendo frente a este incremento de los encarcelados. Así, en la presentación del informe, de la que daba noticia por esas fechas El Diario de Cádiz, este sindicato señalaba que los informes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ya daban cuenta de esa carencia que suponía una media de 25 funcionarios en las prisiones andaluzas.
La mortalidad en la cárceles andaluzas es, también, un dato alarmante. Según el Ministerio del Interior, de las 635 personas fallecidas en los centros penitenciarios a lo largo de los últimos 4 años, 164 tuvieron lugar en las cárceles andaluzas, una cifra que sitúa a Andalucía por  encima del 25% de todo el país. Córdoba, además, encabeza la lista de centros penitenciarios españoles por número de presos fallecidos: 38 en esos años (Canal Sur, 17 de mayo de 2005).
La APDHA, que también informaba de lo dicho hasta aquí, añadía algunos datos más sobre las torturas y malos tratos en las prisiones andaluzas: «Andalucía es la comunidad con más denuncias por causas de malos tratos y torturas, ya que en el periodo analizado –de 2001 a 2004 incluido– se registraron 237, un 25% del total de España, que se elevó a las 793».
En cuanto a la situación de las cárceles andaluzas, ya hace un año esta Asociación y la Asamblea de Familiares y Amigos de personas presas de Andalucía presentaron al Defensor del Pueblo Andaluz un documento que señalaba los principales problemas que Instituciones Penitenciarias debía resolver de manera inmediata, en concreto:
· La excarcelación de enfermos graves, la inclusión de la sanidad penitenciaria en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y no en el Ministerio del Interior, y la apuesta por el tratamiento de los toxicómanos (un 80%).
· El derecho a la educación en prisión. Un 60% de los reclusos y reclusas no puede acceder a la educación. En cumplimiento del Real Decreto 1203/99, debe integrarse a los maestros que trabajan en las cárceles en la Consejería de Educación. Y ha de utilizarse una metodología didáctica adaptada a las peculiaridades de la población presa.
· Acabar con las macrocárceles y la sobreocupación, que impiden la resocialización de los presos y acaban provocando el caos. El hacinamiento en las cárceles choca con la pretensión del Ministerio del Interior de que haya un solo preso por celda.
· No se puede preparar a los reclusos y reclusas para la vida en libertad con las últimas reformas penales. La reforma de Ley de Responsabilidad Civil se justificó para acabar con los “Roldanes”. Sin embargo, los únicos afectados han sido los más pobres, que carecen de medios para abonar las cantidades que fija esa ley, lo que impide su acceso al tercer grado (semilibertad). En el mejor de los casos, serán los familiares los que se hipotecarán, y así la pena se trasladará a la familia. Lejos de crear igualdad, la reforma ahonda en la desigualdad. La víctima no soluciona su problema con esta medida, pues no es posible aliviar el dolor con una compensación económica tardía y en pequeñas porciones. Se debe apostar por otras soluciones, como la mediación. En cualquier caso, es el Estado el que debe responder económicamente, como ya ocurre con algunos delitos.
· Los colegios de abogados deberán articular las medidas necesarias para que se dé difusión al servicio de asistencia jurídica en prisión, tanto a presos como a familiares y asociaciones.
· Ningún preso andaluz será trasladado fuera de su tierra. Aproximadamente, el 50% de los presos cumplen su condena fuera de su provincia, lo que dificulta su reinserción. Los familiares son también los grandes perjudicados, pues se ven obligados a efectuar importantes desembolsos económicos para desplazarse a otras provincias.