Antonio Antón
Paro y encrucijada frente a la crisis

            El paro es el elemento más significativo de la actual crisis económica y dada la rapidez y dimensión de su incremento ha conformado una nueva realidad laboral a la que se responde todavía desde cierta perplejidad. Este texto analiza las respuestas que se están configurando y la situación de una encrucijada abierta a diversos caminos para afrontar la crisis. Tiene dos partes. La primera analiza el cambio de ciclo del paro y la flexibilidad laboral en la entrada y la salida del mercado de trabajo. La segunda valora las propuestas de una reforma laboral del despido y la contratación, y explica las opciones del Gobierno y los agentes económicos y sociales.

Cambio de ciclo del paro

            En primer lugar se analiza el cambio de ciclo del paro. En la tabla 1 se detalla la evolución del mercado de trabajo, diferenciando dos etapas del paro y el empleo. La primera, prolongada, de 13 años, desde la crisis económica y empleo del año 1994 hasta el año 2007, que supone el culmen de la creación de empleo y la reducción progresiva del paro. La segunda etapa se inicia el año 2008 y previsiblemente va a empeorar, al menos, en estos dos años próximos; es el comienzo de otra tendencia con un incremento brusco del paro en el contexto y como expresión clave de la crisis económica y financiera.

            Los datos más significativos del primer ciclo indican, por un lado, la expansión del empleo (8,2 millones, 4,4 millones de mujeres y 3,9 millones de varones), particularmente el empleo asalariado (7,7 millones, de los cuales 5,7 millones empleos indefinidos y 2,1 millones temporales) y, por otro lado, la fuerte reducción del volumen de paro (1,9 millones, 0,9 millones de mujeres y un millón de varones) y, especialmente, la tasa de paro (15,3 puntos, del 23,9% al 8,6%, pasando las mujeres del 32% al 11% y los varones del 19% al 6,8%). La tasa de temporalidad desciende ligeramente (del 34,5% al 30,9%) pero su volumen crece en más de dos millones, hasta llegar a 5,2 millones. En el año 2007 se llega al máximo volumen de empleo de la historia de España y a la menor tasa de paro de los últimos treinta años1. Persiste una zona amplia de precariedad laboral, con sus componentes de inseguridad, indefensión y subordinación, cercana al 40% de la población asalariada y desempleada, que afecta a unos 7 millones, pero se va reduciendo su gravedad y predominan las trayectorias laborales ascendentes.

            En los inicios de este segundo ciclo se ha producido una tendencia contraria: fuerte incremento de la tasa de desempleo (5,3 puntos) y del volumen del paro (1,3 millones), derivado de la destrucción de empleo (0,6 millones) y el crecimiento de las personas activas (0,7 millones). La temporalidad baja ligeramente (0,7 millones hasta situarse en 4,6 millones), pero su menor volumen no se transforma en mayor volumen de empleo indefinido, tal como pretendía la reforma laboral de 2006, sino que se produce un aumento del paro, es decir, los datos expresan una movilidad descendente y no ascendente. Por tanto, el aspecto más significativo es el aumento del volumen de precariedad (hasta alcanzar 7,7 millones) y, sobre todo, la mayor gravedad de su composición al llegar a 3,2 millones de parados. Esa tendencia del paro y la temporalidad, más acentuada en España, nos sitúa en el peor lugar de la Unión Europea y nos alejan de la media2. La destrucción de empleo, el incremento del paro y la disminución de la ocupación, con la perspectiva de su empeoramiento, trunca las trayectorias laborales ascendentes y, junto con la persistencia de un alto volumen de temporalidad, acentúa la incertidumbre social y cuestiona la credibilidad de las bases de crecimiento económico y las políticas económico-laborales dominantes.

Tabla 1: Evolución del mercado de trabajo
(totales en miles, y porcentajes3)

Fuente: INE-EPA

            Ese fuerte incremento medio del paro, del 66% -hasta llegar a 3,2 millones-, tiene efectos sociales más graves por dos características adicionales. La primera deficiencia es la limitada protección al desempleo, en cobertura, duración e importe. Un millón de parados y paradas no tienen prestaciones de desempleo, una parte de los nuevos activos en búsqueda de empleo y otra parte proveniente de la extinción de temporales con pocas cotizaciones sociales; la duración de la protección para una parte, joven o con empleo reciente, llegará a pocos meses de cobertura, en un contexto de difícil reactivación del empleo a medio plazo; además, su importe es escaso (70% los primeros seis meses y 60% los siguientes, sobre salarios bajos), todavía menor en el amplio sector (parados mayores de 52 años) que cobra el subsidio de desempleo al agotarse la prestación4. La segunda característica es la concentración del desempleo en algunos segmentos y zonas concretos que tiende a provocar bolsas de pobreza con riesgo de exclusión social y conflictos competitivos por la escasez de puestos de trabajo. Por un lado, existen 820 mil familias con todos sus miembros en paro, con un incremento de 385 mil este año. Por otro lado, el desempleo está golpeando especialmente a inmigrantes y jóvenes, de ambos sexos, aunque la tendencia en el caso de los primeros es la activación de la búsqueda de empleo por mujeres inmigrantes, y en el caso de los segundos, los jóvenes, es la retirada del mercado de trabajo bajo la cobertura familiar.

            Respecto a la composición por sexo, en este año 2008, en las mujeres el desempleo se ha incrementado un 50%, de 1,0 millón a 1,5 millones, con un aumento de la tasa de paro del 11% hasta el 15,1%; en los varones se ha incrementado desde una tasa de desempleo de 6,8% y un volumen de paro de 0,9 millones hasta una tasa de 13% y 1,7 millones de desempleados. Por tanto, el incremento del paro masculino ha sido de un 90%, superior al femenino, aunque todavía existe una desventaja en las mujeres de dos puntos en la tasa de paro. Así, este aumento del paro, de momento, ha sido mayor en los varones que en las mujeres. No obstante, al partir éstas de unas peores condiciones, en términos de población ocupada, tasas de desempleo y discriminación laboral y salarial, los efectos de esta crisis sobre ellas les deja en una situación más vulnerable. Además, se genera en torno a amplio sector de mujeres una presión hacia el subempleo, la economía sumergida, el trabajo irregular y la atención doméstica y familiar.

            Por otra parte, la reducción del empleo temporal (0,7 millones) es similar en volumen a la disminución de empleo asalariado y, junto al mantenimiento de parecida cantidad de empleo indefinidos, podría inferirse que toda la destrucción de empleo corresponde al empleo temporal. No obstante, esa valoración no es acertada. Cómo se explica la procedencia de toda la destrucción de empleo. Hay que tener en cuenta que, por un lado, el empleo indefinido se reduce en 0,5 millones: son indefinidos la gran mayoría del cuarto de millón que han pasado a pensionistas y cerca de otro cuarto de millón de despedidos (con datos hasta octubre suman 0,2 millones). Por otro lado, crecen los indefinidos en otro 0,5 millones, provenientes de temporales, con lo que cuadran las cifras totales de similar empleo indefinido en este año. La reducción de 0,6 millones de temporales estaría compuesta por ese 0,5 millones que pasan a indefinidos y 0,2 millones adicionales que van al paro. Ello supone que ha habido una pequeña movilidad ascendente de ese medio millón de temporales (el 10% de los mismos) que han pasado a indefinidos (mayoría de fomento), aunque a costa de sustituir a otros indefinidos expulsados del empleo. Al mismo tiempo, este análisis evoca la preocupación empresarial por los costes del despido, ya que si se hubiesen extinguido sólo los contratos temporales podría haberles salido gratis el recorte del empleo. Y eso no significa que en el empleo temporal no se haya generado una gran destrucción de puestos de trabajo en unos sectores y empresas y una rotación de contratos hacia otros5. El empleo temporal ha sido un gran elemento de flexibilidad empresarial y apenas sin coste, particularmente en la construcción. Pero los empresarios también han acudido a la eliminación de contratos indefinidos, sin pararse en los costes de despido, y se ha ampliado la flexibilidad, con una rotación de plantillas y cierta movilidad intersectorial6.

Flexibilidad de la contratación y pérdida de calidad el empleo

            El segundo aspecto a valorar es el cambio en la composición del empleo asalariado, con una mayor segmentación interna, con la evidencia de una gran flexibilidad empresarial en el sistema de contratación. El empleo indefinido ordinario, con mayores defensas y garantías y asociado al clásico empleo ‘fijo’, tiende a disminuir. Persiste el grueso del empleo temporal y aumente el bloque intermedio, vinculado al nuevo contrato indefinido de fomento o la conversión mayoritaria de los temporales. En su conjunto es una evolución con pérdida de calidad del conjunto del empleo, un incremento de la flexibilidad empresarial y un abaratamiento de los derechos de indemnización por despido7. El empleo en España ha ido caminando hacia una mayor flexibilidad en la contratación y menores costes de despido, manteniendo un alto volumen de desempleo. Sólo que, según algún analista, el proceso es lento y la sustitución se ha realizado de forma sucesiva y prolongada: disminución de empleo indefinido ordinario por la vía de jubilaciones y despidos, y crecimiento del empleo precario y, particularmente, del sector intermedio. Todo ello se ha producido en el contexto de la expansión del conjunto del empleo y del predominio de la movilidad ascendente de la población, configurando un perfil menos traumático.

            No obstante, en este nuevo ciclo, con trayectorias descendentes, desde ámbitos económicos y empresariales se vuelve a insistir en el supuesto problema de la ‘rigidez’ del mercado de trabajo, las excesivas defensas de los empleos indefinidos y la necesidad de abaratar costes laborales y del despido. Su propuesta es un nuevo segmento, más frágil, con el llamado contrato anti-crisis, subvencionado y con menos derechos (20 días de indemnización por despido), que debería ser referencia para el conjunto de indefinidos actuales. Así, conviene analizar la situación y tendencias últimas del empleo asalariado. En la tabla 2 se señala su evolución durante seis años (2002-2007).

Tabla 2: Evolución de la contratación (2002/2007)

Fuente: INEM-MTAS.

            En estos seis años (2002-2007), el total de contratos indefinidos ha sido de casi 10 millones (9,85), en torno a un 10% del total de contratos (100 millones), y el resto (90 millones) han sido temporales. Los contratos indefinidos ordinarios son 3,55 millones (66%) y de fomento 1,84 millones (34%). Sin embargo, los contratos convertidos a indefinidos desde temporales suman 4,46 millones y como la gran mayoría ha sido bonificados (con despido de 33 días por año como indefinido de fomento) tendríamos que los porcentajes se invierten: del total de indefinidos contratados un tercio serían ordinarios con derecho a una indemnización máxima por despido improcedente de 45 días y dos tercios –fomento y conversión- con la de 33 días por año.

            En el año 2002 había 4,34 millones de empleos con contrato temporal y 9,36 millones indefinido, y en el año 2007, 5,22 y 11,66 millones, respectivamente. En esos seis años se han creado 0,88 millones de empleos temporales y 2,30 millones de empleos indefinidos, y se han producido 90 millones de contratos en el primer caso y 10 millones en el segundo. En el conjunto de los temporales, en esos seis años, se han realizado unos veinte contratos por cada empleo temporal, con una media anual superior a tres contratos por puesto de trabajo, es decir, una rotación cada cuatro meses. Respecto a los indefinidos se han realizado 4,3 contratos para cada empleo indefinido adicional8. En relación con el conjunto de contratos indefinidos, en los mismos seis años, tendríamos una media de un contrato por empleo, es decir, una rotación media en distinto empleo cada seis años. Ahora bien, según estimaciones propias, la duración media de los nuevos indefinidos de fomento es inferior a cuatro años, siendo más del doble la de los indefinidos ordinarios. Veamos los datos9.

            Respecto de la composición global de los empleos con contrato indefinido, en el punto de partida de 1994 (antes de la reforma laboral de 1997), todos ellos (6 millones) tenían derecho a la máxima indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado. Se deben restar la media de altas en la Seguridad Social por pensiones de jubilación e incapacidad permanente, que está en torno a un cuarto de millón anual, con un total de millón y medio en esos seis años y la gran mayoría, según la variable edad, eran indefinidos ordinarios. Además, hay que contar las bajas por despido aunque, en este caso, se parte de la hipótesis de que ha afectado de forma similar a ambos tipos de contratos indefinidos10. Finalmente, se deben añadir los seis millones de empleos indefinidos creados (dos tercios de fomento y un tercio ordinarios) que, sumados al millón y medio necesario para sustituir a las bajas por pase a pensionista, llegan a un total de 7,5 millones.

            El resultado, redondeado, es el paso desde seis millones de indefinidos (100%, ordinarios) en el año 1994 a cerca de 12 millones en el año 2007 (y similar en el año 2008), distribuidos en cerca de siete millones (menos del 60%) de indefinidos ordinarios (4,5 millones anteriores a 1995 más 2,5 millones posteriores) y cerca de cinco millones de indefinidos de fomento o conversión -todos posteriores a 1996- (no llega al 40%).

            En definitiva, en ese periodo de trece años de gran crecimiento de la economía y del empleo, se ha producido una gran movilidad ascendente de la gran mayoría de la población trabajadora, derivada de la ampliación de la tasa de actividad y la tasa de empleo, el paso desde el paro, la inactividad o la inmigración a la temporalidad y de una parte de la temporalidad hasta el empleo indefinido. No obstante, todavía se han mantenido varios elementos que denotan una gran fragilidad del mercado de trabajo, con una precariedad laboral persistente y cercana al 40%. Así, se ha mantenido una alta tasa de temporalidad, en torno al 30%, a pesar de las reformas de 1997 y particularmente la de 2006, cuya apuesta por su reducción significativa con conversión a indefinidos ha tenido escaso éxito. E, igualmente, ha disminuido el paro pero persiste un alto volumen de desempleo, que se ha resistido a bajar del 8%, demostrando un componente estructural. Además, otro aspecto significativo de la falta de calidad del empleo, con derechos plenos, es la ampliación de un sector intermedio, cuestión que no suele aparecer en los diagnósticos convencionales, a costa del bloque superior con mayores garantías. La interpretación usual utilizada es que esa zona intermedia es mejor que la inestabilidad de la temporalidad, cosa evidentemente cierta y afirmada por la experiencia de esos millones de personas, mayoría jóvenes, con esa trayectoria ascendente. El pero es que no se ha contemplado la otra cara de la moneda: el límite del ascenso en ese peldaño y la pérdida de calidad del conjunto del empleo con el incremento de su flexibilidad por parte de los empresarios. Tal como se ha analizado la evolución de la composición interna de los indefinidos, el 40% de los mismos tiene menores garantías y constituyen un bloque intermedio entre temporales y ‘fijos’. El criterio tradicional, especialmente en la administración pública, amparado por el derecho del trabajo, es que a un puesto de trabajo duradero corresponde un empleo con contrato indefinido, independientemente de su cualificación, y el contrato temporal corresponde a una ‘causa’ de incremento coyuntural de la producción. Esa lógica está rota por la ‘descausalización’ de los contratos, por la práctica empresarial que tiende a una contratación flexible adecuada a sus costes laborales y de rotación del empleo y sus exigencias de productividad y cualificación: alta (ordinarios), semi-cualificación (fomento) y poca o ninguna cualificación (temporales)11.

            Por último, tras el fuerte incremento del paro durante la crisis de 1993-1994, el desempleo va disminuyendo y pasa de ser el 30% de ese conjunto al 10% (baja veinte puntos), pero sólo en este año vuelve a subir seis puntos. El conjunto de la precariedad laboral pasa del 54% al 38% (baja 16 puntos) y, en este año, sube ligeramente hasta el 40% pero, sobre todo, cambia hacia una composición más grave, al mantenerse relativamente igual el bloque de temporalidad en torno a una cuarta parte del total e incrementarse el paro. Por otro lado, el empleo con mayores garantías se reduce, pasando desde el 46% en 1994, al 36% y 35% de los últimos dos años, generándose un bloque intermedio de una cuarta parte de esa población, con despido más barato que el indefinido tradicional. El paro todavía no ha llegado a la dimensión de 1994, sin embargo, algunos pronósticos sitúan su tasa en torno al 20% a fines de 2009, con unos 4,5 millones de desempleados (0,7 millones más que en 1994), el volumen mayor de la historia española.

Flexibilidad en el despido

            El tercer aspecto a destacar es la amplitud de los despidos en España y su evolución en los últimos diez años. En la tabla 3 se señalan el total de despidos, sumando los individuales y los colectivos; también se indica el total de trabajadores afectados por un ERE –además de la extinción de contratos está la reducción de jornada sin despido-. Además, figura la indemnización media de los despidos con acuerdo.

Tabla 3: Evolución de los despidos individuales y colectivos (1999-2008)

Fuente: MTAS, con elaboración propia. (1) Datos disponibles de 2008 hasta octubre. (2) Indemnización media –en euros- de despidos con acuerdo.

            En los últimos diez años se ha producido un total de más de 2 millones de despidos (2,16), de los cuales 1,83 millones individuales y 0,34 millones colectivos a través de EREs. El volumen mayor fue en los años 2000 a 2002 –momento en que se agotaron las subvenciones de los nuevos indefinidos aprobados por la reforma de 1997-; el máximo fue en el año 2001 (0,32 millones), y el año de menos despidos fue 2007 (0,14 millones). La media es de más de 0,22 millones al año. Como se ve en la tabla 3, en el año 2008, sólo con datos de diez meses, se produce un fuerte crecimiento de los despidos. Si comparamos esos datos del año 2008 con el mismo periodo del año 2007 tenemos un crecimiento del 25% en el total de despidos y de un 75% en los despidos colectivos.

            La indemnización media por despido con acuerdo final creció significativamente en los años 2003 (36%) y 2004 (28%); en el año 2005 ya se sitúa en más de 29,5 mil euros (en torno a un año y medio del salario medio de ese año de 18,6 mil euros), y en los dos últimos años la indemnización aumenta en torno al 10% anual, por encima del crecimiento salarial medio. Ello no significa que se haya pactado necesariamente un porcentaje mayor por cada año trabajado sino que, probablemente, por la mayor rotación de las plantillas y los comienzos de la crisis, la antigüedad de los despedidos recientes haya sido superior y haya incidido más en los indefinidos ordinarios. Como se sabe en la extinción de contratos procedente por causas económicas (individual o colectiva a través de un ERE), la indemnización mínima es 20 días por año con un máximo de una anualidad, aunque se suelen pactar un importe superior. El despido procedente disciplinario no tiene derecho a indemnización. Por otra parte, el despido improcedente de un temporal (rescisión antes de la fecha determinada) corresponde 8 días por año. Aunque, la casi totalidad de contratos temporales son dos -eventual por circunstancias de la producción y de obra y servicio- que pueden finalizar a voluntad del empresario, es decir, la extinción de contrato es libre y sin indemnización.

            En definitiva, en estos diez años y a pesar de la gran expansión del empleo, en torno a un 20% de los empleados y empleadas con contratos indefinidos han sido despedidos. Si a ello le añadimos las bajas por jubilación, los despidos procedentes sin indemnización y las bajas voluntarias –prejubilación o movilidad- en torno a cinco millones de indefinidos, más del 40%, han salido de ese estatus contractual. Aunque, como hay cinco millones más de empleos indefinidos, han entrado, esta década, diez millones. Esta fotografía, junto con la persistencia de un 40% de precariedad laboral –entre paro y temporalidad- no indica estabilidad o rigidez del mercado de trabajo sino su gran flexibilidad, oscurecida por la gran expansión del empleo y el predominio de trayectorias laborales ascendentes. Pero, los indicios de este cambio de ciclo indican que los despidos se incrementan, el paro aumenta y la contratación indefinida se bloquea. Y en este nuevo contexto más grave, aparecen las propuestas empresariales de mayor flexibilidad del empleo, en la entrada y en la salida.

            En conclusión, se ha producido un cambio de ciclo en el mercado de trabajo y su expresión más relevante es el fuerte y rápido crecimiento del paro. La precariedad laboral, persiste en el 40% de la población asalariada y desempleada y, sobre todo, es de mayor gravedad. La situación anterior ya era de fragilidad del mercado de trabajo, con gran flexibilidad de la mano de obra y con un modelo salarial barato y altas tasas de temporalidad. Se ha producido un cambio de movilidad ascendente por otra descendente y de incertidumbre, junto con unas perspectivas de empeoramiento del paro, agravado por los límites de la protección al desempleo. Dentro del segmento precario y más desprotegido están muchos inmigrantes, con una movilidad laboral y social anterior ascendente, que bruscamente ha cambiado de sentido, y sobre los que se debilitan los mecanismos de integración por el empleo y se ven afectados por los altos precios de su reciente compra de vivienda.

            La crisis económica y su impacto en el empleo erosionan la legitimidad gubernamental, basada entre otras cosas en el crecimiento económico, la ampliación del empleo y las trayectorias laborales y sociales ascendentes. Las versiones optimistas o embellecidas de los objetivos de su gestión -pleno empleo, crecimiento duradero, reducción de la precariedad laboral, ascenso a la cúpula económica mundial, junto con la ampliación del Estado de Bienestar- se han aparcado, tras el reconocimiento de esta crisis. La dimensión y rapidez de la destrucción de empleo y el incremento del desempleo han generado desconcierto en los ámbitos institucionales y políticos, sin claridad gubernamental en la explicación de sus causas y tendencias, y sin adoptar políticas de fondo, a corto, medio y largo plazo. Se ha conformado una encrucijada de caminos donde los poderes empresariales y económicos están avanzando una estrategia clara: reforma laboral, abaratar los costes de despido, con una mano de obra más flexible. Ello significa descargar en los sectores más desfavorecidos los efectos de la crisis, tener ellos más capacidad para la reestructuración empresarial, sin cambiar los modelos productivo laboral, poco cualificado y de bajos salarios, y modificar a su favor el poder en las relaciones laborales y con los sindicatos. Su lógica se basa en la expectativa de recuperar y ampliar su tasa de beneficios, como base de una posible inversión futura que genere nuevos empleos, con una mano de obra más flexible y barata y sin grandes cambios productivos y tecnológicos.

            Como es evidente, las causas de esta crisis económica y financiera no están en el mercado de trabajo y menos en su supuesta ‘rigidez’. En España, su aparato productivo se ha asentado en una economía intermedia, con poco empleo cualificado, gran dependencia del exterior –financiera y tecnológica- y con sectores de poca productividad e intensivos en mano de obra poco cualificada o semi-cualificada. Sin embargo, el modelo laboral, especialmente la mayor tasa de temporalidad de la UE, no se debe sólo ni particularmente a ese deficiente y atrasado modelo productivo sino a la imposición de una gestión empresarial, basada en una mano de obra barata y subordinada, y avalada en las últimas décadas por el beneplácito institucional. Los intentos sindicales de aumentar la estabilidad y calidad del empleo, especialmente los acuerdos tripartitos para reducir la temporalidad, apenas han fructificado en el ciclo expansivo, mientras los servicios públicos y las prestaciones sociales, en su conjunto, no mejoraban. Así, ante esa realidad laboral y social aparece otro camino: en el plano inmediato, garantizar la suficiente protección social al desempleo y mejorar los servicios públicos a la ciudadanía; con la perspectiva a medio y largo plazo, el mantenimiento y creación de empleo, estable, seguro y de calidad, con un cambio de normativa y del modelo productivo y un mayor protagonismo del sindicalismo. No obstante, veamos detenidamente las opciones de los agentes económicos y el Gobierno en esta encrucijada.

La exigencia de una reforma laboral: abaratamiento y flexibilidad del despido

            Va siendo común un discurso que ante la crisis económica reclama ‘reformas estructurales’ y, particularmente, una ‘profunda reforma laboral’ o del mercado de trabajo. De momento nadie reclama la ruptura del diálogo social con los sindicatos –aunque ya se ha roto el Acuerdo para la Negociación Colectiva- y la apertura de hostilidades con ellos; incluso vuelven a surgir llamamientos a un gran pacto social. Detrás de esas pomposas palabras se pretende crear un clima favorable a ‘reformas profundas’ que creen condiciones para la recuperación económica, generando la menor ‘alarma social’ posible. Esa presión por reformas duras supone un desgaste y deslegitimación de la política contemporizadora del Gobierno. Es un empuje continuado en los últimos meses que va creciendo. La cortedad de las medidas del Gobierno y sus escasos resultados para frenar el incremento del paro y fijar un horizonte de reactivación económica y seguridad del empleo se está traduciendo en desconfianza hacia la gestión gubernamental.

            Cabe plantearse la necesidad de otra estrategia definida, con reformas estructurales importantes, particularmente del modelo productivo, de expansión de la demanda y la generación y mejora del empleo, junto con la consolidación de la protección social, la mejora de los servicios públicos y un desarrollo sostenible ecológicamente; todo ello con la correspondiente reforma fiscal progresiva. Algunos analistas, desde la esfera de la izquierda y los sindicatos, se plantean un camino con ese horizonte, cuestionado firmemente por los poderes económicos pero con mayor capacidad de generar un enganche social mayoritario12.

            No obstante, el grueso de las exigencias de reformas estructurales o estrategias ‘claras’ tiene otra orientación y su contenido cada vez está más explícito: reforma laboral, con mayor flexibilidad de la entrada y salida del mercado de trabajo, es decir, la modificación profunda del sistema de contratación y despido. La CEOE reclama un contrato anti-crisis, subvencionado y rebajando la indemnización por despido improcedente a 20 días por año. El PP insiste en un ‘ajuste económico’ y una reforma laboral profunda. También desde instancias ‘socialistas’ como el Gobernador del Banco España, Fernández Ordóñez, reclaman una reforma profunda del mercado de trabajo y las instituciones laborales para dotarles de mayor flexibilidad en la contratación y el despido.

            Tienen unos objetivos: ganar competitividad en los mercados internacionales a base de abaratar costes laborales y aumentar la productividad de la mano de obra desde una posición más subordinada y precaria de ésta. Refleja una política de ‘oferta’, de incremento de ganancias empresariales, dejando en un segundo plano otras variables económicas como el incremento inmediato de la demanda, o el aumento de la productividad por inversión tecnológica, mayor calidad y cualificación de la fuerza de trabajo y mejoras de la organización del trabajo. Ello sin entrar en los efectos sociales perniciosos.

            Existe una lógica empresarial: trasladar a la sociedad los riesgos para ellos -el deterioro de sus beneficios- de una crisis, cuya responsabilidad es directa y no asumen y, además, que pesa más entre las clases desfavorecidas. Por un lado, al Estado, a través de su financiación de prestaciones sociales, costes de despido o por la reducción de las cotizaciones sociales. Por otro lado, a los trabajadores y trabajadoras, con menor poder adquisitivo y más inseguridad y explotación laboral. Finalmente, a diferentes instancias sociales, como la familia, que deben taponar los efectos del desempleo y la precariedad laboral. Por tanto, la exigencia de reformas es más perentoria para esos poderes económicos ya que también quieren eludir su responsabilidad y dejarla en otras manos, el Estado o las capas trabajadoras que, precisamente, se resisten a pagar los platos rotos. Sus esfuerzos de legitimación para unas reformas contra derechos laborales y sociales tienen que ser importantes y son imprescindibles para influir en la esfera política. Pero no es fácil que consigan adhesiones sociales mayoritarias, más cuando la gente apunta a la culpabilidad de los grandes poderes financieros internacionales y las grandes instancias supervisoras y políticas que no han regulado los mecanismos económicos necesarios.

            Por ello desde esa posición deben justificar que la reactivación económica, la creación de empleo y una mejor colocación en el mercado mundial dependen de estas reformas regresivas. Así, se vuelve a utilizar el discurso liberal desacreditado porque, precisamente, la causa de la crisis ha sido la ausencia de regulación económica y financiera y no la supuesta regulación laboral. La respuesta, por consiguiente, no es más flexibilidad de la entrada y salida del mercado de trabajo, mayor precariedad y segmentación laboral o menores salarios.

            Una línea de argumentación de propuestas de reformas estructurales se refiere a reducir la segmentación del mercado de trabajo o las diferencias de competitividad entre empresas y sectores productivos, y se habla de la posibilidad de ‘racionalización’ del despido, sin una reforma profunda especialmente regresiva. Sin embargo, junto con algunas mejoras secundarias, con el criterio de más ‘igualdad’, se plantea, sobre todo, la igualación a la baja de los derechos laborales13.

            Igualmente, se señalan argumentos que, dada la segmentación del mercado de trabajo, defienden la reforma laboral como necesaria, no sólo ni principalmente para el abaratamiento del despido sino para generalizar la ‘flexibilidad’, conseguir una mayor homogeneidad de la mano de obra y evitar una competencia desigual inter-empresas. Pero la conclusión también se desliza hacia una igualación a la baja de la seguridad y las garantías laborales. La igualdad es un poderoso valor que debe guiar la superación de la segmentación y fragmentación laboral. Pero la opción es la igualación por arriba y la negociación de condiciones laborales especiales no justificadas. La política empresarial –y de la administración pública- tiende a mantener remuneraciones salariales elevadas y privilegios a las elites técnicas y directivas y no se plantean reducirlas; sin embargo, se acuerdan de la falta de ‘homogeneidad’ que distorsiona la competencia para rebajar las garantías de sectores intermedios, semi-cualificados y seguros, hasta situarlos en el nivel de los sectores precarios. Eso no es la igualdad defendida en la tradición progresista, no es justa y afianza un modelo laboral, inseguro y barato, fracasado.

            La oposición del PP se centra en denunciar la ineficacia del Gobierno para la reactivación económica y la creación de empleo, y en oponerse a medidas (sociales) que supongan déficit público y exigir bajada de impuestos para consolidar su apoyo entre las clases medias. Sigue apoyando un diálogo social que garantice la paz social, evitando chocar directamente con los sindicatos –salvo cuando tienen responsabilidades de gobierno como en la Comunidad de Madrid-, y delega las exigencias más directas de abaratamiento del despido en las presiones empresariales.

            Gran parte de los discursos partidarios de una reforma profunda se apoyan en el concepto de ‘flexiseguridad’, adoptado por la Unión Europea, pero con diferencias sustanciales con el inicial modelo danés14. El concepto dominante de flexiseguridad se refiere a ganar competitividad económica a costa de derechos laborales y sociales. Como se ha dicho, en España existen las mayores tasas de paro y precariedad laboral y hay un exceso de flexibilidad para la contratación y la extinción de contratos, y además es muy deficitaria en protección social. Por tanto, la opción justa es más seguridad y garantías laborales y mejor regulación. Y ello, como demuestran otros países de economías intermedias similares, no depende, fundamentalmente, de la amplitud del empleo poco cualificado sino de las apuestas institucionales y empresariales.

            Es cierto que hay que corregir debilidades estructurales de la economía española y se necesita una acción firme, profunda y duradera para cambiar el modelo productivo y mejorar la inserción económica en la división internacional del trabajo, en el mercado europeo. Ha existido cierto espejismo con el embellecido potencial económico de España y su acceso a la primera división mundial, aliñado con cierto orgullo patriótico y con la pretensión de ganar un plus de rédito electoral a corto plazo. Se ha producido en cada fase histórica de ascenso económico y modernización, particularmente con la integración en la UE, en los ochenta, y durante este largo ciclo de crecimiento económico, primero con el Gobierno del PP y luego con el Gobierno socialista. Pero esta expansión prolongada se ha asentado en cimientos frágiles. Ha estado favorecida por el contexto internacional, la integración en el euro –dinero barato y fuerte endeudamiento-, la dependencia de la construcción y la especulación inmobiliaria, la expansión demográfica y de la inmigración. Ha tenido un modelo institucional de mercado trabajo precario y barato, poco empleo cualificado, junto con poca inversión tecnológica en I+D+i. El aparato productivo está volcado en la gran industria dependiente (automóvil y con tecnología intermedia) y la construcción y el turismo. La gran banca tiene un gran peso -por los privilegios históricos proteccionistas y de financiación pública a su reconversión-, junto con las empresas inmobiliarias y de construcción -ahora en decadencia- y algunas empresas privatizadas y otras del área pública -transporte público-, aparte de enseñanza, sanidad y servicios sociales. Ese aparato productivo ha sufrido profundas reestructuraciones. La primera oleada de reconversión y privatización industrial, fue a primeros de los ochenta, la segunda oleada privatizadora, con el primer Gobierno del PP, en energía –Repsol, Campsa, Endesa-, telecomunicaciones –Telefónica, Iberia- y banca pública. Queda poco; ahora se habla de las cajas de ahorro, precisamente cuando se quiere revitalizar el Instituto de Crédito Oficial -ICO-. Pero persisten el déficit exterior, la dependencia y endeudamiento exterior, la distancia tecnológica con los países europeos más avanzados y la mayor competitividad de algunos países del Este en la gama intermedia de mano de obra, tecnología y calidad.

            Por otra parte, tenemos un Estado de Bienestar con gran déficit social, de disminuida intensidad protectora y con fuertes presiones hacia los servicios públicos por la presión demográfica y el envejecimiento, con un déficit social amplio respecto de la media europea y unos índices de desigualdad social mayores. El dato más divulgado ha sido mayor acercamiento en PIB por habitante a los países avanzados de la Unión Europea, el indicador más favorable en la comparación. No obstante, ahora, con una crisis económica y de empleo más grave, en España se inicia un retroceso en la convergencia de este indicador, un alejamiento de la renta media de los países más avanzados. En todo este contexto toca analizar las opciones del Gobierno.

El Gobierno intenta capear el temporal confiando en que escampe pronto

            La estrategia gubernamental ha estado condicionada por su diagnóstico inicial de la crisis -leve y corta, con causas externas y reactivación de fuera-. Su posición ha consistido, en primer lugar, intentar estabilizar el sistema financiero, con el tipo de planes de rescate adoptados en la Unión Europea y, en segundo lugar, frenar la recesión y el desempleo con medidas paliativas, entre ellas el plan de inversión municipal con el objetivo de crear hasta 300.000 empleos de personas provenientes del paro. Al mismo tiempo, ha declarado el cumplimiento de los compromisos sociales adquiridos y el diálogo social con los sindicatos, lo que supone no aprobar reformas laborales unilaterales y restrictivas o recortes sustantivos del gasto social y garantizar la paz social.

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1En los últimos 30 años, la mayor tasa de paro se produjo en el año 1994-I, con el 24,55%, la menor tasa de paro fue en el año 2007-II, con 7,95 %, similar a la de finales de los años setenta.

2La tasa de temporalidad, a fin del año 2007, en la UE-27 fue el 14,5% y en España el 31,7%, (más del doble, con una diferencia de 17 puntos), y a fin del año 2008, la tasa de paro ha sido de 7,5 % y 13,9%, respectivamente (más del doble, con una diferencia de 6,4 puntos).

3Los porcentajes se han hallado de la forma siguiente: los de asalariados y autónomos son respecto del total de ocupados; los de indefinidos y temporales son respecto del total de asalariados; el de ocupación o tasa de empleo y el de actividad o tasa de actividad son en relación al conjunto de la población en edad de trabajar (16 a 65 años); el del desempleo o tasa de paro es en relación al conjunto de la población activa. Por último, los datos de precariedad laboral son la suma de los del paro y la temporalidad y el porcentaje se halla en relación con el total de población asalariada y desempleada. No se han considerado los datos de los autónomos ya que con los datos disponibles no se puede analizar su grado de ‘precariedad’; no obstante, existe una gran heterogeneidad interna, desde una parte subempleada, con pocos ingresos y dependiente de una única empresa hasta otra de las elites profesionales, con altos ingresos y mayor estabilidad. Igualmente, se descarta a una parte de los ‘inactivos’, con disponibilidad para incorporarse al mercado de trabajo en mejores condiciones y que viven dependientes de la familia. Por tanto, aquí se mantiene la hipótesis de que estos porcentajes de la población asalariada y desempleada son también indicativos para el conjunto de la población activa.

4La duración de la prestación es de cuatro meses por el primer año cotizado, y dos meses adicionales por cada semestre más cotizado (máximo dos años). En los autónomos no hay derecho a prestación por desempleo (tendrán acceso parcialmente a partir de 2011).

5Por ejemplo, la destrucción de empleo temporal en la construcción ha sido muy fuerte, pero ello no obsta para que en la industria y, sobre todo, en los servicios, se haya mantenido el volumen total, con una entrada nueva de temporales, desde la inactividad y el desempleo, y una salida equivalente de empleo indefinido.

6Otros datos relevantes de la EPA de 2008 es que de los 660 mil nuevos activos, la gran mayoría son mujeres (507 mil), frente a una minoría de varones (153 mil). De ese conjunto la gran mayoría (60%) son extranjeros (un tercio de latinoamericanos, un tercio de europeos y otro tercio del resto del mundo), y el 40% de nacionalidad española. En ambos casos la gran mayoría es de mujeres, incluyendo una entrada masiva de mujeres inmigrantes al mercado laboral, especialmente, europeas. La tasa de actividad de los inmigrantes (77,31%) supera a la de los españoles (57,71%), en casi veinte puntos.

7La gran mayoría de los contratos indefinidos ordinarios (con derecho a indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado) no son bonificados -cosa permitida a partir de la reforma de 2006-. Al contrario, la mayoría de los de fomento (con derecho a indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado), instaurados por la reforma de 1997 y ampliados con la de 2006, son incentivados o bonificados. Los contratos temporales, impulsados desde la reforma de la normativa de 1984, son en su mayoría de Obra y servicio y Eventual por circunstancias de la producción; su extinción es flexible cuando deja de producirse esa necesidad empresarial y no se tiene derecho a indemnización; sólo la pequeña parte de duración determinada que adelantan la extinción de su contrato da derecho a una indemnización de ocho días por año trabajado. En el caso de considerarse despido procedente por causas económicas –sea colectivo, a través de un ERE, o individual- la indemnización básica es de 20 días por año trabajado. Evidentemente, los despidos procedentes por causas disciplinarias no tienen derecho a indemnización. Por otra parte se recordará que la subvención recibida por los nuevos contratos indefinidos ascienden aproximadamente los costes del despido, lo que explica su rotación primero a los dos años y luego a los cuatro, que dura la bonificación, y accediendo el empresario a un despido financiado por esa subvención y con coste global cero.

8En el caso de que el resto de indefinidos hubieran permanecidos ‘fijos’, ello supondría que la duración media en el empleo de estos, nominalmente, indefinidos habría sido de 1,4 años.

9En los últimos 6 años (2002/2007), se han realizado 9,85 millones de contratos indefinidos. Del total de 11,75 millones de indefinidos según estimaciones propias 7 millones son ordinarios y 4,75 de fomento, un sector intermedio del 24% y otro de empleo ‘fijo’ del 36% (según otras estimaciones - que no consideran los contratos de conversión- podrían ser 8,5 y 3,2 millones respectivamente). Como la EPA no distingue entre los dos tipos de empleos indefinidos la única fuente para saber su composición es el INEM, con los datos de contratación, junto con el MTAS para los despidos y la Seguridad Social para los pensionistas.

10Aunque en los jóvenes son mayoría los contratos indefinidos de fomento, en los de edad adulta y, especialmente, en las prejubilaciones, la mayoría de la extinción de contratos son de indefinidos ordinarios.

11Según la estructura ocupacional en España el empleo cualificado -élites técnicas, gestoras, profesionales y directivas- es de un 20,7%, similar a Grecia y Polonia, y entre 10 y 15 puntos menos que los países nórdicos, Holanda o Reino Unido. Así, para asemejarnos a Dinamarca -o Suecia- serían necesarios 4 millones más de puestos cualificados -4,7 millones respecto de Holanda-. Por el segmento bajo, España es el país de la UE-15 con un porcentaje mayor de empleo sin calificación (10%). El resto, intermedio (69,3%), ampliamente mayoritario y también el mayor de la UE-15, es de empleo semi-cualificado y poco cualificado. Igualmente, respecto de la estructura educativa, existe un 30% de fracaso escolar –sin terminar la enseñanza obligatoria-, uno de los peores índices de la OCDE.

12Hay un campo común, de ciertas ideas que no generan conflicto, pero con cierta ambigüedad en las prioridades y el sentido. Son claves para asentar unas bases sólidas con proyección a medio y largo plazo. Se trata de qué entiende cada parte por cambiar el modelo productivo, la necesidad de mayor I+D+i y la inserción en la organización internacional del trabajo, o el énfasis en la importancia de la educación y el capital humano. Sería preciso concretarlo, pero queda fuera del objeto de este texto.

13 Así, se plantea un nuevo (otro) contrato indefinido con coste único de despido, pero no de 45 días o de 33 días, sino de ‘igualarlo’ en 20 días por año; o bien, externalizar el coste del despido de las pymes hacia un Fondo de Garantía salarial, pagado por todos, que les permitiría una mayor igualdad competitividad con las grandes empresas pero también la posibilidad de una generalización y flexibilidad del despido y la reestructuración de sus plantillas sin coste empresarial alguno. O igualar los despidos causales de los libres, rompiendo las garantías del derecho del trabajo.

14En Dinamarca, del que hace alusión hasta el Gobernador del Banco España, el despido es prácticamente gratis para los empresarios, con tres meses de preaviso. Lo que no se dice es que las personas desempleadas reciben un subsidio generoso del Estado -90% del salario durante cuatro años- y fuertes políticas activas de formación junto con una fuerte intermediación laboral, en un contexto de ausencia de paro (2,7%) y con mucha movilidad entre empresas. Además, ese país tiene un gasto social del 30% del PIB, del cual 4,3% son para políticas de empleo. Finalmente, Dinamarca es, junto con Suecia, el país más igualitario del mundo –con el menor coeficiente de Gini- y tiene unas clases trabajadoras vinculadas al sindicalismo con un 80% de afiliación sindical. Por tanto, esa realidad está muy alejada de la de España, y la quisiéramos para este país, pero las instancias empresariales y económicas sólo quieren su despido ‘libre’ y reniegan del resto.

15Es el caso de algunas de las recientes medidas gubernamentales, rechazadas por los sindicatos, como el pago al empresario contratante de un parado del resto de su prestación sin percibir. Ello supone un agravio y competencia desigual con el resto de parados sin prestación o con poca prestación pendiente, que quedarían relegados del empleo, además de ser una financiación pública para abaratar a los empresarios sus costes de mano de obra.