Antonio Antón
Huelga general del 29-M: Impulso social contra los recortes
9 de abril de 2012.
El proceso de la huelga general del 29 de marzo ha permitido una expresión colectiva masiva de la ciudadanía contra la ‘agresiva’ reforma laboral y la política de profundos recortes sociolaborales del Gobierno del PP. La amplia participación trabajadora y ciudadana constituye un paso imprescindible para frenar su ofensiva antisocial, erosiona su legitimidad y refuerza a la izquierda social y el movimiento sindical en su demanda de empleo decente y plenos derechos sociales y laborales.
Participación masiva y contundente: un paso clave contra
la ofensiva del Gobierno del PP
Es difícil realizar un análisis detallado y completo del nivel de participación, con pocos datos fiables y mucha división entre distintas fuentes. La cifra oficial facilitada por los sindicatos CCOO y UGT es de más de 10 millones de huelguistas, un 77% de la población asalariada (una vez descontados 1,3 millones en servicios mínimos). Fuentes empresariales y gubernamentales han señalado un seguimiento ‘escaso’ (15% en la administración pública) y los medios liberales y de derechas incluso hablan de ‘derrota sindical’. Medios afines a la oposición socialista han destacado una participación significativa pero no general (‘parcial o sectorial’). Diversas encuestas de opinión reflejaban una disponibilidad participativa de, al menos, un tercio de asalariados (unos cinco millones) junto con una mayoría que estaba en contra de la reforma laboral y la consideraba legítima. Otros indicadores, como el consumo de energía eléctrica, la situaban en un rango similar a la de 2010 y 2002, y lejos de la excepcionalidad de la generalizada paralización de la actividad productiva y ciudadana en la de diciembre de 1988.
No obstante, se pueden señalar varios hechos significativos o diferenciales y valorar algunas enseñanzas. Primero, la participación en los paros de las capas asalariadas ha sido superior a la del 29-S del año 2010 (y similar a la del año 2002). Su distribución es desigual. Muy generalizada en la gran industria, la construcción y el transporte; importante en el sector público, particularmente en la enseñanza, y con menor impacto en las pymes del sector servicios y el sector financiero. Así mismo, ha tenido una gran repercusión en los grandes núcleos industriales y urbanos y menor en las zonas con predominio del sector servicios y en poblaciones medianas y pequeñas. En particular, se ha notado un impacto muy superior en Euskadi y Navarra (y algo también en Galicia) al converger las convocatorias de los sindicatos confederales (CCOO y UGT) y los sindicatos nacionalistas (ELA, LAB, CIG…) que en el año 2010 se habían expresado en fechas distintas (junio y septiembre).
Segundo, se ha producido una diferencia cualitativa en la presencia en las manifestaciones: casi ha duplicado a las realizadas durante la huelga general anterior hasta llegar a millón y medio (en este caso se puede contar con el dato objetivo más fiable del espacio ocupado en las más de 100 manifestaciones realizadas, en un tramo entre uno y dos millones), destacando un cuarto de millón en Madrid y Barcelona y siendo en diversas capitales la más amplia de la última década (desde las movilizaciones contra la guerra de Irak en el año 2003).
Tercero, hay que añadir varios elementos que pueden configurar una nueva dimensión participativa. Uno, mayor participación de capas medias o profesionales, particularmente de la enseñanza y la sanidad, que también han visto peligrar sus condiciones laborales y derechos sociales. Dos, mayor presencia juvenil y estudiantil particularmente en las manifestaciones, así como la práctica paralización académica en las universidades. Es un hecho que ya comenzó en 2010 pero que ahora se consolida y amplía. Junto a ello, un mayor desarrollo, con una mayor composición juvenil, de múltiples piquetes, grupos informativos y concentraciones locales en muchos pueblos y barrios. También ha influido positivamente la participación de activistas del movimiento 15-M, así como la disponibilidad de un amplio sector social participante de forma pacífica en sus movilizaciones o con distintos bloques críticos.
Cuarto, se ha expresado una conciencia colectiva mayoritaria sobre el carácter injusto de esta reforma laboral (y los planes de recortes sociales y presupuestarios), su profundo carácter regresivo, y el desequilibrio para las relaciones laborales con refuerzo del poder empresarial. La extrema dureza y agresividad de estas medidas, sus efectos perjudiciales para la mayoría de la sociedad y la falta de credibilidad del Gobierno del PP para la creación de empleo y la protección social, han profundizado la indignación ciudadana y la legitimidad de la resistencia popular contra ellas. Las personas que han apoyado esta movilización lo han hecho más convencidos y de forma más firme. Un elemento asociado a esto es que la realidad de la coacción empresarial en los pequeños centros de trabajo y hacia la gente precaria ha sido más evidente, así como una mayor conciencia social sobre las dificultades para una opción ‘libre’. Dicho de otro modo, parte de las dificultades para la participación provenían más del miedo a las consecuencias para su empleo o trayectorias laborales, que de una valoración sobre la inconveniencia de esta movilización colectiva.
Quinto, un hecho diferencial es que, aunque esta política es una continuidad de las reformas regresivas aprobadas por el Gobierno socialista desde mayo de 2010, ahora tiene un desarrollo y unos efectos acumulativos más graves para las clases trabajadoras y las relaciones laborales, y su gestión corresponde a la derecha. El poder institucional y mediático ha estado más dividido. La cúpula del PSOE (y los medios afines) no avala esta reforma laboral y ha ‘comprendido’ esta movilización sindical, y aunque su apoyo a la huelga no ha sido explícito, no ha apostado abiertamente por su desactivación y su fracaso como el 29-S. Así, una parte de su base social, entonces descontenta contra su gestión impopular pero sin querer implicarse activamente en su rechazo, ahora se ha sentido más cómoda en su actitud de oposición contra esta reforma laboral y en la conveniencia del éxito de la movilización para frenar al Gobierno (ahora del PP). Por tanto, al aumento de la participación hay que sumar dos factores nuevos que explican su mayor impacto social. Uno, que junto con la consolidación de la izquierda social o crítica, con una participación activa en el conflicto social se ha configurado otro amplio sector social que simpatiza más con este rechazo popular. Entonces estaba constreñido por los intereses políticos del aparato socialista que pretendía desactivar la indignación y el rechazo ciudadanos contra aquella reforma laboral regresiva, construir un cortafuegos en torno a esa contestación social, y evitar la desafección de izquierdas, objetivos que no alcanzó. Aunque la deslegitimación de fondo es hacia la misma política antisocial, la diferencia ahora es que la responsabilidad de su gestión es del PP y el PSOE considera funcional su descrédito para sus intereses electorales. Dos, esta movilización popular ha superado el fuerte aislamiento institucional y mediático y el intento de desprestigio de los sindicatos y la firmeza de esa ciudadanía crítica, objetivos que ha seguido pretendiendo las derechas (PP-CIU) sin mucho éxito; o dicho de otra manera, esta huelga general ha conseguido un mayor reconocimiento y visibilidad en la opinión publicada de distintos medios de comunicación más neutros y, al mismo tiempo, ha tenido un mayor reflejo en la sociedad.
No obstante, antes de terminar esta valoración, hay que criticar los hechos violentos aislados protagonizados por algunos activistas, al margen de la mayoría de manifestantes y las organizaciones convocantes, en Barcelona; son métodos equivocados y contraproducentes que enturbian el carácter democrático y pacífico de la movilización popular, aun considerando la falta de capacidad preventiva de la policía, su reacción desproporcionada y la sospecha de la existencia de provocadores junto con gente ingenua y espontanea. No obstante, las derechas, a pesar de la instrumentalización mediática de algunos de sus medios de comunicación, no han conseguido tergiversar esta masiva movilización ciudadana y pacífica, ni convertirla en un conflicto de orden público o una imposición de minorías violentas.
En resumen, este proceso de huelga general ha constituido una prueba de la acción colectiva progresista y la reafirmación democrática de una amplia izquierda social o ciudadanía indignada. Al tercio de una ciudadanía indignada, más implicada activamente en la movilización contra los recortes sociales, se ha sumado la simpatía y solidaridad del tercio intermedio, entonces más pasivo y ambivalente. La persistencia y refuerzo de la resistencia de ese primer bloque social ha sido determinante para ensanchar ahora la oposición social a esta política regresiva y restarle credibilidad ciudadana. Es una respuesta contundente de una ciudadanía activa y un paso sustancial para fortalecer la oposición popular a esas políticas antisociales y deslegitimar a sus gestores (ya evidente en los resultados electorales en Andalucía y Asturias que han evidenciado el freno al supuesto avance de las derechas). Se ha extendido una mayor comprensión ciudadana hacia los justos objetivos de este conflicto social, factor clave para debilitar y revertir esta política socioeconómica y laboral regresiva. Pese a las dificultades evidentes para forzar la retirada inmediata de la reforma laboral, ha conseguido quitarle legitimidad y credibilidad social, y refuerza las condiciones sociopolíticas para obtener su abolición (junto a las dos anteriores: reforma laboral de 2010, y reforma de la negociación colectiva de 2011). Es un paso clave para frenar la ofensiva liberal y regresiva del nuevo Gobierno del PP, y supone ya una importante erosión de su plan antisocial. Es un fuerte impulso social que persiste en el empeño de exigir un giro social de la política socioeconómica y laboral. Necesita continuidad y una estrategia de firmeza para consolidar y ampliar los apoyos sociales y generar una dinámica de cambio social profundo hacia una salida de la crisis económica más justa y equitativa.
Antecedentes y contexto
Llevamos cuatro años de fuerte impacto regresivo de la crisis socioeconómica y su hegemónica gestión liberal-conservadora, con graves consecuencias para la sociedad: paro masivo, mayor desigualdad social y retroceso de derechos sociales y laborales. Desde mayo de 2010 existe un fuerte consenso en las instituciones europeas y españolas, en torno a unas políticas de ajuste y austeridad, con la disminución del gasto público, pérdida de poder adquisitivo de los salarios y reestructuración regresiva del Estado de bienestar, desconsiderando las políticas de creación empleo y las garantías de protección social y servicios públicos de calidad. Diversos analistas señalan, para España y los países periféricos del sur europeo, la continuidad de esa dinámica en los próximos cuatro años, con la acumulación de mayor gravedad de nuevas brechas sociales y problemas de cohesión social.
Ha comenzado un nuevo ciclo político con la victoria parlamentaria del PP (afianzada por CIU), que pretende utilizar su renovada legitimidad electoral para continuar y profundizar la senda regresiva iniciada por el gobierno socialista anterior. Perjudica la creación de empleo decente y los derechos sociales y laborales, y su consecuencia es la prolongación de esta etapa de sufrimiento para la mayoría de la población. Su estrategia de reformas regresivas es un error, desplaza aún más el poder y la riqueza hacia las élites poderosas y privilegiadas y no garantiza la salida de la crisis, y menos, equitativa. Pero tiene la vulnerabilidad de no contar con suficiente legitimidad popular. Esta disminución de su credibilidad ciudadana, todavía significativa en su base social y amparada en el pretexto de la herencia recibida, podrá profundizarse ante la evidencia de la persistencia del estancamiento económico y de empleo y el deterioro de las condiciones y derechos para la mayoría de la sociedad.
El movimiento sindical dijo Así, no y Rectificación, ya, en el otoño de 2010, en la primera huelga general masiva de este periodo. Abrió y confirmó el camino social para superar la resignación y la impotencia ante los planes europeos de ajuste y austeridad, y estimuló una amplia respuesta democrática frente a los recortes sociales y laborales. Sus objetivos reivindicativos todavía son vigentes y están plasmados en una ILP, para revertir aquella injusta reforma laboral y garantizar los derechos sociolaborales. Fortaleció una importante resistencia ciudadana que restó credibilidad social a esa política regresiva.
No obstante, no se pudo echar abajo la reforma laboral y, ante la falta de prolongación de una dinámica de movilización social, se debilitó la pugna democrática por la rectificación de esa política. Entre sectores sociales y sindicales significativos se generó cierta frustración, incrementada por el acuerdo social y económico de febrero de 2011 que avalaba el recorte de las pensiones y que tuvo grandes dificultades de legitimación social. Las direcciones de los grandes sindicatos, en ese momento, confiaban en que con su colaboración con esa medida y la desactivación del conflicto social, iban a detener los siguientes recortes laborales y neutralizar las pretensiones patronales e institucionales de debilitar directamente la función contractual y el estatus de las estructuras sindicales. Nada más lejos de la realidad. Los recortes sociales aprobados se aplicaron y las supuestas contrapartidas esperadas por los aparatos sindicales mayoritarios, de una reforma de la negociación colectiva consensuada, no se cumplieron. Y el gobierno socialista impuso una regresiva norma que debilitaba la capacidad contractual de trabajadores y sindicatos. Esas dos reformas del Gobierno socialista han sido antesala de esta tercera del Gobierno del PP, todavía más completa y agresiva.
En ese contexto resurgió la expresión colectiva de una ciudadanía activa, esta vez canalizada a través no de la iniciativa de las cúpulas sindicales sino de la de otros grupos de activistas jóvenes, que conformaron el movimiento 15-M, en esa primavera del año 2011. Incorporaba a la acción colectiva a una parte relevante de gente joven y precaria, aunque también tenían una parte de su base social común con el movimiento sindical y la izquierda social. Las grandes movilizaciones sociales desde el quince de mayo y sus acampadas y concentraciones posteriores, hasta las grandes manifestaciones del 15 de octubre, demostraron la existencia de esa ciudadanía activa -con varios centenares de miles de personas-. Esa ciudadanía, con esa nueva y masiva movilización social, porfiaba en su indignación colectiva por las consecuencias de la crisis, criticaba el distanciamiento de la clase política de la voluntad ciudadana y exigía mayor y mejor democracia de las instituciones políticas, así como cambios sociales y políticos progresistas. Ha sido un factor positivo de desarrollo de la resistencia popular y la participación ciudadana, y ha condicionado el escenario sociopolítico y las estrategias sindicales, aunque esté por ver su desarrollo futuro.
En esta primavera de 2012 persisten dos graves problemas por los que se movilizó esa ciudadanía indignada: la gravedad de las consecuencias de la crisis socioeconómica y las políticas de austeridad, y la rebaja de la legitimidad social y la calidad democrática de las actuaciones de la clase política dominante. Sin embargo, ha cambiado un tercer factor fundamental. Ahora, otro agente social relevante, el movimiento sindical, ha vuelto a ofrecer un cauce para la expresión masiva de ese malestar ciudadano, y una amplia base social común o mixta ha participado en sus convocatorias, al igual que lo hizo en las del movimiento 15-M, el año pasado. Los grupos de activistas que lo encabezaron tienen un reto inmediato, no distanciarse de esa amplia base social, no caer en el sectarismo y contribuir de forma autónoma pero unitaria y no sectaria a fortalecer la participación ciudadana contra los recortes sociales y las insuficiencias democráticas de nuestro sistema político.
En este comienzo del año 2012, frente a la nueva ofensiva antisocial del Gobierno de la derecha (del PP y CIU), esta respuesta masiva y contundente del 29-M reabre y fortalece el escenario de la confrontación social contra esa política de recortes sociales y laborales. El movimiento sindical ha estado a la altura de las circunstancias, y ha estado arropado por numerosos grupos sociales y sectores progresistas. No obstante, hay que hacer una reflexión sobre algunas actuaciones erróneas que lastran la profundidad y la continuidad de la apuesta colectiva por el cambio social y los derechos sociolaborales.
Después del 29M. Límites del diálogo social
La huelga general del 29M es un paso clave contra la ofensiva regresiva del Gobierno del PP. Ha sido una actuación acertada de los sindicatos, que han demostrado ser agentes sociales fundamentales para encauzar el rechazo popular y frenar la involución social. Ha tenido un impacto social positivo, y reabre nuevas posibilidades y escenarios para continuar la acción sindical y ciudadana contra la política de recortes y por los derechos sociolaborales y una gestión más justa de la crisis. Es una tarea conjunta del movimiento sindical y la izquierda social y política, que se enfrentan a diversas dificultades y limitaciones. Aquí nos centraremos en las actuaciones de los grandes sindicatos, dada su influencia y protagonismo. En las orientaciones y decisiones de sus dirigentes ha habido aciertos y errores. Y es conveniente la reflexión crítica y el debate constructivo para reafirmar los primeros y evitar que se reproduzcan los segundos. Las encrucijadas inmediatas están abiertas. Es preciso sacar enseñanzas, comprender mejor el significado de esta amplia y contundente respuesta ciudadana y enmarcarla en el proceso social anterior. Así, se podrán definir mejor su impacto posterior, las opciones estratégicas para el sindicalismo y las perspectivas a medio plazo.
La actuación de las cúpulas sindicales ha dado diversos bandazos, y ha denotado algunos diagnósticos poco realistas y una estrategia ambivalente y contradictoria. Su apoyo a los tres últimos pactos sociales (acuerdo para la negociación colectiva –ANC- de 2010, pacto para el recorte de las pensiones en 2011 y acuerdo salarial con la aceptación de su pérdida de capacidad adquisitiva en 2012) ha llevado al movimiento sindical a callejones sin salida. Han constituido concesiones sindicales relevantes en el retroceso de derechos sociolaborales de las clases trabajadoras, no han conseguido resultados significativos en el freno a los planes gubernamentales o empresariales, y no han impedido las siguientes reformas regresivas: la de la reforma laboral del PSOE en el primer caso; la de la negociación colectiva del Ejecutivo socialista en el segundo, y la actual reforma laboral del Gobierno del PP en el tercero. Tampoco han evitado el deterioro de la estabilidad del estatus y la capacidad contractual de las estructuras sindicales.
La experiencia de esos pactos generales ha demostrado que esos procesos institucionales de diálogo social no han conseguido resultados positivos para las condiciones y derechos de capas populares y el mantenimiento del equilibrio contractual en las relaciones laborales, ni han constituido un freno significativo o una suavización relevante de su aplicación. Todo lo contrario. La colaboración de esos dirigentes sindicales, con su apoyo a esos retrocesos, no les ha reportado mayor credibilidad social sino mayores dificultades de legitimidad ante la sociedad y sus bases sociales. Así, han producido una erosión de su capacidad representativa y de influencia frente a empresarios e instituciones políticas, que ahora, con esta demostración de fuerza y apoyo popular del 29M, recuperan parcialmente. Sin embargo, esa mayor debilidad sindical ha sido aprovechada por patronal y gobiernos (primero el del PSOE y después, de forma más dura, el del PP, además de varios autonómicos) para imponer sus siguientes reformas regresivas. Estas medidas, además de un profundo recorte a los derechos laborales, también conllevan un fuerte desequilibrio en las relaciones laborales, con mayor poder empresarial y marginación de la función reguladora y representativa de los sindicatos.
Por tanto, esa apuesta fundamentalista por el diálogo social, en el actual contexto, de fuerte ofensiva antisocial, ha sido ineficaz respecto de sus objetivos explícitos de frenar sustancialmente estos recortes. Tampoco ha servido para garantizar el estatus y la estabilidad de los propios aparatos sindicales, a cuya línea de flotación apuntan las tres reformas laborales: indefensión de trabajadores y trabajadoras, subordinación al empresariado, y debilitamiento de la capacidad reguladora y contractual de la negociación colectiva y las correspondientes comisiones negociadoras y paritarias. La función reivindicativa y representativa a través de la acción sindical en la negociación colectiva queda cuestionada y disminuida, y puede generar mayor impotencia transformadora y menor legitimidad de los aparatos sindicales ante sus bases sociales.
No obstante, desde hace tiempo ya era evidente el estancamiento de la acción sindical reivindicativa y dinamizadora durante la negociación de los convenios colectivos y el bloqueo en el avance sobre sus resultados para las capas asalariadas. El primer ANC de 2002 fue defensivo, pretendía impedir la reforma laboral del PP, cosa que no evitó y hubo que frenarla con la huelga general de ese año que sí consiguió su modificación sustancial. Era todavía época de crecimiento económico y de empleo y de mantenimiento de las condiciones salariales y laborales, aun en un mercado de trabajo con importantes zonas de precariedad, particularmente juvenil. La conflictividad laboral en la negociación colectiva prácticamente desapareció. La dinamización y el empuje del sindicalismo de base no aparecían como una necesidad para fortalecer esos derechos y la propia credibilidad de sus representantes en la negociación. Junto con esa relativa estabilidad en el empleo y las condiciones laborales y salariales, esa inercia ofrecía cierta confianza en el mantenimiento de ese equilibrio contractual y la acomodación de esa estructura negociadora. Se reforzaba con el reconocimiento institucional y jurídico de varias decenas de miles de sindicalistas en su función negociadora, a través de las comisiones negociadoras de los convenios, comisiones paritarias y diversas funciones de mediación y arbitraje, junto con la participación institucional de muchos dirigentes sindicales y la ampliación de su aparato para desarrollar políticas activas y de formación (cuestión contra la que apunta la rebaja de 1.500 millones de los presupuestos generales de 2012).
Sin embargo, ese entramado organizativo tenía unas bases frágiles si no se asentaba en la bonanza del crecimiento económico y el empleo con un reparto equitativo de sus rentas, es decir, con unos resultados reivindicativos significativos para las clases trabajadoras. Presuponía una fuerte vinculación con sus bases sociales, importante en los grandes centros de trabajo, pero más débil entre las capas trabajadoras de las pymes y la gente joven. Con la crisis y las políticas regresivas, esa labor negociadora e institucional no ha sido suficiente para evitar su cuestionamiento empresarial y del gobierno socialista primero y de la derecha después, que han impuesto un profundo desequilibrio que cercena la dimensión y el estatus adquiridos por esos aparatos sindicales. La simple inercia de una representatividad y una comunicación básica con su afiliación y sus bases sociales más estrechas, presenta insuficiencias para acometer las nuevas tareas, más duras, que necesitan una profunda y prolongada activación de trabajadores y trabajadoras y mayor participación de sus bases sociales.
La crisis económica y de empleo, la presión empresarial y la política institucional de austeridad y subordinación del diálogo social a una política regresiva, han puesto en evidencia la fragilidad del estatus de esa burocracia sindical. Los sindicatos son instrumentos fundamentales –reconocidos en la Constitución- para participar en la regulación de las condiciones sociolaborales. Las reformas laborales, además de precarizar las condiciones laborales, han debilitado la capacidad de articulación y presión social de las capas asalariadas y han fortalecido el poder empresarial. Pero, el segundo componente clave y más específico es el desequilibrio en las relaciones laborales, con el debilitamiento de la capacidad reguladora de las estructuras sindicales en la negociación colectiva y en el plano más general. Los cambios normativos e institucionales que ahora se aprueban consolidan esa situación y van a tener efectos regresivos profundos, laborales y sindicales, en los próximos años. Ello sí puede constituir una derrota particular de los aparatos sindicales, idea incorporada en la visión algo catastrofista de que la ofensiva del PP va ‘a terminar con todo’, incluido el reconocimiento y la estabilidad de los dirigentes de los grandes sindicatos. No es el final. En las 4.500 empresas medianas y grandes (con un millón de asalariados) con su convenio propio, su representación sindical más estable y su comisión negociadora, ven reducidas sus funciones a favor del empresario y las comisiones de arbitraje, pero tienen mayores recursos que el resto de pequeñas empresas en situación más desventajosa. Sus trabajadores y trabajadoras, particularmente las personas precarias, tienen mayores riesgos de retrocesos.
Por tanto, tiene sentido su valoración de que el actual es el mayor ataque laboral y sindical de toda la democracia, y puede ser un punto de inflexión en el menor papel regulador, negociador, institucional y asistencial de las estructuras sindicales, cuestión que genera su lógica preocupación. A finales del año 2010, tras el pulso del 29-S, se produjo en las cúpulas sindicales un vértigo ante el riesgo de una prolongación del conflicto social con los poderosos. Para evitarlo, generaron la ilusión de que la desactivación del conflicto y su colaboración con el pacto de las pensiones les permitirían mantener el objetivo estratégico del equilibrio en las relaciones laborales, es decir, la capacidad contractual de las estructuras sindicales y su estatus institucional y en la negociación colectiva. Las siguientes reformas laborales se han encargado de demostrar lo desacertado de ese pronóstico y esos pactos, así como la ausencia de la suficiente previsión y preparación para hacerlas frente. Ha sido necesaria la evidencia de la última reforma laboral del PP, especialmente agresiva, la que ha forzado a los dirigentes sindicales mayoritarios, por encima de las pretensiones iniciales de ignorarla o minusvalorar la indignación social contra ella, a una reconsideración de la gravedad de este embate y la conveniencia de una actuación contundente y firme contra ella.
De momento no se ha conseguido su abolición y su aplicación ya tiene efectos graves. La imposición y la arbitrariedad empresarial ya están a la orden del día. Además, la desarticulación de la negociación colectiva sectorial y la marginación de las comisiones negociadoras y paritarias de los convenios colectivos, dando el poder decisorio a las comisiones de arbitrajes, ajenas al sindicalismo, puede ser un golpe profundo a su función principal de defensa reivindicativa y garantía de las condiciones laborales de las clases trabajadoras. A corto plazo, es difícil una modificación sustancial de esas reformas cuya pleno desarrollo va a profundizar esas dinámicas regresivas y ese desequilibrio para el sindicalismo. No se puede confiar en una improbable negociación sustantiva con el Gobierno para que las retire o cambie significativamente, pero hay que evitar adaptarse y acomodarse a la nueva situación, refugiándose en el intento de salvar sólo algunas parcelas sindicales de actividad institucional y mirar hacia otro lado.
Refuerzo de la acción sindical y sociopolítica
La única alternativa sindical realista para frenar esta ofensiva regresiva de la derecha es fortalecer la dimensión representativa y social del movimiento sindical y ciudadano, su vinculación con las clases trabajadoras y la ciudadanía indignada y su activación y articulación. Se trata de afianzar el arraigo de los representantes sindicales con sus bases trabajadoras, particularmente en las pymes y la gente joven, con la extensión a las personas desempleadas y sin descuidar a las capas profesionales. Y además, junto con otros grupos de izquierda social y política, estimular y ser portadores de las demandas sociopolíticas de la ciudadanía. Supone reafirmar la confianza y la credibilidad en sus propias bases sociales, recomponer su función reivindicativa y dinamizadora, para hacer frente a toda esta ofensiva antisocial. Ello le permitirá ir ganando legitimidad, representatividad, influencia y capacidad contractual en el nuevo marco de relaciones laborales, más disperso y desventajoso, que impone las últimas reformas laborales.
Consiste en una reorientación de la estrategia sindical, superando las inercias de pasividad y acomodamiento, de más de una década, en la negociación colectiva, ámbito clave para el sindicalismo, y con un sistema de concertación institucional ahora fracasado. Es una adecuación imprescindible y necesaria para frenar el desgaste de prestigio y legitimidad de los dirigentes sindicales por sus pactos infructuosos y la tendencia hacia la irrelevancia que los poderes políticos y económicos quieren imponer al movimiento sindical. La reversión del nuevo marco jurídico-laboral y el reconocimiento del estatus de las estructuras sindicales es un objetivo fundamental, que se debe librar, particularmente, con el fortalecimiento de la acción sindical en los centros de trabajo y en una dinámica general de resistencia frente a la involución socioeconómica y laboral. Frente a la casi nula conflictividad laboral en las empresas y en el ámbito local, y más allá de los conflictos sociales y manifestaciones generales, la actividad defensiva y prolongada supone un cambio de las inercias y prioridades de la acción sindical. La respuesta depende, sobre todo, de la capacidad representativa y dinamizadora de los sindicalistas de base, de los representantes directos de trabajadores y trabajadoras, en los centros de trabajo. La nueva estrategia de las direcciones sindicales debería apuntar a ello, renovando la cultura, las dinámicas organizativas, las propuestas y los nuevos horizontes de cambio que ilusionen a sus bases y a la ciudadanía. Dada su influencia social, y junto a otros grupos sociales progresistas, deberían ofrecer un liderazgo y dar alternativa a las exigencias de fortalecer un sindicalismo firme y una mayor participación democrática y ciudadana, como instrumentos para conseguir mejoras sociolaborales y forzar una democracia social y económica avanzada.
Uno de los ejes específicos de la nueva orientación, frente a la nueva realidad impuesta, debería ser una mayor dinamización de la acción sindical en las empresas y sectores, reafirmando la acción reivindicativa con ocasión de la articulación de los convenios y acuerdos colectivos. Su plasmación en movilizaciones sociolaborales y avances colectivos puede ser desigual, se trata de empezar en los sitios y momentos más favorables. En todo caso, presupone el reconocimiento del fracaso del reciente acuerdo de los negociadores sindicales con la patronal para la reducción salarial, que ha demostrado ser desequilibrado y perjudicial para trabajadores y trabajadoras. El contenido de esa concesión sindical, sustancial para la patronal como confirmación de la disponibilidad de las cúpulas sindicales para admitir ese retroceso y garantizar la pacificación de las relaciones laborales en la negociación colectiva, se ha aplicado. La supuesta contrapartida para los sindicatos, derivada de la promesa patronal de respetar el consenso en la reforma laboral posterior y admitir sólo un retroceso limitado en la capacidad contractual de las estructuras sindicales, se ha incumplido. Está claro que el acuerdo era desequilibrado y que, además, ese compromiso ha resultado ser retórico para la patronal que apostaba, todavía más con el acuerdo en la mano, por un retroceso profundo de las condiciones laborales y el estatus de los sindicatos. Han quedado en evidencia sus consecuencias: éxito para la patronal (y Gobierno) y fracaso para los sindicatos. Es motivo suficiente para que los órganos dirigentes de los grandes sindicatos, aun sin que acepten explícitamente su gran error, impugnen el citado acuerdo, en vez de seguir reclamándolo. Supone abrir un frente de rechazo a los retrocesos salariales y laborales en las empresas y sectores y resituar la acción reivindicativa.
El segundo eje tiene que ver con la respuesta ante los recortes sociales y en defensa de los servicios públicos y el Estado de bienestar. Las ejemplares movilizaciones y huelgas del sector de enseñanza en Madrid y de la sanidad y empleados públicos en Catalunya es una pauta a seguir y generalizar. Motivos no faltan en este periodo restrictivo del gasto público y de deterioro de prestaciones y servicios públicos. El impulso sindical y social debe ser prolongado y general.
El tercer eje es sobre la orientación global de continuidad de la oposición y la resistencia sindical y ciudadana, tras la negativa del Gobierno del PP a modificar su reforma laboral y sus planes restrictivos. El próximo reto es esta misma primavera, mayo y junio, como marco para volver con otra contestación social masiva que siga debilitando la legitimidad de esa política, favoreciendo la dinámica sociopolítica para su cambio, a través del fortaleciendo el movimiento sindical y la izquierda social, junto con la expresión colectiva de esa ciudadanía activa. Y en el horizonte del curso que viene, con la amenaza de mayores planes de ajuste y austeridad y un agravamiento de las consecuencias sociales de la crisis, hay que levantar una dinámica creíble de resistencia social y de cambio del escenario sociopolítico que apueste por el empleo decente y los derechos sociolaborales.
Los dirigentes de CCOO y UGT utilizan un lenguaje doble. Por un lado, conscientes de las dificultades para forzar avances sustantivos en los objetivos reivindicativos, amenazan al Gobierno con una movilización sostenida y creciente, manifestando firmeza en sus exigencias de cambios sustantivos. Por otro lado, ponen el acento en una faceta más limitada y de cierta ambigüedad: la recomposición del diálogo social, como freno a las imposiciones gubernamentales, junto con el reconocimiento institucional de la función de los aparatos sindicales y la garantía del reequilibrio de su capacidad contractual y su estatus. Pero, como se ha dicho, ha terminado la etapa en que el diálogo social, como condición o veto sindical para regular condiciones y derechos sociolaborales, permitía conseguir o mantener algunos derechos o, al menos, evitar recortes sustantivos. Y la promesa institucional de tratar bien a los sindicatos está condicionada a una completa subordinación a sus planes.
La situación actual ha dejado operativas dos opciones de acción colectiva: 1) negociación institucional y colaboración con acuerdos generales regresivos para las capas trabajadoras que tampoco consolidan al sindicalismo, o 2) respuestas firmes y masivas para frenar esos retrocesos, activar a sus bases sociales y la ciudadanía, afianzar la representatividad y arraigo del sindicalismo y su unidad con otros movimientos populares, y condicionar y revertir esos recortes. Y es en la medida que se consolide la segunda opción cuando se podrán recuperar unas negociaciones más equilibradas y unos acuerdos (generales y en la negociación colectiva) positivos, para sus bases sociales y los propios sindicatos.
La otra cara es la opción individual de la supervivencia y adaptación a la inseguridad y la precariedad. El tradicional esfuerzo en formación de muchos jóvenes no constituye ya una salida segura al empleo cualificado y el ascenso social. Se generan dinámicas de descontento y malestar, con distintas posturas reactivas, pero también de miedo, resignación y segregación.
Este proceso de huelga general es una clara y firme advertencia popular para modificar esa dinámica. Supone un fortalecimiento de la izquierda social contra la involución social y refuerza el movimiento sindical. Ha sido una convocatoria acertada, con objetivos justos. La masiva participación popular aporta una nueva relegitimación de las estructuras sindicales. No obstante, ese apoyo no es incondicional ni para cualquier iniciativa o acuerdo. Los dirigentes sindicales asumen una gran responsabilidad en la gestión de esta gran capacidad social expresada por esta ciudadanía activa. Les exige afirmación en sus objetivos fundamentales: retirar la reforma laboral -y las dos anteriores-, frenar la ofensiva antisocial del Gobierno del PP, abrir un horizonte de cambio.
Dado el desequilibrio en las relaciones de poder y la persistencia y la profundidad de la política regresiva del Gobierno de la derecha, la baza fundamental a utilizar por los sindicatos y el conjunto de la izquierda social es la de una resistencia sindical y ciudadana, intensa y prolongada. Supone estimular la participación democrática y la activación de la ciudadanía, modificar el escenario sociopolítico, generar las condiciones para deslegitimar y abolir esas normas antisociales y promover un cambio de la política socioeconómica y de empleo, garantizar los derechos sociales y laborales y reforzar el Estado de bienestar y una democracia social más avanzada.
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Antonio Antón es profesor honorario de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.