Antonio Antón
El PSOE renuncia a un Gobierno de Progreso
(Este texto es la suma de dos artículos publicados los días 17 y 18 de marzo
en Nueva Tribuna y Público).

El pacto del PSOE con Ciudadanos ratifica su renuncia a construir un Gobierno de Progreso y cambio sustantivo en beneficio de la mayoría social. Su apuesta principal es por el continuismo de las políticas socioeconómicas, fiscales, institucionales, europeas y territoriales. Su estrategia la amparan en el consenso europeo liberal-conservador-socioliberal; la justifican en la llamada responsabilidad de Estado y la supuesta estabilidad económica. Solo hay algunas leves medidas de mejora social y transparencia democrática, que pueden ser compartidas por Podemos y sus aliados.

En la campaña electoral lo habían llamado cambio sensato o seguro; ahora sus promotores dicen que es reformista y de progreso. La realidad es que de llevarse a cabo ese programa con similar política socioeconómica y gestión institucional, se consolidaría la dinámica regresiva en materia socioeconómica y el bloqueo institucional autoritario ante las exigencias democratizadoras impuesto por la derecha del PP. En definitiva, se bloquearía la perspectiva de cambio sustantivo por la vía institucional, en perjuicio de las mayorías sociales.

La operación Gran Centro bloquea un Gobierno de Progreso

Estamos, pues, ante una gran pugna cultural y política para avalar una orientación política continuista y legitimar su nuevo equipo gobernante, o bien persistir en la exigencia de un auténtico cambio y garantizar un Gobierno de progreso, decidido, firme y compartido.  Y en  último extremo, poder activar la oposición social y el movimiento popular, frente a la involución institucional y económica, y mantener viva la dinámica del cambio.

La opción del PSOE es clara y parece que no tiene marcha atrás, al menos hasta después de las probables nuevas elecciones: fortalecer su liderazgo y gestionar ese plan continuista, con nueva retórica, ambas cosas exigidas y compartidas con Ciudadanos. Por una parte, relevar la posición hegemónica del PP y abrir una negociación con ellos, en una posición de fuerza, sobre la dirección y el alcance del proceso. Por otra parte, debilitar la capacidad representativa de Podemos y sus aliados neutralizando las dinámicas sociales e institucionales de cambio.

Pero dadas las amplias aspiraciones cívicas de avance social y democrático, esa operación del Gran Centro, para tener una mínima credibilidad social, debe acompañarse de un discurso asociado a lo nuevo, al cambio y al progreso. Deben transformar su significado real, socioliberal y de derecha moderada, para embellecerlo y desacreditar la opción de cambio auténtico y su representación política.

Lo más llamativo, para obscurecer ante la gente ese sesgo y la continuidad programática, es el énfasis en su apuesta por el ‘recambio’ de élite gobernante, no de políticas. Como prioridad, imponen su condición fundamental: el gran sillón de la Presidencia del Gobierno, con plenos poderes para decidir sobre su composición y su contenido. Va acompañado de su negativa a un Gobierno de coalición equilibrado con las fuerzas de progreso. Así, la dirección socialista trata de desplazar a Rajoy (no al PP, según C’s) del liderazgo gubernamental y busca recomponer un nuevo equilibrio entre los dos grandes partidos, salvando el ‘turnismo’ de un bipartidismo renovado, con la función mediadora de Ciudadanos y el liderazgo de Sánchez (que tampoco Rivera lo da como pactado).

Pero, como se ha repetido y comprobado públicamente, ese plan no es realista. Lo más relevante de ese proyecto es impedir un giro institucional hacia un cambio sustantivo y la consolidación de un nuevo equilibrio gubernamental con un papel significativo de las fuerzas alternativas. Es decir, su objetivo, explícito en el caso de Ciudadanos y la mayoría de líderes del PSOE, es impedir un Gobierno auténtico de progreso, frenar la dinámica de cambio institucional y desgastar a Podemos y sus aliados. No obstante, es difícil que puedan doblegar a Podemos (junto con sus confluencias, Compromís e Izquierda Unidad-Unidad Popular) o retraer a una parte significativa de sus bases sociales. Tampoco parece que puedan desempatar la candidatura a Presidente de Gobierno, entre Rajoy y Sánchez, con una abstención al uno o el otro.

Pacto C’s-PSOE: evitar el ‘riesgo’ del cambio real

Todos los grandes poderes fácticos, económicos y políticos, con sus respectivos aparatos mediáticos, están en esa tarea: garantizar el continuismo de fondo, evitar el ‘riesgo’ del cambio. Su incertidumbre principal es el tiempo, la convocatoria de nuevas elecciones según qué condiciones. No saben si Podemos y sus aliados pueden aguantar esta presión política y mediática, afinar su discurso, mejorar sus alianzas y su cohesión interna y consolidarse para las probables elecciones generales del 26 de junio. Su apuesta es por lo contrario. No es posible ahora predecir si sus resultados les van a ser más favorables o no. Ningún actor tiene claro si va a tener más ventajas o desventajas. Hay mezcla de miedo y esperanza. La guerra de encuestas e interpretaciones va a formar parte de la construcción de expectativas y planes. La ciudadanía volverá a tener la palabra. Las tres opciones básicas se volverán a confrontar: el continuismo regresivo y autoritario del PP; el continuismo renovado con cambios parciales y contradictorios del PSOE-C’s; el cambio y la perspectiva de progreso de Podemos y fuerzas afines.

Hoy hay mimbres para un Gobierno de progreso y de cambio, al que renuncia el PSOE. Los desplazamientos de voto pueden ser pequeños. Pueden afectar en torno a un millón de personas, unos cinco puntos porcentuales y unos quince escaños, arriba o debajo, de las fuerzas principales. Pero van a ser muy significativos según su orientación. Aparte del deseable y probable descenso del PP, pueden implicar efectos en los dos sentidos contrarios en el equilibrio entre PSOE y Podemos y sus alianzas, dando por supuesto un relativo empate y que por separado no van a obtener la representatividad necesaria para gobernar.

La dirección de Podemos ya ha hecho un ejercicio de realismo al admitir la posibilidad de un Gobierno de coalición con el Partido Socialista, con un programa compartido y una gestión institucional proporcional y equilibrada. La dirección socialista se resiste a ello y pretende reforzar su autonomía y su hegemonía. Probablemente, los resultados tampoco serán definitivos como para que cada fuerza política realice cambios estratégicos. Su orientación, su representatividad y sus dependencias políticas están muy definidas.

Las variables principales que considera la dirección socialista son dos: por una parte, el grado de desgaste (o consolidación) de Podemos, que le permitiría mejorar (o no) su margen de maniobra en el tipo de continuismo renovado a desarrollar bajo su hegemonía; por otra parte, por quién se inclina Ciudadanos, según sus escaños y ante un posible cambio de liderazgo tanto en el PP cuanto en el PSOE.

Probablemente, los resultados tampoco serán definitivos para forzar cambios estratégicos de cada fuerza política. Habrá discrecionalidad u oportunidad política para las dos opciones básicas: continuidad (renovada) y cambio (real). La decisión para inclinar la balanza hacia una u otra, corresponderá, probablemente, al PSOE. La cuestión central para el cambio es que para abrir una etapa de progreso y de firmeza ante los planes de austeridad europeos, un elemento clave es la consolidación y la ampliación del campo de fuerzas en torno a Podemos,  superar la representatividad del PSOE e influirle mejor en esa dirección. En ese caso, una parte de su electorado cuestionaría su actitud de renuncia al cambio real. Es su temor latente a la pasokización griega. Sería una advertencia y un incentivo para rectificar su estrategia. Y aun así, tampoco es seguro que la dirección socialista lo admita, es decir, podría seguir apostando por un acuerdo de gobernabilidad con el PP y Ciudadanos.

Las diferencias con la situación actual, aparte de que ya no habría la opción de unas terceras elecciones generales, son dos. Por una parte, disminuiría la credibilidad de la dirección socialista y acentuaría el fracaso y el descrédito del continuismo transformista. Por otra parte, en el caso de Podemos y las fuerzas alternativas, aun con la frustración colectiva por el bloqueo del cambio institucional, estarían en mejor posición para hacer frente a una prolongada y dura fase de oposición institucional y social.

Los demás partidos tampoco tienen claro sus posibles ventajas y desventajas ante los nuevos comicios, y todo depende de la capacidad argumentativa o los errores propios y ajenos de los distintos actores durante las próximas semanas. Es evidente el sentido de la campaña de los poderosos para desacreditar a Podemos y debilitar su papel en la negociación posterior. Y están claros los objetivos de restaurar el orden económico e institucional por parte del poder establecido, intentando cerrar este periodo de demandas sociales, deslegitimación del poder y cambio sociopolítico, institucional y de representación política.

Pugna político-cultural por el sentido y la representación del cambio

Ante este panorama de reequilibrios políticos, para conseguir cierta credibilidad ciudadana, particularmente, el PSOE necesita apropiarse de la representación exclusiva del cambio y marginar al resto de fuerzas transformadoras, las más genuinas partidarias y promotoras del cambio real. Las presentan como las responsables que lo impiden. Así, apuestan por colocar a Podemos en el mismo campo que el PP, con su continuismo regresivo y autoritario, y frente al supuesto ‘cambio’ que sería el pacto PSOE-C’s. Operación completada: cambiar algo (Sánchez por Rajoy) para no cambiar apenas nada (la estructura de poder y las políticas principales), neutralizando las dinámicas cívicas, políticas e institucionales del cambio. Estrategia ambiciosa, revisada y actualizada respecto de la anterior y la anterior, que no dieron sus frutos, pero otra vez con el aparato propagandístico a toda máquina.

El chantaje hacia Podemos y su líder, Pablo Iglesias, es claro: o acata la simple subordinación y apoya su plan continuista y de recambio, de forma sumisa y voluntaria o, bien, se les trata de imponer bajo la coacción del acoso político y mediático. La opción básica exigida a las fuerzas más comprometidas con el cambio es la misma: abandonar su firmeza y determinación. Pero ello sería incumplir el compromiso adquirido con su electorado, construido en estos años de indignación y protesta sociopolítica frente a la injusticia, y correr el riesgo de división y deslegitimación política ante sus bases sociales y electorales, dando al traste con la dinámica y las expectativas de cambio en España y su influjo en el conjunto europeo. Nada más y nada menos se ventila en esta encrucijada. Y el poder establecido es consciente de ello.

Pero esa gran manipulación discursiva tiene poca credibilidad social. La mayoría de la gente tiene viva la experiencia del comportamiento reciente de todas las formaciones políticas. No hace falta insistir en el profundo descrédito social del PP, aunque mantenga un cuarto del apoyo electoral. En el caso de Ciudadanos está claro su carácter derechista, su estrategia económica y laboral regresiva y su prepotencia centralista. En el caso del PSOE, aunque haya cambiado algo su retórica y tenga tendencias ambivalentes, incluida una significativa credibilidad entre sectores de la izquierda social, no sale del pozo de la menor representatividad de la etapa democrática. Y ello derivado de la memoria y la constatación popular de su gestión gubernamental regresiva, sus compromisos con los poderosos, su prepotencia institucional y su agresividad hacia las fuerzas del cambio, es decir, la masiva desconfianza popular en su retórica y su gestión. Así mismo, las fuerzas críticas y alternativas han demostrado su compromiso social y democrático, así como su responsabilidad institucional y su capacidad gestora.

La definición discursiva de la realidad es fundamental porque condiciona su interpretación y su transformación. El eje continuismo-cambio expresa el conflicto y las opciones principales de esta encrucijada política. La pugna por la apropiación y resignificación del cambio, reflejo de amplias aspiraciones populares, es decisiva. Su impulso y su representación son clave.

En definitiva, la palabra cambio expresa la aspiración de la mayoría de la ciudadanía en un doble plano: 1) una política socioeconómica al servicio de la gente y la justicia social que termine con la estrategia de austeridad y recortes sociales, afronte claramente la situación de paro masivo, precariedad y desigualdad social, fortalezca las garantías para los derechos sociales y laborales y modernice el aparato productivo; 2) un impulso democratizador de las instituciones públicas que acabe con la corrupción y la gestión prepotente de las élites gobernantes y encaucen una salida democrática al conflicto territorial. Todo ello plantando cara al poder liberal-conservador y ampliando las fuerzas solidarias en el marco europeo.

Los resultados de las elecciones del 20-D han supuesto un nuevo sistema de representación política. Se ha terminado el bipartidismo, que se resiste a aceptarlo, y la simple alternancia de equipos gobernantes con similares políticas. Se ha abierto la oportunidad para un cambio auténtico que se pretende frenar y tergiversar su sentido. Todavía es posible negociar un Gobierno de progreso equilibrado con un programa de cambio real. Si el PSOE renuncia ahora a él, tendrá que asumir esa responsabilidad. Habrá que volverlo a plantear tras las nuevas elecciones generales, con mayor apoyo popular. La ciudadanía merece otra oportunidad para avanzar en el cambio.

El proyecto continuista del PSOE-C’s

La propuesta gubernamental del PSOE-C’s ni siquiera se puede definir como un programa de cambio limitado o de una regeneración institucional y democrática, realmente relevantes. Introduce algunos cambios positivos, merecedores de apoyo popular, pero son secundarios. El principal significado de este acuerdo es la continuidad, la ausencia de cambios sustanciales, de los ejes políticos y económicos fundamentales, de carácter regresivo, de las dos legislaturas anteriores. La novedad más importante es la alternancia institucional al desgastado equipo gobernante del PP para que acepte o negocie una posición subordinada, al menos para su líder. Es decir, supone una sustitución de élites gobernantes por otras menos corruptas, antisociales y autoritarias.  Pero ese recambio no es suficiente para apoyar una investidura que avalaría una gestión fundamentalmente continuista, sin mejoras significativas para la mayoría popular.

La candidatura de Pedro Sánchez es ambivalente, aunque cada vez menos. Podía (y puede) representar un primer paso para iniciar el cambio y ser susceptible de apoyo por el conjunto de fuerzas progresistas; o bien, bloquear el camino de progreso que el país necesita y no ser apoyada, aunque sí se compartan medidas parciales. La propuesta inicial de pactar a su derecha (C’s) y su izquierda (Podemos…), dentro de su ambigüedad retórica, apenas escondía su preferencia por Ciudadanos. Después, su materialización aclara y expresa su sentido: la clara opción socialista por el continuismo, su oposición a un Gobierno de progreso, la ausencia de voluntad de giro hacia la izquierda y la trampa y el sectarismo hacia Podemos para obligarle a su acatamiento a ese bloqueo continuista con solo sustitución de unas élites.

No tiene sentido el argumento sofisticado hacia Podemos y sus aliados del apoyo a esa investidura, como mal menor ante la continuidad (provisional) de Rajoy, con la admisión y recomendación consiguiente de completar ese compromiso global con la labor de oposición a sus medidas regresivas, calificadas como menores. Esa posición posibilista desconsidera lo principal: la determinación libre de la dirección socialista por el continuismo programático y su renuncia voluntaria a otra opción posible y realista de cambio. No hay elección entre dos males (PP o PSOE), para tener que elegir el mal menor. Hay una tercera posibilidad de elección entre continuismo (renovado y con cambios limitados) y cambio (real, compartido y negociado). Y es el Partido Socialista quien ha cerrado la segunda opción, imposibilitando el desalojo de la derecha.

Por tanto, hacen bien los líderes alternativos, progresistas y de izquierda en no colaborar con esa investidura en su forma actual y en reafirmarse en otra investidura, negociada, con otro proyecto programático de cambio y de gestión democrática y compartida. La responsabilidad sobre la renuncia a desalojar al PP e impedir un avance hacia un Gobierno de progreso es achacable a la determinación de la dirección socialista por un camino que, en la práctica, no lo busca sino que conlleva otros objetivos: reforzar su liderazgo interno, debilitar a Podemos y las fuerzas y dinámicas democráticas y de cambio real, prepararse mejor, con más expectativas electorales, para las próximas elecciones y estar mejor colocado para negociar el contenido de su proyecto gubernamental, con solo un recambio gestor, ahora imposible. Pero para ello, debe retorcer la realidad, distorsionar sus adversarios, que ahora estarían a su izquierda, y retroceder en el juego limpio, democrático y transparente, particularmente entre posibles aliados progresistas. Es también una involución ética y democrática, en aras de su prepotencia institucional y su voluntad política continuista.

La otra cara de este acuerdo político PSOE-C’s es la garantía para el poder establecido de cerrar la oportunidad de un cambio sustantivo o relevante en España. Este es el aspecto principal de la estrategia socialista (y la derecha): cerrar  la posibilidad de un Gobierno realmente de progreso y de cambio. Esta opción es la única real que garantiza la presidencia del Ejecutivo para Pedro Sánchez. Pero, claro, con dos condiciones básicas: que sea realmente de cambio, con un programa negociado o intermedio, y compartido o de coalición, como reflejo de la representatividad plural, la responsabilidad de los firmantes y la garantía de su cumplimiento. Son los dos componentes básicos planteados por Podemos, las confluencias, Compromís e Izquierda Unida-Unidad Popular, a los que la dirección socialista y todo el poder establecido y mediático se han opuesto, de forma sobreactuada. Es la opción más justa y más realista, dada la representatividad conseguida (y no reconocida) por Podemos y sus aliados y la predisposición de los grupos nacionalistas a impedir un gobierno de derechas (del PP o con presencia de C’s).

Pero esa es la opción de progreso a la que el PSOE no se quiere sumar (aunque sí sume su aritmética frente a la suma de las derechas del PP y C’s).  Es la alternativa de cambio sustantivo a la que renuncia la dirección socialista. Su salida: recomponer y mejorar su liderazgo a costa del desprestigio de Podemos y sus aliados. Su expectativa es que utilizando todo su poder contra ellos, a la vuelta del 26 de junio, tenga las manos más libres para negociar un nuevo acuerdo de gobernabilidad al estilo europeo o alemán, es decir, se distancie del cambio y sortee mejor el cuestionamiento de su legitimidad popular por su compromiso continuista.

En consecuencia, como vemos, cobra mayor importancia su estrategia comunicativa, apoyada en su impresionante aparato mediático, para embellecer ante la ciudadanía este proyecto continuista y solo de recambio y neutralizar la dinámica y el discurso de cambio sustantivo. Se manipula el lenguaje. Su denominación de ‘reformista’ esconde incluso algunas reformas negativas, es decir, recortes sociales (por ejemplo, precarizando más el empleo). La palabra reforma, con un significado tradicional progresivo y de avance social, ha sido instrumentalizada por el PP y el poder liberal-conservador para denominar a su regresiva estrategia de austeridad y recortes sociales. Su utilización en el documento obscurece el sentido antisocial de algunas de sus medidas y las consecuencias negativas de prolongación de los recortes y la desigualdad derivados de su aplicación. Y la palabra ‘progreso’ en su título, aparte de embellecer sus objetivos, esconde el sentido regresivo de su apuesta por la consolidación de la austeridad (flexible) y los recortes sociales de estos años.

El bloqueo a la modernización y la democratización del pacto PSOE-C’s

Están claros los límites de su política económica y fiscal, en la lógica de la austeridad impuesta por la UE. Ello imposibilita el necesario crecimiento económico y del empleo y, sobre todo, el necesario impulso de modernización y especialización productiva, sostenible y basado en la cualificación de la fuerza de trabajo; es decir, en el impulso de una educación igualitaria y de calidad y un desarrollo tecnológico y de I+D+i.

Tenemos un doble reto de país: por un lado, la modernización de nuestro aparato productivo, la democratización de la economía, un equilibrio equitativo en el modelo de empleo y relaciones laborales; por otro lado, el fortalecimiento y la mejora de nuestro débil Estado de bienestar y las garantías de los derechos sociolaborales.

Ello conlleva una tercera pata imprescindible: una contundente reforma fiscal progresiva y antifraude, fundamental para la estimular la inversión pública y la reorientación del aparato productivo (educación, especializaciones productivas…) y financiar la política social y distributiva. Tenemos una presión fiscal de seis puntos del PIB inferior a la media europea. Eso solo, supone margen para ampliar, con los pasos intermedios necesarios, la capacidad recaudatoria anual en más de 60.000 millones de euros.

El cuarto desafío es el cambio en las políticas dominantes en Europa y su reforma institucional: la estrategia de austeridad de sus instituciones, es el problema, pero la Unión Europea es también la base y el marco de la solución –mutualización de la deuda pública, financiamiento de inversión, estrategias solidarias.... La construcción de las fuerzas de progreso europeas, el refuerzo del modelo social, integrador y solidario, es una tarea estratégica, también para avanzar como país.

Por último, aunque no menos importante, está la imprescindible reforma y profundización democrática del sistema político e institucional, incluido un nuevo marco de convivencia plurinacional.  Por lo que se refiere a la cuestión territorial y la reforma institucional, el acuerdo hace gala del continuismo constitucional –se abandona incluso la tímida referencia socialista a una reforma federal-, dependiente del acuerdo con el PP.  Además, se bloquea todavía más una solución democrática al conflicto en Cataluña, oponiéndose a una consulta popular y un nuevo pacto solidario e integrador de la realidad plurinacional, apoyados hasta hace poco por el propio PSC -incluso por el nuevo Secretario General de la UGT. Incluso apenas se avanza en la necesaria reforma de la Ley electoral en un sentido más proporcional y participativo o en la defensa de las libertades.

La ausencia de un giro social y el cambio necesario

La dinámica continuista del pacto PSOE-C’s no solo es en materia económica e institucional, sino también en elementos fundamentales de la política social y laboral. Así, este programa se reafirma en la continuidad de la aplicación de la LOMCE (solo se paralizan algunos flecos pendientes), con su carga segmentadora y su orientación contraria al desarrollo de la igualdad de oportunidades en la educación. Igualmente, se consolidan los recortes del sistema de protección social. Los derechos anteriores de las pensiones públicas continuarán recortados en un 40% de media, fruto de las dos últimas reformas (del PSOE y el PP) –en torno al 20% cada una cuando entren plenamente en vigor-. Y también se consolida la reducción anterior de las prestaciones de desempleo. Así mismo, mantiene, incluso empeora, la precarización del empleo y el estancamiento y deterioro del empleo decente, sin derogar las dos reformas laborales (años 2010 y 2012), tan regresivas. Además, introduce elementos contraproducentes como las subvenciones estatales a los empresarios por sus bajos salarios o el abaratamiento, todavía más, de algunos despidos. Algunas medidas (el aumento del SMI, en el 1%, el llamado mínimo vital o la mejora superficial de la negociación colectiva) son positivas, pero muy limitadas para afrontar los graves y amplios problemas de empobrecimiento y desigualdad social y laboral.

Por tanto, en el bloque social y laboral, la balanza se inclina por la consolidación de los planes regresivos de los dos anteriores gobiernos, de Zapatero y Rajoy. El mayor peso lo tiene el continuismo no el cambio. El retroceso aplicado de los derechos sociolaborales, las prestaciones y servicios públicos (educación, sanidad…) se reafirma. Las condiciones sociales de las mayorías populares, tras los fuertes ajustes impuestos, no mejoran significativamente. Hay medidas muy parciales de limitada mejora, pero también de empeoramiento. No obstante, su significado global, incluido lo ausente del texto, es el mantenimiento de los recortes (con el eufemismo de las reformas), es decir, confirma el proceso regresivo de las dos últimas legislaturas y solo adopta alguna medida paliativa. Su título ‘reformista y de progreso’, significa consolidación de la austeridad regresiva o antisocial, según el plan europeo dominante, y bloqueo de la imprescindible democratización.

Están claras las prioridades de política social o urgencias de un programa de cambio: plan de emergencia social, empleo decente, protección social pública –pensiones, rentas sociales, desempleo-, derechos sociales y laborales -con reequilibrio del poder negociador de los trabajadores y trabajadoras en la negociación colectiva-; disminuir la desigualdad (social y de género) y las brechas socioeconómicas y ganar en cohesión social, particularmente con la mejora de los salarios (sobre todo los bajos y de sectores precarios) y la distribución pública. En casi todo ello, tras la fuerte reducción por la crisis económica y la política regresiva de ajustes, permanece el bloqueo de las necesarias mejoras sustantivas para la mayoría de la población.

En resumen, tras el fracaso de la investidura del candidato común de PSOE-C’s, ni siquiera está claro, en el caso de Ciudadanos, su apoyo al liderazgo de Pedro Sánchez y la garantía para ocupar el sillón más determinante de la Presidencia de Gobierno, tal como anhela la dirección socialista. Además, como era previsible, ha fracasado en su intento de garantizar su investidura como Jefe del Ejecutivo. Pero en vez de rectificar, la dirección socialista profundiza en el sectarismo y el chantaje hacia Podemos y sus líderes. Se aleja todavía más de un pacto equilibrado por el cambio y un trato equitativo como posibles socios. Su dependencia de las derechas se hace más fuerte. Su prepotencia contra Pablo Iglesias y los líderes del cambio se acentúa.

La crítica de la dirección socialista sobre la supuesta pinza o el apoyo de Podemos al PP no tiene credibilidad social, ni base argumental, ni hechos relevantes en que sustentarse, aunque se repita machaconamente. El pacto PSOE-C’s no sirve para gobernar ni tampoco para desalojar al PP. Su oposición a pactar con Podemos es la que permite la continuidad de Rajoy… hasta que el PSOE rectifique o la mayoría ciudadana lo eche en las siguientes elecciones. Constituye un tapón y un bloqueo a un necesario giro social y democrático o un pacto de progreso con Podemos.

Incluso los dirigentes socialistas sobreactúan con su apropiación de la representación del ‘cambio’ y su deseo de un Gobierno de las ‘izquierdas’, cuando ellos mismos se autodefinen de centro-izquierda y seguidamente lo descalifican por su supuesta irrealidad. Lo cierto es que sumando las fuerzas susceptibles de apoyo al Gobierno alternativo y de progreso planteado por Podemos y las fuerzas afines, se puede conformar un bloque progresista, el más amplio y homogéneo de los posibles y superior al de las derechas (PP y C’s). Pero para el PSOE es igual, se camufla la realidad, se tergiversan las definiciones y se exige a Podemos su rendición y subordinación. Todo en aras del continuismo programático, la prepotencia de su liderazgo y el desprestigio del cambio (real) y su genuina representación.

Pero, la tarea del cambio sociopolítico, económico e institucional y la alternativa de un Gobierno plural y de progreso, junto con una amplia participación cívica, persiste y constituye el objetivo central para garantizar el avance social y democrático.

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Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado recientemente el libro Movimiento popular y cambio político. Nuevos discursos, Barcelona: Ed. UOC. Nota de la Redacción: nos ruega Antonio Antón que indiquemos que, aunque este artículo data de los días 17 y 18 de marzo, “los hechos posteriores –hasta el 19 de abril– confirman lo sustancial de las valoraciones expuestas”.