CIDOB, septiembre de 2023.
Con una firme estrategia de seguridad, y en sólo tres años, el presidente Nayib Bukele ha conseguido que El Salvador deje de ser considerado uno de los países más violentos del mundo. Aunque los resultados de su política son palpables -e inesperados- el precio que está pagando el país es elevado en cuanto a la reducción de libertades constitucionales o la continua violación de derechos humanos. A pesar de estas contradicciones, el bukelismo está siendo objeto de escrutinio en el resto de países latinoamericanos, algunos de los cuales han abierto la caja de los truenos al plantear la posibilidad de importar sus políticas de seguridad.
Cuando en marzo de 2022 Nayib Bukele anunció la enésima estrategia salvadoreña para hacer frente a los altos índices criminalidad en el país, con el despliegue del ejército y la policía, y la instauración del estado de excepción, el joven presidente salvadoreño abordaba una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía de América Latina. La inseguridad y la violencia es una constante desde hace años. En un principio las propuestas de Bukele no diferían de otras similares desplegadas en Centroamérica, y en menor medida en algunos países del resto del continente: mano dura. Sin embargo, a los ejes habituales de este tipo de políticas públicas securitizadoras, que van vinculadas también a la persecución, la represión o la estigmatización, se añadió una que forma
parte del bukelismo como fenómeno político propio: un uso intensivo de la comunicación, especialmente de las redes sociales. Este factor ha sido relevante para entender el momento actual en el país y en toda la región, porque ha permitido a Bukele construir el relato de su gestión, señalando a todo aquel que discrepara de ella y, no menos importante, asociando las políticas de seguridad a su medida, fortaleciendo su imagen interna y en el exterior.
