La Oficina de Información y Denuncia para Personas Inmigrantes (OIDE), una propuesta de trabajo de Acciónenred-Canarias, lleva más de un año funcionando. Tal vez sea un buen momento para detenerse, reflexionar y hacer balance del trabajo desarrollado. Sobre todo ello conversamos con Norberto Fresno, abogado y miembro de OIDE.

            Hasta el Paseo de Chil, número 3, bajo, en Las Palmas de Gran Canaria, se han acercado, desde octubre de 2007, casi 200 personas extranjeras. Allí se encuentra ubicada la Oficina de Información y Denuncia para Personas Inmigrantes (OIDE). En realidad se trata de un pequeño espacio arrancado a la sede social de Acciónenred-Canarias que cuenta con lo básico para su funcionamiento: un ordenador, una mesa, un par de sillas, una estantería y un equipo de gente con muchas ganas de trabajar. En total, esas 200 personas han generado aproximadamente 763 atenciones de diversa índole, desde el trámite básico de una solicitud de cita previa en extranjería hasta acompañamientos o la asunción de representación legal ante organismos públicos. 

            La oficina es una idea auspiciada por el grupo de inmigración de Acciónenred-Canarias –antes Canarias Alternativa–, que veía la necesidad de abrir un espacio distinto en el que las personas extranjeras, especialmente las irregulares, no sólo reciban información sino que puedan canalizar denuncias o reclamar derechos. Porque desde las instituciones se habla mucho de la inmigración, pero falta información y sobra burocracia, y además son pocos los recursos disponibles, lo que dificulta la integración y la convivencia armoniosa entre la sociedad canaria y las personas extranjeras. El contar con un servicio profesionalizado permite acercarse a la realidad de la inmigración, y ese conocimiento repercute en el trabajo cotidiano de la organización, tanto en la reflexión como a la hora de proponer alternativas sociales o políticas eficaces que redunden en beneficio de las personas inmigrantes.

            No desean que el nombre de Oficina de Información y Denuncia para Personas Inmigrantes (OIDE) les encierre exclusivamente en estas tareas de información y denuncia: «La denuncia es una palabra fuerte. La mayoría de las veces no estamos denunciando sino demandando los derechos que les son arrebatados. Los casos de información a veces acaban siendo casos de denuncia, los casos de demanda de derechos también están acompañados de información, etc. Al final es un punto de encuentro de personas extranjeras con gente de aquí y un vehículo para saber, conocer y, en un momento dado, reclamar derechos». Conversamos con Norberto Fresno, abogado de profesión y una de las caras visibles de la oficina en el día a día: «Lo ideal sería que abriéramos la oficina mañana, que hubiéramos tomado este año como un año de prueba y con todo el aprendizaje dijéramos: “Mañana abrimos la oficina”. Porque es evidente que hemos cometido errores, negarlo sería un absurdo. Hemos cometido errores en cuanto al enfoque inicial; nos hemos visto, a veces, trabajando en campos en los que no teníamos que habernos metido y nos han faltado recursos para otros. Pasado este tiempo sabemos mejor con qué queremos y podemos trabajar y con qué no».

            El mismo día en que tiene lugar la entrevista se presenta públicamente el primer informe anual sobre el trabajo de inmigración de Acciónenred-Canarias, en donde se refleja, entre otras cuestiones, la labor realizada en la OIDE (1). En la presentación, a la que asisten un buen número de inmigrantes, algunos usuarios cuentan que les faltó escribir tal vez lo más importante: la fuerza y valentía de hombres y mujeres, en condiciones de alta vulnerabilidad, que no desean renunciar a sus derechos y que están dispuestos a pelear por ellos.  «Son alrededor de 200 personas. No es que sea una población significativa, pero sí nos da pie para conocer la realidad. Estamos hablando de una población joven, de entre 20 y 40 años, en su inmensa mayoría en situación irregular, en igualdad en número de mujeres y hombres, en igualdad el número de personas que provienen de Latinoamérica y de África, aunque con problemas distintos», explica Norberto Fresno, mientras deja que suene insistentemente un móvil con el que mantiene una relación algo complicada. Su número circula, cual tesoro valioso, en decenas de aparatos de personas extranjeras que no dudan en llamarle ante cualquier eventualidad y en cualquier momento.

            Contrariamente a lo que se pudiera pensar, la inmensa mayoría de las personas atendidas llegó hasta Canarias en avión y con visado de turista (hasta un total de 121), seguidas de quienes lo hicieron en patera o cayuco (25) y quienes tienen permiso de residencia y de trabajo (13). Según el país de origen, el mayor número de atenciones se corresponde con personas nacidas en Bolivia (35), seguidas de las provenientes del Sáhara Occidental (21) y Nigeria (18). En cuanto a su estado administrativo, se han atendido a 123 personas en posesión de su pasaporte pero en situación irregular, a 37 con permiso de residencia y trabajo y a 6 con residencia permanente.

            La OIDE funciona por derivaciones y se ha especializado en aquellas personas que otros recursos o servicios no pueden atender. Explica Norberto Fresno: «Estamos trabajando con mujeres que ejercen la prostitución, con gente que está en prisión, con personas sin hogar que nos deriva el Ayuntamiento. Estamos trabajando con esa gente que queda fuera del perfil general». Pese a centrarse en quienes se quedan fuera del perfil de la “normalidad”, tienen una fuerte demanda de trabajo y están dando citas a un mes vista: «El servicio funciona, los resultados objetivos en cuanto a resoluciones, en cuanto a sentencias, no son malos. Tenemos algunas contrarias, pero no se puede calificar el resultado como malo. En general, el balance es positivo». Aunque lo que les gustaría, como a la cantautora Bebe, es tener tiempo («Pa parar si vas corriendo, tiempo; pa valorar que vas haciendo, tiempo; pa tomar tus decisiones, tiempo; pa encontrar la calma necesitas tiempo»). En palabras de Norberto Fresno: «Echar el freno y tener más tiempo para pensar, encauzar las cosas, enfocar mejor el trabajo. Pero esto de trabajar con personas es lo que tiene, que las personas tienen necesidades concretas para el día concreto y no se pueden dejar para más adelante».

            La demanda máxima que se recibe en la OIDE es la obtención de información sobre cómo poder regularizarse. De hecho, han gestionado 346 casos ante la institucional Oficina de Extranjeros de Las Palmas de Gran Canaria, que depende de la Subdelegación del Gobierno y se encarga de gestionar los trámites en relación con la situación jurídica administrativa de las personas inmigrantes (2): «La mayoría de las atenciones están destinadas al arraigo, que es la figura que recoge la ley para poderse regularizar aquellas personas que están sin papeles en España». Una de las condiciones para conseguir el tan preciado arraigo es la permanencia en el país de al menos tres años, tres largos años viviendo en situación administrativa irregular que se hacen largos y difíciles. «Durante ese tiempo –continúa Norberto Fresno–, las personas existen, alquilan viviendas, trabajan, y esto genera muchos problemas y mucha vulnerabilidad. La persona que quiera quedarse en España casi tiene la obligación de ser invisible».

            El arraigo supone –además de la estancia ininterrumpida en España durante tres años– contar con un contrato de trabajo de al menos un año de duración, carecer de antecedentes penales y contar, bien con familiares en situación regular, bien con un informe de los servicios sociales municipales que refleje un grado de inserción social. En teoría es relativamente sencillo obtener la vía del arraigo social, pero en la práctica es complicado reunir la documentación. Nada que ver con esa idea falaz sobre lo fácil que es para una persona inmigrante llegar, residir y trabajar en nuestro país.

            A veces, no es tan sencillo conseguir un pasaporte (por la imposibilidad de viajar, porque faltan oficinas consulares. Se han dado incluso casos de procedimientos sancionadores o expulsiones por estancia irregular a personas que denunciaron la pérdida o el hurto de su pasaporte). Otras veces lo difícil es conseguir alquilar una vivienda y tras ella un certificado de empadronamiento superior a los tres años. Complicado suele ser también hacerse con una oferta de empleo, la mayor parte de las ocasiones por la desinformación de los posibles empleadores en cuanto a sus deberes, o bien por su preferencia por contratar a personas sin papeles y, por supuesto, más sumisas, sin derechos laborales.

            Por último, la Oficina de Extranjeros podría tramitar el requisito exigido sobre la falta de antecedentes penales, pero en algunos casos también se complica. El caso más extremo es el de quienes tienen ciudadanía nigeriana, que han de esperar a que algún miembro del Consulado General con sede en Madrid se desplace hasta Canarias, algo que suele suceder, si la suerte acompaña, una vez al año. Con respecto al último requisito, el documento de inserción social (que incluye información sobre redes sociales, conocimiento de la lengua, medios de vida, alojamiento…), tampoco debería haber problemas, pero, dado que depende de las corporaciones municipales, se están dando casos de retrasos de dos meses en las entregas, y lo que es peor, algunos ayuntamientos, como el de San Bartolomé de Tirajana, amplían los requisitos exigidos por la Secretaría de Estado de Inmigración, algo que, en teoría, escapa a sus competencias.

            En el caso de los menores de edad el trámite de arraigo social se dificulta, ya que los progenitores han de contar además con “medios económicos suficientes”, que el Estado ha estipulado en 300 euros mensuales por persona. Algo criticado desde Acciónenred-Canarias, al igual que el hecho de que no se estén teniendo en cuenta las solicitudes de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales basadas en que los solicitantes sean progenitores de un menor nacido en nuestro país. En ninguno de estos casos está primando, como debería ser, la protección a los menores.

            Pese a contar con pocos medios y pese a que no existe una vía de comunicación ágil y eficaz con las asociaciones que están asesorando a la población inmigrante, la OIDE valora el importante trabajo desarrollado por el personal técnico de la Oficina de Extranjeros de Las Palmas de Gran Canaria.

            Con respecto a las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Acciónenred-Canarias critica las actuaciones arbitrarias de algunas comisarías (en concreto la de Maspalomas), así como en aquellas ocasiones en donde, inexplicablemente, prima la situación administrativa irregular frente a otras más importantes y urgentes: por ejemplo, ante un accidente de tráfico o ante un caso de violencia machista, en donde lo primero que se requiere a los implicados son “sus papeles”. Critica así mismo que se sigan diferentes trámites ante similares circunstancias, y allí donde un agente propone una multa, otro proponga el internamiento y la expulsión. Un caso que llama especialmente la atención es el de la Guardia Civil de Vecindario, que identifica a los viajeros de las guaguas municipales basándose en criterios étnicos. En ocasiones llegan a esposar a quienes no portan papeles, generando alarma social, cuando es claro que hay ausencia de delito punible.

            Las extranjeras que optaron por el ejercicio de la prostitución tampoco lo tienen fácil. Norberto Fresno señala: «Alrededor de unas 300 chicas ejercen en la misma calle en la que está ubicada la Oficina de Extranjeros, la inmensa mayoría se encuentran en situación irregular. Es frustrante el trato que les da la Policía Nacional. Se las llevan a comisaría, les piden que denuncien a quien está tras la trata de mujeres en la calle. Si no lo hacen les amenazan con abrirles un proceso de expulsión. Además, les dan un papel que les califica de “testigo protegido”, un papel que no sirve absolutamente para nada. Esta situación genera inseguridad, también a la hora de poder informar correctamente a las chicas sobre sus derechos». Una forma de actuación que contradice todas las recomendaciones europeas al respecto y entra en colisión con el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, aprobado por el Gobierno español en diciembre de 2008 y en vigor desde el día 1 de enero de 2009.

            Otro de los campos de actuación de la OIDE es velar por la defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados. El Gobierno canario afirma reiteradamente que se encuentra “desbordado” por la situación y mira hacia la Península en busca de responsabilidades políticas. Para Acciónenred-Canarias la gravedad de este desbordamiento es algo muy relativo y ya se hablaba de ello hace ocho años, cuando apenas había menores. Lo que ha faltado y sigue faltando son sistemas de protección. En opinión de Norberto Fresno,  «las cosas se desbordan si no se cuenta con recursos que les atiendan. Va contra la lógica que el estado de desbordamiento se dé año tras año. En momentos concretos, como en el 2006, que en seis meses de repente llegan 20.000 personas, puede ser entendible que se produzca un desbordamiento; pero cuando las cosas se estabilizan no puede ser que, año tras año, se sigan dando las mismas razones. Hay falta de recursos y el único interés que se manifiesta por estos menores es cuando se les utiliza como arma política. Las responsabilidades están en el Gobierno de Canarias, en la Dirección General de Protección al Menor y a la Familia, en algunas instituciones o recursos que gestionan estos casos directamente...».

            La realidad es que la integración de los menores no acompañados es relativamente sencilla o al menos no conflictiva. El problema es que tras pasar entre cuatro y cinco años tutelados en un centro, y con un alto grado de integración en la sociedad canaria, son abandonados a su suerte en cuanto cumplen la mayoría de edad. En palabras de este portavoz de OIDE: «De repente se encuentran en la calle y nadie les tramitó su residencia, no están empadronados, no tienen tarjeta sanitaria y la verdad es que nos choca bastante. Con estos pibes intentamos que preparen los papeles como adultos, incluso el acceso a la nacionalidad española para aquellos que lo deseen. Es un campo de trabajo tan necesario como importante».

            Otros casos, especiales y también de interés, son los relativos a la población saharaui. Años atrás muchos canarios emigraron al Sáhara, se establecieron allí y crearon lazos comunes. En la actualidad, existe un importante núcleo de saharauis que reside principalmente en Las Palmas de Gran Canaria, a quienes no se les reconoce la nacionalidad española y a quienes se les exige diez años de permanencia en nuestro país (no los dos años que se exigen a quienes provengan de antiguas colonias españolas): «Es una herida que no se cierra, que lleva abierta 30 años. Ahí tenemos, por poner un ejemplo, un ciudadano saharaui de 103 años de edad que luchó en la guerra hispano-marroquí, del Rif, entre 1919 y 1926, con el Ejército español, que pierde su mano en esa guerra y que ahora se encuentra en situación irregular. Está esperando que pasen tres años más para cumplir el arraigo. Hemos tenido también algún caso más de prestaciones de la Seguridad Social que no se les reconocen, en cuanto que la nacionalidad española se les deniega», apostilla este abogado.

            Todos y cada uno de los casos, resueltos o no desde la OIDE, han supuesto un aprendizaje para el grupo de inmigración de Acciónenred-Canarias. El conocimiento de la compleja realidad de la inmigración impide aferrarse a esquematismos y ayuda a romper con arquetipos basados en prejuicios. Como señala Norberto Fresno, «una de las cosas que más nos costaba digerir era esa idea de la inmigración vista desde el mundo “ñoño-progre” –no sé si esta palabra existe, pero sí se puede inventar ahora mismo– que afirma que somos racistas y que quienes vienen de fuera son personas estupendas. Me he encontrado con personas estupendas en el recurso, personas estupendas extranjeras, personas estupendas nacionales, pero también me he encontrado con mala gente». Las denuncias en el ámbito laboral, por ejemplo, indican que el 50% de empresarios que no respetan las condiciones de los trabajadores son también extranjeros.

            Igual sucede con la idea preconcebida de que la recepción por parte de la sociedad de acogida es siempre mala, y así lo atestiguan algunos de los casos que han llegado hasta la OIDE: «Hemos tenido ejemplos maravillosos. Un ganadero de Gáldar explotó durante tres años a un señor marroquí, que trabajaba 14 horas diarias y que ni tan siquiera tenía derecho a recibir visitas. Pues bien, el testigo clave para ganar el juicio fue otro ganadero canario que conocía la situación de este ciudadano marroquí. En principio no tenía obligación de nada, e incluso conociendo al otro empresario, fue a declarar al juicio porque consideraba que era lo correcto. No es un hombre que milite, ni que vaya al Foro Social Mundial de las Migraciones, simplemente prestó su declaración a favor de aquel marroquí al que apenas conocía y de quien no sabía pronunciar su nombre».
                                                                                                                                                                                                              
            Población invisible, en situación de semiclandestinidad y por tanto blanco fácil de impagos y despidos, de jornadas laborales interminables y calendarios sin días marcados en festivo color rojo: «Las reclamaciones laborales son muy comunes. Las estamos viviendo en esta situación de crisis, son el paro más débil, quienes primero se van a la calle o sufren impagos. En estos casos sí que se han logrado bastantes resultados. Hemos superado los 30.000 euros de indemnización para una persona inmigrante irregular, que no es que sea una cifra como para asustar, pero sí ha sido importante, sobre todo por el empoderamiento que supone, para una persona que pensaba que no tenía ningún derecho, llevar a juicio a un empresario y ver que el juzgado le da la razón y que cobra una indemnización». Lo cuenta Norberto Fresno con la certeza de que habrá que seguir trabajando por tener muchos más casos con resoluciones parecidas. Un buen ejemplo para que otras personas se animen a hacer lo mismo. Para que la sociedad entienda que, independientemente de la situación administrativa de cualquiera, hay que acabar con las malas condiciones de trabajo y la indefensión.                                 

            Habla Norberto Fresno con esperanza sobre los juicios laborales, pero tampoco oculta la frustración que producen otros casos más complejos. El servicio doméstico es otro de los sectores que acumula un buen número de reclamaciones laborales: «Es una de las cosas que a uno más le desesperan. Ya era una vergüenza antes de que llegaran las extranjeras. La regulación que tenemos es del año 1985 y más que una regulación parece una falta de regulación. El propio Estatuto viene a decir que “lo que ocurra de puertas adentro... ocurre de puertas adentro”. Hay que respetar la inviolabilidad del domicilio, me parece un derecho importante, pero también hay que respetar los derechos de las personas extranjeras. Las situaciones son muy graves». Muchas mujeres ven peligrar su empleo cuando por fin, y tras tres años en el país trabajando para una familia, se atreven a solicitar a sus empleadores una oferta en firme que les permita acceder a sus papeles: «Las chicas son estupendas y rentables mientras están internas y asustadas». Conviene que tengan miedo, no papeles. La exigencia de derechos a veces supone la pérdida del empleo y las implicadas han de tener información precisa para, siendo conscientes de su vulnerabilidad, poder tomar sus propias decisiones: «Normalmente tenemos problemas para recopilar pruebas y para acceder a testigos que puedan declarar a favor de las mujeres».

            Mientras lees esta entrevista la oficina permanece abierta. Mañana también abrirá y Acciónenred-Canarias continuará enfrentándose a casos feos y desesperantes y también a momentos de tranquilidad, como esa pequeña fiesta, con música boliviana en directo, que tiene lugar en el patio del local de Paseo del Chil, tras la presentación de su primer informe anual.

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(1) El informe, además, reflexiona sobre el contexto actual de la inmigración, las políticas restrictivas europeas y las acciones de apoyo a la integración puestas en marcha por Acciónenred-Canarias. Estas últimas van desde el fomento del asociacionismo y la participación social de las personas inmigrantes hasta acciones de información, formación, sensibilización y propuestas de trabajo alternativas a las institucionales.
(2) Número de gestiones y trámites realizados por la OIDE ante la Oficina de Extranjeros de Las Palmas de Gran Canaria: 255 casos por arraigo social; 31 de residencia por circunstancias excepcionales; 27 por arraigo laboral; 12 por residencia de ex menores no acompañados; 9 por arraigo familiar; 5 por autorización de trabajos penados; 4 por cambio de régimen laboral; 2 por residencia comunitaria, y 1 por residencia permanente. En la Oficina de Extranjeros se están aceptando los contratos por horas en el servicio doméstico.