Carlos Carnicero Herreros
Vitoria, 3 de marzo de 1976.
Una investigación por completar 32 años después
(Hika, 196zka. 2008ko otsaila)

            Hace 32 años, la policía armada desalojaba por la fuerza una asamblea obrera que se estaba celebrando en la iglesia de San Francisco, en el barrio vitoriano de Zaramaga. El método asambleario había sido el utilizado a lo largo de un conflicto laboral que afectaba a las principales industrias –salvo SAFEN Michelín- de la ciudad y que se había prolongado durante dos meses, terminando por afectar al conjunto de la población vitoriana. Aquella asamblea brutalmente desalojada –la decimoctava de las mismas características desde el inicio de la huelga- había sido convocada de forma pública días antes por parte del organismo director de aquella huelga, la Coordinadora de Comisiones Representativas, que agrupaba a los representantes de las diferentes asambleas constituidas en cada una de las fábricas afectadas. Desde un principio, se había desestimado la utilización del sindicato vertical y sus representantes –enlaces y jurados- para tratar de resolver el conflicto, al no considerárseles en la mayor parte de las empresas auténticos representantes de la voluntad e intereses de los trabajadores. Con la reunión del colectivo afectado y el incorporado por solidaridad se pretendía culminar una jornada de huelga general que había sido masivamente seguida por los trabajadores de la capital alavesa. La convocatoria había tenido como objetivo manifestar el rechazo a la situación por la que atravesaban los trabajadores de las empresas en huelga y, especialmente, la de los despedidos durante el transcurso de ésta.
            La consigna a seguir por parte de los policías fue muy clara: sacar a los asambleistas del templo e impedir el desarrollo de la reunión como fuera. Los duros enfrentamientos habidos entre huelguistas y policía esa misma mañana, durante la cual las fuerzas del orden ya habían utilizado las armas de fuego contra los trabajadores, habían hecho intolerable a los ojos de los representantes gubernativos el mantenimiento de aquel conflicto que, empezaba a afectar muy seriamente lo que para ellos era intocable: el orden público. Tras rodear la iglesia impidieron que más personas accedieran al interior de la misma. Posteriormente trataron de parlamentar con los asambleístas para que abandonaran el templo. Aquella sugerencia fue rechazada entre abucheos, al entender que se tenía derecho a estar reunido, como se había hecho otras muchas veces –aunque era algo aún no respaldado por la legalidad vigente- y el fundado miedo que se tenía a las represalias si se salía del templo. Incluso intentaron convencer a un sacerdote para que ejerciera de interlocutor con el párroco de la iglesia de San Francisco, esperando que éste pudiera declarar la ilegitimidad de la reunión, algo que no sucedió. Agotados los intentos previos, alguna mente preclara decidió que el modo más efectivo de llevar a cabo el desalojo era arrojar botes de humo al interior de la iglesia, un recinto cerrado. A partir de ahí, el miedo y la asfixia provocaron la salida atropellada de las personas reunidas en el templo, lo que fue repelido por la policía armada con porrazos, pelotas de goma y finalmente por las armas de fuego. Tres muertos casi en el acto -a los que se unirían otros dos más en fechas posteriores, que no pudieron superar las graves heridas sufridas por el ataque policial- y aproximadamente un centenar de heridos de diversa consideración, fueron el resultado de aquella barbarie. Hasta ahí los hechos más conocidos.
            En el año 2004 el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la UPV-EHU hizo público un dictamen histórico sobre aquellos luctuosos hechos. En él se estimó probado que las muertes de Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda habían tenido que ver: «con la falta de libertades esenciales en la España de la época», «con una inadecuada dotación de las fuerzas antidisturbios y con instrucciones que en nada estimaban los derechos humanos»; «con el uso irresponsable y quizá criminal de armamento de guerra frente a un problema de orden público» y «con órdenes procedentes de alguna instancia de la línea de mando cuyo vértice en ese momento era el Gobierno de España, que tomó las decisiones». Por otra parte, se estimó probado que se había infringido: «el Concordato de 1953, vigente en el momento» que establecía la inviolabilidad de los templos religiosos salvo caso de urgente necesidad, al considerar que no se había producido necesidad de tal calibre y que no se había dado el consentimiento eclesial oportuno; y «el Código Penal entonces vigente, a través de la comisión probable de varios delitos de homicidio según el Artículo 407 del Código Penal», lo que había sido señalado por un «dictamen del Auditor Militar, archivado en el Tribunal Militar Territorial IV». Por todo ello se dictaminaba que habían existido «responsabilidades penales claras», como habían indicado los tribunales militares, en la muerte de los citados trabajadores y que las decisiones conducentes a aquellos hechos, «sin poder determinar responsabilidades personales», habían sido tomadas por «funcionarios del Reino de España».
            Quien suscribe este artículo fue el encargado de recopilar la documentación sobre la que se sustentaba el dictamen histórico. Apoyado en la experiencia del historiador José Antonio Pérez Pérez, coordinador de aquel proyecto, asumimos el reto de recopilación de documentación novedosa acerca de aquellos hechos, en unas fechas demasiado recientes según la ley para la libre consulta de documentación en los archivos.
            El primer gran aporte documental a la investigación corrió a cargo de la propia Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas del 3 de marzo, que había requerido aquel dictamen. Pusieron en nuestras manos toda la documentación que habían podido conseguir desde el inicio de la lucha por el reconocimiento de sus derechos. De entre la misma, destacaba sobremanera la referente a los sumarios abiertos por el caso que, tras el paso por diferentes juzgados, había terminado en la justicia militar y estaba custodiada en el Archivo Militar de El Ferrol. Pensando que pudiera haber más documentación que no les hubiera sido facilitada, nuestra primera gestión fue la de solicitar, a la sección correspondiente del Ministerio de Interior, información sobre la posible existencia de ésta entre sus fondos. Varias semanas después nos negaron que hubiera más documentación en ninguno de sus archivos sobre nuestro objeto de estudio. También nos fue denegado por la autoridad militar encargada de su custodia el permiso para acceder a los fondos existentes en El Ferrol. Curiosamente, un par de años después, un equipo de investigación del programa de Televisión Española Línea 900 tuvo acceso a dicha documentación, con motivo de la realización de un reportaje sobre los sucesos de Vitoria, al cumplirse 30 años de los mismos. La documentación conseguida por los periodistas no ha aportado nada especialmente novedoso, pero el agravio comparativo y el menosprecio al trabajo del historiador por parte de algunas instituciones públicas -aunque el comportamiento privativo de las instituciones militares pone muy en cuestión su consideración como tales- parecen fuera de lugar si realmente se quiere avanzar en el conocimiento histórico más riguroso, que en buena lógica ha de venir de la mano del trabajo de los profesionales de la materia.
            Cerrada la vía de los archivos del Ministerio de Interior y militares, tratamos de conseguir documentación en el Archivo General de la Administración y en el Archivo Histórico Nacional. En el primero pudimos consultar las memorias para el año 1976 de la Organización Sindical Española (OSE) para la provincia de Álava y del Gobierno Civil de Álava. En el segundo obtuvimos un informe policial interno sobre los hechos, que había realizado la Comisaría General de Investigación Social, dependiente de la Dirección General de Seguridad. Este documento, el más novedoso obtenido en aquella investigación, permitió conocer mejor la visión que del conflicto habían tenido las fuerzas de orden público. Se ha utilizado para el estudio La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976. (Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2007), que también incluye el dictamen.
            Conseguir el informe policial no fue nada sencillo. Además de la costosa labor de localización, para su consulta hubo que presentar autorizaciones de las personas que en él aparecían reflejadas con nombre y apellidos. Por supuesto, esos datos no fueron facilitados previamente. Hubo que volver a Vitoria y solicitar la colaboración de la Asociación de Víctimas para obtener el mayor número de autorizaciones posibles, especialmente de todas aquellas personas que estimaran que sus nombres podían estar recogidos en algún tipo de documentación policial. Gracias a esta gestión, pudo consultarse la documentación existente. Las partes en las que se hacía referencia a personas concretas de las que no habíamos presentado autorización fueron censuradas, aunque no se estima que tuvieran demasiada relevancia.
            Además de la documentación oficial, se llevó a cabo un análisis de las diferentes publicaciones que habían estudiado el 3 de marzo* y de los periódicos locales del momento. Para completar la investigación, se recopilaron algunos testimonios orales de testigos de lo sucedido en la iglesia de San Francisco, de sacerdotes y de algunos líderes obreros de la huelga. Con toda aquella información se procedió a la redacción del dictamen.
            Para algunos, sus conclusiones han podido quedar cortas pero, siendo rigurosos, con las fuentes y documentación disponibles a día de la elaboración del documento, no puede irse más allá en lo probatorio. No se ha encontrado –y se antoja complicado que en fechas próximas se encuentre, en caso de que existiera– ningún documento que pueda ayudar a conocer quién y en qué términos dio la orden de desalojo de la iglesia de Zaramaga ni si existía algún plan gubernamental para acabar de ese modo con la huelga. Tan sólo el testimonio de algunos protagonistas -desde los policías que intervinieron, pasando por el capitán al mando hasta algunos ministros- podría aportar algo de luz en este sentido. Una comisión especial del Parlamento Vasco está llevando adelante algunas iniciativas en estos últimos meses.
            Para los historiadores, dadas las férreas restricciones existentes a la hora de conocer determinados datos personales -y más tratándose de miembros o antiguos componentes de las fuerzas de orden público, o de organismos de poder del Estado- el acceso a esa información, que además correspondería a una decisión libre y personal del interpelado, se antoja complicado.
            En su día, la justicia militar no quiso hacer una investigación seria sobre los hechos del 3 de marzo, sobreseyendo el caso al afirmar que no podía atribuirse la responsabilidad a ninguna persona en concreto. Las reclamaciones hechas posteriormente por los afectados nunca fueron atendidas. A día de hoy, las posibles responsabilidades penales han prescrito. Las víctimas reclaman, justamente, que les sean reconocidos sus derechos, aunque sea tanto tiempo después, y que se investigue para que, sobre lo sucedido aquel día, no pase a la Historia la versión ofrecida por la policía armada.
            Si la primera de las reclamaciones corresponde al ámbito jurídico-político, en la segunda, somos los historiadores los que desde la libertad e independencia en el desarrollo de nuestra profesión debemos de llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Buena parte de lo sucedido en aquella fatídica fecha de marzo de 1976 es ahora, gracias a la investigación histórica, mucho mejor conocido y ha puesto en cuestión la versión oficial mantenida hasta el momento. Pero la hipotética aparición de nuevas fuentes de diversa naturaleza que pudiera darse en el futuro hace que, la investigación sobre la huelga más trascendente en la historia de Vitoria y su trágico fin, en alguna de sus claves, esté aún por completar 32 años después.

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NOTAS

(*)- ABÁSOLO, J. A., Vitoria. 3 de marzo. Metamorfosis de una ciudad, Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1987.
- GUINDAL, M., GIMÉNEZ, J. H., El libro negro de Vitoria, Ediciones 99, Madrid, 1976.
- GRUPO DE TRABAJO ALTERNATIVA., Informe Vitoria: una gran experiencia de lucha, Vitoria-Gasteiz, 1976.
- VAL DEL OLMO, A., 3 de marzo. Una lucha inacabada, Fundación Federico Engels, Vitoria-Gasteiz, 2004.
- RUEDO IBÉRICO, Gasteiz. Vitoria. De la huelga a la matanza, París, 1976.
- LIKINIANO ELKARTEA, Todo el poder a la asamblea, Vitoria, 3 de marzo de 1976 en sus documentos, [Bilbao], 2001.
- ETXABE, T., Vitoria 76, [Vitoria-Gasteiz], 1977.