Carmen Heredero
La educación no es un gasto, es una inversión.
Una movilización estatal el 22 de octubre
La crisis económica y las políticas de austeridad están suponiendo todo tipo de recortes en los servicios públicos y, especialmente, en la educación. Los gobiernos, ajenos al sentir de la mayoría de la ciudadanía, no tienen otra voluntad que superar el déficit reduciendo la protección social y los derechos que tanto nos ha costado conseguir y que representan el progreso social.
Desde esa perspectiva, los gobiernos de algunas comunidades autónomas pretenden redoblar con desproporcionados recortes en la educación pública su política de siempre: el adelgazamiento del sistema público de enseñanza para incrementar la red de centros privados. Una política característica del PP a la que el PSOE no es ajeno, puesto que también desde el gobierno de la nación se han auspiciado y se han llevado a cabo parecidas medidas de ajuste mediante la reducción del gasto público y de los derechos sociales y laborales.
El resultado es el deterioro progresivo de la escuela pública, lo que tendrá como consecuencia la disminución de la igualdad de oportunidades, el avance de la segmentación educativa y la reproducción de la estratificación social y laboral y, junto a ello, el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado y el incremento del paro.
Así lo han entendido los profesores y profesoras y las comunidades educativas de Madrid, Galicia, Navarra y Castilla la Mancha, que están protagonizado importantes movilizaciones de rechazo de esas medidas y en defensa de la escuela pública, la única que garantiza una función integradora e igualitaria.
Pero los problemas no se reducen a esas comunidades autónomas. En el conjunto del Estado se están aplicando políticas restrictivas en educación: en este año 2011 se prevé, para el conjunto del estado, una reducción de 1.800 millones de euros en el gasto educativo del gobierno central y de las comunidades autónomas. Es decir, estamos ante una ofensiva generalizada hacia la educación dirigida por unos gobiernos miopes que consideran el gasto educativo como un gasto prescindible, despreciando informes como el de la OCDE 2011 que estima que por cada euro que se invierte en educación se obtienen 3,9 euros de beneficio.
Por ello tiene todo el sentido la organización de una movilización social de carácter estatal que fortalezca y aúne las protestas que se realizan en las diferentes comunidades autónomas y que, ante este escenario económico, político y social, dé una respuesta firme que obligue a los gobiernos a enfrentar la crisis de otra manera, no haciendo recaer sus efectos sobre quienes menos tienen y no destruyendo derechos sociales básicos como la educación. Y el profesorado de todo el Estado que, una vez más, está demostrando una importante conciencia social, tiene que ponerse a la cabeza en la defensa de la educación como un bien público, beneficioso para el conjunto de la sociedad.
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Carmen Heredero es Profesora de Educación Secundaria y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de CC.OO.