Carmen Heredero

La LOE no resuelve los problemas de la educación
 (Página Abierta, 164, noviembre de 2005)

En estos momentos se encuentra en la fase de trámite parlamentario un nuevo proyecto de ley educativa, la Ley Orgánica de Educación (LOE). Hace sólo tres años discutíamos sobre otro proyecto, la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), promovida por el PP y aprobada el 23 de diciembre de 2002. Pero aún más, la anterior ley, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), fue aprobada a finales de 1990. Es decir, en el breve espacio de 15 años, este país habrá visto, debatido, criticado, rechazado... y aprobado, en último término, tres leyes educativas de carácter orgánico, cada una ligada al partido gobernante en ese momento. Pero ¿realmente hay grandes diferencias entre ellas?
La LOCE fue una ley rechazada claramente por las organizaciones progresistas, si bien éstas no contaron con la fuerza suficiente para paralizarla, y el PP, con su mayoría absoluta en la anterior legislatura, logró su aprobación en el Parlamento. Fue la llegada al Gobierno del PSOE, que se había pronunciado contra la LOCE y había apoyado movilizaciones contra ella, la que trajo la paralización de la ley. La LOCE era una ley regresiva. Como señalaba en el artículo “Un modelo educativo presidido por la segregación” (1), «... el PP descubre su faz derechista con respecto a la educación, una educación de “excelencia” para los chicos y chicas de niveles sociales medios y altos, principalmente en los centros privados, y una formación de menor calidad en los centros públicos para los de niveles más bajos, hasta los 16 o 18 años, a la espera de su incorporación al trabajo en condiciones precarias».
Frente a ello, el nuevo proyecto que el actual Gobierno ha presentado al Parlamento parte de una concepción progresista de la educación, lo cual es importante. Los principios y fines de la educación, expresados en el título preliminar y en muchos otros artículos, que recogen cuestiones como la calidad, la equidad, la igualdad de los sexos, los valores de libertad, solidaridad, tolerancia, respeto, justicia... expresan una visión que contrasta claramente con la de la regresiva LOCE, la cual ponía el acento, casi con exclusividad, en el esfuerzo individual del alumnado, ligado a la competitividad.
En ese sentido, en el nuevo proyecto de ley desaparecen los itinerarios segregadores que la LOCE mantenía para la Enseñanza Secundaria Obligatoria, se incorporan varios aspectos relacionados con la coeducación y con la educación de los afectos, se recupera la atención a la diversidad...
Ahora bien, el PSOE no se ha atrevido a ser coherente con esos principios progresistas en todos los aspectos de la ley. En concreto, no se ha atrevido a plantear una enseñanza laica y, por tanto, a dejar la religión fuera del currículo escolar. Por el contrario, el proyecto de la LOE expresa –disposición adicional segunda– que la enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo suscrito por el Estado español con la Santa Sede y en los Acuerdos de Cooperación con las demás confesiones religiosas; es decir, que la religión será una materia educativa voluntaria para el alumnado, pero de oferta obligada en todos los centros. Pretende con ello evitar el enfrentamiento con la Iglesia católica y la derecha, lo que no parece que esté consiguiendo pues, como sabemos, todos ellos preparan ya una manifestación para el 12 de noviembre contra la LOE. Y es que éstos no se conforman con que la ley cite el Acuerdo; quieren la expresión manifiesta de su contenido y, más aún, pretenden que la ley obligue a quien no opte por la religión a cursar una asignatura alternativa, asignatura que entienden como única garantía del mantenimiento de la opción religiosa. Por el momento, el proyecto no recoge la existencia de una alternativa a la religión, pero no está nada claro que el PSOE se mantenga firme en ello.

Los privilegios de los centros privados

Tampoco se enfrenta el PSOE con los centros privados concertados, con sus privilegios y sus intereses elitistas. En relación con ello quiero señalar tres aspectos.
Primero. El proyecto de LOE recoge que la distribución del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo –léase, fundamentalmente, alumnado inmigrante– se hará equilibradamente en los centros públicos y los privados concertados, pero, a continuación, deja que ese “equilibrio” lo marquen las administraciones educativas; es decir, escurre el bulto para que sean los gobiernos autónomos los que se impliquen en este problemático asunto –artículo 87–. Ni aun así consigue que la derecha se calme: «Los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos y nadie les puede arrebatar esa responsabilidad» (2), dicen, defendiendo el derecho de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos. Pero si la LOE no cuestiona ese derecho, ¿qué significa su insistencia? Pues que si los centros concertados recogen en la misma proporción que los públicos al alumnado inmigrante, dejarán de ofrecer la imagen de enseñanza de calidad para las élites de la que la enseñanza privada hace gala; que una enseñanza de calidad, para las mentes de la derecha, no permite la integración de la diversidad; y la consideración, por su parte, de que los problemas sociales debe resolverlos la enseñanza pública.
Segundo. Puede parecer una anacronía, pero la nueva ley permite la discriminación por razón de sexo en la admisión del alumnado por los centros –artículo 84–. De nuevo los temores del PSOE a enfrentarse con los privilegios de determinados sectores de la derecha. En este caso, se trata de posibilitar el mantenimiento de los conciertos –dinero público con el que se subvencionan todos los gastos de los centros– a las docenas de centros que segregan al alumnado escolarizando a los chicos y a las chicas en diferentes centros. La defensa de la igualdad de los sexos, que aparece repetidas veces a lo largo del articulado del proyecto, deja ahora de ser un criterio que se debe tener en cuenta, ya que choca con los intereses del Opus Dei, principal organización que mantiene esa segregación por sexos en sus centros educativos
Tercero. No hay en el proyecto de ley una adecuada reforma de la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación, de julio de 1985) que pueda suponer un serio control en el cumplimiento del concierto a los centros privados concertados. Así pues, seguirán dándose casos de cobro indebido al alumnado de determinadas cantidades por actividades escolares, seguirán incumpliendo las normas sobre participación democrática, seguirán evitando la admisión del alumnado problemático por medio de métodos diversos... pero seguirán percibiendo la subvención del Estado. Y seguirá ocurriendo porque estos incumplimientos son mecanismos necesarios para que los propios centros sean, en realidad, los que seleccionen al alumnado, y no al revés.
Por tanto, la LOE no apuesta claramente por la extensión de la enseñanza pública y por su calidad, al contrario; además, al plantear la gratuidad de la etapa de entre 3 y 6 años –no obligatoria–, sin incrementar la oferta pública, abre la puerta para el aumento de los conciertos con los centros privados.
Por otra parte, las necesidades del sistema educativo son muchas y, por supuesto, son algo más que el enunciado de unos principios progresistas. Y el proyecto de la LOE se queda muy lejos de resolver esas necesidades.
Los diferentes estudios nacionales o internacionales demuestran insistentemente que existe una relación directa entre gasto educativo y resultados académicos. Estamos muy por debajo –alrededor del 4% del PIB– de la media de los países de nuestro entorno, en cuanto a esa partida presupuestaria. Ninguna de las grandes leyes educativas de los últimos años ha planteado una ley de financiación del sistema educativo, algo que siempre fue una reivindicación de las organizaciones relacionadas con la educación. Fue también el principal aspecto de la crítica que el PSOE hizo a la LOCE. Pero, de nuevo, la LOE lo evita. La memoria económica que el proyecto de la LOE adjunta –6.000 millones de euros hasta 2010– no responde, ni de lejos, a lo que se viene reclamando: el 6,5 % del PIB para gasto educativo, para converger con la media de los países de la UE.
Sin un incremento fuerte del gasto educativo, podremos entender que la nueva ley no se plantee la reducción de las ratios; el incremento de plantillas que posibilite una atención más diversificada, en función de las diversas situaciones del alumnado; la formación permanente del profesorado; la mejora de los recursos materiales de los centros; el refuerzo especial para las llamadas “zonas de difícil desempeño”, ya sea por ser zonas de marginación social o por ser zonas rurales; la implantación generalizada de servicios complementarios que den respuesta a las nuevas demandas sociales, con la ampliación del horario de los centros... Todas ellas verdaderas necesidades del sistema educativo español.
Estamos, por tanto, ante una ley insuficiente, que evita los grandes retrocesos que hubiera supuesto la LOCE, sí, pero que dejará las cosas como están. Y no sólo no están bien, sino que en determinadas zonas de fuerte inmigración, donde se dan nuevos procesos de segmentación social, la situación tiende a agravarse.

Las críticas del PP y la actitud de la izquierda

Ya he señalado algunas de las críticas a la LOE por parte de la derecha y de la Iglesia católica, críticas con poco fundamento o, más bien, fundadas en un insaciable deseo de mantener más privilegios de los que ya les conceden. Veamos alguna otra.
El PP dice que con esta ley no vamos a tener un sistema educativo, sino 17; es decir, critica la ley por una excesiva descentralización. Se refiere al artículo 6.3, que establece: «Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas no requerirán más del 55% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial, ni del 65% para aquellas que no la tengan». Idéntica formulación a la de la LOGSE, lo que no ha supuesto un enorme problema de diversidad de currículos y, en la práctica, puesto que se trata de una limitación al Estado, igual que la formulación de la LOCE, que evita el “más de” y lo cifra exactamente en los mismos 55% y 65%.
Insiste también el PP, y todas las organizaciones afines, en que la LOE no reclama el esfuerzo del alumnado. Recordemos que la LOCE hacía gala de la cultura del esfuerzo (3). Pues bien, el actual proyecto de ley se plantea, de manera más interesante, como segundo principio de los tres que presiden la ley, el esfuerzo compartido de todos los componentes de la comunidad educativa, considerando que la responsabilidad del éxito escolar no recae sólo sobre los alumnos y alumnas, sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las administraciones educativas y sobre la sociedad en su conjunto. Tales son las críticas de la derecha.
¿Y la izquierda? Por desgracia, ha estado bastante callada. La mayoría de las organizaciones sindicales han hecho enmiendas en la fase anterior, cuando se trataba de un anteproyecto; pero en la actual fase se han limitado a ligeras reclamaciones laborales, en el marco de la ley, en la creencia de que lo que el proyecto de ley expresa, en materia de política educativa, es “lo posible”, y han optado por dedicar sus esfuerzos a la búsqueda de un gran pacto político por la educación, renunciando a promover ningún tipo de mejora de la ley. Algún sector del sindicalismo, de organizaciones en defensa de la escuela pública y movimientos de renovación pedagógica, con posiciones, en este caso, más progresistas, mantiene una crítica al proyecto de la LOE en el mismo sentido apuntado en este artículo, pero sin capacidad de conseguir un núcleo importante que ejerza suficiente presión para modificar las cosas. La CEAPA (organización progresista de padres y madres), después de esa fase de enmiendas, tampoco dice mucho. Tan sólo el Sindicato de Estudiantes prepara una huelga, si bien con un discurso poco afortunado.
Hay que reconocer que se ha generado una importante opinión pública defensora de que la nueva ley debe dar estabilidad al sistema educativo, y que rechaza lo apuntado más arriba acerca de la profusión de leyes educativas en los últimos 15 años, lo que genera gran confusión social. Por ello, sería buena la consecución de un compromiso social que pretenda, para un buen número de años, el desarrollo de todo tipo de esfuerzos por la mejora de la enseñanza, partiendo de la dedicación de importantes partidas presupuestarias en defensa de una educación de calidad. El problema es que no es así como esas organizaciones sindicales están trabajando, sino que, realmente, sólo se pretende un pacto entre los dos partidos políticos mayoritarios, lo que significa, en la práctica, que los presupuestos progresistas deberán ceder para aceptar las demandas del PP. En definitiva, se trabaja para conseguir la aprobación de la ley sin que haya demasiadas alharacas en su contra.
Es una estrategia problemática, primero, por la propia renuncia a intentar conseguir mejorar la educación; segundo, porque sin ningún tipo de presión por la izquierda, parece entenderse que el proyecto es inmejorable desde un punto de vista social, lo cual está lejos de ser verdad, y tercero, porque si la única presión social es la que están ejerciendo el PP, el Foro de la Familia, los obispos... podemos prever hacia dónde se puede ir la ley y, todavía más, su aplicación.
Quizá pueda deducirse de todo lo hasta aquí expuesto que el profesorado mantiene una gran pasividad. Así es. Desde hace ya tiempo, tras la aprobación de la LOGSE, con lo que supuso de frustración de expectativas (4), el profesorado se implica poco con el debate educativo. Esa pasividad fue una de las causas que impidió una gran movilización contra la LOCE. Y ahora, fruto de esa pasividad o fruto de la creencia de que no hay verdadera intención política de arreglar los problemas, del escepticismo ante lo que el PSOE está dispuesto a hacer, la inmensa mayoría del profesorado desconoce el nuevo proyecto de ley. El Gobierno no ha estado interesado en darlo a conocer ampliamente, desconsiderando lo que supuso una enseñanza de la LOGSE (5), y, por otra parte, las organizaciones sindicales mayoritarias, puesto que sólo les interesa un pacto educativo “por arriba”, no hacen ningún tipo de difusión de la nueva ley.
Así pues, es previsible que a finales de diciembre tengamos una nueva ley educativa tal como ahora aparece en el proyecto, más o menos escorado a la derecha; pero, eso sí, los problemas de la educación seguirán estando ahí, sin que nadie los remedie. Una pena.

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(1) Ver PÁGINA ABIERTA nº 126, de mayo de 2002.
(2) Frase de Mariano Rajoy en el acto del PP Por el futuro de todos, por la educación (El País, 9 de octubre de 2005).
(3) Ver el citado artículo de PÁGINA ABIERTA.
(4) Y algunas causas más, pero no es motivo de este artículo.
(5) Esta ley no fue realmente asumida por el conjunto del profesorado: no hubo una verdadera formación del profesorado que garantizara su aplicación. En la práctica, sólo hubo exigencias no entendidas y frustración en los resultados, lo que facilitó la aprobación de la LOCE.