Carlos Ugarte
Limitaciones en el ejercicio del derecho a la asistencia
sanitaria de los inmigrantes indocumentados
(Mugak, nº 37, octubre-diciembre de 2006)
La población inmigrante indocumentada de origen africano, sobrevive en pésimas condiciones dentro de nuestras fronteras. Un 38% de los indocumentados atendidos por MSF durante el año de duración del Proyecto Madrid, presentaba problemas de salud y no recibían tratamiento médico adecuado, al no poder cumplir con los requisitos exigidos para obtener la tarjeta sanitaria.
El drama de la inmigración subsahariana se mantiene también dentro de nuestras fronteras. Lejos de los focos de atención con que los medios de comunicación cubren su traumática llegada a nuestras costas a bordo de pateras o dejándose literalmente la piel, a ambos lados de las verjas de Ceuta y Melilla, acaban viviendo entre nosotros sufriendo en el anonimato las consecuencias de unas políticas restrictivas, que les condenan a la marginalidad y al abandono.
Desde julio de 2002, el Ministerio del Interior traslada a la península a los inmigrantes originarios de diversos países, especialmente del África Subsahariana (ISS) que consiguen atravesar nuestra frontera sur. Ceuta, Melilla y el archipiélago de las Canarias, son espacios geográficos limitados y ante la saturación de sus centros de retención de inmigrantes, se habilitan vuelos al interior de la península para distribuirlos entre las diferentes Comunidades Autónomas. Nuestras leyes establecen que los inmigrantes detenidos en nuestras fronteras, tras pasar 40 días en un centro de internamiento sin que pueda procederse a su expulsión, deben ser puestos en libertad. Desde mediados del año 2002 más de 20.000 personas han corrido esa suerte. De todas ellas y dado que en la actualidad tan solo 3 de cada 10 ISS llegados a España en esas circunstancias pueden ser repatriados, la pregunta que surge es evidente: ¿qué ocurre con el resto?
La realidad nos demuestra que la dificultad para identificar su nacionalidad, unida a la falta de convenios de readmisión entre el gobierno español y los de sus respectivos países de origen, recibe en la práctica un tratamiento legal por parte de nuestras autoridades de castigo. Este castigo se manifiesta en la tramitación de una orden de expulsión de imposible cumplimiento, que impide la entrada en territorio nacional por periodos normalmente de cinco años a personas que ya están aquí. Esta absurda situación, denunciada recientemente y entre otros por el Comisario Europeo de DDHH en su informe anual (2005) sobre España, impide a los inmigrantes subsaharianos víctimas de esta medida, regularizar su situación y en consecuencia trabajar y vivir de un modo autónomo. Sin documentación y sin recursos, no pueden empadronarse, requisito imprescindible establecido por ley para acceder a la tarjeta sanitaria (TSI). Sus precarias condiciones de vida, repercuten directamente en su salud y la carencia de TSI les impide recibir el adecuado tratamiento cuando caen enfermos.
Desde el año 2000, MSF ha venido desarrollando proyectos de asistencia médico humanitaria a la población inmigrante en puntos estratégicos como Tarifa, Ceuta o Fuerteventura. La violencia intolerable que padecen en las fronteras en unos casos o las dramáticas condiciones de un viaje que con demasiada frecuencia termina en tragedia en otros, nos ha llevado por simple responsabilidad a intervenir. Sin embargo nuestro apoyo no ha querido concluir aquí. Conscientes de que los problemas continuaban, para aquellos que no veían sus expectativas frustradas contra una valla o sumergidas sin remedio en el mar, MSF puso en marcha un proyecto centrado en Madrid, interesado en dar continuidad a nuestra asistencia y en dimensionar la magnitud de un problema, que desde un punto de vista humanitario exige una respuesta inmediata de las autoridades responsables.
Las cifras recogidas por MSF en el informe final del proyecto Madrid (**)(1) (nov.2004/dic.2005), demuestran que un 65% de la población atendida (inmigrante indocumentada procedente del continente africano), carecía de la tarjeta sanitaria. Esta carencia se debía fundamentalmente a la falta de autorización para empadronarse, por ausencia de alojamiento y/o ausencia de documento de identidad. Es fácil presumir que un inmigrante indocumentado sobre el que además pesa una orden de expulsión que le impide trabajar legalmente, carezca de recursos para poder acreditar el uso y disfrute de una vivienda y consecuentemente cumplir los requisitos que a la postre le permitan recibir una asistencia médica adecuada cuando esté enfermo. En esta kafkiana situación se encontraban un 38% de los inmigrantes enfermos atendidos por el proyecto.
Es obligado mencionar que si bien la ley de Extranjería prevé en su art. 12, el acceso a tratamiento a los inmigrantes indocumentados, vía urgencias, hasta su alta médica, la experiencia nos demuestra que en la práctica la asistencia se mantiene hasta el alta hospitalaria, desde donde son referidos a su médico de cabecera para continuar con el tratamiento. Por ello, aquellos que no disponen de tarjeta sanitaria, presentan enormes dificultades para completar el mismo, al no tener acceso ni a la atención primaria, ni a la especializada, ni a los medicamentos precisos. Esta situación provoca frecuentes abandonos de tratamientos médicos, especialmente preocupantes en el caso de las enfermedades más graves y las enfermedades crónicas. Aunque no los únicos, los inmigrantes subsaharianos son el colectivo que mayoritariamente presenta estas dificultades. Las precarias condiciones de vida en las que como consecuencia de su anómala situación legal se ven obligados a vivir {sin trabajo, sin alojamiento, mal alimentados}, son determinantes a la hora de valorar su grado de vulnerabilidad social y sanitaria.
Mientras el debate político en Europa se centra de un modo obsesivo en buscar la manera más eficaz de rechazarlos, ellos ya están aquí, viviendo entre nosotros. En el transcurso de sus largos viajes han sido robados, humillados y golpeados, han sufrido hambre, sed y enfermedades. Miles se siguen quedando por el camino. A esa realidad no es ajena una política de visados restrictiva y miope impuesta desde las Cancillerías europeas, que fuerza a la clandestinidad, a pesar de la demanda permanente de mano de obra desde diferentes sectores de nuestras economías. Quien a pesar de todo osa traspasar los muros con los que nos hemos rodeado, queda sistemáticamente condenado a la marginalidad, no vaya a correr la voz de que les tratamos con humanidad y vengan otros a intentar compartir una pequeña parte de nuestro bienestar.
Recientemente se publicaba la noticia de que para este verano está previsto que concluya la instalación de los 10 kilómetros de la sirga tridimensional que se está construyendo en el perímetro fronterizo de Melilla, en cuyas inmediaciones es obligado recordar que el pasado otoño murieron al menos 8 inmigrantes subsaharianos y hubo cientos de heridos, víctimas de disparos, apaleamientos, pelotazos de goma y un largo etc., de horrores. Violencia en estado puro. Este nuevo artilugio para fortificarnos aún más si cabe, está financiado por la Unión Europea con un coste de 20 millones de euros. El responsable de la empresa concesionaria de las obras para su instalación, comentaba en la prensa local que: “se han hecho pruebas con escaladores profesionales que han tenido que ir salvando las dificultades que entraña trepar una primera verja -inclinada hacia Marruecos en un 10 por ciento-, la caída en la sirga desde una altura de seis metros y vencer al deslumbramiento de los focos y el picor en los ojos del agua con pimienta, proyectada por chorros a alta presión”. Suponemos que con los escaladores se ahorraron la pimienta, no se les vaya a acabar para cuando este verano lleguen los de verdad. Quizá algún día, esperemos no muy lejano, sintamos vergüenza de la forma en la que se está gestionando este tema y digamos basta.
Tal vez si fuéramos capaces de ver más allá del “fenómeno” que la inmigración representa, cargado de cifras y estadísticas, nos encontraríamos cara a cara con seres humanos. Si por un momento nos metiéramos en su piel, podríamos imaginar la angustia de sus padres, esposas o hermanos, esperando sus noticias. Todos sin excepción de los que hemos atendido en nuestro proyecto, mienten a sus familias diciéndoles que todo va bien, que no se preocupen, a pesar de que aquí las estén pasando “canutas”. Aunque sea sobradamente conocido, es preciso recordar que de los 50 países más pobres del mundo, 35 están en África. Allí se juntan la guerra, el hambre, las enfermedades y en general todas las calamidades que de hecho provocan los movimientos de una mínima parte de su población hacia nuestras fronteras. Por eso no deja de llamar la atención ese doble discurso político, que por un lado lo justifica y por otro lo reprime sin piedad, aún a costa de llevarse por delante los principios más elementales, en muchos casos y esto también es grave, ante nuestra indiferencia o nuestro silencio cómplice.
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(*) Médicos Sin Fronteras.
(**) Informe Final Proyecto Madrid. Conclusiones y Recomendaciones. www.msf.es
(1)Informe Final Proyecto Madrid. Conclusiones y Recomendaciones. www.msf.es