El fracaso de la OMC en Cancún.
Valoraciones contrapuestas
(Página Abierta, 142-143, noviembre-diciembre de 2003)
La Organización Mundial de Comercio (OMC) tiene como objetivo aportar unas normas al sistema de comercio mundial que den estabilidad y hagan previsibles las transacciones comerciales entre los Estados. Hay que tener en cuenta, además, que dispone de un mecanismo coercitivo mediante el cual puede imponer sanciones al que infrinja sus normas. Y que, a diferencia de organizaciones como el FMI o el Banco Mundial, donde los votos para la toma de decisiones están en relación con el peso económico de cada país, en la OMC cada Estado, desde un punto de vista formal, tiene el mismo poder, ya que cuenta con un voto, y las decisiones se toman por consenso.
Sin embargo, como en toda organización, si queremos conocer realmente su funcionamiento, es necesario ir más allá de lo declarado, de la retórica de sus textos. Así, para entender la OMC hay que relacionarla con los factores económicos, políticos y culturales que le dan sentido, al tiempo que con las relaciones de poder que la atraviesan.
El contexto en el que surge la OMC
La OMC nace en el contexto económico del auge indiscutido del fundamentalismo de mercado, o de la globalización neoliberal si se prefiere. Estoy haciendo referencia a ese proyecto de reconstrucción social de gran envergadura, basado en la utopía de mercados libres y desregulados, que nos prometía el bienestar como premio si acabábamos con las trabas que “impedían el desarrollo del mercado”, y que ha sido una de las causas del cambio del paisaje social, mental e institucional del conjunto del planeta.
Desde el punto de vista político, es el fruto de unas relaciones de poder entre los Estados muy desequilibradas en beneficio de los países industrializados del Norte. Desequilibrio que, no siendo nuevo en las relaciones internacionales, se ha hecho más agudo tras el fracaso del Tercer Mundo, después de la crisis de la deuda externa y el hundimiento de la URSS. «El viejo sistema del GATT, que se ocupó del comercio de mercancías, ya tenía ciertos desequilibrios. Por ejemplo, sectores cuya exportación interesa a los países en desarrollo continuaron con un alto grado de protección, en especial la agricultura y los productos textiles…La expansión del sistema del GATT con la Ronda de Uruguay, a través de la introducción de los temas en ese entonces nuevos (servicios, propiedad intelectual, medidas de inversión), aumentaron el desequilibrio. El sistema comenzó a invadir más y más áreas, al cambiar su centro de interés tradicional de los obstáculos comerciales en la frontera a cuestiones relacionadas con estructuras y políticas de economía y desarrollo» (Khor, 2003:13).
Por último, hay que hacer referencia al cambio cultural impulsado por la globalización, entendida en su doble acepción de reconstrucción fundamentalista, ya comentada más arriba; y de la interconexión e interdependencia impulsada por los desarrollos tecnológicos en el área de la comunicación, que han facilitado y acelerado los intercambios comerciales a niveles nunca vistos hasta este momento. Para este auge es clave el desarrollo de la mitología del libre comercio y la consideración del mercado sin trabas como el fundamento de lo social y del bienestar. El “libre mercado” sólo existe en los manuales de economía; en la historia real todo es más complejo, pues la economía se entremezcla con la política, la cultura, el medio ambiente, lo militar, determinando configuraciones que se alejan de algunas descripciones de manual.
La agricultura como ejemplo
México, como país miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha abierto su economía a las importaciones de EE UU. Uno de los sectores afectados por esa liberalización ha sido la agricultura. Según las interpretaciones económicas más ortodoxas, como las del FMI, los productos elaborados de una manera más eficiente podrán ser exportados a precios muy competitivos e importados por otros países, que verán aumentar su renta, pues los consumidores comprarán más barato y se crearán nuevos y más eficientes empleos en la medida en que fueran eliminados los viejos e ineficientes creados tras las barreras proteccionistas.
Para comprobar esta tesis, puesta hoy en día en duda o cuestionada abiertamente por un número cada vez mayor de economistas e instituciones –la CEPAL, el PNUD, la OIT…–, podemos poner el caso del maíz procedente de EE UU que, desde la aprobación del TLCAN, ha inundado los mercados mexicanos hasta acaparar un tercio de aquél (1).
EE UU es el mayor exportador de maíz del mundo, a precios muy bajos, en buena parte debido a los adelantos científicos y tecnológicos; pero, también, a las ingentes cantidades de subvenciones que el Gobierno estadounidense destina a este sector; sector, además, controlado por unos pocos gigantes agroalimentarios, como Cargill o Archer Daniels Midland. Las subvenciones, justificadas por el Gobierno estadounidense como un medio para promover la independencia de sus agricultores y preservar el modo de vida agrario, alcanzaron en el año 2000 los 101.000 millones de dólares, unas diez veces el presupuesto total de México para la agricultura. Estas ayudas están diseñadas para generar excedentes para la exportación, concentrándose de manera desproporcionada en los grandes productores de este país, y para “burlar” las normas de la OMC, que prohíbe las subvenciones que distorsionen el comercio.
De esta forma, los agricultores de México compiten realmente con el Tesoro y los contribuyentes estadounidenses. Y esta competencia desleal está generando situaciones de extrema pobreza, desestructurando comunidades y culturas y afectando a la seguridad ambiental y alimentaria de la población rural.
Para las comunidades rurales mexicanas que viven del maíz, situadas muchas de ellas en el sur pobre, como el Estado de Chiapas, éste es algo más que un producto para vender en el mercado: es parte de su cultura e identidad. Esta competencia desleal les está impulsando a la migración temporal o definitiva, sobre todo a Estados Unidos, y a la venta de sus tierras a caciques locales, con la consiguiente concentración de la propiedad de la tierra.
Asistimos, también, a una pérdida de biodiversidad por la sustitución de las semillas criollas, muy adaptadas al medio local, por otras híbridas que tienen mayor rendimiento, pero peor calidad, y cuyo grano no puede ser utilizado de nuevo como semilla; que necesita mayor cantidad de fertilizantes y productos químicos, y que tienen que ser compradas anualmente a empresas como la multinacional Monsanto.
Por lo tanto, las grandes compañías agroexportadoras se refuerzan con la venta de pesticidas, fertilizantes y semillas; y se aprovechan incluso de algunas subvenciones que el Gobierno mexicano da a las empresas compradoras y comercializadoras que actúan en su país.
En el “libre mercado” del TLCAN hay ganadores y perdedores. Ganadores como los agricultores y las empresas agroexportadoras estadounidenses. Pero también hay ganadores del lado mexicano, como los grandes grupos ganaderos que se benefician del maíz barato y las industrias productoras de refresco, que utilizan fructosa de maíz.
La bajada de los precios del maíz podría haber tenido, también, una influencia para los consumidores mexicanos; sin embargo, esto no es así, pues las empresas han aprovechado su posición casi monopólica y no han trasladado ese ahorro al precio de los alimentos elaborados con maíz. Por ejemplo, las tortillas de maíz, alimento muy importante para las poblaciones mexicanas pobres, en especial en las zonas rurales, han multiplicado por cuatro su precio, en términos reales, entre 1994 y 1999.
Como afirma el estudio de Oxfam, para «los maiceros mexicanos, el TLCAN, las políticas estadounidenses de dumping y la aptitud del Gobierno mexicano han traído competencia desleal, inseguridad y mayores niveles de pobreza. Para los contribuyentes, el “robo” de miles de millones de dólares en forma de aranceles legales no cobrados. Para los consumidores, el incremento abrupto de los precios de la tortilla de maíz y el deterioro de la calidad de lo que comen. Para el medio ambiente, el agotamiento de los recursos y la desaparición de un tesoro genético».
De la creación de la OMC a Seattle
La Conferencia Ministerial de la OMC de Seattle (1999), conocida como la “Conferencia ministerial del gas lacrimógeno”, ha pasado a la historia como la salida a la opinión pública del movimiento antiglobalización. Aunque fueron impactantes las imágenes difundidas por los medios de comunicación del enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, la Conferencia terminó en un rotundo fracaso –que ha dañado profundamente la imagen de la OMC ante la opinión pública–, ligado a las disputas que se produjeron entre los representantes de los gobiernos que estuvieron representados en esa Conferencia. Tales disputas giraron en torno a dos ejes: «Primero, Estados Unidos (con el apoyo del Grupo de Cairms de 17 exportadores agrícolas…) chocó con la UE y con Japón en cuanto a la liberalización agrícola… Segundo, los países en desarrollo consideraron que la anterior Ronda de Uruguay de negociaciones comerciales los había cargado de costosas obligaciones, que los acuerdos ADPIC (siglas de “aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio”) los perjudicaban, y que los países ricos no habían cumplido sus compromisos (por ejemplo, en relación con la liberalización del comercio de productos textiles y la mayor asistencia financiera). Los países en desarrollo se oponían al impulso que daban los países desarrollados a la ampliación de la agenda de negociaciones de modo que incluyera temas nuevos como inversiones, compras de Gobierno, política de competencia, medio ambiente y normas laborales, todo lo cual, a juicio de éstos, significaría costos y obligaciones, sobre todo para ellos» (Rodrik, 2003:190).
Para entender el paso, tras cuatro años de funcionamiento, de una imagen de optimismo a una de fracaso, tendríamos que mencionar como elementos determinantes el cambio del contexto económico general, la decepción en muchos países del Sur por el incumplimiento de algunos acuerdos fundacionales (2), los problemas surgidos de la aplicación de éstos –por ejemplo, las patentes y el precio desmesurado de los medicamentos para combatir el sida– y la falta de transparencia interna y de participación de los países en desarrollo en los procedimientos de tomas de decisiones de la OMC.
Desde 1997, con la crisis financiera de los países del sudeste asiático, se abre un proceso de incertidumbre económica, donde la globalización fundamentalista de mercado –neoliberal– ha dejado tras de sí un buen número de afectados y ha generado profundas desconfianzas. El pensamiento económico que se centraba en la máxima de mercados libres y desregulados, que está en la base de la filosofía de la OMC, es puesto en cuestión por un gran número de personas y países. En este contexto de desconfianza hacia los efectos de los procesos de desregulación, la postura de los países del Norte, que exigían mayores procesos de liberalización (3), cuando ellos no cumplían sus compromisos y adoptaban algunas medidas proteccionistas, colmó la paciencia de muchos países. Hay que tener en cuenta que muchas de las medidas de liberalización han sido “impuestas” en los países del Sur por el FMI y el BM, como condición para acceder a créditos, mediante los Programas de Ajuste Estructural.
Los países industrializados, y en especial los de la UE, desde la Conferencia Ministerial de Singapur (1996), quisieron introducir en la agenda de discusión nuevos temas para la ampliación de los acuerdos de la OMC. Éstos estaban relacionados con la inversión, la política de competencia, la transparencia en la contratación pública y la facilitación del comercio. Tales temas, que se van a conocer a partir de ese momento como los “temas Singapur”, han sido vistos con mucha desconfianza por los países en desarrollo, y han generado en todas las conferencias posteriores muchos recelos, pues quieren ser utilizados por los países del Norte como moneda de cambio para una reducción de sus subvenciones en la agricultura.
De Seattle a Doha
Tras el fracaso de Seattle, que pone en una situación crítica a la OMC, se intenta reconstruir el consenso en una situación polarizada entre un intento de ampliar los acuerdos de liberalización a nuevos terrenos, impulsado por algunos países industrializados, y un malestar creciente de los países en desarrollo, que no quieren que se amplíe la agenda de la OMC hasta que no se avance resueltamente en algunos temas, como es el caso del desmantelamiento del proteccionismo agrícola de los países desarrollados.
Tras varios años en los que la OMC se dedica a resolver diversos litigios por competencia desleal, sobre todo entre EE UU y la UE, la situación de bloqueo se ve aparentemente superada tras la Conferencia Ministerial de Doha (noviembre de 2001), que se celebra en el nuevo contexto mundial que se crea tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en EE UU. El acuerdo, al que se llega in extremis, pretendía transmitir confianza en un ambiente político de miedo e incertidumbre (4) y con una situación económica donde los efectos de la crisis empiezan a hacerse sentir (5).
La reunión, no obstante, estuvo a punto de irse al traste, pues los países industrializados presionaron, de nuevo, para que el texto que se presentó en Doha como base de partida para la negociación, y que supuestamente reflejaba las posturas de consenso negociado en la sede de la OMC de Ginebra, incluyera los temas nuevos, en contra de la mayoría de los países en desarrollo
Al final, el texto definitivo, que seguía sin reflejar el consenso, tuvo que ser “cambiado” ante el malestar de muchas delegaciones y la presión por dar una imagen de acuerdo ante la opinión pública. Este cambio se hizo de una manera extraña en el plenario final, mediante una intervención del presidente de la Conferencia, que lo interpretaba de una manera favorable a las posturas mayoritarias del Sur.
Aunque la Declaración ministerial aprobada en Doha abre una nueva ronda de negociaciones y constata que, siendo la mayoría de los miembros de la OMC países en desarrollo, hay que poner sus necesidades e intereses en el centro del Programa de Trabajo, los desequilibrios y contradicciones que arrastra desde hace varios años se cierran en falso, y todo se pospone a la próxima reunión de Cancún y a las negociaciones previas en su sede de Ginebra.
Sin embargo, tras dos años de negociaciones, los pasos efectivos en la dirección marcada por los países del Sur han sido nulos. De tal forma, que de los dos elementos centrales para una buena parte de éstos: las patentes sobre medicamentos y la cuestión agrícola, sólo en la primera se produce un avance, aunque sumamente limitado. En estas condiciones se llega a la Conferencia Ministerial de Cancún.
Pero antes de entrar en lo que ha supuesto esta Conferencia conviene que nos detengamos en el problema que el regionalismo y el bilateralismo están suponiendo para en el comercio internacional.
Multilateralismo, regionalismo y en el
comercio internacional bilateralismo
Al mismo tiempo que se construyen en la OMC las normas para el sistema multilateral de comercio, las transacciones económicas internacionales se van concentrando regionalmente. De esta manera, y frente a la idea de libre comercio global que da sentido actualmente a la OMC, idea asociada a la circulación de mercancías por todo el mundo –multilateralismo comercial–, estamos asistiendo a un aumento del regionalismo económico y político. Las transacciones económicas se están polarizando en tres grandes áreas –Unión Europea, Asia y América– que concentran el 85% del comercio mundial, y en donde el comercio intrarregional tiende a aumentar frente al comercio interregional.
El caso más significativo es el de Asia, donde el comercio entre los países de la zona creció notablemente por la aparición de China en la economía mundial y por la mayor concentración de los intercambios de Japón y del resto de las economías emergentes en la zona asiática, debido a los efectos de la crisis financiera de 1998. Por primera vez desde 1961, Japón ha importado más de China que de Estados Unidos.
Las valoraciones sobre cómo influye el regionalismo en el libre comercio y su relación con el multilateralismo son diversas; sin entrar en ellas, parece evidente que el regionalismo revaloriza las actuaciones políticas, que se convierten en el elemento determinante en la configuración de cada área y en las relaciones con las otras. También, que en una situación de expansión de la economía internacional los enfrentamientos se pueden suavizar, ya que todos ganan; pero durante una crisis las percepciones cambian y el juego parece convertirse en uno de suma cero: unos ganan y otros pierden. En un contexto de desaceleración económica los instrumentos multilaterales de articulación económica tienden a debilitarse y a politizar e incluso geopolitizar las relaciones económicas internacionales.
La situación creada tras el 11 de septiembre está acelerando estas tendencias. EE UU, por ejemplo, está utilizando un multilateralismo selectivo: sólo si beneficia a sus intereses, combinándolo con medidas proteccionistas y bilaterales, donde puede imponer mejor sus puntos de vista a los otros países implicados en las negociaciones.
Pero no sólo EE UU. El caso de Brasil es significativo dentro de los países emergentes. Su ministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorin, reflejaba esta nueva estrategia de la siguiente manera: «Se trata de conseguir un mayor equilibrio en el mundo de hoy. Estamos negociando acuerdos de libre comercio entre el Mercosur y África del Sur, y también con India y eventualmente con países que formen parte de un área de comercio del Sur de Asia. Queremos también el G-3, Brasil, África del Sur e India. También estamos trabajando con Rusia y China» (El País, 13 de octubre de 2003). En esta línea, los presidentes de Brasil y Argentina cerraron los días 16 y 17 de octubre un acuerdo político, el “Consenso de Buenos Aires”, para impulsar el MERCOSUR (6). Elemento que va a ser importante para las negociaciones que en noviembre se llevarán a cabo en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.
¿Qué pasó en Cancún?
La Conferencia Ministerial de Cancún comienza sin ningún avance significativo en relación con lo acordado en Doha. Ante esta situación, y a diferencia de lo que ocurriera en Seattle, donde EE UU y los países de la UE estuvieron enfrentados por cuestiones agrícolas, éstos llegan a la reunión con un acuerdo previo, sellado en el mes de agosto. Su estrategia fundamental fue seguir insistiendo en lo que durante varios años había irritado a los países en desarrollo: más liberalizaciones, introduciendo los “temas Singapur”, a cambio de concesiones en el aspecto agrícola; concesiones, por otra parte, bastante limitadas, pues EE UU se encuentra en periodo electoral y no está dispuesto a reducir las subvenciones a su agricultura,
Esta actitud prepotente irritó a la mayoría de los países en desarrollo, agrupados en dos grandes bloques, que aunque tienen intereses específicos, les une un objetivo común: el desmantelamiento de las subvenciones en el Norte.
El primer bloque era el denominado G-22, por el número de países que lo componen. El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil dice que este grupo «se creó en función de un tema específico como es el agrícola. No me preocupa si puede ir más lejos. La agricultura es una cuestión tan importante que afecta a otras áreas. En otros temas hay posiciones distintas. Una de las riquezas de este grupo es su diversidad, aparte de su dimensión, que comporta casi el 60% de la humanidad, el 70% de la población rural mundial, agrupa a los mayores países en desarrollo como China, India, Indonesia, Egipto, África del Sur, Nigeria, Brasil o Argentina» (El País, 13 de octubre de 2003). Su objetivo básico es acabar con el proteccionismo agrícola de los países desarrollados, intentando que eliminen totalmente las subvenciones en un plazo fijo de tiempo. El otro bloque está compuesto por los Países Menos Adelantados, situados en su mayoría en África, y que quieren el acceso a los mercados del Norte para sus productos, normalmente uno o dos por país, y para los que, al mismo tiempo, una mayor liberalización de sus mercados les puede llevar a la bancarrota.
Desde un primer momento, la postura de la UE, representada por su comisario de Comercio, Pascal Lamy, y del secretario de Comercio de EE UU, Robert Zoellick, fue romper, mediante diferentes presiones, la cohesión de cada bloque y, sobre todo, enfrentarlos entre ellos (7). Sin embargo, no lo consiguieron. Por primera vez, desde la actuación del Tercer Mundo en las instituciones internacionales mediante el Movimiento de Países No Alineados, los países del Sur han actuado en bloque como grupo de presión, tomando conciencia de que es la única manera de resistir las presiones de las economías más poderosas.
El comportamiento de la UE y de EE UU ha reflejado la actitud prepotente del que no se cree que sus posturas vayan a tener resistencia entre sus oponentes, subestimando su solidez. Las declaraciones de Pascal Lamy, achacando el fracaso de la Conferencia al funcionamiento medieval y poco articulado de la OMC, representan esa hipocresía del que hasta ahora ha utilizado el funcionamiento de la organización a su favor, pero que en el momento actual se le ha vuelto en contra. También, las amenazas de Robert Zoellick, que, muy en su línea y de la Administración de Bush, salía afirmando que tomaba nota de los países que habían adoptado posturas constructivas y de los que no, y acusaba a aquellos países que se empeñaron en impedir el consenso.
Son significativas estas críticas del modo de funcionamiento de la OMC. Varias ONG, en julio de 2003, elaboraron un memorándum sobre la transparencia interna y la participación de los países en desarrollo en los procesos de toma de decisiones en la OMC, que presentaron a varias instancias de esta organización. En él afirmaban que uno de los problemas en los procedimientos de toma de decisiones era la práctica injusta del sistema de consenso, ya que la OMC «tiene por práctica adoptar las decisiones por “consenso”. Esto puede parecer a primera vista democrático, pero en realidad es un arma de doble filo. Cuando los principales países industrializados están de acuerdo entre sí, se dice que hay un “consenso emergente” y se pide a todos los otros países que “se unan al consenso”. Aquellos miembros que no están de acuerdo son criticados, y se ejerce así una fuerte presión para que todos los países se sumen a la posición de los más industrializados. Por otra parte, cuando una gran mayoría de países están de acuerdo pero uno o más de los principales países industrializados discrepan, se dice que no hay consenso». El doble filo de esta forma de funcionamiento parece que se ha vuelto en contra de los que lo han utilizado con profusión hasta este momento. Desde hace varios años, la mayoría de los países en desarrollo vienen insistiendo en que no quieren que se amplíe la agenda de la OMC con los llamados “temas Singapur”; no obstante, la UE y EE UU siguen insistiendo en meterlos en todas las declaraciones, y, a veces, de rondón, a última hora, como hicieron en Doha y querían hacer en Cancún.
Siguiendo con la forma de funcionamiento de la OMC, otro de los elementos significativos de la reunión de Cancún ha sido el papel de asesores que algunas ONG han cumplido en relación con los países en desarrollo. La complejidad de muchas de las negociaciones, la sobrecarga, densidad y el ritmo de los programas de trabajo y, sobre todo, la falta de medios de muchos países, hace que el asesoramiento externo sea muy importante. Lo ideal sería que se reforzara la cooperación Sur-Sur, impulsando, entre otras cosas, la creación de centros de investigación y coordinación que los ayuden a prepararse para las negociaciones. Para los países del Norte, además de contar con más medios y funcionarios, un papel relevante de asesoramiento, mediante la articulación de informes, estudios y memorandos lo cumplen los grupos de presión industriales y agrícolas que, defendiendo intereses particulares, actúan tanto en la sede de Ginebra como en las conferencias ministeriales.
Las posturas de las ONG y los movimientos
sociales ante el fracaso de Cancún
Tras el fracaso de Cancún, las reacciones de las ONG y los movimientos sociales presentes, tanto dentro como fuera de la Conferencia, fue dispar. Por un lado, fue de alegría, sobre todo por la actitud de los países del Sur que resistieron las enormes presiones de la UE y EE UU para que firmaran el “acuerdo” que habían elaborado y que hubiera sido bastante malo para sus intereses. La idea de que era mejor que no hubiera acuerdo a que se llegase a uno aunque fuera malo está en la base de esta postura.
Para unos, este fracaso es un paso más en la descalificación de la OMC y en su busca de un sistema alternativo para regular las diferentes áreas de comercio; para otros, el no llegar a un acuerdo que beneficiara a los países del Sur es visto como un golpe al sistema multilateral y a los esfuerzos por regular la globalización. Oxfam llegó a afirmar que el fracaso de Cancún es para el sistema multilateral lo que la guerra de Irak para la ONU. Y esto en la idea de que para los países con menos poder son mucho más eficaces, para contrarrestar el poder de las grandes potencias, las negociaciones multilaterales que las bilaterales. Todos, no obstante, han visto muy positivo el reforzamiento de los países del Sur como contrapoder internacional, aunque algunos, como Vía Campesina, no están de acuerdo con las posturas defendidas por los grandes países emergentes en relación con la agricultura y el acceso a los mercados.
Es difícil discutir sobre la OMC a partir de posiciones articuladas en eslóganes o consignas, que aunque reflejan ideas e intereses de fondo, tienden más a separar que a ver en qué se puede converger. Creo que sería interesante abrir una agenda de discusión a varios niveles:
· El modelo de comercio que queremos y su relación con el medio ambiente, la cultura, la pobreza y el bienestar. Por ejemplo, para el caso de la agricultura.
· En nuestra área geográfica, el modelo de la UE.
· Cómo reforzar a los países del Sur para acabar con los desequilibrios internacionales y las desigualdades.
· Qué tipo de regulación e institucionalidad internacional es necesario.
· Cómo articular esa discusión en objetivos lo más concretos posibles.
Para el fortalecimiento del Sur en la estructura del Gobierno mundial, estos países deben caminar hacia la solidaridad y el apoyo mutuo entre los principales países de la periferia mediante la construcción de uniones regionales que avancen en la consolidación de un mundo policéntrico en la esfera política y económica. También mediante la reconstrucción del sistema de Naciones Unidas, para convertirlo en el centro de las negociaciones económicas y políticas tendentes a organizar la interdependencia comercial y financiera entre las principales regiones del mundo.
Y todo ello desde la perspectiva de incluir dentro de los objetivos de las reglas comerciales la protección del medio ambiente, añadiendo, por ejemplo, dentro de los precios del comercio sus costes para el medio ambiente –transporte, seguridad, precios del combustible–, la diversificación de las economías locales y la reducción de las desigualdades entre ricos y pobres.
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(1) Los datos y análisis de este apartado están basados en el estudio realizado para Oxfam Internacional por Gonzalo Fanjul y Arabella Fraser: “Dumping sin fronteras. Cómo las políticas agrarias de EE UU destruyen los medios de vida de los productores mexicanos”. El documento está disponible en www.intermonoxfam.org.
(2) «La principal expectativa que tenían los países en desarrollo de la Ronda de Uruguay era que los países industrializados abrirían por lo menos dos sectores muy protegidos (agricultura y textiles) y que los productos de los países en desarrollo tendrían así un incremento importante de acceso a los mercados» (Khor, 2003: 12).
(3) La liberalización es la supresión de las barreras al comercio y las interferencias públicas en los mercados financieros y de capitales.
(4) El miedo al futuro es un acelerador de la crisis económica. El desarrollo de la globalización económica implica unas mínimas dosis de seguridad, o un conflicto previsible y sostenible, cuando no un desarrollo pacífico. Transmitir confianza en el futuro, a modo de profecía autocumplidora, se ha convertido en una de las misiones principales de las instituciones económicas internacionales.
(5) Así, en el punto primero de la Declaración ministerial de Doha podemos leer: «Estamos resueltos, en particular ante la desaceleración de la economía mundial, a mantener el proceso de reforma y liberalización de las políticas comerciales, para garantizar así que el sistema cumpla plenamente la parte que le corresponda en la tarea de favorecer la recuperación, el crecimiento y el desarrollo. En consecuencia… nos comprometemos a rechazar todo recurso al proteccionismo».
(6) El Mercado Común de América del Sur fue fundado en 1991 y está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
(7) Una de las críticas que se hace al funcionamiento de la OMC es la sistemática presión de los países industrializados a los países en desarrollo: «Los países en desarrollo están sujetos a presiones de los países industrializados, incluso fuera de la OMC. Aquellos países que adoptan posiciones rechazadas por los países más poderosos pueden ser objeto de presiones o de incentivos vinculados con la ayuda bilateral, préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y cuestiones políticas» (memorándum).
Bibliografía citada
Khor, M. (2003): ¿Qué hacemos con la OMC?, Barcelona, Icaria.
Oxfam (2003): “Dumping sin fronteras. Cómo las políticas agrarias de EE UU destruyen los medios de vida de los productores mexicanos”; “Encallados en Cancún”. Disponibles en www.intermonoxfam.org.
Rodrik, D. (2003): “Optimismo sobre el libre comercio”, Foreign Affaire en español, vol. 3, nº 3.
Stiglitz, J. E. (2002): El malestar en la globalización, Madrid, Taurus.
Para saber más:
Bermejo, R. (1996): Libre comercio y equilibrio ecológico, Bilbao, Bakeaz.
Khor, M. (2001): La globalización desde el Sur, Barcelona, Icaria.
Lang, T.; Hines, C. (1994): El nuevo proteccionismo, Barcelona, Icaria.
Vía Campesina: www.viacampesina.org
Intermon Oxfam: www.intermonoxfam.org
Informaciones complementarias:
La Organización Mundial de Comercio
La Organización Mundial de Comercio nació el 1 de enero de 1995. Es sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). El sistema se creó mediante una serie de negociaciones comerciales, o rondas, celebradas en el marco del GATT. Las primeras rondas se centraron principalmente en las reducciones arancelarias, luego pasaron a incluir otras cuestiones como las medidas antidumping y no arancelarias. La última ronda –la Ronda Uruguay, que se celebró entre 1986 y 1994– dio lugar a la creación de la OMC. Actualmente, 146 países son miembros, y representan más del 97% del comercio mundial.
El órgano superior de adopción de decisiones de la OMC es la Conferencia Ministerial, que se reúne al menos una vez cada dos años. En el nivel inmediatamente inferior está el Consejo General (normalmente compuesto por embajadores y jefes de delegación en Ginebra, aunque a veces también por funcionarios enviados desde las capitales de los países miembros), que se reúne varias veces al año en la sede situada en Ginebra.
Las normas de la OMC –los acuerdos– son fruto de negociaciones entre los miembros. El cuerpo de normas actualmente vigentes está formado por los resultados de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, que incluyeron una importante revisión del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) original.
El GATT constituye ahora el principal compendio de normas de la OMC por lo que se refiere al comercio de mercancías. En él se negocia la reducción de los derechos de aduana y de otros obstáculos al comercio. La Ronda de Uruguay también permitió establecer nuevas normas sobre el comercio de servicios –el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicio (AGCS), los aspectos pertinentes de la propiedad intelectual (ADPIC), la solución de diferencias y el examen de las políticas comerciales–.
Los países someten sus diferencias a la OMC cuando estiman que se han infringido los derechos que les corresponden en virtud de los acuerdos.
Todos los miembros de la OMC deben someterse a un escrutinio periódico; cada examen incluye el informe del país en cuestión y el de la secretaría de la OMC.
El doble rasero de los gobiernos del Norte
El hecho de que la liberalización comercial demasiado a menudo incumple sus promesas –y en realidad conduce sencillamente a más paro– es lo que provoca una oposición enérgica. Pero la hipocresía de quienes propician la liberalización comercial –y el modo en que lo han hecho– indudablemente ha reforzado la hostilidad hacia dicha liberalización. Occidente animó la liberalización comercial de los productos que exportaba, pero a la vez siguió protegiendo a los sectores en los que la competencia de los países en desarrollo podía amenazar su economía. Ésta fue una de las bases de la oposición a la nueva ronda de negociaciones comerciales que supuestamente iba a ser inaugurada en Seattle: las rondas anteriores habían protegido los intereses de los países industrializados –o, más precisamente, intereses particulares dentro de esos países– sin ventajas equivalentes para las naciones menos desarrolladas. Los críticos señalaron, con razón, que las rondas previas habían atenuado las barreras comerciales frente a bienes industriales, desde automóviles hasta maquinaria, exportados por los países más industrializados. Al mismo tiempo, los negociadores de estos países mantuvieron los subsidios a los productos agrícolas y cerraron los mercados de estos bienes y los textiles, en los que los países subdesarrollados tienen una ventaja comparativa (Stiglitz, 2002:89).
Los gobiernos del Norte dedican actualmente 1.000 millones de dólares cada día a subvenciones agrarias. Con un importe seis veces superior a sus gastos en ayuda al Tercer Mundo, estas subvenciones generan grandes excedentes que inundan los mercados mundiales a unos precios que no tienen ninguna relación con los costes de producción… El sustento de los agricultores más pobres del planeta se está destruyendo de manera sistemática con las subvenciones a los agricultores más ricos. Los países en vías de desarrollo que exportan a países ricos deben enfrentarse a barreras comerciales cuatro veces más altas que las que se encuentran los países industrializados, y los bienes producidos por la gente más pobre se enfrentan a los obstáculos a la importación más altos de todos. Las camisas producidas por las mujeres de Bangla Desh llegan al mercado estadounidense con una carga impositiva que es unas 20 veces más alta que la impuesta a los bienes importados desde Gran Bretaña…Y, por si esto no fuera poco, los países ricos aplican unas cargas impositivas más altas a los bienes procesados que a las materias primas.
(Oxfam, “Encallados en Cancún”, agosto de 2003).
El modelo agrícola
Estamos asistiendo a la imposición de un modelo agrario de producción, tanto para el Norte como para el Sur, cuya receta única es la transformación de los sistemas agropecuarios familiares, de orientación comunitaria y autodependientes, a sistemas de producción y distribución comerciales subordinados a las grandes corporaciones… La comercialización de la agricultura genera, además, la concentración de la tierra en manos de empresas privadas, con lo que se expulsa del campo a miles de familias, que deben buscar su subsistencia en las ciudades o como trabajadores jornaleros.
Los gobiernos no pueden dar prioridad a la promoción de una agricultura exportadora centrada en monocultivos dirigidos al mercado exterior sin afianzar previamente las bases de un tejido productivo sostenido por la población del medio rural y caracterizado por la diversificación de cultivos capaz de cubrir la mayoría de las necesidades del país, y sin potenciar la transformación alimentaria y sus propios mercados internos.
Defendemos el derecho y el deber de los Estados de defender, apoyar y promover su propio sector de producción agropecuaria, porque de ello dependen cuestiones como la soberanía alimentaria, la calidad de vida de amplios sectores de la población o el equilibrio territorial y medioambiental, para lo cual deben tener capacidad de definir sus propias prioridades y estrategias comerciales.
Proponemos un modelo de producción orientado hacia el abastecimiento de los mercados interiores que permita su crecimiento y la transformación en productos alimentarios. Este modelo debe apoyarse en el marco de la explotación familiar que garantice el tejido rural, que cuide el medio ambiente y que sea solidario con los sectores agrarios de otros países.
Fuente: Vía Campesina, Cáritas España, Veterinarios sin Fronteras, Plataforma Rural, COAG.
El modelo agrícola de la UE
La Unión Europea (UE) necesita una política agrícola más justa y ecológica, que beneficie a los consumidores, al medio ambiente y a los agricultores, tanto de la UE como de los países en vía de desarrollo. La agricultura proporciona bienes públicos –como alimentos de calidad, medios de vida para la población rural y paisajes– que no se pueden confiar a las fuerzas del mercado, y deben ser protegidos y promovidos.
Lo que la UE tiene es una agricultura centrada en la exportación que florece gracias a la competencia desleal (dumping) y que beneficia a los grandes terratenientes y a las grandes empresas agrícolas.
La PAC, al favorecer la producción excesiva y la competencia desleal en la exportación, desestabiliza y deprime los mercados mundiales, destruyendo los mercados locales, de los que dependen muchos millones de pequeñas explotaciones agropecuarias.
¿Cómo debería ser la PAC?:
· No orientada a la exportación. Esto exigiría retirar paulatinamente todas las subvenciones agrícolas que permitan a la UE exportar productos a un precio inferior al coste de producción.
· Debería aumentar sustancialmente los recursos para el desarrollo rural destinados a apoyar a las regiones menos favorecidas y económicamente frágiles de la Unión Europea.
· Ligada a un firme cumplimiento de la legislación medioambiental en toda la UE.
· Basada en normas que garanticen que los consumidores reciben una información clara sobre los alimentos que consumen, especialmente sobre los medios de producción y la presencia de organismos modificados genéticamente en los productos agrícolas.
Fuente: Oxfam Internacional.
Una propuesta de objetivos concretos
1. Todos los países deben ver reconocida su soberanía alimentaria, que conlleva el derecho de sus gobiernos a proteger el sector agrario y pesquero –en especial las explotaciones familiares– para garantizar el acceso seguro a alimentos y la provisión de bienes públicos –sociales y ambientales– a través de la multifuncionalidad de la agricultura.
2. Eliminación del dumping en las exportaciones agrarias. El principio que debe regir los acuerdos sobre agricultura es que ningún producto podrá ser exportado a precios por debajo de sus costes de producción.
3. La necesidad de poner en marcha un plan que permita caminar hacia el rescate de los precios mundiales de materias primas y productos agropecuarios, de forma que garanticen un precio justo y digno a los/as agricultores/as y ganaderos/as.
4. No a la inclusión de nuevos temas, como inversiones o competencia, en la actual ronda de negociaciones. Es esencial que las normas de la OMC garanticen el derecho de los gobiernos a regular en beneficio del desarrollo sostenible la presencia de empresas extranjeras en sus países. Hasta que este presupuesto no quede establecido, y hasta que no se hayan cumplido los anteriores compromisos, los países en desarrollo no deben verse obligados a negociar sobre nuevos temas.
5. Hay que garantizar que el acuerdo sobre servicios no promoverá la privatización de servicios públicos esenciales, como la educación, la salud, la electricidad o la provisión de agua potable. Son los Estados y los poderes públicos los que deben garantizar la prestación de todos los servicios públicos con calidad y cercanía al ciudadano, desde la perspectiva del desarrollo efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, consideramos que cualquier acuerdo de la OMC que menoscabe este principio estará vulnerando la consecución de estos derechos humanos fundamentales.
6. También hay que garantizar que los acuerdos sobre propiedad intelectual sean aplicados de manera que aseguren el derecho de los Estados de proteger la salud pública y de promover el acceso a los medicamentos para todos, independientemente de la capacidad de producción local de cada país..
7. Los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual deben oponerse a todas las patentes sobre la vida, ya sean sobre genes, células o tejidos humanos, plantas, animales, microorganismos o cualquier otra forma de vida. La biodiversidad del planeta es patrimonio de todos y no puede en ningún caso ser utilizada para generar beneficios a unos pocos.
8. Las normas comerciales deben proteger los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras frente a gobiernos o compañías que intenten ganar una ventaja injusta en el comercio internacional con la violación de las normas fundamentales del trabajo, consagradas en los acuerdos de la OIT.
9. Los países deben ver reconocido su derecho de no importar ni producir transgénicos acogiéndose al principio de precaución. Asimismo, debe ser aprobada una normativa eficaz sobre la trazabilidad, el etiquetado y la publicidad de propiedades nutritivas funcionales o sanitarias de los alimentos, así como de la posible presencia de ingredientes transgénicos o derivados de ellos.
10. Es necesario acordar la obligatoriedad de evaluaciones sociales, de género y ambientales previas a la aplicación de cualquiera de los acuerdos de la OMC.
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Greenpeace, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Acsur-Las Segovias, Ingeniería sin Fronteras, Intermon-Oxfam, ISCOD, Médicos sin Fronteras, MPDL, Paz y Solidaridad, Prosalus, Proyde, Solidaridad Internacional, Unicef-Comité español, Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio Justo.