César Manzanos

Cárcel de Nanclares: ¿Hasta cuándo esta
obscenidad institucional?
Entrevista realizada por Josetxo Fagoaga
(Hika 170zka. 2005ko urria)

Hace unas pocas semanas, Cesar Manzanos, representante de Salhaketa, transmitió a los medios de comunicación un dramático artículo en el que se denunciaba la gravísima situación en la que se encontraban las personas presas encarceladas en el penal de Nanclares, en el que, a lo largo de los últimos tiempos, se había registrado una trágica sucesión de muertes de reclusos. Pensamos, inmediatamente, incluirlo en el sumario del número que estábamos preparando pero, después de darle una vuelta, nos pareció que la naturaleza y la envergadura de los problemas que Cesar Manzanos planteaba en su artículo merecían una mayor atención.

Se nos ocurrió una fórmula y se la planteamos al representante de Salhaketa: conversar sobre los principales contenidos de su artículo, de tal manera que pudiera ampliar y subrayar con mayor extensión los problemas que en él se planteaban manteniendo, al tiempo, la concisión y rotundidad del mismo. A Cesar Manzanos le pareció bien la propuesta y el resultado es lo que se ofrece a continuación. El artículo original aparece publicado en negrita, mientras que los comentarios de Cesar Manzanos sobre su artículo se reproducen en tipografía normal, y las preguntas que le hacemos van en cursiva. Esperamos que la cosa quede suficientemente clara y que el procedimiento aquí utilizado pueda ser útil.

Que a nadie le extrañe si pasado mañana aparece otra persona muerta en el penal alavés. Existen candidatos a ser ejecutados con nombres y apellidos. El clima sigue siendo insostenible, la tensión entre algunos funcionarios y personas presas se puede cortar con cuchillo, las personas presas en vísperas del invierno siguen padeciendo los problemas endémicos de deficiencias en la ventilación, humedades, falta de calefacción en algunas dependencias o restricciones de acceso a agua caliente; siguen prefiriendo permanecer enfermos en los módulos, algunos con cuadros infecto-contagiosos, antes que ser aislados en la enfermería (por llamarla de alguna manera) o ser recluidos en las unidades de custodia especial de los hospitales, que son auténticas comisarías de policía dentro de los hospitales.

Las dos primeras frases con las que comienza el artículo son realmente impactantes. ¿Cómo justificarlas y razonarlas?

Estas afirmaciones creo que son muy importantes, ya que se basan en testimonios, anónimos, naturalmente, de las propias personas que están en prisión y temen por su vida. Lo que está ocurriendo en la prisión de Nanclares se explica por varios factores. Ante todo, es el resultado de toda una política de abandono, tanto en infraestructuras como en equipamientos.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, hasta el año 2003, con el fin de limitar la conflictividad, llevó a cabo un proceso de vaciamiento de las cárceles de la CAPV, no completo pero sí parcial, a fin de dejarlas con un número relativamente bajo de presos. Esta política trajo consigo una congelación de las inversiones en mantenimiento de los centros penitenciarios. Pero, ¿qué pasó? Que los efectos de las sucesivas reformas de la legislación penitenciaria hicieron que la población carcelaria permaneciera mucho más tiempo en las cáceles que antes, con lo que las expectativas de reducción de número de reclusos se evaporaron y, claro, el hacinamiento de las prisiones no para de aumentar hasta superar, en el caso de Nanclares el 30% de su capacidad.

¿Esto que supone? Pues en una prisión absolutamente obsoleta desde el punto de vista de las infraestructuras básicas, supone un exponencial aumento de problemas tan básicos como los de las humedades, la evacuación de las aguas sanitarias, de pozos negros… La enfermaría nunca ha sido enfermería, sino una especie de celda de aislamiento sin más; en la zona en la que ubica a las presas, la peor desde casi todos los puntos de vista, muchas veces tienen que dormir con las fregonas tapando los agujeros de los váteres para evitar que las ratas irrumpan en las celdas…

En unas condiciones tan degradadas, como la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias sabe y reconoce, se están generando todas las condiciones para que surjan importantes conflictos; unos conflictos que se producen no solo entre personas presas, sino que también agravan y da una dimensión más grave a los conflictos surgidos entre funcionarios y presos. Se reúnen así todos los elementos para que surjan los malos tratos y se cree un clima en el que las personas presas vean su integridad física y hasta su vida en constante amenaza.

Por ejemplo, el último que murió en la cárcel, que era un chaval de Santurtzi, había sido trasladado de otra prisión de Galicia en la que había tenido un altercado con un funcionario, en el transcurso del cual recibió una fuerte paliza por llevar una camiseta de esas de “Presoak Euskal Herrira”. Cuando llegó aquí, nos escribió una carta diciendo que vivía en una situación de acoso en la que temía por su vida. Al cabo de pocos meses, el preso de Santurtzi aparece muerto. No se puede afirmar taxativamente que exista una relación entre una cosa y la otra, no hay pruebas de ello, pero ciertamente hay unos hechos que dan más que pensar, hechos que Salhaketa ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial, de las fuerzas políticas y demás…

Es a partir de situaciones como éstas como hemos confeccionado una lista con posibles personas que pueden aparecer muertas y que dan sustento a nuestra afirmación de que en Nanclares “existen candidatos a ser ejecutados con nombres y apellidos”.

Más cosas que resultan muy preocupantes: personas presas que, supuestamente aparecen suicidadas, que nunca antes habían manifestado ningún tipo de problemas relacionados con tendencias al suicidio. Otras cuyas autopsias arrojan unas conclusiones contradictorias con las razones de defunción ofrecidas desde la cárcel. Los casos concretos de historias más o menos oscuras o contradictorias que podríamos traer a colación son muchos, pero lo realmente significativo es que el ministerio fiscal sistemáticamente ignora esas historias y no investiga sobre ellas. Es más, creemos que en el caso de las mujeres presas, el ministerio fiscal tiene órdenes expresas de no investigar.

En tu artículo subrayas las graves carencias de Nanclares en lo tocante tanto a infraestructuras como a instalaciones, y las dramáticas consecuencias que se están desprendiendo de esta situación. ¿Por qué se mantiene esta situación tan degradada?

El problema fundamental es que el Partido Popular, durante sus dos legislaturas, llevó una política de abandono total de nuevas inversiones en prisiones. Lo que el gobierno socialista ha hecho ha sido retomar el plan de construcción de macro-cárceles de sus anteriores gobiernos. Desde esta política, las inversiones no se plantean tanto desde la intención de mejorar las cárceles que ya existen, sino desde la intención de construir nuevas grandes cárceles.

Es importante subrayar que esta opción no es económicamente neutra sino todo lo contrario. La construcción de grandes cárceles entra de lleno en el capítulo de la construcción de grandes equipamientos y obras públicas, ya que la construcción de macro-cárceles tiene unas demandas de infraestructuras urbanísticas complejas y caras, lo que requiere grandes inversiones públicas, de las que se lucran las empresas privadas de la construcción. Esta es una poderosa razón que explica el actual abandono de Nanclares.

Todo esto tiene mucho que ver con el actual discurso de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior subrayando la situación obsoleta de muchas cárceles. De hecho, está ya firmado un protocolo entre la Dirección General y el alcalde de Donostia para construir en Zubieta una cárcel dotada de 1.080 celdas, en la cual, pese a la normativa vigente de que a cada persona presa debe de corresponder una celda, puede darse cabida a unos 2.000 reclusos. Si esto se lleva a cabo, supondría una gravísima hipoteca para cualquier modelo alternativo de política penitenciaria que se quisiera llevar en Euskadi basada en centros pequeños descentralizados y especializados, mucho más eficiente y mucho más respetuosa con los derechos humanos fundamentales.

A nuestro modo de ver, esta política merece un fuerte rechazo social, cosa que desde Salhaketa vamos a tratar de impulsar. De hecho, estamos ya empezando a recoger adhesiones de partidos políticos, de sindicatos y otros agentes sociales contra la construcción de la macro-cárcel de Zubieta, y esperamos pronto poder presentar una plataforma contra la misma.


Todo tipo de drogas ilegalizadas adulteradas siguen circulando por la prisión, y conseguir una dosis o ver pasivamente la televisión son las actividades que ocupan el tiempo de la gran mayoría de las personas recluidas. Siguen faltando registros epidemiológicos actualizados, dotaciones de personal médico de atención primaria y especializada, cuando el 70% de la población encarcelada en Nanclares está enferma y necesitaría un tratamiento médico especializado con el correspondiente seguimiento, dado que padecen patologías graves tanto físicas como psíquicas. Las mujeres presas siguen sufriendo la doble discriminación de estar presas y ser mujeres; siguen, entre otras situaciones, durmiendo con la fregona dentro de la taza del váter, para no tener que compartir su cama con las ratas.

¿Qué papel juegan las drogas en el universo carcelario?

Muy importante y muy básico. En el universo carcelario en general y en Nanclares en particular, hay un problema primario que es el de la circulación generalizada de drogas adulteradas, con todo lo que ello supone de problema de salud. Pero los problemas no terminan ahí. Para una mayoría de personas presas en Nanclares, su primer objetivo diario es conseguir su dosis. Y se da una circunstancia que merece la pena subrayar: la extensión de drogas de tipo euforizante, como la cocaína, el crack o las anfetaminas; la combinación de la excitación que generan estas drogas con lo cerrado y represivo del mundo carcelario es una verdadera bomba de lo más destructiva para la personalidad de la persona presa.

¿Quién tiene la responsabilidad de que se dé la circulación de esas sustancias? Sólo hay tres posibilidades de entrada: los familiares, los funcionarios y otro personal de servicio, y los propios presos cuando vuelven de salidas y permisos. Y, seguramente, los tres han de funcionar, en una u otra medida, porque, si no, las drogas no circularían con tanta profusión. Pero, para mí, la principal responsabilidad de la dirección de la cárcel no es tanto el tráfico como la tolerancia; una tolerancia, naturalmente, interesada. El juego alrededor de las drogas ilegales es una de las principales monedas de cambio para comprar la colaboración de las personas presas con la dirección de la cárcel: hacer la vista gorda será, seguramente, un recurso más utilizado que el trapicheo puro y duro para lograr esa particular y perversa integración social que se produce en las cárceles.

La droga y la televisión son los pilares normales del orden carcelario, lo que impide que los estallidos sociales surjan más a menudo y con mayor virulencia. Conseguir la dosis cotidiana y ver la televisión llena la vida diaria de la mayoría de las personas presas. Si se quitaran la televisión y todas las drogas legales e ilegales, la situación se convertiría en simplemente insostenible.

¿Cómo se manifiesta en las mujeres esa doble discriminación, como presas y como mujeres, que denunciáis?

Las mujeres presas están manifiestamente discriminadas de todas las actividades y servicios a los que pueden tener acceso los hombres. Desde siempre, el departamento de mujeres de Nanclares ha estado en unas condiciones deplorables: su ubicación la peor de la cárcel, donde más problemas se plantean con las aguas negras; hay problemas gravísimos de humedades; la sobrepoblación ha sido particularmente grave registrándose en muchos períodos que las celdas, que son de 2 x 3 metros, estén sistemáticamente ocupadas por dos presas; en la sala de estar no caben físicamente todas las mujeres, lo que obliga a una parte de ellas a deambular por patios o pasillos…

Las mujeres que tienen criaturas, como Nanclares no reúne condiciones para que las presas puedan atender a su descendencia, son trasladadas a Madrid, con el consiguiente desarraigo que, en el caso de las mujeres, suele tener consecuencias más inmediatas y dramáticas que en el caso de los hombres, por sus mayores vínculos con el universo familiar más próximo. Incluso las presas embarazadas son también inmediatamente trasladadas, ya que la cárcel carece de servicio de obstetricia y ginecología. Esto ha hecho que, en muchas ocasiones, las mujeres hayan ocultado el embarazo durante meses y meses para evitar ser deportadas a Madrid…

Este clima social es propicio para toda suerte de atropellos y abusos. Bien recientemente conseguimos que hicieran dimitir al subdirector de seguridad, muy amigo por cierto del director, por dedicarse presuntamente a ofrecer determinados beneficios penitenciarios a cambio de eso que llaman favores sexuales… Lo que no hemos logrado es que el problema se manifieste con en toda su amplitud. Conseguimos que dos presas denunciaran los hechos que habían vivido, pero otras muchas, por el clima de coacción y temor que el director impone en la cárcel, no se han atrevido a hacerlo.

Todo esto configura una situación de opresión sobre las mujeres presas tremenda. Nosotros solemos decir que las cárceles no son para nadie, pero mucho menos para las mujeres.

La gestión de la dirección de la prisión sigue siendo la misma que hace diez meses, cuando comenzaron a morir presos por motivos no naturales y cuyas muertes no han sido investigadas de oficio por el Ministerio Fiscal; los planes de choque anunciados apenas han comenzado a aplicarse y, en cualquier caso, si se ejecutaran, serían del todo insuficientes por no decir vergonzosos tal y como se formularon. La prisión sigue hacinada y sin personal sanitario especializado en prevención y tratamiento de enfermedades mentales y suicidios.

En definitiva, la cárcel de Nanclares es –al igual que la mayoría del resto de presidios del sistema penitenciario español– un ejemplo de vertedero de personas, que es lo que la actual Dirección General de Prisiones declaraba recientemente que no pueden ser. No sé si nos damos cuenta del alcance de esta cuestión, puesto que la única respuesta que estamos dando a la necesidad de seguridad ciudadana, es decir, a las personas que violan las leyes en nuestra sociedad, es recluirlas en unos lugares donde se les trata como basura y se violan con ellas las leyes que regulan las condiciones en las que han de ser castigadas (bonito y aleccionador ejemplo de respeto a la legalidad establecida), e incluso, en algunos casos la situación llega a suponer la aplicación obscena, extrajudicial y encubierta de la pena de muerte, la negación del derecho a la vida, que irremediablemente hace que los conflictos internos con vigilantes, las negligencias médicas, cuando no la insoportabilidad de vivir en condiciones infrahumanas tengan como resultado el suicidio inducido. Sin duda las actuales cárceles, aún siendo instituciones del Estado, son los lugares más incompatibles con el Estado de Derecho.

Ese concepto que utilizas de vertedero de personas resulta ciertamente tan gráfico como escalofriante.

Es un concepto que utilizamos de una manera muy concreta, y no solamente retórica o poética. El problema fundamental es que todos los gobiernos habidos desde la transición política han apostado siempre e inequívocamente por una sociedad del castigo. Dicho de otro modo: todos los conflictos sociales se solucionan aumentando las penas. Esta ha sido la principal doctrina. Por ejemplo, frente a la violencia de género: alargamos penas, establecemos más juzgados, etc. ¿Frente a los delitos contra la salud pública? Tres cuartos de lo mismo: más policía, más control, mayores penas… Es la famosa tolerancia cero de la que tanto oímos hablar con un motivo o con otro. Se trata de una construcción ideológica y política muy enraizada no sólo, por desgracia, en nuestra clase política, sino también en buena parte de la población hasta constituirse en una especie de ideología dominante.

Pero, cuidado, no se trata sólo de una ideología o de una cultura. A su alrededor se ha construido toda una industria, la industria de la seguridad, para lo cual hace falta inculcar en la gente el miedo al delito, la fobia al delito. Esta construcción ideológica, cuya relación con la realidad es muy indirecta, genera una industria, la del control del delito que no sólo está constituida por la industria penal sino también por la industria asistencial, por la industria policial, la industria médica, etc. Que ha generado una verdadera inflación punitiva cuyo modelo paradigmático son los Estados Unidos: incremento de la tasa de policía por habitante, incremento de la tasa de jueces y de administradores de justicia por habitante, incremento del personal de prisiones, etc. El Estado está invirtiendo cada vez más en esa maquinaria encargada del control del delito.

Cabe preguntarse: ¿y esto, por qué? La construcción del sujeto enemigo –que puede ser en este caso el emigrante sin papeles, el extranjero, el pobre, el drogadicto, el etarra– tienen una funcionalidad muy importante para proteger esa industria. Un ejemplo: en Euskadi hay un total de 556 funcionarios para unas 1.300 personas presas; 350 ertzainas con funciones específicas vinculadas a las cárceles; un conjunto de empresas que prestan servicios de mantenimiento como la restauración, alimentación, etc., a las cárceles. Tenemos un ejército de programas asistenciales (en los que trabajan un montón de médicos, psicólogos, asistentes sociales, etc.) relacionados con el mundo carcelario…

Es decir, que de cada persona presa viven más o menos bien unas cuantas personas no presas. Y estamos hablando sólo del ámbito de la exclusión penal. Luego tenemos un montón de jueces, abogados y otros agentes vinculados con la administración de la justicia que también viven, en una medida importante, de la industria de la seguridad. Por supuesto, están todos los cuerpos de policía y los de la seguridad privada… Esta es la industria cuyo principal producto son los vertederos de personas.

Los planes del actual gobierno en materia de ejecución penal, según sus propias declaraciones, son muy claros y son más de lo mismo: finalizar las macro-cárceles que están construyendo y aprobar la edificación de nuevas, dos de ellas en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, la prevista en Zubieta (Gipuzkoa) con 1.008 celdas. Estos planes no hacen sino asentar la apuesta por un modelo de ejecución penal fundamentado en convertir el encarcelamiento de personas en un negocio que va desde la construcción de las infraestructuras hasta la gestión y administración de los centros. Es decir, es la apuesta por la construcción de vertederos de personas.

¿En donde colocar estos vertederos de personas de los que estamos hablando? Lo más beneficioso es instalarlos unas macro-cárceles en las que las inversiones en obras públicas, construcción y demás son muy rentables. El mantenimiento, dada su envergadura, requiere también la existencia de empresas especializadas, que son otro campo interesante para los negocios.

Por otro lado, las macro-cárceles son la imagen perfecta del vertedero: un montón de presos concentrados en un único espacio, lo que está en fragrante contradicción con los criterios más elementales de una política penitenciaria dirigida al logro de la inserción social de las personas presas. En un centro penitenciario de, pongamos 30 celdas, el funcionariado puede conocer perfectamente el colectivo preso, establecer con él unas relaciones personales, educativas y de seguridad relativamente satisfactorias. El modelo de vertedero estimula, justamente, lo contrario: unas relaciones impersonales, deshumanizadas y conflictivas; unas relaciones de simple guardián en cuyo trabajo los únicos criterios que funcionan son los enfocados a la seguridad.

Esto tiene gravísimas consecuencias en los más diversos campos. Por ejemplo, la seguridad fue un argumento decisivo para proscribir de las cárceles los programas de reparto de jeringuillas entre drogadictos, lo que originó un verdadero genocidio: 4.000 muertos en prisión en los años noventa, y otros tantos en el período inmediatamente posterior a su excarcelación, según datos proporcionados por la Dirección General.

Esto plantea de alguna manera el respeto de los derechos ciudadanos y humanos que la condena a prisión no suprime en modo alguno. Al menos sobre el papel. Por ejemplo, el derecho a la atención sanitaria.

En efecto, en Nanclares malviven personas con enfermedades infectocontagiosas o con patologías duales que conviven cotidiana y estrechamente en los módulos con personas sanas. ¿Por qué? Porque la enfermería es, simplemente, una celda de aislamiento, y tampoco nadie quiere ir a los hospitales, a Txagorritxu o a Basurto, porque sus unidades de custodia especial son verdaderas comisarías con un régimen de vida más duro que el de las prisiones, ya que carecen hasta de los pocos derechos, como el de visitas, por ejemplo, que tienen en la cárcel. Todo esto hace que las personas prefieran estar enfermas en los módulos. Y todo esto ocurre en una población gravemente afectada en su salud: nosotros calculamos que entre el 70% y el 80% de las personas presas en Nanclares necesitarían un tratamiento médico especializado, un seguimiento o una hospitalización.

Existen múltiples medidas que ahora mismo contribuirían a desarrollar políticas alternativas destinada a la modernización de las respuestas sociales frente al delito (en el contexto del desarrollo del autogobierno contemplado en el Estatuto de Gernika), y a la erradicación de la situación infrahumana e ilegal que viven las personas encarceladas y sus familiares. Estas propuestas, al contrario que la cárcel, son una garantía de protección de la ciudadanía frente al delito; en la mayoría de los casos implican escasas o nulas modificaciones legales; y suponen unos costos económicos infinitamente menores a los miles de millones destinados en la actualidad a crear más macro-cárceles.

Nos referimos a medidas tales como la construcción de centros de inserción social de pequeño tamaño alternativos a los actuales centros cerrados, masificados y de gran tamaño; creación de centros socio-educativos y programas especializados para el tratamiento de drogodependientes, enfermos mentales o maltratadores; creación de unidades hospitalarias extra-penitenciarias y de servicios socio-sanitarios para personas con enfermedades infecciosas, mentales y patologías duales; cumplimiento de las condenas en los lugares de origen; limitación en el tiempo del periodo de estancia en prisión preventiva en espera de juicio, etc.

No nos olvidemos, además, del importante reto de fondo: desarrollo a medio y largo plazo de alternativas a la pena privativa de libertad experimentadas en otros países, para lo cual habrá de abrirse un profundo debate social y político sobre la despenalización, y un trabajo de investigación, experimentación y creación de nuevos marcos jurídicos e institucionales que permitan organizar formas de justicia alternativas a la justicia penal: arbitraje, negociación, mediación, reconciliación, trabajo comunitario y servicios asistenciales, entre otros.

Dices que existen múltiples medidas que ahora mismo contribuirían a desarrollar políticas alternativas destinadas a la modernización de las respuestas sociales frente al delito. Esboza un poco más ampliamente algunas de ellas.

En Salhaketa llevamos trabajando desde hace muchos años en el diseño de un nuevo modelo de exclusión penal de orientación social. Y no voy a meterme ahora para nada en lo que serían reformas penales. La base de todo esto es que el sistema carcelario es un sistema muy frágil, ya que depende directamente del sistema penal en su conjunto y del sistema policial. Hay una estructura para la persecución del delito, que es la policía, que persigue una determinada tipología de delitos, y un sistema penal cuya base reposa en las condenas de privación de libertad muy largas. Esto ya establece un sistema de selección, tanto de los delitos como de los delincuentes, vinculado estrechamente al sistema económico y de valores que rige en nuestra sociedad. Los delincuentes se reclutan entre los sectores socio-económicos más empobrecidos y miserables, y se transmite una imagen social de que los delincuentes son los jóvenes, los desocupados, los emigrantes…

¿Cabe, a pesar de esto, hacer algo? Sí, cabe plantear unas políticas que no sean políticas de ensañamiento secundario, de añadir al ensañamiento social el ensañamiento carcelario. Son políticas que van radicalmente en contra de eso de lo que hablaba antes, del negocio de la cárcel, de la economía política de la cárcel, para entendernos. En nuestra opinión, las personas que se ven atrapadas por las redes de control formal (la policía, sistema judicial y el sistema carcelario), pueden recuperarse de esa experiencia. Nuestro trabajo muestra que si a la gente le apoyas, la gente puede, en muchos casos, romper la superdestructiva espiral de la criminalidad.

¿Las bases de esas políticas? En primer lugar, el reconocimiento de todos los derechos que la condena judicial no suprime, que son la mayoría. Y fíjate que no hablamos de que las cárceles deban resocializar. Lo primero que pedimos al sistema carcelario es que no tengan tantas consecuencias desocializadoras añadidas como tiene actualmente. Que de la cárcel no se salga, como ocurre tantísmas veces, en peor estado social que el que se tenía cuando se entró y, en consecuencia, en una situación más propicia para la marginación y la reincorporación a la espiral de la criminalidad. Sólo eso. Que es lo elemental, que es como pedir que de un hospital no se vayamos a salir más enfermos que cuando ingresamos en él. ¡Y qué lejos estamos de conseguir eso que parece tan elemental!

En segundo lugar, el criterio de seguridad. O sea, si tú entras en una institución penitenciaria, sepas que las posibilidades que tienes de morir o de enfermar seriamente no se multiplican por un número muy alto, que tu esperanza de vida no se va a reducir sensiblemente. Es el derecho a la vida, en primer lugar, y el derecho a la salud, en segundo.

Otra cuestión nada irrelevante: el derecho a la intimidad. El sistema carcelario actual supone una agresión hacia la personalidad de las personas presas de una dimensión y de una intensidad desproporcionada e inusual en otros ámbitos de la vida social…

Para que estos principios puedan materializarse, hay que concebir y diseñar una política de ejecución penal cuya centralidad no radique en la cárcel. Es decir, que la cárcel como tal no sea la pieza básica y casi única de esa estructura. Voy a poner un ejemplo relacionado con las traídas y llevadas transferencias pendientes en el terreno penitenciario.

Desde el punto de vista que defendemos, lo que el Estado debería transferir a la CAPV no son las cárceles, sino los presos. Y, luego, en base a ese componente humano transferido, aquí se generen las estructuras organizativas y sociales más ajustadas al cumplimiento de la pena a que ha sido condenado, evitando que a la pena a la que haya sido condenado se agreguen otras que en nuestro sistema carcelario actual son, muchas veces, bastante más duras que la pena judicialmente impuesta.

Esto exige un trabajo serio, generoso y responsable por parte de todas las administraciones –del que, por cierto, existen no pocos ejemplos en los países democrática y socialmente más avanzados–, para que sobre las puertas de las cárceles no esté grabada a fuego el dantesco “Abandonad toda esperanza”. Es imprescindible adecuar la respuesta penal a cada tipo de delito y a cada situación personal del delincuente. Esto es de Perogrullo. Y, sin embargo, apenas avanzamos en esa dirección. Y se puede avanzar. Depende la voluntad política y de la voluntad de la ciudadanía.

Para ello resulta imprescindible la paralización inmediata de los planes de edificación de macro-cárceles, porque no son necesarios más depósitos de personas abandonadas, sino el desarrollo de un sistema de prevención y lucha contra el delito, alternativo al negocio del encarcelamiento de las personas más vulnerables en nuestra sociedad, un negocio subvencionado con dinero público, del que se benefician empresas privadas y particulares, y que tan sólo contribuye a reproducir la inseguridad ciudadana.