Comunidades Cristianas de Base de Madrid
Carta a Mariano Rajoy
Nota de prensa
El colectivo de “Cristianas y cristianos de base de Madrid” ha escrito una carta al Presidente del Gobierno, Sr, Rajoy pidiéndole que denuncie los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español firmados en enero de 1979, en sustitución de anteriores Concordatos. Estos Acuerdos consagran para la Iglesia Católica numerosos privilegios, lesionan seriamente los derechos de muchos españoles que tienen otras creencias u otras convicciones filosóficas, y lastran de forma grave el genuino sentido del cristianismo, a través del contradictorio proceder de la Iglesia Católica, motivo de escándalo para muchos. Las razones que avalan dicha petición son múltiples. Pero, queremos hacer hincapié en algunos aspectos. 1) Que estos Acuerdos mantienen casi intacto el núcleo del Concordato de 1953 (pre democrático y nacido en el marco de la Dictadura), especialmente en los privilegios que otorgan a la Iglesia Católica en el ámbito de la Economía y de la Enseñanza. Y fueron concebidos, negociados y acordados sin contar con la ciudadanía. 2) Que siendo la Iglesia, la mayor propietaria de bienes inmuebles en España, incumple su compromiso de autofinanciación en tres años, tal como reconoció en los citados Acuerdos, y continúa recibiendo del Estado diez mil millones de euros al año. 3) En el ámbito de la educación, resulta totalmente irregular que sea el Estado el que pague a los profesores de religión y sean los obispos los que los elijan y los puedan expulsar a su conveniencia, al margen de la normativa que rige para el resto del profesorado. Por todos estos motivos y otros que conculcan principios fundamentales como son los Principios de Laicidad, Igualdad y Tolerancia, estimamos que deben ser públicamente denunciados lo mismo por el Gobierno español que por representantes de la Iglesia Católica.
Madrid, Noviembre de 2012.
Sr. Presidente del Gobierno:
Somos un colectivo de comunidades de base, agrupadas como “Cristianas y Cristianos de Base de Madrid” coordinadas con otros grupos análogos en diferentes territorios del Estado y formamos parte de la Iglesia Católica.
El objetivo de esta carta es plantearle la urgente necesidad de que el Gobierno que V. preside denuncie los Acuerdos firmados por el Estado Español con la Santa Sede en 1976 y 1979 (BOE, 03/01/1979) porque a nuestro juicio, esos Acuerdos consagran para la Iglesia Católica numerosos privilegios, lesionan seriamente los derechos de muchos españoles que tienen otras creencias u otras convicciones filosóficas, y lastran de forma grave el genuino sentido del cristianismo, a través del contradictorio proceder de la Iglesia Católica, motivo de escándalo para muchos.
Tras mucho tiempo de reflexión sobre la actuación de la Iglesia Católica en el seno del Estado democrático que, desde hace décadas intentamos consolidar, hemos llegado a la conclusión de que el actual marco de relaciones Iglesia-Estado colisiona frontalmente con distintos principios fundamentales recogidos en nuestra Constitución (ver documento adjunto), lesiona derechos básicos de muchos ciudadanos y traiciona la neutralidad del Estado respecto a las diferentes corrientes de pensamiento, convirtiéndolo, de facto, en un Estado Confesional. Todas las razones apuntadas ponen de manifiesto la necesidad de denunciar estos Acuerdos y sustituirlos por otras normas más acordes con un Estado social y democrático de Derecho, que pongan un punto final a los anacronismos hoy vigentes en diferentes esferas de la vida pública española. Numerosas razones avalan la necesidad de esta denuncia:
En el ámbito jurídico-político: Los acuerdos con la Santa Sede (al margen de su estructura jurídica que pensamos puede ir en contra de la Constitución) mantienen casi intacto el núcleo del Concordato de 1953 (pre democrático y nacido en el marco de la Dictadura), especialmente en los privilegios que otorgan a la Iglesia Católica en el ámbito de la Economía y de la Enseñanza, fueron concebidos, negociados y acordados sin contar con la ciudadanía. Vieron la luz sólo unos pocos días después de la promulgación de la Constitución Española de 1978, poniendo de manifiesto la urgencia por resolver el tema antes de que las reglas del juego democrático estuvieran plenamente establecidas.
En el ámbito económico: Tanto el Acuerdo sobre Asuntos Económicos como diferentes normas legales posteriores atribuyen a la Iglesia Católica unos derechos que implican subvenciones, exenciones fiscales y facultades de apropiación patrimonial, inexplicables en un Estado democrático. Por el contrario, la Iglesia, la mayor propietaria de bienes inmuebles en España, incumple su compromiso de autofinanciación, tal como reconoció en los citados Acuerdos, y continua reclamando incrementos en las subvenciones estatales que, en estos momentos, superan ya los diez mil millones de euros al año. En nuestros días, esas demandas tienen como consecuencia el lamentable espectáculo de ver como la población se empobrece con la crisis, Y los ajustes y recortes recaen especialmente sobre los más débiles, mientras la Iglesia Católica es la única instancia, además del sector financiero y las grandes empresas, que se mantiene inmune ante la crisis: ningún recorte en subvenciones, las mismas exenciones fiscales que décadas atrás. En su defensa, siempre alega la labor de Caritas (que todos reconocemos) pero oculta que la financiación de la Iglesia a su labor no llega ni al 3% del presupuesto de Caritas.
En el ámbito de la Educación: Convencidos de que la Escuela debe, no solo transmitir conocimientos, sino propiciar la formación plena del alumno como persona y como ciudadano, pensamos que solo el Estado puede cumplir este cometido, ya que solo él puede garantizar, de forma universal e igualitaria, una escuela pública de calidad para todos. Por ello pensamos que esta tarea no le incumbe directamente a la Iglesia, que no representa al conjunto de la población sino solo a una parte. Y, sin embargo, la Iglesia, a través de diferentes confesiones religiosas, acapara hoy más de 2/3 de los centros educativos no públicos.
Otro anacronismo difícil de entender es la presencia de la religión en la escuela. La educación en la fe religiosa pertenece a otro lugar, y a otros protagonistas: los templos, las sinagogas, las mezquitas, etc. Si hoy pervive es porque los Acuerdos con la Santa Sede garantizan y blindan para la Iglesia, ese dominio ideológico, de las conciencias.
Asimismo, nos parece totalmente irregular que sea el Estado el que pague a los profesores de religión y sean los obispos los que los elijan y los puedan expulsar a su conveniencia, al margen de la normativa que rige para el resto del profesorado.
En el ámbito social y cultural: Desde el ámbito de lo social, los Acuerdos son también contrarios a la lógica democrática, ya que consolidan la casi omnipresencia de la Iglesia Católica en instituciones y espacios que no son los suyos: hospitales, ejércitos, ceremonias civiles, etc. sin olvidar su constante intento de injerencia en las políticas sociales así como en el desarrollo legislativo regulador de los derechos civiles, la moral pública, la investigación, etc. Un poder de coacción moral incompatible con el pluralismo ético y cultural de la sociedad española y con el ejercicio de las libertades que consagra nuestra Constitución.
Por entender que ninguna confesión religiosa ni cosmovisión alguna puede imponer sus códigos morales al conjunto de la sociedad, y que la libertad de conciencia es anterior y superior a la libertad de las organizaciones para difundir sus propias creencias y puntos de vista, reclamamos del Estado un marco jurídico nuevo que garantice el derecho de los ciudadanos a la libertad de conciencia moral, así como el compromiso por consolidar una Ética pública basada en el respeto a los Derechos Humanos y a los principios y valores democráticos recogidos en la Constitución.
En conclusión, Sr. Presidente, Por todos estos motivos, cuyo razonamiento más detallado se ofrece en el documento adjunto, creemos que es cada vez más urgente la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede que deben ser derogados y sustituidos por normas acordes a un Estado democrático de derecho, es decir, con máximo respeto a las libertades civiles de los ciudadanos y bajo los principios de no discriminación y no confesionalidad del Estado.
Atentamente,
Fdo.: Gloria Encinas
Presidenta de “Cristianas y Cristianos de Base de Madrid”, en nombre y representación de su Asamblea General.
Madrid, noviembre, 2012