Contra el racismo: igualdad de derechos,
igualdad de trato, equidad
Manifiesto firmado por 25 asociaciones de Guipúzcoa para
la Marcha de Pasaia a Donostia celebrada el día 23 de marzo.
(Hika, 142zka. 2003ko martxoa)

1. Dos años después de entrar en vigor la última Ley de Extranjería, el número de inmigrantes muertos en su intento por entrar y asentarse en el Estado español deja de crecer. Si durante el año 2002 perdieron la vida 152 personas, solamente en enero de 2003 han fallecido 40. Es hora de parar esta locura, cuya responsabilidad principal recae sobre el Gobierno, un Gobierno que ante un problema estructural que hunde sus raíces en las graves desigualdades del mundo actual, solo es capaz de imaginar respuestas policiales y de control de fronteras.

2. Desde que el 14 de enero de 2002 entró en vigor la normativa sobre el cupo de inmigrantes, en aplicación de la Resolución del Consejo de Ministros del día 27 de diciembre de 2001, el Gobierno tiene bloqueado el régimen general de extranjería, es decir, la posibilidad de regularizar la situación de los miles de inmigrantes que se encuentran en el país, aunque tengan ofertas firmes de empleo.

A pesar de que el cupo de 2002 ha sido en si mismo un gran fracaso, y de los inmensos daños colaterales que ha causado, el Gobierno del Partido Popular, con el apoyo explícito del PSOE, persiste en este año 2003 en la misma política de bloquear el régimen general e impedir la regularización de miles de inmigrantes, condenándolos a la clandestinidad, a ser sin papeles perpetuos.

3. Esa política crea las condiciones para que miles de inmigrantes no tengan más remedio que trabajar en la economía sumergida para subsistir, creando un tipo de trabajador sin derechos, muy explotable y socialmente vulnerable. El punto de partida de esta política es la negación del derecho humano a desplazarse y a encontrar una vida más digna en un lugar diferente al del nacimiento. Es también la negación del derecho humano a trabajar, a vivir con dignidad, por el hecho de no haber nacido en el sitio adecuado.

La política de cupo puro y de bloqueo del régimen general practicada en estos dos últimos años, busca canalizar mano de obra barata a determinados sectores productivos y a algunas grandes empresas. No tiene nada que ver con las necesidades reales o potenciales del mercado de trabajo existente, ni con ningún criterio de solidaridad humana en un mundo plagado de desigualdades.

4. El Gobierno lleva un tiempo sumergido en una obsesiva política de seguridad, que en lo que hace a la inmigración le ha hecho transitar por el pantanoso camino de unir inmigración y delincuencia, aún a costa de abusar de los conceptos y mentir sobre las cifras. Intentar aumentar el número de votos en las próximas elecciones municipales a costa de crear un chivo expiatorio, el binomio inmigrante–delincuente, nos parece algo profundamente criticable. No nos parece aceptable que la respuesta a profundos problemas sociales sea el endurecimiento del Código Penal, la modificación de la Ley de Extranjería para facilitar las expulsiones o el aumento del presupuesto para expulsar inmigrantes en un 186% con respecto al año pasado.

5. Las políticas de inmigración y asilo de la Unión Europea se tienen que comunitarizar para mayo del año que viene. Pero los pasos dados en el último año, de manera especial durante los períodos de la presidencia española y danesa, han servido para potenciar las medidas de carácter policial y represivo, en detrimento del reconocimiento de derechos, tales como el de desplazarse en el interior de la Unión o el de tomar parte en las elecciones locales y en las europeas, y de medidas que faciliten el asentamiento y la residencia.

Lo mismo viene ocurriendo con el derecho de asilo, derecho humano que está siendo desnaturalizado a marchas forzadas por el conjunto de los Estados de la Unión Europea, que abusando del principio de soberanía nacional y de la facultad de los Estados para decidir quien entra y quien se queda, están convirtiendo a los solicitantes de asilo en permanente sospechosos de fraude, obligados a correr en una carrera de obstáculos insalvables.

6. Está adquiriendo fuerza un discurso que, basado en la exageración de la diferencia y en la etiquetación de las personas, tiende a encapsularlas en una serie de prácticas y comportamientos incompatibles con los valores de una sociedad democrática. Al tiempo, se supone que las prácticas y comportamientos dominantes son la expresión de esos valores democráticos, y que, por tanto, nada hay que cambiar en ellos. No compartimos esa opinión. En nuestra sociedad se producen prácticas, especialmente institucionales, con la propia Ley de Extranjería a la cabeza, que favorecen la segregación social y la diferencia en el acceso a los derechos. Hay, por tanto, mucho que cambiar, empezando por los instrumentos que regulan la entrada y los derechos de los extranjeros y que, tal como son, dificultan enormemente las discusiones sobre las fórmulas más convenientes para regular el pluralismo cultural en nuestra sociedad.

El mismo sistema educativo, tantas veces señalado como un elemento fundamental en ese pluralismo cultural, carece, a día de hoy, en nuestra comunidad, de un plan estructurado para dotar a los que llegan de los recursos adicionales necesarios y, a todo el alumnado, de una educación intercultural que les ayude, en un futuro, a ser ciudadanas y ciudadanos respetuosos y solidarios.

Vivimos en un mundo en el que lo intercultural es constitutivo de lo cultural, en el que las identidades no son asumidas sino construidas, en el que cualquier sociedad o grupo es culturalmente heterogéneo. Rechazamos los discursos que cargan de deberes culturales a la población extranjera y penalizan a los y las extranjeras supuestamente menos integrables, discursos que intentan construir unos insostenibles índices de integrabilidad, por ser la expresión más acabada del racismo diferencialista en nuestros días.

7. En los últimos tiempos el pueblo gitano se está haciendo socialmente invisible, al tiempo que adquieren carta de naturaleza los prejuicios negativos incrustados en nuestra sociedad, que hacen imposible avanzar seriamente por el camino de garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos básicos para las personas de esa comunidad. Es lo que las organizaciones representativas de ese pueblo denuncian como racismo por omisión, su desaparición del espacio público, en el que su voz tiene escasas oportunidades de ser oída, tanto para el diálogo como para la denuncia.

Pero constatamos que los juicios de valor negativos sobre el pueblo gitano son moneda corriente, así como las prácticas de culpar a las víctimas de su situación, o la elaboración de estereotipos negativos, o la tendencia a construirlos como chivo expiatorio, o las propuestas de segregación espacial.

Las urgencias de la inmigración no nos pueden hacer olvidar la persistencia de la situación de discriminación del pueblo gitano, y la necesidad de que sus reivindicaciones se expresen en el espacio público y sean oídas por las instituciones y por el conjunto de la sociedad.