Cristina Garaizabal
La regulación de la prostitución
(Página Abierta, 168, marzo de 2006)
(Entrevista realizada por A. Laguna)

Entrevistamos a Cristina Garaizabal, feminista y miembro de Hetaira, asociación en defensa de las prostitutas, sobre el proyecto de la Generalitat de Cataluña de regular la prostitución y la polémica desatada.

– ¿Qué te parece la iniciativa de la Generalitat de Cataluña de regular la prostitución?

– Creo que es una iniciativa valiente en estos momentos, pero que a la vez es muy controvertida. Tiene aspectos que son positivos y otros que son muy cuestionables. Entre los aspectos más positivos, lo que resaltaría es que, por primera vez, un Gobierno, una institución pública se atreve a reconocer y a plasmar en leyes la existencia de la prostitución y que se puede ejercer por decisión propia. Lo que intenta esta iniciativa legislativa es precisamente garantizar los derechos de aquellas mujeres que deciden trabajar en la prostitución. Otro aspecto positivo es que, dentro de las competencias que tiene la Generalitat, intenta limitar los abusos que hoy ejercen los empresarios de los clubes de alterne, que imponen unas condiciones leoninas a las trabajadoras, los horarios, la clientela, los actos sexuales, el precio que se quedan, etc. Y, por último, me parece también positivo lo que al parecer plantea este proyecto de la Generalitat: que se promoverá la regulación y el acceso a los papeles de las inmigrantes que trabajan en el comercio sexual.

Dicho esto, veo que la ley que se proyecta tiene dos puntos muy discutibles. El primero de ellos es la prohibición que hace de la prostitución de calle. Y el segundo aspecto que me parece también problemático es el que obligue a los controles sanitarios por parte de las mujeres con cartilla sanitaria. ¿Por qué son problemáticos estos dos aspectos? El de la cuestión de la cartilla sanitaria, porque yo creo que es estigmatizar a las trabajadoras del sexo considerándolas grupos de riesgo en la transmisión del sida; y parece claro ya desde hace mucho tiempo que la pandemia del sida no se controla si no es haciendo prácticas de sexo seguro. Y la práctica de sexo seguro, en este caso, es la utilización de los preservativos. Pero esto se complica mucho si las trabajadoras tienen una cartilla sanitaria que dice que están limpias de infecciones. Entre otras cosas porque la clientela siempre presupone que son ellas las que les infectan y no a la inversa.  Si ya hoy es difícil el uso del preservativo, con esos controles obligatorios y con esas cartillas sanitarias que dijeran que la trabajadora está limpia, sería prácticamente imposible las prácticas de sexo seguro. Es decir, que lo que hay que hacer no son controles obligatorios sino, en todo caso, campañas para concienciar a la población en general para ese tipo de prácticas.

Respecto a la prostitución de calle, se ha demostrado que las prohibiciones no acaban con el problema sino que lo único que hacen es empeorar las condiciones de trabajo de las mujeres que seguirán ejerciendo en la calle.

– Siempre se juega con palabras o con términos que luego no se precisan bien, como legalización, licitud, regulación, regularización... La prostitución no es ilegal, pero tampoco es legal. ¿O sí es legal la prostitución?

– Según nuestras leyes no es ni legal ni ilegal; está en una situación, como nosotras decimos, de alegalidad. No está reconocido su ejercicio, pero ciertamente el ejercicio de la prostitución tampoco está penalizado en el Código Penal, aunque sí algunas actividades y situaciones relativas a ella (*). Luego esa situación justamente de alegalidad puede dar pie a que salgan una serie de ordenanzas que persigan el ejercicio de la prostitución o la compra y venta de actos sexuales. No obstante, la novedad que introduciría la ley de la Generalitat es que, en la medida en que limita el ejercicio de la prostitución a determinadas zonas en locales cerrados, ciertamente la prostitución de calle, según la Generalitat, quedaría ilegalizada. Algo que ya está ocurriendo en concreto en Barcelona con la ordenanza municipal sobre “convivencia” en los espacios públicos puesta recientemente en marcha.

– En relación con la prostitución callejera, siempre se dice lo mismo, que trae conflictos sociales, en la medida de que estamos hablando de un espacio público, en el que se plantea la necesidad de convivencia. Cuando se llevan a cabo las acciones municipales frente a esta forma de ejercer la prostitución parecen basarse en una exigencia legítima en buena parte de la población cercana a ese espacio público. ¿Qué opinas de este problema?

– Nosotras estamos completamente de acuerdo con la búsqueda de esa convivencia. Claro que la prostitución de calle es la que genera siempre más conflicto, y genera conflicto porque lo que entra en debate es precisamente la utilización del espacio público por parte de grupos de ciudadanos que tienen intereses contrapuestos; pero eso no quiere decir que sean ilegítimos ninguno de ellos. Es decir, que a mí me parece que muchas de las reivindicaciones ciudadanas de querer un barrio más tranquilo son perfectamente lícitas. Otro problema es que las prostitutas a veces se suelen convertir en el chivo expiatorio de diversas insatisfacciones ciudadanas, quizás porque son el elemento más visible, y a la vez, más débil, más fácil de poder quitárselo de en medio.

Nosotras lo que planteamos frente a ese tipo de problemas sería la creación de barrios rojos, es decir, de zonas concretas en las ciudades al estilo de otras ciudades europeas, como Ámsterdam. Zonas donde se pueda ejercer la prostitución en mejores condiciones de seguridad, limpieza, higiene, de tranquilidad, tanto para las mujeres como para la población. Y creemos que esto debería ser pactado con las propias prostitutas, en pie de igualdad con el resto del vecindario, porque sí que creemos que la gente tiene derecho a querer un barrio tranquilo, pero ellas también tienen derecho a captar la clientela en la calle sin tener que recurrir a anuncios o a otro tipo de medios que son más caros para ellas y que muchas no quieren usar.

Lo que creemos, además, es que generalmente lo que provoca muchas veces el conflicto ciudadano, según nuestra experiencia en Madrid, no ha sido tanto el ejercicio de la prostitución, como el número de trabajadoras que se juntan en unas zonas concretas, es decir, la masificación de determinadas zonas y los problemas de convivencia también entre ellas mismas y todo lo que mueven alrededor.

En ese sentido, lo que planteamos es que deberían ser políticas persuasivas las que lleven a las prostitutas a las zonas más tranquilas y relajadas y no la imposición, como hace el Ayuntamiento de Barcelona, o parece que será la intención de la Generalitat, de encerrarlas en unos sitios y prohibir la prostitución en el resto. Porque la experiencia de otros países europeos donde se han dado normativas de este estilo es que al final las prostitutas más pobres, las más viejas, que son las que no tienen cabida en los sitios legalizados para el ejercicio de la prostitución, acaban siendo discriminadas muy por encima incluso de lo que están en la actualidad.

– ¿La existencia de un alto incremento de trabajadoras del sexo inmigrantes aumenta esa tensión que aparece en la sociedad respecto a la prostitución callejera?

– Sin duda, sí. También las trabajadoras inmigrantes tienen otros estilos culturales, otra manera de abordar muchas veces a la clientela, otra relación con el cuerpo y con la sexualidad. Y creo que, al hecho en sí de que las mujeres estén en la calle, se suma esas maneras de “abordaje” que muchas veces tensa más las relaciones con el vecindario. Por otro lado, la existencia de trabajadoras inmigrantes lo que favorece es que se vaya creando la idea de que todas ellas vienen obligadas y engañadas por las mafias, de tal manera que eso sirve para justificar las actuaciones represivas y de acoso a estas inmigrantes. Es lo que está sucediendo en Madrid con el Plan contra la Esclavitud, que toma pie precisamente en la consideración de que por el hecho de ser inmigrantes vienen todas traficadas. Una premisa que, aunque tiene mucho eco dentro de las posiciones abolicionistas y que se utiliza como justificación precisamente para ir en contra de la prostitución de calle, me parece falsa. Nuestros datos lo que demuestran no es que la gran mayoría haya venido engañada, sino todo lo contrario. La mayoría de trabajadoras que están en la calle saben a lo que venían. Otra cosa es que, obviamente, hayan venido a través de organizaciones que les han cobrado precios desorbitados por venir y que quieren el cobro o recuperar ese dinero lo antes posible; pero, en todo caso, la mayor parte de las veces no se meten en absoluto en qué trabajen ellas para poder pagar la deuda. Aunque en otras, evidentemente, sí. Esto hay que diferenciarlo de la existencia de mafias que traen a las mujeres engañadas y las obligan a trabajar en la prostitución bajo coacción.

– Tras la información aparecida sobre el proyecto de la Generalitat ha salido a la luz pública un informe del Instituto de la Mujer en el se muestra una oposición frontal  a esta iniciativa catalana. ¿Qué te parecen las opiniones vertidas en ese informe?

– Yo creo que el informe del Instituto de la Mujer está elaborado desde las posiciones abolicionistas más clásicas. Es un informe completamente ideologizado, abstracto, en el que se nota un gran desconocimiento de la realidad concreta, de cómo se mueve la prostitución y de cuáles son, sobre todo, los problemas más concretos que tienen las mujeres trabajadoras del sexo. Es un informe que, por las cosas que dice, contribuye a seguir estigmatizando a las mujeres que ejercen la prostitución. Entre otras cosas, plantea que las mujeres son una mercancía que se puede comprar, vender, arrendar y explotar sexualmente con total libertad, o que se las despoja de su condición de personas reduciéndolas a mero objeto de placer para el cliente. Toda una serie de aseveraciones sobre las prostitutas que, además de seguir estigmatizando a estas mujeres, parece negarles su capacidad de decisión, considerándolas unas menores de edad que deben ser protegidas quieran o no. Es sorprendente también la crítica que hacen precisamente a los intentos de la Generalitat de recortar los abusos que se dan por parte de los empresarios.

El informe, además, viene a decir que la Generalitat no tiene competencias para entrar en esta materia y que el Gobierno tiene que intervenir.

En un primer momento parecía que la posición que iba a mantener el Gobierno era la del Instituto. El que luego haya salido Caldera diciendo que el tema lo van a estudiar, hace pensar que dentro del propio Gobierno hay contradicciones importantes en relación con este asunto y que la batalla no está ganada por las posiciones abolicionistas. No parece tampoco que se vaya a meter con la ley catalana porque se salta las competencias. Es más, lo que Caldera dijo después es que las comunidades autónomas tienen competencias para regular ese problema.

– Siguiendo las propuestas de la Generalitat, se suele decir que la prostitución por decisión propia es muy baja, que sólo es un 5%. ¿Crees que se corresponde con la realidad? ¿Hay capacidad y medios para saberlo?

– Lo que planteas es uno de los elementos centrales, es decir, que, primero, no se ha hecho un estudio global de la prostitución. Segundo, cuando se habla de prostitución, y de cifras en concreto, es curiosísimo pero se habla sólo de prostitución de calle. Parece como si la otra prostitución no existiese o no fuese prostitución cuando se exponen y comentan los datos. Es la que está más delimitada y es la que sirve como muestra para hacer todo tipo de estudios, y entonces se generaliza lo que se da en la calle como si fueran datos globales de la prostitución.

Hoy no hay quien conozca bien la realidad de la prostitución, y si te fijas, las cifras que se dan, 300.000 trabajadoras del sexo, me parece que son pecata minuta comparadas con todo el volumen de anuncios que, por ejemplo, salen en los periódicos. Son cifras que corresponden básicamente con la prostitución que se ve, que es la de calle. Y en cuanto a éstas, me parecen parciales; las nuestras también, pero nunca hemos pretendido dar cifras globales. En todo caso, lo que nosotras conocemos, nuestros estudios, lo que vienen a decir es que un 85% trabaja por decisión propia; es decir, que de ningún modo esa cifra del 5% se correspondería con la realidad que estimamos con nuestra muestra que, insisto, no es una muestra que se pueda generalizar, porque no es un estudio hecho sobre la base de toda la prostitución de calle de Madrid.

Pero lo más chocante es que, en general, hoy en día, entre las posiciones abolicionistas se da por buena la cifra del 5% de mujeres que ejercen el trabajo sexual voluntariamente según un “estudio” de UGT –y digo estudio, entre comillas, porque no hay tal–, cifra que se ha ido generalizando. ¿De dónde sale? Lo de que un 95% lo hacen forzadas yo creo que sale de que en la calle el 95% son inmigrantes. Y si se considera que todas las inmigrantes vienen engañadas, de ahí viene esa cifra del 95%. Porque si no, no se entiende de dónde.

En última instancia, hay otra cuestión: a mí me parece que, independientemente de la guerra de cifras que siempre hay –según la perspectiva desde la que se hace el estudio salen unas u otras–, incluso aun suponiendo que sólo un 5% trabajara de manera voluntaria o por decisión propia, ese 5% de mujeres tiene derechos que no pueden ser negados por el hecho de que fueran una minoría.

– Entre quienes piensan que la prostitución es un mal a erradicar se platean dos líneas fuertes: una, evitar por todos los medios que exista; otra, que mientras sea una realidad, las instituciones públicas deben intervenir sobre las condiciones en las que se ejerce este “trabajo” o estos “servicios”. ¿Qué experiencia de ello hay en Europa?

– Las posiciones tan ideologizadas del abolicionismo para un debate quedan muy bonitas, pero en la realidad esas posiciones siempre van acompañadas de medidas represivas, porque es imposible acabar con algo por encima de la voluntad de quien está en ello, como proclaman las abolicionistas. El país que mejor representa hoy ese tipo de salida es el modelo sueco. Suecia lo que hace es penalizar a los clientes con multas e incluso con pena de cárcel en los casos en los que son reiterativas las multas sobre el mismo cliente. Eso ha hecho, según el Gobierno sueco, que desaparezca la prostitución de las calles. Pero todo eso suena un poco a cachondeo, porque, primero, en Suecia la prostitución de calle siempre ha sido mínima, sobre todo en invierno, a no sé cuántos grados bajo cero...; y segundo, no es que haya  desaparecido la prostitución de calle, lo que pasa es que ahora está clandestinizada. Además, los contactos con el cliente, precisamente por ser más clandestinos, han de ser más rápidos, y eso conlleva un recorte, digamos, de las posibilidades de negociación que ellas tienen y, por lo tanto, un empeoramiento de las condiciones en las que establecen el pacto de servicios sexuales.

El otro modelo es el holandés: el de la reglamentación, el del reconocimiento de que la prostitución es un trabajo y de que, por lo tanto, deben ser regulados los derechos y las obligaciones de estas trabajadoras. Los problemas del modelo holandés, básicamente, son dos. Uno, que afecta solamente a las ciudadanas holandesas, y, en consecuencia, las personas inmigrantes no pueden acceder a ese tipo de trabajo regulado; por lo cual lo que se está dando en Holanda ahora es una división fortísima entre las trabajadoras sexuales holandesas, que tienen reconocidos ese tipo de derechos, y las trabajadoras extranjeras que, por el contrario, están en una situación completamente discriminada y sin ningún derecho.

Y el otro problema del modelo holandés es que la ley estatal es mínima y deja muchas cosas en manos de las instituciones locales. Y en Holanda, la diferencia entre Ámsterdam, que es el paraíso de la tolerancia, y el resto de ciudades es muy grande. Entonces, la situación de Ámsterdam es una, mientras que en el resto del país la prostitución sigue siendo la mayoría de las veces no reconocida como tal porque, por ejemplo, las licencias no se conceden por parte de los gobiernos locales.

– ¿Y para aquí qué proponéis?

– Desde nuestro punto de vista, la solución, desde luego, sería dejar el Código Penal como está, pero derogando el artículo 188, que es el que establece el proxenetismo, el aprovecharse económicamente de la prostitución de otros, aun con el consentimiento de esas personas. Lo que impide completamente el establecimiento de tratos comerciales de la prostituta con alguien. Ese artículo, como digo, habría que derogarlo, y lo que hay que hacer es reconocer en las leyes laborales que la prostitución es un trabajo y, por lo tanto, regular los derechos laborales y sociales que se derivan de eso, igual que sucede para el resto de trabajadoras.

Dentro de esa legislación habría que reconocer que la prostitución se pueda ejercer de forma autónoma o en contrato de servicios con algún empresario. Es decir, que se reconozca lo que hoy existe: una relación laboral entre empresarios de los clubes de alterne y las trabajadoras del sexo. De esa forma se podría poner límites a los privilegios que tienen los empresarios.

La vía que establece el proyecto catalán es la de que solamente se puede ejercer de manera autónoma y que, por lo tanto, los empresarios no pueden entrar en la creación de empresas de “servicios sexuales”. Sin embargo, contradictoriamente con ello, deja en manos de los empresarios, por ejemplo, el control de los horarios. Así pues, la propuesta de la Generalitat incurre también en algunas contradicciones producto de ese artículo 188, que impide totalmente cualquier tipo de relación laboral entre prostitutas y empresarios, cuando lo que hay que reconocer es que en la realidad sí existe una relación laboral. 

– ¿Existe jurisprudencia al respecto?

– En relación con la prostitución, no. La jurisprudencia que existe es en relación con la figura del alterne, una manera peculiar por parte de los jueces de reconocer, evitando la aplicación del artículo 188 del Código Penal, que hay una relación laboral entre las prostitutas y los empresarios.

El problema es que estamos ante un dilema un poco falso: presuponer que el trabajo sexual es siempre autónomo. Aunque creo, no obstante, que es a donde se debería tender, la realidad hoy no es ésa. Hoy los empresarios marcan las condiciones de trabajo y cómo se tiene que desarrollar ese trabajo.

– Hay todavía, al parecer, unas ideas en la sociedad muy afirmadas sobre la prostitución, por ejemplo su carácter inmoral o degradante, aun reconociendo que siempre existirá, porque siempre habrá necesidades sexuales, mayoritariamente de los hombres, no cubiertas, y se podrá mercar con ellas. Otras ponen el acento en las dificultades sociales para unas relaciones sexuales libres y satisfactorias para todas las personas; y que un cambio en esa dirección pondrá fin a la prostitución.

– Estamos en sociedades donde la sexualidad está excesivamente magnificada. Parece que todo lo que tiene que ver con la sexualidad adquiere una importancia muy grande. Entre otras cosas, porque se considera que en la sexualidad se pone todo lo que tiene la persona. Y eso, que puede ser una cosa mayoritaria, no necesariamente es así para todo el mundo. Y por esa idea se sigue pensando que lo que se compra es a la mujer y no sus servicios sexuales, mientras que, por el contrario, las prostitutas tienen muy claro que lo que venden son servicios sexuales, y que no se venden ellas. Es decir, que hay una distancia entre aquello que venden y lo que son. Yo creo que es de esta idea, de la magnificación de la sexualidad, de donde viene la posición de que comprar sexo es comprar a una mujer prácticamente, y de que eso es inmoral.
Existe también una posición moral muy concreta que engancha con el pensamiento judeo-cristiano, en el que la sexualidad es sagrada y traficar con ella es un gran pecado. Y es, creo, indudable que, de todas formas, no se puede legislar con esas posiciones para toda la sociedad. Es decir, quien realmente crea que su sexualidad es sagrada y que nunca tiene que mediar dinero en ningún acto sexual, pues que no vaya de putas y que no se prostituya. Pero lo que no se puede hacer es imponer esa moralidad al conjunto social, sobre todo porque es una moralidad que en la práctica lo que hace es discriminar a un conjunto de mujeres que hacen ese trabajo, que lo viven de una determinada forma no necesariamente tan dramática, y no consideran que están en una actividad degradante. Lanzar ese tipo de mensaje lo único que hace es estigmatizarlas más; es decir, es asentar que esas mujeres se degradan porque se dedican a este tipo de actividad.

Obviamente, la prostitución tiene que ver con el tipo de relaciones, con el tipo de sexualidad concreta, y también con una educación sexual, de hombres y mujeres diferentes, donde los hombres aparecen con una sexualidad más explícita y por lo tanto más conscientes de esas necesidades sexuales que no la educación que hemos recibido las mujeres, y que eso está ahí. Pero yo creo que no responde únicamente a eso; también se corresponde con una lógica mercantil o con una lógica de las sociedades mercantiles donde cada vez más toda una serie de servicios salen al mercado, donde tú puedes comprar y vender, y donde la gente va directamente a buscar lo que le interesa, que en este caso es la relación sexual. Yo creo que esa lógica mercantil también tiene mucho que ver con el aumento de la prostitución.

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(*) Artículo 188 del Código Penal: 1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.
2. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior, y además la pena de inhabilitación absoluta de seis a 12 años, a los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.
3. Si las mencionadas conductas se realizaran sobre persona menor de edad o incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación de prostitución, se impondrá al responsable la pena superior en grado a la que corresponda según los apartados anteriores.
4. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.