infoLibre, 27 de septiembre de 2021.
La semana que acaba de terminar nos ha dejado dos imágenes preocupantes de una España que sufre. El jueves, una mujer aquejada de una enfermedad degenerativa incurable se suicidó en un hotel de Madrid. Previamente había solicitado el derecho a una muerte digna que le asistía según la ley que despenalizó y reguló la eutanasia, aprobada por el Parlamento español y puesta en marcha a finales del pasado mes de junio. Había solicitado morir con dignidad y su médica aceptó al principio tramitar tal petición, pero cuarenta y ocho horas después optó por acogerse a la objeción de conciencia. En ese momento, el hospital donde esta paciente era tratada –el militar Gómez Ulla– ignoró sus alegaciones y la petición fue desestimada. Nadie le hizo caso, ni siquiera cuando, de la mano de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), hizo pública su situación. El Gobierno madrileño se refugió en un mutismo absoluto. Sólo había una salida, la de siempre: suicidarse en soledad y mediante recursos de ocasión, procurando no salpicar a ninguna persona que le hubiera apoyado en ese tramo, tan difícil pero tan lógico, de abandonar una vida que ya no era vida, sino un sufrimiento imposible de soportar.
