Domingo Martínez
Los derechos humanos en el Sáhara Occidental
(Página Abierta, 226, mayo-junio de 2013).

Desde que Marruecos ocupara militarmente el Sáhara Occidental, la violación de los derechos humanos de la población saharaui ha estado a la orden del día. Y ante el aumento de los atropellos contra la población saharaui, en los últimos años se han prodigado las denuncias de la sociedad civil internacional y de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Un episodio reciente y sin precedentes en este capítulo ha sido las  duras condenas impuestas a 24 activistas saharauis. Estos, acusados de matar a 11 policías marroquíes, fueron juzgados el pasado febrero por un tribunal militar de Rabat, a pesar de que el Código Penal marroquí estipula que los civiles acusados de un delito de esta naturaleza deben ser juzgados por un tribunal civil. Los procesados fueron detenidos tras el desmantelamiento, por las fuerzas de seguridad marroquíes, el 8 de noviembre de 2010, del campamento de protesta de Gdim Izik, erigido en las afueras de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental (1).

Finalmente, este tribunal militar condenó a ocho activistas a cadena perpetua; a cuatro, a 30 años de cárcel; a otros diez, a penas de entre 20 y 25 años; y a los dos últimos a dos años de cárcel. Unas penas desproporcionadas, sobre todo teniendo en cuenta que no existían pruebas para imputarles las muertes de los agentes, al margen de las confesiones arrancadas bajo tortura, una práctica que el presidente del tribunal rechazó investigar.

El desarrollo de este juicio –el mayor proceso a  saharauis desde que Rabat administra el territorio– mostró de nuevo que si en el propio Marruecos los derechos humanos siguen siendo una asignatura pendiente, en el Sáhara lo son mucho más. En este sentido, Bucharaya Beyún, el delegado saharaui en España, nos decía en una conversación que mantuvimos con él, que los condenados son chivos expiatorios y que con estas duras penas «Marruecos pretende aterrorizar a la población saharaui para que no se movilice. Esa una actuación característica de Marruecos dentro de su política de ocupación: aterrorizar y amedrentar a la población. Sobre todos los saharauis pende la amenaza de ser enjuiciados y condenados por un tribunal militar, porque todos se oponen a la ocupación militar del Sáhara por parte de Marruecos».   

La iniciativa de Estados Unidos

El conflicto del Sáhara volvió en abril pasado a la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU. A principios de ese mes, la embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, entregó el borrador de una resolución al Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, formado por Francia, Rusia, el Reino Unido y España. El texto establecía que la MINURSO, el contingente de la ONU desplegado en el Sáhara, debería supervisar el respeto de los derechos humanos por parte de Marruecos y del Frente Polisario. La MINURSO es la única misión de paz de Naciones Unidas que carece de competencias en esa materia. La propuesta estadounidense se debía aplicar no solo al 75% del territorio del Sáhara ocupado por Marruecos, sino a la franja del desierto controlada por el Polisario y también a los campamentos de Tinduf, en Argelia (2).

Desde el primer momento, Marruecos se opuso rotundamente a esta propuesta. Y para expresar su rechazo llegó incluso a anular unas maniobras militares conjuntas con las Fuerzas Armadas estadounidenses, denominadas African Lion, previstas para finales de abril. Para Marruecos, la iniciativa estadounidense suponía una «ofensa a su soberanía», y su rechazo fue secundado por partidos políticos, instituciones y hasta ONG de derechos humanos, con la excepción de la más importante, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos.

Ante lo que consideró un inesperado desafío estadounidense, Marruecos encontró dos aliados: España y Francia, las dos potencias que colonizaron el país hasta 1956. A ellas se sumó Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y también del llamado Grupo de Amigos del Sáhara. En cambio, la propuesta estadounidense fue aplaudida por las más prestigiosas ONG de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Fundación Robert Kennedy, e incluso por la Unión Africana.

Por su parte, y sin criticar la propuesta, el ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, se parapetó detrás de la posición franco-rusa. Abogó por el “consenso” y por que la embajadora Susan Rice presentase una nueva. Su entorno dejó caer que sería bueno que el Alto Comisionado para los Refugiados se ocupara de los derechos humanos en la zona, aunque no forme parte de sus atribuciones.

Ante la oposición de estos países, la embajadora Susan Rice dio marcha atrás, y propuso que no fuera la MINURSO sino el Alto Comisionado para los Derechos Humanos el que vigilara su cumplimiento en la zona, lo que equivalía a que la labor se ejerciera con menos medios. Con todo, este nuevo planteamiento no satisfizo tampoco a Marruecos –en la actualidad, miembro electo del Consejo de Seguridad– y a sus aliados, por lo que Rice puso finalmente sobre la mesa un texto de resolución que sí logró el consenso y fue aprobado el 25 de abril (Resolución 2009/2013). En él se subraya la necesidad de alentar el respeto de los derechos humanos, pero no se prevé ningún mecanismo para lograrlo (3).

Por otra parte, también a finales de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó la Misión de las Naciones Unidas para la celebración del Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), establecida en 1991, por un año más, sin incluir entre su mandato, claro está, competencias para la vigilancia de la situación de los derechos humanos.

Bucharaya Beyún nos explica que desde hace unos años los saharauis vienen demandado que exista algún mecanismo de vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. «Fundaciones, ONG y organismos de prestigio internacional, además de la ONU, han elaborado informes contundentes, demoledores, que demuestran que Marruecos viola constantemente los derechos humanos, y creemos que estos informes han influido en que EE. UU. diera el paso de presentar su iniciativa. Otro elemento que ha influido favorablemente en ello es que la señora Clinton dejase de ser ministra de Exteriores, pues tenía muy buena relación con Marruecos», añade.

Respecto a la renovación del mandato de la MINURSO un año más, el delegado saharaui opina que a pesar de que la propuesta inicial estadounidense no fue incluida en la resolución del Consejo de Seguridad, esto no significa que no se pueda avanzar en materia de derechos humanos en un futuro más o menos inmediato: «Tenemos un año, y en este tiempo se va a demostrar que Marruecos, por mucho que se haya comprometido con Francia en que va a respetar los derechos humanos, estoy seguro de que no lo va a hacer, porque eso contraviene su propia naturaleza. Y dentro de un año, ya no serán solo los estadounidenses, sino que serán muchos otros países los que solicitarán que se incluya en la MINURSO ese mandato de vigilar los derechos humanos. Esperemos que España esté entre esos países».

Por lo demás, en este mes de mayo, el Frente Polisario conmemora el 40 aniversario del inicio de su lucha por la independencia, en el marco de la legalidad internacional reconocida por la ONU en su resolución 1514 (XV) a los países y pueblos bajo dominación colonial. Para el Polisario, la celebración del referéndum de autodeterminación no debería sufrir más retrasos. Así lo expresa Bucharaya Beyún: «En estos cuarenta años, el objetivo del Frente Polisario ha sido luchar para que el pueblo saharaui decida. No hay otra salida. Que decida lo que quiere, si quiere la integración pura y dura en Marruecos, si quiere una autonomía con Marruecos o si quiere que Marruecos se marche del Sáhara Occidental».

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(1) Sobre estos hechos, ver los textos “En el Sáhara Occidental”, de José Naranjo, y “Nuevas claves en el conflicto del Sáhara Occidental”, de José Abu-Tarbush, y una entrevista a este último, en PÁGINA ABIERTA nº 211 (noviembre-diciembre de 2010).
(2) Haciéndose eco, más allá del equilibrio diplomático, de la opinión de la visión promarroquí de que, en esos campamentos, el Polisario tiene, en realidad, secuestrada a una parte de la población saharaui. 
(3) Aquí conviene destacar tres apartados de esta resolución como ejemplo del marco en el que se sitúa el Consejo de Seguridad de la ONU: «Reafirmando su compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y haciendo notar la función y las obligaciones que incumben a las partes a este respecto. Reconociendo que el logro de una solución política a esta controversia de larga data y la mejora de la cooperación entre los Estados miembros de la Unión del Magreb Árabe contribuiría a la estabilidad y la seguridad de la región del Sahel […] Reconociendo y acogiendo con beneplácito, a este respecto, las medidas adoptadas por Marruecos para reforzar las Comisiones del Consejo Nacional de Derechos Humanos en Dajla y El Aaiún, y la interacción que mantiene Marruecos con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluidos los previstos para 2013».