Septiembre de 2018
I. INTRODUCCIÓN
LA Gran Recesión ha tenido graves consecuencias socioeconómicas en muchos
países europeos, y en particular en España, al haber dejado a muchos ciudadanos
en una situación de pobreza y/o en riesgo de exclusión social. Por esta razón, y
también por el impacto de la automatización en el mercado de trabajo de la mayoría
de los países más desarrollados, los sistemas de renta mínima están en el centro del
debate público. De hecho, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea
ofrecen algún tipo de esquema de ingresos mínimos para garantizar un cierto nivel de
vida a hogares que carecen de otras fuentes de ingresos.
La aparición de estos sistemas, aunque reforzada en los últimos tiempos, se remonta
a 1992, cuando una recomendación del Consejo Europeo evaluó la necesidad de
desarrollar sistemas de último recurso que reconocieran el derecho básico de todos los
individuos a mantener un nivel de vida digno (1). Estos programas formaban parte de
una serie de planes integrales de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Desde
entonces, la implementación de los sistemas de renta mínima en los países europeos ha
sufrido cambios, tanto en cobertura como en población objetivo. Los esquemas denominados
simple comprehensive schemes (esquemas simples integrales) son los que ofrecen una
cobertura más amplia, pues cubren básicamente a todas aquellas personas o familias
que muestran no ser capaces de mantener un nivel de vida mínimo. Estos esquemas
no se circunscriben a colectivos específicos a diferencia de otros esquemas de renta
mínima (Frazer y Marlier, 2016). En 2008, el Consejo de Europa amplió el objetivo de
paliar la pobreza mediante la dotación de estas rentas (política pasiva) con medidas de
activación laboral adecuadas con el fin de facilitar la reincorporación al empleo de los
beneficiarios de estas prestaciones (políticas activas) (2).
Este trabajo evalúa un esquema de renta mínima simple e integral establecido en España
–la renta de garantía de ingresos (RGI) del País Vasco (3)–. Esta región fue pionera en la
introducción de rentas de inserción social en España en 1989. Actualmente, la RGI cuesta
alrededor de 450 millones de euros al año, un 4,5 por 100 del gastopúblico total en el País
Vasco, lo que equivale al 0,69 por 100 desu PIB.
Versiones más completas de los resultados aquí presentados pueden encontrarse en Gorjón
(2017) y De la Rica y Gorjón (2017). En el primero, se evalúa el grado de eficacia y eficiencia
de la RGI en su papel.
