La situación de Argentina en el año 2001 es catastrófica: tres años de recesión debido a la aplicación de una política neoliberal particularmente agresiva. En realidad, la decadencia de Argentina que comenzó bajo la dictadura militar (1976-1983) continuó durante casi veinte años en manos de los diferentes Gobiernos que la sucedieron. Contrariamente a una idea proclamada por algunos sectores, no ha habido una verdadera ruptura en la política económica después de la dictadura. Visto en perspectiva, en los últimos decenios, los avatares de los cambios de Gobierno no modificaron de manera significativa el camino regresivo que la clase dominante había trazado para la política económica del país.
La Argentina de hoy, comparada con la de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, ha cambiado sustancialmente. Ha sufrido una regresión como potencia industrial periférica, y hoy la mayoría de la población vive peor que hace treinta años. Entre el comienzo de la dictadura (marzo de 1976) y el año 2001, la deuda se multiplicó casi por veinte, pasando de menos de 8.000 millones de dólares a cerca de 160.000 millones. Durante ese mismo período, Argentina reembolsó alrededor de 200.000 millones de dólares, o sea, cerca de veinticinco veces lo que debía en marzo de 1976.
Argentina demuestra hasta el extremo el carácter vicioso e infernal del endeudamiento del Tercer Mundo (y el de la periferia en general). A causa del pago, y no a pesar de él, el país debe en 2001 cerca de veinte veces lo que debía a principios de la dictadura (gran parte de los préstamos han servido para refinanciar deudas anteriores que vencían o para asegurar el pago de los próximos vencimientos). Los pagos de la deuda argentina han sido, y son todavía, un formidable mecanismo de transferencia de riqueza producida por los asalariados hacia los dueños del capital (sean argentinos o residentes de los países más industrializados, comenzando por EE UU y Europa occidental). El mecanismo es simple: el Estado argentino consagra una partida cada vez más importante de los ingresos fiscales (cuya mayor parte proviene de los impuestos pagados por el pueblo) al reembolso de la deuda externa y a las múltiples ventajas que otorga al sector capitalista. ¿Quién recibe los pagos efectuados por el Estado argentino?: las grandes instituciones financieras internacionales, que poseen más del 80% de la deuda externa argentina. El colmo es que, vía mercados financieros norteamericanos y europeos, sobre los que se emiten los préstamos, los capitalistas argentinos compran los títulos de la deuda de su propio país con el dinero que han sacado de él, y reciben, por tanto, una parte de los reembolsos.
Más adelante, en este texto, veremos que los capitalistas argentinos se endeudaron alegremente durante la dictadura y han colocado una buena parte de ese dinero en el extranjero (vía fuga de capitales): la suma de los capitales colocados por los capitalistas argentinos en los países más industrializados y en los paraísos fiscales durante la dictadura es superior a los montos de las deudas contraídas (1). Sólo en el período 1980-1982, las fugas de capital han llegado, según el Banco Mundial, a más de 21.000 millones de dólares (Rappoport, p. 825). Y un enorme regalo a los capitalistas argentinos (y extranjeros): sus deudas fueron asumidas por el Estado al final de la dictadura.
Desde entonces la deuda del Estado se ha agrandado con el peso de la deuda de las empresas privadas, ya que el mismo Estado asumió el compromiso frente a los acreedores. A partir de esa época, los capitalistas argentinos han mantenido esa política de evasión de capitales como si se tratara de un deporte nacional. A tal punto, que se podría organizar un campeonato latinoamericano de evasión de capitales y el equipo argentino podría ganarlo, pese a que se encontrará con rivales importantes (los capitalistas brasileños, mexicanos y venezolanos son peligrosos en esta materia).
Por otro lado, las deudas de las empresas públicas, que habían aumentado también significativamente por decisión de la dictadura, no se cancelaron, salvo cuando se emprendió su privatización. Los Gobiernos posteriores a la dictadura usaron el pretexto del endeudamiento de las empresas públicas para privatizarlas, tomando la "precaución" de que el Estado asumiera sus deudas antes de privatizarlas (ver más adelante el caso de Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea argentina). Se trata, pues, de otro regalo al capital argentino o extranjero.

Un país desangrado

Después de un cuarto de siglo con ese escenario, el país está desangrado. Los salarios y los beneficios sociales han caído terriblemente; el desempleo es altísimo; los servicios públicos se encuentran en un estado lamentable; la pobreza se extiende a sectores cada vez mayores de la población (incluyendo a sectores que en el pasado vivían con un cierto confort); las arcas del Estado se hallan vacías; y una gran parte del aparato productivo está abandonado, y el resto en manos extranjeras. Ya no queda gran cosa para privatizar. La protesta social ya se manifiesta (varias huelgas generales desde 2000, cierre de rutas por los "piqueteros", revueltas en ciudades depauperadas y de barrios enteros).
Claramente, Argentina es uno de los eslabones débiles de la cadena del endeudamiento internacional. Posiblemente la cadena se romperá gracias a este país. Pero no hay nada ineluctable. La crisis puede prolongarse durante años. Los golpes que recibieron durante la dictadura, entre 1973 y 1983, las organizaciones de trabajadores y los movimientos sociales en general, todavía mantienen sus efectos, y si bien el pueblo argentino tiene cien razones para decir "¡ya basta!", parece dudar ante un resultado imprevisible. Los dirigentes sindicales no juegan a fondo en esta batalla fundamental.
Sin embargo, visto desde una perspectiva internacional, un cambio de actitud de Argentina respecto a la deuda tendría repercusiones enormes [...].
Con el fin de facilitar la comprensión de cómo se llegó a la situación actual, en lo que concierne al endeudamiento, a continuación se presenta una vista en perspectiva histórica, que comienza con la dictadura.

Endeudamiento y dictadura militar

El período durante el cual la deuda argentina explotó literalmente corresponde al de la dictadura militar del general Videla (1976-1981). La política económica promovida por Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, a partir del 2 de abril de 1976 marca el inicio de un proceso de destrucción del aparato productivo, y crea las condiciones para una economía especulativa que desbastó el país.
La mayor parte de los préstamos otorgados a la dictadura argentina provenían de bancos privados del Norte. Éstos contaban con el total acuerdo de las autoridades de EE UU (tanto de la Reserva Federal como de la Administración norteamericana). Los "maestros" argentinos de la política de endeudamiento eran el ministro en Economía, Martínez de Hoz, y el secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica, Guillermo Walter Klein. Para obtener préstamos de los bancos privados, el Gobierno exigía de las empresas públicas argentinas que se endeudaran con los banqueros privados internacionales. Las empresas públicas se convirtieron, entonces, en una palanca fundamental para la desnacionalización del Estado, a través de un endeudamiento que entrañó el abandono de una gran parte de la soberanía nacional.

Endeudamiento forzado de las empresas públicas

Tanto es así que, por ejemplo, la principal empresa pública argentina, la petrolera YPF (Yacimiento Petrolíferos Fiscales), fue forzada a endeudarse en el exterior, aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo. En el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete años más tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de dólares. Se multiplicó por dieciséis en siete años.
Casi ningún monto de esa deuda en divisas extranjeras fue a parar a la caja de la empresa; quedaron en manos de la dictadura. Bajo ésta, la productividad del trabajador de YPF aumentó un 80%. La plantilla se redujo de 47.000 a 34.000 trabajadores. La dictadura, para aumentar las entradas en sus arcas, bajó a la mitad el dinero por comisiones que iba destinado a YPF por la venta de combustibles. Es más, YPF fue obligada a refinar el petróleo que extraía en las multinacionales privadas Shell y Esso, aunque podía, dada su buena situación financiera al comienzo de la dictadura, dotarse de una capacidad de refinación acorde a sus necesidades (complementando la de sus refinerías de La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Huincul). En junio de 1982, todo el activo de la sociedad estaba prendado por las deudas.

El endeudamiento del Estado

Los responsables económicos de la dictadura y del FMI justificaron el endeudamiento masivo del Estado argentino alegando que era la forma de aumentar sus reservas en divisas extranjeras, para sostener una política de apertura económica. Con una buena gestión económica, el aumento de las reservas internacionales del Estado argentino debería haber sido el producto de las actividades de intercambio en el mercado mundial. Las reservas internacionales anunciadas por la dictadura argentina provenían del endeudamiento.
Las reservas no eran ni administradas ni controladas por el Banco Central. De manera general, los empréstitos por sumas fabulosas contratados con los banqueros del Norte eran inmediatamente recolocados como depósitos en estos mismos bancos o en otros bancos competidores. El 83% de estas reservas fue colocado, en 1979, en instituciones bancarias de fuera del país. Las reservas se elevaron a 10.138 millones de dólares, y los depósitos en los bancos exteriores a 8.410 millones. El mismo año, la deuda externa pasaba de 12.496 millones de dólares a 19.034 millones (Olmos, 1990, pp. 171 y 172). En todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al interés pagado por la deuda.
La lógica de esta política para las autoridades que la aplicaron era:
1. El enriquecimiento personal gracias a las comisiones pagadas por los banqueros del Norte.
2. Se trataba de aumentar las reservas internacionales para sostener el importante aumento de las importaciones, sobre todo la compra de armas.
3. La política de apertura económica y endeudamiento recomendada por el FMI permitía a la dictadura argentina mejorar su credibilidad internacional ante los principales países industrializados, comenzando por EE UU. La dictadura no habría podido mantener el régimen de terror interno en los primeros años (1976-1980) sin la bendición de la Administración norteamericana.
Por su parte, la Reserva Federal de EE UU estaba más que inclinada a apoyar la política económica de la dictadura argentina cuando una gran parte del dinero de la deuda estaba depositada en los cofres de los bancos norteamericanos. Desde el punto de vista de la Administración estadounidense y del FMI, el endeudamiento argentino hacía volver al regazo norteamericano a un país que durante décadas había afirmado un nacionalismo crítico y había conseguido un cierto despegue económico durante el régimen peronista.

Confusión de funciones

El secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica, Guillermo Klein, ocupó esta función desde 1976 hasta marzo de 1981. En el mismo período, dirigió una oficina de estudio privada que representaba en Buenos Aires los intereses de los acreedores extranjeros. Aunque cuando entró en funciones su oficina no representaba más que a un banco, el Scandinavian Enskilda Bank, algunos años más tarde representaba los intereses de 22 bancos extranjeros.
En marzo de 1981, sale de su puesto de secretario de Estado, al mismo tiempo que Viola reemplazaba a Videla a la cabeza de la dictadura. Pocas semanas más tarde, el 7 de abril de 1982, cinco días después de la ocupación de las Malvinas por el Ejército argentino y de declarada la guerra contra Gran Bretaña, fue designado como apoderado en Buenos Aires de la sociedad anónima británica Barclays Bank Limited, que era, además, uno de los principales acreedores privados de la deuda pública y privada argentina. A la caída de la dictadura, y tras el acceso al poder de Alfonsín en 1984, su estudio quedó como defensor de los intereses de los acreedores extranjeros.

La posdictadura: el Gobierno Alfonsín y la impunidad

El Banco Central argentino declaró que no tenía registro de la deuda externa pública, lo que hizo que las autoridades argentinas que sucedieron a la dictadura tuvieran que basarse en las declaraciones de los acreedores
extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura, sin que éstos pasasen por el control del Banco Central.
A pesar de todo, después de la caída de la dictadura, el nuevo régimen presidencial de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la deuda, tanto privada como pública, contraída durante el régimen militar. Cuando los militares torturadores obtuvieron la impunidad, los responsables económicos de la dictadura se beneficiaron de la misma clemencia. Más grave todavía: la mayoría de los altos funcionarios de la economía y de las finanzas quedaron en el aparato del Estado, y algunos incluso fueron promocionados.

El Estado asume la deuda de las empresas privadas

Las empresas privadas argentinas y las filiales de las multinacionales extranjeras fueron incentivadas también a endeudarse. La deuda privada total se elevó a más de 14.000 millones de dólares. Figuran entre las empresas privadas endeudadas las filiales argentinas de sociedades multinacionales como Renault Argentina, Mercedez-Benz Argentina, Ford Motor Argentina, IBM Argentina, City Bank, el First National Bank of Boston, el Chase Manhattan Bank, el Bank of America, y el Deustsche Bank.
El Estado argentino pagó a los acreedores privados de estas empresas: Renault France, Mercedez Benz, City Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America, First Nacional Bnak of Boston, Crédit Lyonnais, Deustsche Bank, Société Générale. En resumen, el contribuyente argentino pagó la deuda contraída por las filiales de las multinacionales con sus casas matrices o con los banqueros internacionales. Se puede sospechar que las multinacionales en cuestión crearon una deuda de sus filiales argentinas por un simple juego de contratos. Los poderes públicos argentinos no tienen ningún medio de control.

La ola de privatizaciones

El Gobierno de Menem, que sucedió al de Alfonsín, se lanzó a una política generalizada de privatizaciones entre 1990 y 1992, liquidando literalmente una gran parte de su patrimonio nacional. Se estima que ello representó una pérdida de 60.000 millones de dólares. Menem pretextó el endeudamiento formidable de las empresas públicas argentinas para justificar la venta de éstas a los ojos de la opinión pública nacional. La mala situación financiera fue debida a la política de endeudamiento forzado que las autoridades económicas de la dictadura habían impuesto, y, como mencioné más arriba, la parte principal de las sumas de la deuda jamás llegó a las cajas de las empresas. Menem confió al banco norteamericano Merril Lynch la evaluación del valor de YPF. Merril Lynch, deliberadamente, redujo en un 30% las reservas petroleras disponibles, y trató de subestimar el valor de YPF antes de su puesta en venta. Una vez que la privatización fue realizada, la parte de las reservas ocultadas reapareció en las cuentas. Los operadores financieros que habían comprado a bajo precio las acciones de la empresa pudieron obtener fabulosas ganancias gracias al aumento de la cotización en Bolsa de las acciones de YPF. Esta operación permitió alabar ideológicamente la superioridad de lo privado sobre lo público (2).
Además de YPF (vendida a la multinacional petrolera española Repsol en 1999), se liquidó otra flor argentina. Se trata de la empresa Aerolíneas Argentinas (vendida a la compañía aérea española Iberia). Los Boeing 707 que eran parte de su flota se vendieron simbólicamente por un dólar (1,54 dólares exactamente). Algunos años después siguen sirviendo en las líneas de la compañía privatizada, pero Aerolíneas Argentinas debe pagar un leasing [arrendamiento con opción a compra] para utilizarlos. Los derechos de uso de las rutas aéreas de la compañía, de un valor de 800 millones de dólares, se han estimado en 60 millones solamente. La empresa fue cedida a Iberia por un monto líquido de 130 millones de dólares; el resto lo constituyeron las anulaciones de créditos de la deuda. Iberia pidió créditos para comprar la empresa, y la totalidad de deuda contraída la transformó en deuda de la nueva entidad, Aerolíneas Argentinas, que, de golpe, se encontró endeudada desde el origen de su operación. En el año 2001, Aerolíneas Argentinas, propiedad de Iberia, estaba al borde de la quiebra por culpa de sus nuevos propietarios.
La privatización de Aerolíneas es un caso paradigmático. Todas las empresas privatizadas fueron liberadas del paquete de sus deudas, deudas que fueron asumidas por el Estado.

Proceso contra la dictadura

El escándalo de la deuda argentina suscitó, en los años siguientes a la dictadura, el interés de los ciudadanos. El Gobierno civil que sucedió al de la dictadura constituyó una comisión parlamentaria que, después de un año y medio de trabajo, fue disuelta. Sus resultados ponían en riesgo la política económica de Alfonsín, que había decidido, entretanto, la estatización de la deuda. El presidente Menem, también a su tiempo, había despotricado contra los responsables del endeudamiento; pero una vez en el poder, abandonó toda veleidad de revolver un tema que de ahí en adelante fue tabú.
A pesar de estos compromisos y evasivas, se inició un proceso judicial, como resultado de una denuncia hecha en octubre de 1982 por un ciudadano argentino, Alejandro Olmos, cuando Argentina vivía todavía bajo la dictadura. Pese a todas las dificultades, el proceso acabó por definirse en julio de 2000.
Este periodista valiente e infatigable consiguió que el asunto de las responsabilidades del endeudamiento del país fuese objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales. Se han celebrado ya múltiples juicios contra los responsables económicos de la dictadura y los responsables de las empresas públicas. El estudio de Guillermo Klein fue objeto de investigaciones, y una gran cantidad de documentación relativa al período de la dictadura fue embargada y guardada en las cajas fuertes del Banco Central.
El fallo del 13 de julio de 2000 no produjo ninguna condena a personas (fundamentalmente en razón de la prescripción), pero reveló la magnitud del escándalo que constituye la deuda argentina.
El fallo de 195 páginas emitido por el juez Ballestero confirma una serie de acusaciones extremadamente importantes.
El FMI ha apoyado activamente a la dictadura argentina, especialmente proporcionándole uno de sus altos funcionarios, Dante Simone (Poder Judicial de la Nación, 13/07/2000, pp. 31-32; p. 106; p. 109; p. 127).
La Reserva Federal ha servido de aval ante los bancos privados de su país, a fin de que esos bancos presten dinero a la dictadura. La Reserva Federal ha sido, además, la intermediaria en una serie de operaciones del Banco Central Argentino (p. 127).
Mientras la dictadura endeudaba al Tesoro Público y a las empresas públicas, permitía a los capitalistas argentinos colocar en el extranjero considerables cantidades de capital. Entre 1978 y 1981, más de 38.000 millones de dólares habrían salido de Argentina de manera «excesiva o injustificada». Ello estaba permitido fundamentalmente por el hecho de que cada residente argentino podía comprar 20.000 dólares por día, cantidad que podía, a continuación, ser colocada en el extranjero (p. 56-58).
En pocas palabras, el Estado se endeudaba mientras que los capitalistas descapitalizaban alegremente al país. «Aproximadamente el 90% de los recursos provenientes del exterior vía endeudamiento de empresas (privadas y públicas) y del Gobierno fueron transferidos al exterior en operaciones financieras especulativas» (p. 102). Importantes sumas tomadas prestadas de bancos privados de EE UU y Europa occidental se depositaron a continuación en esos mismos bancos.
Las empresas públicas como YPF han sido sistemáticamente puestas en dificultades (p. 130). El régimen de transición "democrática" que sucedió a la dictadura transformó la deuda de empresas privadas en deuda pública de manera totalmente ilegal (p. 152), lo que significa que debería ser posible prever esta decisión. Entre las empresas privadas cuyas deudas fueron asumidas por el Estado, 26 eran empresas financieras. Entre ellas figuraban numerosos bancos extranjeros instalados en Argentina: Citi Bank, First National Bank of Boston, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America (pp. 155-157). Lo que significa que el Estado argentino, endeudado con esos bancos, decidió asumir las deudas de ellos. Sin comentarios.
Un ejemplo preciso de convivencia entre un banco privado del Norte y la dictadura argentina es el del Chase Manhattan Bank. Entre julio y noviembre de 1976, este banco recibió mensualmente depósitos de 22 millones de dólares (esos montos aumentaron posteriormente), por los que recibió un interés del 5,5%. Durante ese período, y al mismo ritmo, el Banco Central argentino tomó préstamos del mismo banco de EE UU, el Chase Manhattan Bank, a un interés del 8,75% (p. 165).
Las conclusiones del fallo son demoledoras para la dictadura, para los regímenes que la han sucedido, para el FMI, para los acreedores privados...
La sentencia emitida por el tribunal enuncia claramente que «la deuda externa de la nación (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar a empresas y negocios privados y a sostenerlos -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de ellas» (p. 195).

Una deuda odiosa e ilegítima

El fallo debería servir de base para una acción decidida, para el no pago de la deuda exterior pública argentina y para su anulación. Esa deuda es odiosa e ilegítima. Los acreedores no tienen derecho a continuar recibiendo el servicio de ese tramo de la deuda. Sus créditos son nulos.
Como las nuevas deudas contraídas desde 1982-1983 sirvieron esencialmente para reembolsar las anteriores, ellas mismas están teñidas de ilegitimidad. Argentina puede apoyarse perfectamente en el Derecho internacional para justificar la decisión de no pagar su deuda externa. Varios argumentos jurídicos pueden ser invocados, entre los cuales cabe citar: la noción de deuda odiosa (la deuda argentina fue contraída por una dictadura culpable de crímenes contra la Humanidad, y los acreedores no pueden alegar desconocimiento de ello); la fuerza mayor (al igual que los otros países endeudados, Argentina se enfrentó a un cambio brutal de situación a causa de la decisión de aumentar las tasas de interés en forma unilateral por parte de EE UU a partir de 1979); y el estado de necesidad (las finanzas argentinas impiden la prosecución del pago, ya que éste imposibilita el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la firma de pactos internacionales en lo que respecta a los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos).
La suspensión de los pagos de la deuda debe ser completada con otras medidas esenciales. He aquí algunas propuestas para el requerido debate.
Primera, la exigencia de una investigación internacional sobre los activos acumulados ilegítimamente por residentes argentinos y colocados en el extranjero (según el BIS, los depósitos de capitalistas argentinos en bancos de los países más industrializados alcanzan, grosso modo, 40.000 millones de dólares) (3). El objetivo es recuperar la máxima cantidad posible de fondos sustraídos a la nación.
Segunda, la implantación de medidas de control sobre los movimientos de capitales y operaciones de cambio, a fin de impedir que continúe la fuga de capitales y para protegerse de ataques especulativos.
Tercera, la puesta en marcha de una política fiscal redistributiva: impuesto excepcional sobre el patrimonio del sector más rico de la población, impuestos sobre las ganancias del capital, disminución del IVA sobre los productos y servicios de base...
Cuarta, derogación de los decretos y leyes que impongan una reducción de los salarios y jubilaciones (y de otras prestaciones sociales). Defensa y refuerzo del sistema de seguridad social. Asegurar un ingreso mínimo y garantizado para todos los desocupados y aumentar los salarios y las jubilaciones para recrear el poder adquisitivo es la condición básica de cualquier alternativa progresista al curso actual. La "confianza de los consumidores" se recupera derogando la reforma laboral y asegurando la estabilidad del empleo y no esperando el "derrame" de los beneficios que obtengan los empresarios.
Quinta, estatización de las empresas privatizadas indebidamente, comenzando por las correspondientes a los sectores estratégicos (energía, petróleo, comunicaciones...) En el plano internacional, favorecer la constitución de un frente de los países endeudados, desarrollar las complementariedades y los intercambios Sur-Sur; oponerse de manera enérgica al ALCA; oponerse a la ofensiva militar de EE UU (bases militares; pantalla antimisiles de Bush, que intentará crear una base estratégica en el Cono Sur; Plan Colombia); apoyar las iniciativas a favor de la imposición de una tasa tipo Tobin sobre las transacciones financieras internacionales.
Las distintas propuestas que anteceden constituyen pistas sobre una alternativa al modelo neoliberal. No se trata de un programa para tomar o dejar. Se trata de mostrar que existen soluciones si se desea dar la espalda a la lógica infernal del endeudamiento eterno y a la dependencia, que cada vez es más acentuada.

(Página Abierta, nº 123, febrero de 2002)

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(1) Se puede encontrar la explicación técnica de ese fenómeno en varias obras de los autores: A. y E. Calcagno; Aldo Ferrer; M. Rappoport, 2001, pp. 813-814, y en el fallo del juez Ballestero, Poder Judicial de la Nación, 2000).
(2) El mismo banco norteamericano Merril Lynch fue encargado por el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso para que en 1997 evaluase la principal sociedad pública brasileña, la Vale do Río Doce (empresa minera). Merrill Lynch fue acusado por numerosos parlamentarios brasileños de haber devaluado en un 75% las reservas de minerales de la empresa. (Fuente: O Globo, 8/4/97, Brasil).
(3) Ver BIS, "Quarterly Review: International Banking and Financial Market Developments". June 2001. www.bis.org