Fabián Laespada
Erradicar la tortura
(El Correo, 2 de julio de 2006)
El pasado 26 de junio se celebró el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. El hecho de que la ONU incluyese esta reivindicación en ese calendario solidario nos interpela a todos los que creemos que la tortura es absolutamente rechazable, perfora la base de los derechos humanos e impregna de indignidad al propio sistema democrático que la utiliza, aun cuando sea ocasionalmente. Es por ello que desde Gesto por la Paz queremos aportar esta breve reflexión.
Resulta necesario, pues, reparar en la oscura realidad del mundo de los calabozos y prisiones, lugares donde, al parecer, no siempre interesa pergeñar una observancia y discernimiento crítico, bien sea porque no dudamos de la adecuada custodia de los detenidos, bien porque rechazamos de plano cualquier sospecha de irregularidad con el pretexto de que siempre los detenidos formulan una acusación generalizada de trato inhumano y vejatorio, así como sometido a tortura sistemática. Creemos, en consecuencia, que es un tema muy delicado que, a su vez, nos exige abordarlo con tanta cautela como convicción, dada la gravedad de los indicios que apuntan a una realidad inasumible en democracia: la tortura y/o malos tratos siguen existiendo en centros de detención y cárceles. No en vano, y corroborando esta dura afirmación, el Tribunal Supremo ha dictado una veintena de sentencias condenatorias de torturas desde 1997 y se han sobreseído bastantes denuncias que, a nuestro juicio, presentaban claros indicios de, cuando menos, trato abusivo y absolutamente desproporcionado. Las autoridades competentes deberían mostrar mayor coraje al enfrentarse a una investigación a fondo ante una denuncia. La justicia no puede desdeñar cada supuesto caso de malos tratos bajo la excusa de que todos los detenidos del entorno de Batasuna presentan automáticamente denuncia por el trato recibido.
Nos encontramos, en efecto, ante un grave problema del cual no nos podemos sustraer con un juicio de valor sobre las acciones supuestamente cometidas por los detenidos. Como ciudadanos que creemos en el máximo respeto a los derechos humanos y en el Estado de derecho, así como de la aplicación justa de la ley, hemos de manifestar con absoluta claridad nuestro rechazo inequívoco a la práctica de cualquier maltrato o tortura que pueda ejercerse en cualquier comisaría o prisión del Estado. No podemos obviar que una persona torturada o maltratada es una víctima injusta de quienes detentan el uso de la violencia legítima, aplicada por los funcionarios encargados de la seguridad de todos. Obviamente, también de las personas que ellos detienen.
Creemos, así pues, que al margen de los delitos cometidos, las personas detenidas son sujetos de derechos y cuya integridad ha de ser exquisitamente respetada en cualquier circunstancia. Esta afirmación parece una obviedad, algo que se supone y que, sin embargo, no siempre se cumple, o cuando menos existen demasiadas reservas a la hora de evaluar el comportamiento de las autoridades encargadas de la custodia de los detenidos, tal y como se desprende de diferentes informes -de autoría prestigiosa y fuera de toda sospecha- como el del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, o las sucesivas investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional. Lamentan, en ambos casos, las reticencias con las que se encuentran en su investigaciones, los difusos informes forenses, donde no se aportan ni fotografías ni analíticas que a la postre resultarían determinantes para disipar o confirmar cualquier sospecha de tortura.
En Gesto por la Paz tenemos la convicción de que no se tortura sistemáticamente, pero albergamos la sospecha de que algo ocurre en esos espacios de impunidad que acarrea la incomunicación. Ha habido en estos últimos años indicios reveladores de -cuando menos- tratos inhumanos hacia varias personas que han sido detenidas. Y resulta francamente difícil probar la existencia de torturas, porque por un lado se ha sofisticado el sistema de presionar físicamente al detenido y, por otro, éste difícilmente puede mostrar secuelas externas tras permanecer varios días arrestado. Una dura realidad añadida al dolor de haber sido vejado.
Por otra parte, hemos de rescatar noticias que pasan desapercibidas a menudo y que no pueden obviarse. Hace un año ascendieron a comisario a un policía condenado a tres meses de arresto y dos años de suspensión de empleo y sueldo por las torturas con resultado de muerte ejercidas sobre el presunto etarra J. Arregi. En Gesto por la Paz siempre hemos defendido el derecho de reinsertarse a cualquier persona que ha delinquido, pero nos cuesta asimilar por un lado una sentencia tan liviana ante semejante brutalidad y, por otro, un ascenso en una profesión en la que tiene que resultar exquisito el trato al detenido. Del mismo modo, se han producido algunos indultos incomprensibles a la luz del tratamiento general que se da en este tipo de delitos. Así pues, creemos que resulta indispensable una declaración nítida por parte del Gobierno español que proclame absolutamente ilegal la tortura, el maltrato y la crueldad en dependencias policiales o penitenciarias, y que comprometa su palabra en la lucha decidida por la erradicación de esas supuestas actividades. Igualmente, toda denuncia por torturas habrá de investigarla con prontitud y valentía, para que alejemos el fantasma de un Estado que utiliza métodos ilícitos con los detenidos y, de paso, no alimenten los argumentos de quien ve en el Estado un sujeto represor violento.
Independientemente de que ETA haya sido -y pueda seguir siendo- una verdadera lacra y un reguero de dolor y a la inmensa mayoría de vascos se nos agiten las entrañas cada vez que asoman por algún rincón, el problema de la tortura y malos tratos se puede y se debe erradicar de una vez por todas en nuestro país. Los espacios de incomunicación se pueden -y se deben- grabar, con todas las cautelas necesarias, para que se demuestre ante la autoridad judicial el trato dispensado al detenido. Los informes médicos deberían redactarse por profesionales independientes de Instituciones Penitenciarias. Se puede asignar también a un responsable policial, persona que responderá en todo momento de la integridad de su custodiado. Y no estaría de más que al personal policial encargado de los interrogatorios se le informe convenientemente de que también los detenidos gozan de los derechos que garantizan su integridad.