El Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha concedido a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) una prórroga de cuatro años de funcionamiento, a partir del 5 de julio de 2009. En este día expiraba su permiso de explotación que le fue renovado por 10 años en 1999, para disgusto de los ecologistas. Ya entonces se pensaba que esta central de la primera generación, inaugurada por Franco y que empezó a funcionar en 1971, tenía serios problemas de seguridad.

             A finales de los noventa, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyas decisiones son vinculantes en caso de ser negativas, ya otorgaba licencias por diez años para dar más seguridad a los explotadores de centrales nucleares, actuación que se prolonga hasta nuestros días. Esto no fue siempre así, puesto que en la primera época de su funcionamiento, cuando el presidente del CSN era Donato Fuejo, médico de profesión, las licencias eran de un año. De esa forma el  CSN y el Gobierno tenían más oportunidades para proceder a revisiones profundas del estado de la seguridad de las nucleares y tenían más capacidad jurídica para actuar.

El dictamen del CSN

             La decisión tomada por el Gobierno viene a corregir el dictamen del CSN del 5 de junio en que, a punto de agotar el plazo legal, prorrogó la licencia de Garoña por 10 años, condicionada a la realización de una serie de mejoras. El dictamen del CSN era realmente sorprendente a la vista del informe que elaboraron sus técnicos. En él se reflejaban una serie de deficiencias, algunas de las cuales tendrían que haber estado resueltas para el día 5 de junio de 2009, que mostraban que la central no está en buenas condiciones de seguridad.

             En efecto, de las diez condiciones que el CSN había puesto a Nuclenor, empresa propietaria de la central (50% de Endesa y 50% de Iberdrola), todavía quedaban dos muy importantes por ser satisfechas: el cambio de kilómetros de trenes de cables y la reparación del sistema de ventilación de emergencia de la contención. A nadie se le oculta que los cables son claves para la seguridad de la planta y que la ventilación de emergencia es vital, como se demostró, por ejemplo, durante el accidente de la Isla de las Tres Millas en 1979. En su informe,  el CSN emplazó a Nuclenor a arreglar estos dos defectos  en 2011. Además, el CSN le daba a Nuclenor hasta 2013 para reparar otros elementos como el sistema de protección contra incendios, que ya presentaba problemas a mediados de los noventa, el aislamiento de gases radiactivos de la sala de control, donde se encuentran los operadores, y los tubos por donde penetran las barras de control, que son los verdaderos frenos de la central.

             El cuadro es tal que no deja de extrañar que en estas condiciones el CSN permita seguir funcionando a la central. Y eso que no se dice nada de cómo paliar el problema de corrosión que afecta a varios elementos del circuito primario.

             Por si todo esto fuera poco, el CSN hurtó su decisión a la opinión pública para que no influyera en las elecciones europeas del 7 de junio. Quizá porque los consejeros pertenecen a partidos a los que no interesaba el debate nuclear en época electoral: dos al PP y uno a CiU, formaciones ambas que están a favor de la energía nuclear y de la continuidad de Garoña, y dos al PSOE, partido que está dividido respecto a este tema. La transparencia es una de las exigencias legales del funcionamiento del CSN, claramente insatisfecha durante todo el periodo de evaluación del estado de la central, en que no se ha hecho público ni un solo informe. Además, todo el proceso de evaluación y de decisión se realizó violando la nueva Ley de Seguridad Nuclear, que contempla la creación de un Consejo Asesor con participación de los grupos ecologistas y ciudadanos.

             El dictamen final del CSN, por otra parte, no sorprendió a nadie porque tal organismo aprobó ya en 1999 las reparaciones chapuceras del núcleo del reactor y porque ya desde 2008 sus altos responsables manifestaban públicamente que Garoña se encontraba en perfectas condiciones de seguridad. Y sin embargo, en el último año se han producido nueve paradas no programadas por fallos en diferentes sistemas, lo que contradice abiertamente estas afirmaciones.

La decisión del Gobierno

             Todavía quedaba la posibilidad de que el dictamen inadmisible del CSN fuera enmendado por el Gobierno. Éste tenía hasta el 5 de julio para decidir si refrendaba la decisión de ese organismo, si cerraba la planta de inmediato, o si lo hacía en un plazo de dos años que diera ocasión a la central de agotar el uranio cargado recientemente. La decisión tomada finalmente por el Gobierno le otorgaba cuatro años de vida, hasta 2013.

             Se trata de un grave error, desde varios puntos de vista. En primer lugar tenemos el problema de la seguridad. A la vista del informe del CSN, el Gobierno podría haber corregido elegantemente al organismo regulador, sin ni siquiera contradecirlo, sólo haciendo gala de su carácter antinuclear. De esta forma nos libraría a todos de un creciente riesgo de accidente.

             En segundo lugar, es un error desde el punto de vista político. Esta decisión no deja contento a nadie, ni a la industria nuclear ni a los antinucleares. El proverbial talante negociador de Zapatero le ha jugado aquí una mala pasada. Sobre la continuidad de Garoña no cabía negociación alguna. Todos nos jugamos mucho como para admitir componendas entre medias de los dos y los diez años. Personalmente pienso que la postura de admitir hasta dos años de vida es sensata, pero más allá de eso es injustificable.

             La situación de la central es tal que aconseja su cierre lo antes posible, pero cabe argumentar que se le concedió permiso para realizar su última recarga de combustible y, ante el dictamen del CSN que siega la hierba debajo de los pies del antinuclear Zapatero, dos años eran un mal menor. No existen razones que sostengan la prórroga del permiso por cuatro años: o se conceden dos, si se acepta el anterior razonamiento, o diez si se aceptan las premisas del CSN. Y esto a pesar de las declaraciones del ministro Sebastián, según las cuales la decisión de cerrar Garoña en 2013 es «políticamente coherente, laboralmente responsable, técnicamente justificable y energéticamente asumible». Estas afirmaciones son aplicables a una prórroga de dos años, pero no más allá. De esta forma el Gobierno pierde apoyos a su izquierda y a su derecha. Si Zapatero quería hacer algún guiño a los amplios sectores antinucleares de la población española, que siguen siendo mayoritarios, ha perdido una ocasión de oro.

             Además, el PSOE ha incumplido su programa electoral, puesto que no cierra ninguna central en estas dos legislaturas. Si no se ha atrevido con Garoña, la más pequeña (1) y la más antigua, ¿qué hará cuando las otras centrales vayan envejeciendo?

             Esta central es prescindible, porque sólo produce el 1,3% de la electricidad, la tercera parte de lo que se exportó en 2008, y está amortizada, por lo que su cierre no debería costar un euro a los ciudadanos. La amortización de las centrales más antiguas se produjo en torno a los 25 años de funcionamiento gracias, en buena medida, a las aportaciones extras que ha recibido la energía nuclear en este país. Hasta 1997 funcionaba el Marco Legal Estable, en que se pagaba el kilovatio/hora (kWh) al precio fijado por el productor. Además, las empresas poseedoras de las centrales recibían unos pingües ingresos directos o indirectos por los pagos de la moratoria nuclear (4,5% del recibo de la luz), por el almacenamiento del uranio (1% de la factura eléctrica) y por la gestión de los residuos radiactivos (entre el 0,7 y el 1,2% del recibo de la luz).

             Por si esto fuera poco, en 1999 se firma el protocolo eléctrico por el que el Gobierno otorga a las eléctricas 1,3 billones de pesetas de la época en concepto de los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC). Es difícil de precisar, pero entre el 70 y el 80% de los CTC fueron directamente a subvencionar la energía nuclear. El hecho de que Garoña ya esté amortizada, en buena medida gracias al esfuerzo de todos los consumidores, supone que Nuclenor obtiene un beneficio del 70%, sin parangón en ninguna otra actividad industrial. Esto es así porque las dos terceras partes del precio del kWh nuclear van precisamente a la amortización de la planta, así que, en la actualidad, Nuclenor vende el kWh al triple de lo que le cuesta producirlo. Ésta es una de las razones que la industria nuclear tiene para no cerrar esta central. Por cierto, que este dinero que llueve sobre la empresa no se traduce en riqueza para la zona, sino que engrosa los beneficios de Endesa e Iberdrola.

             Mención especial merece el problema de los 330 puestos de trabajo de Garoña, “de esas 1.000 familias”, como decían los portavoces de la industria nuclear. En primer lugar hay que señalar que menos del 30% de los trabajadores de Garoña viven en la comarca, luego no es verdad que el grueso de los salarios se gasten en la zona. En segundo lugar, llama la atención la súbita preocupación por el empleo de las nucleares, después de una década de destrucción de empleo en el sector, en la que los explotadores de las nucleares han reducido sus plantillas en un 50% aproximadamente, sin que hayamos asistido a las protestas que hemos visto estos días en Garoña.

             No obstante, deben hacerse esfuerzos para mantener el empleo en la zona del norte de Burgos, como cuando cesa cualquier actividad industrial en un área donde no se ha diversificado la producción. Pero aquí tenemos un instrumento de primer orden para actuar: cada año llueven millones de euros de los fondos de Enresa sobre los pueblos cercanos a las plantas nucleares. Este dinero se podría emplear mucho mejor de lo que se hace hoy en día para generar otras actividades productivas que garanticen una mayor diversidad del empleo, no sólo en torno a Garoña sino alrededor de todas las plantas nucleares. Finalmente, el proceso de desmantelamiento generará durante 10 o 15 años un número de puestos de trabajo igual o mayor al que genera la central. En todo caso, habría que tener en cuenta que la central se va a cerrar tarde o temprano, por lo que es mejor afrontar este problema cuanto antes.

¿Y ahora qué?

             Parece claro que en España no se van a construir nuevas centrales nucleares, al menos en la próxima década. Y menos en época de crisis en que la liquidez es muy escasa y no permitiría realizar las enormes inversiones que supone construir una nueva nuclear. Las empresas eléctricas no han manifestado el menor interés por estas plantas y sí, por ejemplo, por la construcción de centrales térmicas de gas de ciclo combinado o de parques eólicos. Por tanto, el debate se centra en nuestro país en la extensión de la vida de las que ya funcionan. Éste es el motivo de que todo el mundo siguiera con atención las decisiones del Gobierno sobre Garoña, puesto que es un indicio de lo que el Gobierno va a hacer cuando las centrales vayan cumpliendo años. Y esto a pesar de que Miguel Sebastián se apresuró a decir que el futuro de Garoña no prefigura el del resto de las centrales nucleares.

             Las centrales viejas como Garoña, ya amortizadas, producen enormes beneficios para sus explotadores, por lo que éstos apuestan por la extensión de su vida lo más posible, incluso hasta 60 años. Esta pretensión choca con varios escollos. El primero es el de la seguridad: a medida que las plantas envejecen van teniendo más y más achaques, y los accidentes se hacen más probables. El segundo es el hecho de que la garantía de suministro (2) se va minando progresivamente, puesto que las centrales envejecidas sufren cada vez más paradas no programadas que detraen súbitamente una gran potencia del sistema eléctrico, con efectos muy negativos para la red. Como se ha dicho más arriba, Garoña sufrió nueve paradas en el último año, lo que pone en cuestión su aportación a la garantía de suministro.

             Los residuos radiactivos de alta actividad, peligrosos durante cientos de miles años, son un gran problema sin resolver. Quien quiera prolongar la vida de las nucleares debe explicar a la sociedad qué forma de gestión propone para los residuos radiactivos. Y, por tanto, ha de pulsarse la opinión de la sociedad sobre la forma de gestión propuesta. De hecho, este tema no deja de generar conflictos sociales allí donde se pretende instalar un almacén de residuos, sea centralizado o sea individual para cada central. Tal es el reciente ejemplo del pueblo de Yebra (Guadalajara), donde se vienen produciendo diversas movilizaciones y protestas.

             La decisión adoptada por el Gobierno deja abiertas grandes incógnitas. Nos deja, por ejemplo, sin saber cuál es la vida que el PSOE considera que debe otorgar a las nucleares, puesto que Garoña superará los 40 años que Zapatero ha citado en varias declaraciones y que figuran en el sexto Plan General de Residuos Radiactivos de Enresa.

             Pero peor que eso es el hecho de que 2013 ya pertenece a otra legislatura. Y si el PSOE no gana las elecciones en 2012, no está claro que el PP vaya a respetar esta decisión de cierre, más bien al contrario: sus representantes ya se han apresurado a decir que Garoña no se cerrará en caso de que ellos ganen. Si lo que se quiere es no gobernar y no tomar decisiones, se entiende lo que ha hecho el Gobierno de Zapatero, pero no es para esto para lo que se le votó mayoritariamente, sino para que gobierne y realice sus políticas que se supone han de ser progresistas.

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(1) Garoña tiene 466 megavatios de potencia eléctrica, aproximadamente la mitad de las otras nucleares españolas.
(2) La garantía de suministro supone que el sistema de generación ha de ser capaz de satisfacer siempre la demanda sin dar lugar a apagones. Las centrales nucleares deben estar siempre encendidas, por lo que su potencia está siempre disponible, lo que contribuiría a la garantía de suministro. Este hecho se suele contraponer a la eólica y la solar, que sólo aportan potencia cuando hace viento o sol. Esto será así en tanto no se disponga de sistemas de almacenamiento de la energía, como el hidrógeno o las sales fundidas.