Francisco Castejón
El conflicto del carbón
(Página Abierta, 223, noviembre-diciembre de 2012).
El conflicto del carbón que se está dando en nuestro país es un tema que hay que analizar desde muchos puntos de vista y con muchas sensibilidades. Afecta al medio ambiente, al problema social que se genera entre los trabajadores de las minas, a las cuencas mineras que reciben los beneficios de esta actividad… Y, además, hay que tener en cuenta el marco en que se producen los recortes de las ayudas. En un contexto de recorte del gasto social generalizado, está claro que la reducción de las ayudas por parte del Gobierno no obedece a motivos ambientales, sino meramente a la necesidad de reducir el déficit.
De entrada he de decir que pienso que el carbón debería dejar de quemarse en todo el mundo a medio plazo, y en los países industrializados a corto plazo, por sus impactos ambientales. Pero cuando pedimos la paralización de esta actividad, al igual que en otros muchos casos, hemos de pensar en los efectos sociales que el cumplimiento de nuestra demanda tendría: se eliminarían puestos de trabajo y los territorios donde esas actividades se desarrollan perderían los ingresos económicos que les reportan. Además las comarcas se verían abandonadas por su población.
En el caso del carbón, es difícil no sentir simpatía por los combativos mineros que defienden sus puestos de trabajo y el futuro de las comarcas que habitan. Los mineros, además, han sido tradicionalmente la punta de lanza de la lucha por los derechos de los trabajadores y han desempeñado un papel destacado en la lucha contra el fascismo. Fruto de sus luchas ha sido la importante mejora de sus condiciones de trabajo y de jubilación. En la actualidad se han convertido de nuevo en un símbolo de la lucha contra los ajustes presupuestarios del Gobierno y contra su política económica, cuyos efectos sufren sobre todo la población trabajadora y las personas más desfavorecidas.
Sin embargo, habría que revisar las reivindicaciones de los mineros para ver si todas ellas (subrayo todas) merecen nuestras simpatías. Las ayudas al carbón forman parte del Plan del Carbón elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se desglosan en tres partes: ayudas a los mineros, a la reindustrialización de las cuencas mineras y a las empresas mineras que queman carbón. Según ese plan, las ayudas estatales deberían desaparecer en 2019.
Se da además la circunstancia de que el carbón español es más caro y de peor calidad que los carbones importados, por lo cual se encuentra en clara desventaja con respecto a estos. En nuestro sistema eléctrico liberalizado, el carbón español no tendría cabida en nuestro “mix” energético de no ser por las ayudas. A la hora de dejar de quemar carbón, ¿deberíamos empezar por el carbón de peor calidad y más caro o, por el contrario, por el que menos beneficios reporta?
En la Comisión Europea existe la conciencia de que el carbón es una fuente de energía segura, por estar en un mercado menos tensionado que el del petróleo o el gas y por estar bien distribuido en el territorio, ya que muchos países tienen sus propios recursos de carbón. Aunque, en general, el carbón europeo es más caro que el importado, debido a que en los otros países productores existen peores condiciones laborales para los trabajadores y menor respeto ambiental.
Impactos ambientales del carbón
A la hora de evaluar los impactos ambientales de una actividad, hay que tener en cuenta los beneficios que de ella se obtienen. La comparación, a veces difícil, entre los beneficios y los perjuicios será determinante en nuestro juicio. Además, hay que considerar si una actividad de gran impacto puede o no ser sustituida por otra más benigna para el medio ambiente.
De todos los combustibles fósiles, el carbón es el que más impactos ambientales produce. En la generación de electricidad, el carbón emite tres veces más CO2 que el gas natural quemado en ciclos combinados. Así, por cada kilovatio/hora procedente del carbón se emite aproximadamente 1 kilo de CO2, mientras que si procede del gas natural se emiten 350 gramos. Además, en la quema de carbón se emiten óxidos de azufre que reaccionan con el agua de la atmósfera dando lugar a las lluvias ácidas. Se han desarrollado tecnologías de desulfuración que mitigaron mucho la producción de lluvias ácidas (1), pero persiste la emisión de gases de efecto invernadero, que dan lugar al cambio climático.
Para acabar con este grave inconveniente, la industria del carbón propone el desarrollo de tecnologías conocidas como de secuestro de carbono. Estas consisten, básicamente, en atrapar el CO2 procedente de la combustión e inyectarlo en el subsuelo. El problema es que no está demostrado que estas tecnologías vayan a funcionar y no está garantizado que, al cabo de los años, el CO2 atrapado en el subsuelo no vaya a liberarse. El hecho es que se necesita mucha más investigación para poner a punto esta tecnología y que no se puede hablar todavía de carbón limpio. En los grupos ecologistas se considera que esta es una tecnología “de final de chimenea” que pone el acento en mitigar impactos en lugar de evitarlos. La mayor parte de los ecologistas apuestan por no distraer recursos de la investigación en renovables, que podrían satisfacer en el futuro todas las necesidades energéticas.
En España, la producción de electricidad a partir del carbón se puede sustituir sin problemas mediante las centrales existentes de gas de ciclo combinado que, como se ha dicho, emiten la tercera parte de CO2 por unidad de energía producida. Esto nos ahorraría unas emisiones de unos 35 millones de toneladas de CO2 por año (en España emitimos unos 367,5 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año).
Además de las emisiones de gases contaminantes hay que tener en cuenta los impactos de la minería. Estos impactos son comunes a otras actividades extractivas. Como se ha dicho antes, deben ser evaluados en todos los casos teniendo en cuenta los beneficios que producen y si se pueden sustituir por otra tecnología menos impactante. Si la minería se realiza en galería, las afecciones sobre el medio son menores que si se realiza a cielo abierto, pero es más peligrosa y las condiciones de trabajo para los mineros son más penosas. Los estériles de minería son comunes a la galería y al cielo abierto, pero en este último caso se producen, además, verdaderas heridas en el territorio con la destrucción literal de montañas y valles, con la aniquilación de ecosistemas y los seres vivos que los habitan y la contaminación de las aguas, el aire y el suelo.
La minería a cielo abierto se puede dar en montaña o en el valle. Esta última es más fácil de restaurar cuando la mina se ha agotado. Ejemplos de minería en el valle en España son las de Puertollano (Ciudad Real) o As Pontes (A Coruña), mientras que las minas en montaña se dan en Laciana (León). La extracción de carbón a cielo abierto se realiza, por otra parte, mediante técnicas altamente mecanizadas que generan pocos puestos de trabajo (2).
El modelo de desarrollo que se ha producido en las cuencas mineras es en sí mismo un problema. Toda la economía ha girado en torno a la explotación del carbón, sin que se produzcan otras actividades alternativas que permitan un desarrollo más armonioso. Se trata, en suma, de un “monocultivo económico” similar al que se produce con otras actividades, como la energía nuclear. Los efectos de la interrupción de esta actividad económica, por los motivos que sean, son desastrosos para un territorio donde solo se apostaba por ella.
La situación actual del carbón
Las reservas mundiales de carbón, al actual ritmo de uso, alcanzan para unos cientos de años. No admiten comparación, pues, con las reservas de petróleo o gas, que se agotarán en unas décadas (3). Además, el carbón está mucho mejor repartido por el mundo que el petróleo y el gas, debido a la forma en que se produjo hace millones de años. Hay países como China o Australia que son muy ricos en reservas de este combustible y no es casualidad que se resistieran a firmar el Protocolo de Kioto o aceptar otras medidas de reducción de gases de efecto invernadero. En 2011 el carbón aporta el 30,34% de la energía primaria que se consume en el mundo, con un aumento del 5,4% respecto a 2010, solo por detrás del petróleo, que aporta el 33% de la energía.
En España el consumo de carbón representó en 2010 el 11,7% de la electricidad y el 6,2% de la energía primaria. Desde 2000 hasta 2010 la producción ha bajado desde 23.486 millones de toneladas consumidas hasta 8.434 millones. De todo el consumo para generar electricidad en el año 2010, el 87% procedió de la importación. Estas cifras varían de unos años a otros dependiendo del precio del gas y de los efectos de las políticas del Gobierno. Parece ser que las ayudas otorgadas han producido un aumento significativo del uso de carbón nacional en 2011, que pudo superar el 40%. Además de la producción de electricidad, que supone el mayor consumo (casi un 80%), el carbón tiene otros usos como la siderurgia (14%), la fabricación de cemento (0,3%) y otros usos industriales (5,8%). En España se importó todo el carbón destinado a la siderurgia. Estos y otros usos alternativos podrían tenerse en cuenta a la hora de seguir explotando el carbón.
El carbón español es más caro y se mantiene en la producción de electricidad gracias a las subvenciones. En nuestro país se produce carbón en Asturias, León, As Pontes, Puertollano y el Bajo Aragón. La situación de las cuencas es diferente de unas zonas a otras. Por ejemplo, las gentes de la cuenca central asturiana se han jubilado progresivamente. Quizá sea la cuenca menos conflictiva para reconvertir y seguramente ya se debería haber hecho. El problema que afrontan hoy es el de la despoblación en la zona. En León casi todo el carbón se extrae a cielo abierto en explotaciones de montaña con técnicas muy impactantes. En Puertollano se apostó por la minería asociada a la quema del carbón gasificado. La cuenca turolense es rica en carbón, pero es de baja calidad, con mucho contenido en azufre. El problema de la despoblación de esta zona es especialmente grave, puesto que toda la provincia tiene una población de unas 120.000 personas. Se haría imprescindible el desarrollo de actividades alternativas al carbón.
Cuando hablamos de emisiones contaminantes, hay que distinguir entre los lignitos de Teruel y los carbones asturianos y leoneses (hullas y antracitas). Los últimos representaron el 70% de la producción, frente al 30% de lignitos en 2011. Las hullas y antracitas tienen mayor capacidad calorífica y, por tanto, suponen más producción eléctrica por peso de combustible.
Las ayudas y sus efectos
La liberalización del sector eléctrico español impulsada por el entonces ministro de Industria, Josep Piqué, allá por 1998, habría acabado con la producción de carbón nacional, más caro que el importado, de no ser por las ayudas que este ha recibido ininterrumpidamente. Por ejemplo, en enero de 2010 el Gobierno condonó más de 5.000 millones de euros de deuda acumulada en el periodo 1998-2001 a los empresarios mineros españoles, especialmente a las empresas asturianas y leonesas. También se puso en marcha el llamado Decreto del Carbón, que asignaba unos 510 millones de euros de los Presupuestos de 2010 para que las empresas eléctricas comprasen el carbón nacional a precios baratos y competitivos. En 2011, las ayudas ascendieron a unos 600 millones. Si tenemos unos 8.000 mineros en activo en España, estamos pagando al año la friolera de unos 75.000 euros por minero. Saldría más barato pagar directamente los sueldos de los mineros sin que tuvieran que trabajar, lo que impediría que ciertos empresarios obtuvieran pingües beneficios de esta situación.
La cuestión fundamental es si esas ayudas se destinan a fines que nos parecen respetables. De entrada, mi opinión es que debería subvencionarse la reconversión del sector sosteniendo a los mineros para evitar la ruina de muchas personas, familias y comarcas, pero no deberíamos apoyar la quema de carbón en centrales térmicas. No es suficiente justificación decir que otros sectores también se están llevando injustamente las ayudas del Gobierno. Tan discutibles son unas como otras.
Estas ayudas, por cierto, fueron recurridas ante la UE, que finalmente las declaró legales, aceptando que el carbón era un combustible estratégico que podría contribuir a la independencia energética y a la garantía del suministro energético. Sin embargo, la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE) alertó en marzo de 2011 de que, desde la puesta en marcha de los incentivos del carbón español, algunas centrales usan un mecanismo que «podría estar suponiendo un incremento de precios en el mercado». La CNE señala que algunas centrales están ofreciendo toda su energía a coste regulado, por encima de los precios que fija el mercado, lo cual permite el decreto de incentivos del carbón de 2011. La CNE dice que, además, no se puede contar con estas centrales en horas punta, y esto incrementa el precio de la electricidad puesto que obliga a contar con centrales más caras.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) también ha criticado estas subvenciones, pues no estaban justificadas, dado que no se producía ninguno de los supuestos que las hacían necesarias: no nos encontramos en una situación de crisis energética que hiciese necesario el uso del carbón nacional, ni estaba amenazada la garantía de suministro de electricidad, como tampoco lo estaba el suministro de carbón a las centrales –el mercado del carbón internacional funciona sin trabas–, ni tampoco peligraban las centrales productoras de electricidad a base de carbón. Estas posturas de la CNE y de la CNC muestran a las claras que los intereses empresariales españoles no son idénticos, sino que tienen sus fuertes tensiones internas.
El decreto de 2011 obligaba a generar una energía eléctrica de unos 23.000 gigavatios/hora a partir del carbón nacional, casi lo mismo que se generó en 2010 con los carbones nacional y de importación, lo que forzaría a que solo se consumiera carbón nacional y a que prácticamente no se incrementaran por esta causa las emisiones de CO2, al no aumentar el consumo previsto de carbón. Sin embargo, el decreto y las ayudas no han tenido este efecto, ya que se ha doblado la generación eléctrica con carbón, al cumplirse aproximadamente las previsiones de consumo de carbones españoles, pero se han mantenido las del carbón importado. A cambio, las centrales de gas de ciclo combinado han disminuido su producción de electricidad en más de un 20% respecto a 2010. Ello supone un régimen de funcionamiento del 23% de su capacidad.
Estas centrales de gas compiten con las energías renovables y con el carbón. Cada vez que aparece una generación de energías renovables son las centrales térmicas las que reducen su producción. Dado que los carbones han tenido apoyo estatal, son las centrales de gas las penalizadas. Por eso, sus propietarios han decidido presionar para enjugar sus pérdidas mediante los incrementos en los ingresos por garantía de potencia y la puesta en marcha de una campaña para lograr la paralización de las energías renovables. El Gobierno aprobó, el 27 de enero de este año, una suspensión, entendida como provisional, de las primas al desarrollo de las instalaciones de energías renovables que, en esa fecha, no hubieran resultado inscritas en el registro de preasignación de retribución y de las instalaciones de régimen ordinario que no dispusieran de autorización administrativa (4). Una medida que puede acabar con el tejido productivo de este sector en nuestro país y que podría generar la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo y dar al traste con una incipiente actividad industrial en la que nuestro país es líder.
Por otra parte, dadas las mayores emisiones de CO2 de las centrales de carbón respecto a las de gas que desplazan, asistiremos a un nuevo aumento de las emisiones del sector eléctrico que solo podría enjugar la caída de la demanda de la electricidad producida por la crisis (5).
Según el Plan del Carbón, las ayudas deberían reducirse un 30% en 2013, un 40% en 2015, un 60% en 2016 y un 75% en 2017, hasta desaparecer en 2019. La reducción de las ayudas en un 65% que va a decretar el actual Gobierno incumple el plan y es una catástrofe puesto que supone un corte radical de ingresos en zonas cuya única actividad económica es el carbón. No son de extrañar las protestas de los mineros que ven peligrar su modo de vida y la continuidad de sus pueblos. Sin embargo, no parece justo que estas movilizaciones vayan encaminadas a mantener las mismas actividades mineras. Más bien, parece sensato destinar las ayudas a cambiar el modelo de desarrollo y la actividad económica de las cuencas mineras. Desde luego, los mineros merecen toda nuestra solidaridad para que la transición se haga de forma gradual.
Una modesta propuesta
Es imprescindible un plan de reestructuración de las comarcas mineras. Sin embargo, en mi opinión, no debería ir dirigido a seguir con la actual actividad de extracción del carbón destinado a la quema en centrales térmicas, sino a acabar con ella paulatinamente, explorando otros usos del carbón que no impidan una necesaria transición de nuestro modelo energético hacia otro basado en energías más limpias. Hasta la fecha, las ayudas van dirigidas a subvencionar la quema de carbón, para que pueda competir con el carbón extranjero en nuestro sistema eléctrico. Sin duda, esto favorece, sobre todo, a los empresarios del carbón, que siguen obteniendo beneficios de esta actividad, aunque es verdad que así se mantienen los puestos de trabajo y siguen llegando ingresos a las comarcas mineras. Si aceptamos que es imprescindible un cambio de nuestro modelo energético y que la nuclear y el carbón son las dos fuentes de energía más impactantes, entonces deberíamos dar los pasos necesarios para prescindir de ellas lo antes posible.
Lo más sensato sería usar las ayudas para cambiar la actividad y mantener el carbón necesario para usos distintos a la generación de electricidad. Sin embargo, hay que reconocer que no es fácil reconvertir una cuenca minera. Podemos ofrecer turismo rural y de arqueología industrial, junto con trabajo agrícola y ganadero en productos ecológicos de calidad. Estas actividades no conectan con la idiosincrasia de los mineros, que se ven a sí mismos como obreros industriales y que aspiran a un puesto de trabajo convencional en una fábrica. Por tanto, parte de las ayudas deberían pensarse como un medio para la industrialización de las cuencas mineras. Sería una oportunidad de oro para incidir en el tan necesario cambio productivo de nuestro país.
El proceso de eliminación del carbón para generar electricidad debería ser gradual. Se podría empezar por eliminar las importaciones de carbón. A continuación habría que abandonar el carbón nacional, empezando por el que más impactos ambientales tiene (los lignitos son de peor calidad que las hullas o antracitas) tanto por su calidad como por su forma de extracción. Como se ha dicho más arriba, las explotaciones a cielo abierto son más impactantes que las explotaciones de galería, luego deberían cerrarse antes, garantizando siempre unas condiciones seguras de trabajo para los mineros.
Además, se hace imprescindible explorar el futuro del carbón teniendo en cuenta los usos no eléctricos, como el que se hace en la siderurgia, o las posibilidades de un programa de carbón limpio que, de momento, no se ven cercanas.
El problema es que hoy este programa, o uno similar, tiene pocos defensores. Por un lado, las empresas gasistas ven en el carbón subvencionado un enemigo, al igual que lo ven en las renovables, y por ello desean que se supriman todas las ayudas ante la sospecha de que se van a invertir en seguir produciendo carbón a unos precios más competitivos. Por otro lado, los empresarios del carbón no apuestan por ese necesario cambio, sino por mantener la actividad mientras se pueda. Un planteamiento que representa una huida hacia delante, con el futuro cierto de la desaparición de las cuencas mineras dentro de unos años.
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(1) Se trata de la quema en lecho fluido, donde el azufre se hace reaccionar con cal, o del carbón gasificado, que además permite la quema con mayor eficiencia.
(2) En el año 2010, el 55% del carbón se extrajo mediante explotaciones a cielo abierto, y el 45% en galería. En 2011 dominaron las explotaciones de galería, con el 53%, y el 47% a cielo abierto.
(3) El cálculo de las reservas reales de un combustible fósil o de un mineral es muy difícil de realizar con exactitud. La información es a menudo incompleta y poco sincera. Además, las tecnologías evolucionan y permiten ampliar las reservas.
(4) Real Decreto-ley 1/2012 de 27 de enero publicado en el BOE el día siguiente.
(5) A pesar de que el consumo mundial de energía aumentó en 2011 un 2,5% respecto a 2010, en las zonas industrializadas ha disminuido. Por ejemplo, en EE UU el consumo disminuyó en un 0,4% y en Europa un 0,5%, con destacados retrocesos, como son los casos de Irlanda (6,1%), Austria (5,4%), Reino Unido (5,2%), Alemania (5%), Suiza (4,9%), Bélgica (4,5%), Portugal (4,5%), Dinamarca (4,3%), Finlandia (4,2%), Grecia (3,9%), Hungría (3,3%), Italia (2,6%) o España (2,2%).