Francisco Castejón
El Proyecto Castor. La imprevisión y el necesario
cambio de modelo energético
(Página Abierta, 229, noviembre-diciembre de 2013).

El Proyecto Castor de almacenamiento de gas natural, situado a 22 kilómetros de la costa de Valencia, está de actualidad porque se han producido más de 350 terremotos en la zona, casi con toda seguridad provocados por las actividades en torno a dicho proyecto. Y estos terremotos se han originado a pesar de que Castor cuenta con todos los permisos y se autorizó tras la realización de estudios sismológicos. Estos sucesos arrojan sombras sobre otras actividades que suponen la inyección de sustancias en el subsuelo, como el fracking o las prospecciones petrolíferas.

¿Qué es un almacenamiento de gas?

El almacenamiento de gas es un instrumento para gestionar la oferta y adaptarla a la demanda y puede usarse, junto con la diversificación de proveedores, como una herramienta de primer orden para evitar altos precios o cortes en el suministro (1). El almacenamiento en profundidad, en pozos de gas o petróleo agotados, presenta la ventaja sobre el almacenamiento en superficie de dificultar las explosiones accidentales y de tener más capacidad.

El Proyecto Castor suponía el cuarto y más ambicioso almacén de gas en profundidad realizado en España. Antes que el Castor se construyeron almacenes de gas en pozos abandonados en Yecla (Murcia), plataforma Gaviota (Bizkaia) y Serrablo (Huesca), sin que se produjeran temblores o sucesos de similar magnitud a los experimentados ahora. De hecho existen en el mundo unos 600 almacenes de este tipo, que van acompañados de pequeños terremotos, que, en teoría, jamás deberían alcanzar la magnitud de los sufridos en torno al Castor. Se trata de construir infraestructuras que permitan almacenar grandes cantidades de gas y así tener reservas que posibiliten responder a picos de demanda, a altos precios del mercado gasista o a posibles interrupciones del suministro por causas diversas. El Castor aprovecha un pozo que explotó Shell Oil durante los años sesenta y setenta.

El Proyecto Castor tiene, además, una importancia especial puesto que, por su situación cercana al gasoducto procedente de Argelia, pretendía aportar sus servicios a las redes gasistas europeas. Por lo mismo, las dimensiones del almacenamiento del Castor son considerables. Hablamos del pozo de mayor capacidad que existe puesto que sería capaz de suministrar hasta un tercio de la demanda española durante unos 50 días:

· Gas total: 1,9 bcm (miles de metros cúbicos de gas natural), equivalente al volumen de petróleo extraído por Shell del pozo.

· Gas de trabajo: 1,3 bcm (equivalente a más de 14 tanques de gas natural licuado de 150.000 m3 cada uno).

· Gas colchón: 0,6 bcm (parte del gas colchón podría extraerse a caudales moderados).

· Caudal de extracción (máximo): 25 mm3/día (equivalente a la emisión a la red de una planta grande de regasificación).

· Caudal de inyección (máx.): 8 mm3/día.

· Pozos de inyección / extracción: 8.

El Proyecto Castor se empieza a fraguar en 2006, bajo el mandato del PSOE, y es presentado por el secretario de Estado de Industria como un gran avance con numerosas ventajas económicas y ambientales. Además se dice que se están realizando todos los estudios técnicos necesarios. De hecho se invirtieron 12 años de investigación, en los que se incluían una perforación en Castor-1 para caracterizar el emplazamiento y un estudio sísmico tridimensional. Estas investigaciones costaron unos 25 millones de euros. Se presumía entonces del apoyo técnico y económico con que contaba el proyecto.

Varias empresas como la propia ACS o Dragados participaron en esas investigaciones. El proyecto contó también con todos los permisos requeridos como la concesión de almacenamiento o los permisos medioambientales. Además se le concedió la declaración de utilidad pública y se le daba permiso para la ocupación de dominio público marítimo y terrestre, lo que supone un apoyo institucional de primer orden. Por si esto fuera poco, en el proceso se produjo un significativo acto, que es el reconocimiento de costes de exploración e investigación. Y, lo que es más importante, en caso de interrumpirse la actividad, el Gobierno compensaría a la empresa propietaria.

Además de los estudios técnicos, el proyecto se asegura su financiación. La empresa principal es ESCAL-UGS, que depende de la constructora ACS. Y que contó con el apoyo de instituciones financieras como el Deutsche Bank, el Banco Europeo de Inversiones y otros grandes bancos españoles e internacionales, además del de las firmas de servicios profesionales Price Waterhouse e Intermoney.
Como se ve, el proyecto se presenta como algo sólido con apoyos administrativos, financieros y empresariales. Con todo esto, se termina de construir la plataforma que accede al yacimiento a unos 1.700 metros de profundidad y, en septiembre pasado, se empieza a inyectar el gas colchón, que sirve para llenar el depósito y permitirá posteriormente inyectar el gas de trabajo. Y es entonces cuando empieza la actividad sísmica.

Causa y efecto: el principio precautorio

A pesar de todos los estudios técnicos realizados, se han  registrado unos 350 terremotos, uno de ellos de intensidad 4,2 en la escala Ritcher (2). No hace falta ser un experto para asociar los terremotos a la inyección de gas. Y de hecho no es la primera actividad humana que genera temblores de tierra inducidos. Estos se han registrado ya en numerosas actividades como prospecciones petrolíferas o de gas, llenado de presas (3) o actividades de fractura hidráulica o fracking. El vaciado rápido de acuíferos es también una causa de terremotos, tal y como se pudo comprobar en el terremoto de Lorca.

Uno puede preguntarse si, tras todos los informes técnicos, cabía esperar una actividad sísmica de tan alta magnitud. Algún geólogo experto ya denunció en su día el peligro de la sismicidad inducida. Los estudios sísmicos realizados hablan del comportamiento del emplazamiento antes de la perforación y la inyección de gas. Sin embargo, el problema viene de que el comportamiento sísmico del emplazamiento puede ser modificado por la actividad en cuestión, y esto es muy difícil de predecir. De hecho, la geología es incapaz de predecir de forma exacta cuándo se va a producir un terremoto, y es imprescindible recurrir a la historia sismológica antigua (de miles de años) del emplazamiento para tener una idea de la actividad sísmica.

Cerca del Castor está la falla de Amposta que, de hecho, se consideraba como la tapa del almacén. Parece claro que el aumento de presión provocado por el gas ha sido la causa de la desestabilización del subsuelo y ha dado lugar a esta serie de terremotos.

Uno de los geólogos que avisó del peligro del Castor en su fase de investigación, Miguel Doblas, del Instituto de Geociencias de Madrid, dependiente del CSIC y la Universidad Complutense de Madrid, ha elaborado un informe según el cual el Castor presenta el riesgo adicional de que colapse el techo del depósito y se produzca un escape masivo de gas inflamable que podría provocar una explosión similar a la que sufrió la plataforma de BP en el Golfo de México. Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la fiscalía de Tarragona para que investigue este extremo.

Estas dudas sobre las capacidades predictivas de los estudios sísmicos arrojan sombras sobre otras actividades que se quieren llevar a cabo en el subsuelo. El afán por mantener el mismo modelo energético que tenemos en la actualidad, basado en un 80% en el consumo de combustibles fósiles, puede darnos aún más disgustos. Es imprescindible poner en primer plano el principio precautorio, especialmente cuando la ciencia no es capaz de dar respuestas certeras, como ha sido el caso del Castor.

La asunción del riesgo

El Proyecto Castor ha contado con el apoyo tanto del Gobierno del PSOE, como del PP: se trata de un proyecto estratégico para mejorar la garantía de suministro de gas. En 2008, se firmó un real decreto según el cual la instalación pasaría a ser titularidad del Estado en caso de suspensión o finalización de la actividad. En este supuesto la empresa ESCAL-UGS (propiedad de ACS) tendría derecho a una indemnización por el valor neto del proyecto. En 2012, antes de que se produjeran los terremotos, el abogado del Estado recurrió este real decreto como abusivo, pero el Supremo ha fallado en contra del Estado el 17 de octubre, lo que supone que los contribuyentes tendremos que hacer frente al pago de unos 1.700 millones de euros si el Castor no llegase a entrar en funcionamiento. Y esto último no debería ocurrir.

En este caso se da, como en otros, una forma peculiar de asumir el riesgo. Si las cosas salen bien, los beneficios serán para ACS, si no, los perjuicios para los ciudadanos. Probablemente, tanto el real decreto de 2008, que reconoce el derecho a la indemnización, como el intento de frenarlo en 2012, tienen que ver con la inseguridad en la evaluación de los riesgos sísmicos inducidos. La aplicación del principio precautorio tiene, como se ve, dos vertientes que se deben considerar: la de la disminución del riesgo y la del sujeto de su asunción. ACS ha conseguido que todos asumamos el riesgo de emprender unas actividades que le habrían producido beneficio empresarial de continuar desarrollándose.

Se puede argumentar que el proyecto de almacenamiento de gas es estratégico desde el punto de vista de garantía de suministro. Sin embargo, son cada vez más patentes los riesgos e impactos que actual modelo energético produce, en particular los movimientos sísmicos causados por el Castor, por lo que los apoyos del Estado deberían ir hacia el cambio de modelo y no hacia su mantenimiento.
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(1) La capacidad de almacenamiento de gas evitaría, por ejemplo, los chantajes que Rusia realizaba a Ucrania y la Unión Europea con la amenaza de cortar el suministro. También se desea aumentar las reservas para librarse de la amenaza de atentados sobre instalaciones de extracción en zonas conflictivas: piénsese, por ejemplo, en el ataque a las instalaciones del sur de Argelia durante la reciente intervención francesa en Malí.
(2) Esta escala va del 1 al 10. Para cada unidad de aumento en la escala, el terremoto tiene diez veces más intensidad. Los terremotos son perceptibles para las personas aproximadamente a partir del valor 3.
(3) En nuestro país tenemos el ejemplo de la presa de Itoiz (Navarra), que contó con gran oposición social. El llenado de la presa de Itoiz en 2004 provocó numerosos terremotos con intensidades de hasta 4,6. Los efectos sísmicos del llenado continuaron cinco años después y no se puede descartar que se produzcan nuevos terremotos.


F. C.
Los terremotos del Castor y el fracking

La extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica, o fracking, es una de las actividades que debe revisarse a la luz de la experiencia del Castor. Como se sabe, se trata de la inyección a profundidades entre 1.000 y 2.000 metros de agua a presión con una serie de sustancias químicas, algunas de ellas  tóxicas, que fracturarían la roca donde se encuentran, dispersos en pequeñas burbujas, el gas o el petróleo con el fin de conseguir que estos se agrupen en bolsas que se puedan perforar (*). En nuestro país hay ya más de 70 proyectos que, hipotéticamente, podrían satisfacer la demanda de gas española durante décadas.

Existe un estudio de las universidades de Durham y Keele en el que han analizado 198 ejemplos de proyectos que han generado sismicidad inducida con intensidad mayor que 1 en todo el mundo. Según este estudio, los mayores sismos se han producido en un embalse de China (7,9) y en un yacimiento de petróleo y gas de Azerbaiyán (7,3). La minería, el enterramiento de residuos y la inyección de agua en yacimientos de petróleo están en la zona media (entre 5,1 y 5,6). Y el fracking estaría en la zona baja (intensidad entre 3,1 y 3,8). En la misma dirección de este estudio hay que alinear la opinión del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Consejo Superior del Colegio de Minas y, cómo no, del lobby gasista español, Shale Gas, en el sentido de que el fracking es inocuo. El propio Senado ha bendecido el fracking recientemente.

En primer lugar, hay que tomar estos estudios con precaución, puesto que se realizan en instalaciones aisladas y hay que tener en cuenta a menudo la interacción entre ellas. En segundo lugar, estos institutos no son necesariamente independientes y pueden basarse en ramas de la ciencia poco maduras para extraer conclusiones sesgadas. Ya se ha comentado anteriormente la dificultad que tiene la geología para predecir terremotos.

De hecho, la extracción de gas y petróleo se ha relacionado con un aumento de la sismicidad en EE UU. En este país existen más de 100.000 pozos en los que se utiliza la fractura hidráulica, que se relaciona directamente con un incremento sísmico. Por ejemplo, en la región Mid-Continent los seísmos de intensidad mayor o igual a 3 han subido espectacularmente, y entre 1967 y 2012 se han registrado 1.300 episodios.

Existen varios trabajos que lo ponen de manifiesto: el sismólogo William Ellsworth, del Servicio Geológico de EE UU, publicaba este verano en la revista Science un artículo con los riesgos que supone la inyección de aguas residuales en pozos de petróleo agotados, práctica similar al fracking y muy habitual en EE UU. El 6 de noviembre de 2011, cerca de Prague (Oklahoma) se registró un terremoto de intensidad 5,6 que causó dos muertos y la destrucción de 14 viviendas, y se sintió en 17 Estados. La geofísica Katie Keranen, de la Universidad de Oklahoma, publicó un artículo en la revista Geology que relaciona las prácticas del fracking con este sismo, desmintiendo las afirmaciones de las autoridades, que lo achacaban a causas naturales. Hay que considerar que la apuesta por el fracking es estratégica en EEUU. Este país espera autoabastecerse de hidrocarburos a mediados de siglo basándose en estas técnicas.

Como se ve, existen estudios contradictorios que, como mínimo, indican la falta de consenso de la comunidad científica. Lo acaecido con el Proyecto Castor debería hacernos reflexionar sobre el futuro del fracking, que añade el riesgo sísmico a sus impactos ambientales. Quedan claras las limitaciones de la geología para predecir terremotos, especialmente cuando se trata de sismicidad inducida por actividades que modifican el subsuelo. Además hay que tener en cuenta quién va a asumir los riesgos y quién se va a beneficiar de la actividad. En el caso del Castor, como en el del fracking, son las empresas explotadoras las principales beneficiarias y son los ciudadanos y el medio ambiente que habitan los principales perjudicados.

En el fondo aparece un modelo energético, basado sobre todo en los combustibles fósiles, que camina hacia el agotamiento y que recurre a prácticas de mayor riesgo ambiental para aguantar unas décadas más. Los yacimientos de petróleo y gas más accesibles están ya todos agotados o en fase de explotación y se buscan yacimientos más difíciles que se explotan mediante técnicas más caras y de mayor riesgo, sin importar los impactos ambientales y sociales. Sería más sensato aprovechar el tiempo que aún tenemos para ir transitando hacia un modelo energético sostenible y menos impactante que, además, no obligue a ciudadanos inermes a asumir riesgos de actividades que no les producen beneficios.

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(*) Véase mi artículo “El fracking para la obtención de gas: Un nuevo atentado ambiental”, en www.pensamientocritico.org , 20 de septiembre de 2012.