En sus primeros meses, el segundo Gobierno de Zapatero ha anunciado medidas y “reflexiones” que modifican aspectos importantes de la política de inmigración. Se hace en un contexto de crisis económica, de creciente percepción de ésta y después de una campaña electoral en la que el “duro” discurso del PP sobre la inmigración le procuró, según diversos estrategas, una buena rentabilidad más allá de su público fiel.
            Con la excepción del derecho al voto en las municipales, las medidas propuestas se justifican en la desaceleración económica, el aumento del paro interno y una perspectiva de recesión, menores ingresos públicos y dificultades para el Estado de bienestar. Estas medidas, diversas, tienen un denominador común: la reducción del número de inmigrantes. Al mismo tiempo, la aprobación socialista de la Directiva europea de retorno, abordada en el número anterior de PÁGINA ABIERTA por Javier de Lucas, alineaba al Gobierno con las tesis restrictivas de la Unión. El rápido apoyo del ministro Corbacho a medidas, como mínimo muy discutibles, como la segregación de los menores inmigrantes en espacios educativos específicos a su llegada, anunciada por la Generalitat de Cataluña, completan esa percepción de cambio.
            Diversos portavoces oficiales han negado que estas medidas constituyan un viraje de la política de inmigración. Son los mismos criterios, entre otros la vinculación con el mercado laboral, que se aplican en “nuevas circunstancias” (1). ¿Ajuste o cambio? Vistas las medidas, las argumentaciones (o la falta de ellas), las lógicas que se utilizan y el discurso-imagen que se proyecta, hay cambio y a peor.

Las complejidades del reajuste y la política de
titular: la contratación en origen

            Ya en sus primeras declaraciones, el ministro Corbacho anunció una revisión de “la contratación de inmigrantes en el extranjero” dada la situación del mercado de trabajo. Se apuntaba a reducir, previa “reflexión”, el número de entradas de trabajadores inmigrantes, ya que «parece razonable que se dé empleo a los que están parados aquí» (2). Efectivamente, así expresadas, son dos ideas de “sentido común”: con la recesión habrá menos demanda de mano de obra y hay que dar prioridad a los parados internos, residentes. Sin embargo, algunas obviedades lo son menos cuando se contrastan con la realidad.
            ¿Qué reducción? En primer lugar, es muy difícil establecer un número a priori, puesto que intervienen variables muy diversas y los perfiles concretos de esta crisis todavía se están definiendo. En principio, el propio mecanismo de la contratación en origen puede constituir un indicador de la reducción que demanda el mercado, ya que vincula la contratación y venida del inmigrante a una demanda empresarial (3). En segundo lugar, y no menos importante, no cabe establecer una relación causa-efecto entre reducción de entradas de trabajadores inmigrantes y reducción del paro; las relaciones existen pero son bastante más complejas.  
            Aun con recesión, subsiste una demanda de mano de obra en trabajos y condiciones de “inmigrante” que no es aceptada, ni aceptable, para los trabajadores autóctonos en paro. No se trata exclusivamente de trabajos de temporada, como las recolecciones agrícolas. Además, hay que añadir los trabajos de peonaje en agricultura, construcción y servicios, penosos y mal retribuidos y que, además, implican movilidad geográfica. Estos trabajos han constituido la clave de la competitividad de no pocas empresas y de la mejora barata de la calidad de vida de las clases medias.
            La recesión actual puede hacer desaparecer una parte de estos puestos de trabajo, como está sucediendo en la construcción, o limitar los servicios domésticos que contraten las familias. Sin embargo, una parte de la demanda de trabajo “inmigrante” se mantiene. En algunos casos, se cubrirán por parados autóctonos y, sobre todo, por inmigrantes “expulsados” de la construcción y actividades afines. Otros no serán cubiertos, al menos de momento, por la mano de obra interna, con mayores recursos y expectativas.
            Ya en septiembre, el ministro Corbacho afirma que la contratación en origen “se aproximará a cero en 2009”, ante el aplauso del PP y el desconcierto y las críticas de sindicatos, empresarios y ONG. La reducción se había convertido en un cierre a la entrada regular de trabajadores inmigrantes, justificado además como un elemento de lucha contra el paro interno. Como se apresuraron a destacar las voces críticas, una medida de estas características es ineficaz, tiende a generar mayor número de indocumentados y, en el caso del Estado español, vulnera convenios suscritos con terceros países (4). El cierre no se ajusta a la oferta y demanda del mercado nacional, por las mismas razones que es compatible una situación de paro y oferta  insatisfecha de trabajo.
            Si se cierra la vía para la entrada legal, cabe pensar que estos puestos se cubrirán, al menos una parte, con inmigrantes indocumentados. La experiencia de la “inmigración cero” aplicada por Francia, Alemania y otros Estados, entre mediados de la década de los ochenta y mediados de los noventa, abunda en el mismo sentido. No se suprimió el flujo de inmigrantes, que adoptó una diversidad de fórmulas, pero aumentó el número de indocumentados.
            No se trata de negar, por mi parte, que la gestión de entradas de trabajadores extranjeros debe considerar la actual recesión y otros indicadores sociales. Se trata de resaltar que el cierre es una mala fórmula, que no se ajusta a la situación española actual  (al menos si tomamos como indicador las protestas de los empresarios, particularmente los agrícolas) y que comporta problemas de distinto tipo.
            Días después, ante el nivel de oposición suscitado, el Gobierno rectificó afirmando que la contratación será “en función de la demanda del mercado de trabajo”. ¿Volvemos, pues, al principio? No, estamos peor a nivel de debate social y de la imagen y connotaciones del inmigrante. Se ha entrado en temas complejos y delicados, por ejemplo, la relación entre llegadas de inmigrantes y nivel de paro interno, a golpe de titular de prensa, buscando más la simpleza, la conexión populista y el efecto mediático que el análisis, la explicación y la pedagogía política.
            Entre los altos cargos del PSOE se han utilizado dos tipos de argumentos. En las declaraciones de Corbacho, la prioridad en la ocupación la tienen los trabajadores parados en España, españoles o inmigrantes más o menos asentados. La lógica, en este caso, es la del mercado de trabajo interno sin sesgo por origen, etnia o estatus nacional. Por otro lado, en la defensa de la medida, Alonso se deslizó hacia la preferencia nacional: «Si hay un puesto de trabajo que puede ser cubierto, en función de la cualificación requerida, por un desempleado español, éste tiene que tener prioridad» (5). La lógica, en este segundo caso, es la discriminación por origen. Como se le ha reprochado, sin rectificación explícita conocida, es la misma idea fuerza que enarbolan Le Pen en Francia y sus émulos en España: ¡Los españoles primero!
Lo que queda después del ruido es la idea de que con la crisis sobran inmigrantes y que, ante las dificultades, no está claro que todos seamos iguales.

El plan de retorno: que se vuelvan los parados  

            De forma paralela a los anuncios sobre la contratación en origen se ha presentado un plan para potenciar la vuelta a su país de los parados extranjeros con subsidio de desempleo. De acuerdo con el plan de retorno, se abonará a estos inmigrantes, nacionales de Estados con convenios de seguridad social con España, la totalidad del subsidio que tengan reconocido. A cambio, estos inmigrantes no podrán obtener un permiso de trabajo y residencia en España en los próximos tres años, si bien tendrán prioridad para su concesión a los cinco años.
            Se quiere, con el plan, reducir la cifra de parados global y favorecer el desarrollo de los países de origen. En este diseño, se nos dice, el inmigrante retornado con el pequeño capital del subsidio actúa como vector de dinamismo económico. Sin embargo, no parece que el proceso vaya a tener mucho éxito. Los parados cuyos subsidios pueden representar una cantidad respetable, para instalar un pequeño negocio, son los inmigrantes que tienen años de residencia y, en muchos casos, con familia, vivienda y relaciones sociales aquí. Son los que tienen más arraigo y más recursos para afrontar las dificultades venideras. Por otro lado, la situación de sus países, Marruecos y Ecuador sin ir más lejos, tampoco anima a retornar, máxime cuando se pierden las prestaciones educativas, sanitarias y de servicios que aquí se disfrutan. 
            Por otro lado, el plan deja fuera a quien no tiene acceso al subsidio, las trabajadoras del servicio doméstico y a aquellos con subsidios reducidos (ya que acreditan dos años o menos trabajados). A estos sectores, en la práctica el empleo más inestable y de los recién llegados, el plan de retorno no los contempla o sus condiciones no les interesan. Por último, pero no menos importante, acogerse al plan supone renunciar a una nueva estrategia migratoria en España, al menos de forma legal y durante cinco años, si las cosas no funcionan en la vuelta a su país. No es extraño que entre las organizaciones sociales y de inmigrantes haya cundido el escepticismo sobre sus resultados. Simplemente, la oferta no compensa.
            De hecho, Corbacho habló primero de que afectaría a un millón de inmigrantes, se supone que en la legislatura, para reducirlo más tarde a unos 10.000 el primer año. Más allá de cómo funcione el plan, su presentación destacada remacha el mensaje de que aquí sobran inmigrantes y que, por tanto, los parados inmigrantes bien harían en volver a su tierra. 

Menos inmigrantes con menos cargas

            En este contexto se ha anunciado la restricción del reagrupamiento familiar. Este derecho se limitará al cónyuge e hijos menores de 18 años y dependientes, excluyendo a los padres y suegros del inmigrante, que sí son reagrupables según la actual Ley. En la actual coyuntura, no se desea gente mayor que no contribuye económicamente y que constituye una carga sobre los servicios de bienestar y las cuentas públicas, particularmente la sanidad.
            La lógica utilitaria-económica es la misma que funciona para la reducción de la contratación en origen y el plan de retorno. En estos casos se expresa como vinculación al mercado de trabajo y opera en la esfera económica. Con la restricción del reagrupamiento familiar, esa misma lógica se traslada a la esfera de los derechos y al campo de la integración, con graves consecuencias. 
            La prohibición de reagrupar a los padres y los suegros vulnera el derecho a vivir en familia y cuestiona el compromiso implícito que sustenta la política de integración oficial. El inmigrante residente que contribuye económicamente, se arraiga socialmente, cumple las leyes y muestra su voluntad de integración debe gozar de la progresiva igualdad de derechos y obligaciones. Sin embargo, ahora, el inmigrante con permiso permanente, trabajo fijo y vivienda no podrá reagrupar a sus padres o suegros, aunque acredite solvencia económica para sufragar sus gastos. Además de las implicaciones sobre el derecho del inmigrante y sus hijos de vivir en familia, la propuesta conculca el principio de no discriminación: sus vecinos españoles no tienen que demostrar nada para que sus padres vivan en su casa.
            Por otro lado, la medida fragiliza el estatus del inmigrante respecto a otros derechos. En  función de la misma lógica utilitarista económica, otros derechos pueden verse recortados en un futuro según la coyuntura económica, la situación de las arcas públicas, la percepción sobre los servicios públicos de bienestar u otras variables. Sin embargo, ¿no habíamos quedado –Plan Estatal de Ciudadanía e Inmigración (PECI) 2007-2010– que el residente permanente era un conciudadano o, al menos, se debería caminar en esa dirección?
            La medida se propone limitar los costes en términos de gasto público. Sin embargo ignora los costes en términos humanos y sociales. Además de imponer separaciones, la obligada ausencia de abuelos y abuelas va ha hacer más difícil y costoso el proceso de inserción de muchas familias inmigrantes. Piénsese, por ejemplo, en la conciliación de la vida laboral y familiar. Cuando el padre y la madre trabajan, ¿cómo conciliar las largas jornadas de trabajo y la atención a los hijos? En su caso, como en el nuestro, son las relaciones familiares, sobre todo las abuelas, el gran recurso para las parejas jóvenes durante el período de crianza (entre otros motivos, por la ausencia de guarderías y otros equipamientos públicos). ¿Se ha pensado en la cantidad de críos y crías de origen inmigrante que van a estar solos al salir del colegio? ¿Se ha pensado en los costes, actuales y futuros, de tal situación? 
            Cuando se limitan derechos fundamentales deben avanzarse datos y argumentos que avalen, muy seriamente, esos límites. En los últimos años, el número de permisos por reagrupamiento familiar ha aumentado, con un máximo de 97.307 concedidos en 2007 (6). Una tendencia y unas cifras coherentes con el proceso de progresivo asentamiento como migración familiar de una parte importante de los residentes llegados en los últimos años. Además, los mayores de 65 años representan una minoría entre los reagrupados y tampoco se han avanzado estudios o cifras que indiquen un impacto inasumible sobre el Estado de bienestar. Nada se ha presentado en esa línea; ni tan sólo unas sucintas proyecciones.
            Rechazar la restricción al reagrupamiento familiar que se plantea no significa negar los problemas y limitaciones de los servicios públicos. Estos problemas, sea el gasto sanitario o la concentración escolar en colegios públicos, no están generados por los inmigrantes sino que éstos destacan, al colorearlos étnicamente, los déficits y limitaciones de nuestro Estado de bienestar. Del que, por otro lado, sufragan su parte alícuota vía impuestos y cotizaciones. Afrontemos los problemas de nuestros servicios públicos como lo que son, déficits sociales en materia de bienestar, ciudadanía y cohesión inclusiva, que afectan en particular a las clases populares –entre otros a los inmigrantes– y que requieren una decidida política social.

El derecho al voto

            En las mismas fechas, se celebró el Congreso Federal del PSOE, que reactivó la cuestión de los derechos políticos de los inmigrantes en el ámbito local. Si bien el congreso no discutió las medidas aquí comentadas u otras en relación con la inmigración, la aprobación del derecho al voto municipal para los inmigrantes aportó la imagen progresista que compensaba –debieron pensar los estrategas– las medidas restrictivas y las críticas recibidas. Sea por sentido de oportunidad o por convicción más profunda, el Gobierno parece decidido a reactivar la moción aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados, ya en 2006, a favor del reconocimiento de este derecho, y que durante estos años no se ha llevado a la práctica.
            La medida es importante y es la única que, en los últimos meses, apunta en un sentido integrador y positivo tanto por razones simbólicas y normativas como pragmáticas. Por razones simbólicas, ya que el derecho de voto supone el reconocimiento del vecino inmigrante como uno más, que decide el Gobierno y las prioridades de su pueblo y ciudad. Por razones normativas, de calidad democrática y de avance tímido, local, pero avance, hacia una ciudadanía de residencia. Por razones, en fin, de tipo pragmático. Constituyendo un sector del electorado, cabe pensar que la situación, necesidades y demandas del vecindario inmigrante, muchas de ellas comunes a otros sectores populares, tengan una mayor incidencia en los partidos e instituciones locales, lo que debe facilitar una integración menos costosa.
            El derecho de voto se reconocerá a los inmigrantes extracomunitarios que tengan “residencia permanente” en España y se concretará por medio de acuerdos con los países de origen que garanticen el derecho de voto de los españoles en sus elecciones locales. Este criterio de reciprocidad, que figura en el artículo 13.2 de la Constitución española, se incluyó en su día para favorecer a los emigrantes españoles, aunque hoy genera un doble problema. Hay países en los que el voto de los extranjeros está prohibido y que tendrán que reformar sus constituciones, como Ecuador y Marruecos, para reconocerlo y atender a la reciprocidad. Un segundo problema lo constituyen los Estados no democráticos, como China, con los que la reciprocidad no es posible. Dada la inexistencia de elecciones en China, ¿negaremos a sus nacionales residentes el derecho de sufragio que sí reconocemos a otros residentes extracomunitarios?
            Por estos problemas, algunos juristas como Eliseo Aja y Javier de Lucas plantean la supresión del criterio de reciprocidad del texto constitucional con una reforma similar a la que se realizó, en 1992, para abrir paso a la Unión Europea (7). Sin embargo, esta reforma, muy sencilla técnicamente, está descartada dada su complejidad política, ya que supone abrir el “melón” constitucional. De hecho, se ha concretado el nombramiento de un embajador especial encargado de negociar los tratados de reciprocidad con los principales países de origen de la inmigración en España, para que sus nacionales puedan votar en las municipales de 2011.

¿Hacia dónde vamos?

            En los últimos cuatro años, más de 2 millones de nuevos residentes se han insertado de forma tranquila, lo que no quiere decir que no existan problemas en el ámbito de los servicios públicos ni falten tensiones cotidianas a escala vecinal. Con todo, no se han generado conflictos sociales destacables, particularmente si atendemos a la envergadura de las entradas y de los cambios en marcha. Este proceso ha sido muy deudor del crecimiento económico, la necesidad de mano de obra inmigrante para alimentarlo y la inserción de los inmigrantes como “complementarios” y “funcionales”. Complementarios con los trabajadores autóctonos, con los que no se entraba en competencia, y funcionales para los empresarios y amplias capas medias de nuestro país.
            ¿Cómo va a afectar la recesión a este cuadro? De momento, se apunta una reducción de demanda de trabajo inmigrante, particularmente en el caso de la construcción y afines, y por tanto que se reduzca la entrada de trabajadores inmigrantes. Sin embargo, por las razones ya señaladas, éstos continuarán entrando aunque su proporción en los flujos disminuya a favor de los ingresos de familiares. Por otro lado, de momento, la recesión no altera la estructura laboral etno-segmentada, con sus nichos de inmigrantes como paradigma, ni cuestiona la complementariedad entre trabajadores autóctonos e inmigrantes. Con todo, esto podría cambiar como consecuencia de la profundidad de la crisis, las repercusiones sobre los sectores sociales más precarios, los recursos y niveles de aceptabilidad de los trabajadores, las estrategias de las empresas, etc. Una crisis más profunda facilitaría la extensión de situaciones “objetivas” de competencia entre sectores de autóctonos e inmigrantes, con posibles consecuencia negativas de diverso tipo.
            En tercer lugar, pero no menos importante, la recesión y sus consecuencias va a aumentar los problemas y tensiones de nuestro Estado de bienestar, tanto porque sus prestaciones y acción protectora van a ser más demandadas, como por evidenciar los déficits que arrastramos en inversiones, extensión y profundización.
            Como se ha argumentado, las medidas propuestas son de efectividad dudosa para conseguir algunos de los objetivos económicos planteados, como la reducción del paro, pero con negativas consecuencias en términos sociales. El mensaje de reducir las entradas, facilitar el retorno y limitar la reagrupación familiar, para reducir el paro y “aliviar” el Estado de bienestar, vincula, aunque no se pretenda, crisis e inmigración. Aquí nos sobran inmigrantes y, si bien no se les responsabiliza de la crisis, sí se les trata como una carga “ilegítima” en períodos de dificultades; por lo tanto, pueden ver precarizada su situación, reducidos sus derechos e invitados a “marchar”.
            Además de negativa, la orientación de estas medidas es unilateral. Sólo incide en los aspectos más restrictivos y en aquellos que afectan, exclusivamente, a los inmigrantes. Nada se apunta, al menos de momento, en un sentido preventivo respecto de los dos problemas más importantes en perspectiva: el final de la complementariedad entre trabajadores autóctonos e inmigrantes y un escenario de competencia entre unos y otros, y el refuerzo de los servicios públicos y las necesarias inversiones en materia de bienestar, ciudadanía de calidad y cohesión social.
            Por último, pero no menos importante, las argumentaciones utilizadas para justificar estas medidas redoblan la lógica utilitarista sobre la inmigración, precarizan su situación aquí, incluso la de aquellos que ya cuentan con residencia permanente, y legitiman las tesis populistas sobre crisis, paro e inmigrantes. Así, el discurso gubernamental se acerca al del PP y, en ocasiones, se hace indistinguible de él. La nueva reforma de la Ley de Extranjería, anunciada para finales de año, será un indicador. 

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(1) Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (El País, 20 de julio de 2008).
(2) El País, 20 de abril de 2008.
(3) La modificación del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC), la simplificación del procedimiento y otras medidas administrativas, como la creación de la Unidad de Grandes Empresas, han dado mayor agilidad a la contratación en origen y ha aumentado su número (unos 234.000 en 2007 incluyendo los trabajadores temporales). De acuerdo con el mecanismo, si la demanda de trabajadores de empresas y cooperativas disminuye, el número de entradas por esta vía también lo hará. Por otro lado, el Gobierno tiene con el CODC un instrumento para abrir o cerrar más o menos el procedimiento. Si una ocupación, alicatador por ejemplo, no está contemplada en el CODC, no se puede aplicar el procedimiento abreviado de contratación en origen.
(4) En los convenios firmados con Colombia, Ecuador, Marruecos, República Dominicana, Mauritania y Ucrania, la contratación en origen constituye una de las contrapartidas a la colaboración en control de fronteras, repatriación de los indocumentados nacionales, blindaje ante migraciones de paso hacia Europa, etc. Es cierto que los convenios no obligan a realizar un número determinado de contratos anuales; sin embargo, si se establece un cierre, la contrapartida desaparece y la cooperación de estos gobiernos puede “resentirse”.
(5) El País, 5 de septiembre de 2008.
(6) El País, 15 de junio de 2008.
(7) Se trataría de eliminar el fragmento “atendiendo a criterios de reciprocidad” del artículo 13.2 de la Constitución española. El derecho de sufragio municipal para los extranjeros quedaría establecido, de esta forma, por los tratados y las leyes.