Gabriel Flores
Crónica económica de un agosto funesto
Lo que sigue es una crónica de las noticias económicas del mes de agosto a la que se han incorporado algunas claves de interpretación que ayuden a entender algo mejor lo que ha pasado. Espero que sea útil para las personas que no hayan podido o querido seguir con suficiente atención las muchas e importantes novedades relacionadas con la crisis de la deuda pública y el euro que han aparecido a lo largo del mes. El conocimiento de lo ocurrido puede contribuir a contextualizar la decisión de Zapatero de reformar la Constitución y a formarse una opinión sobre las causas y el alcance de la gran turbulencia en la que están inmersos los mercados financieros europeos y, especialmente, Grecia.
Agosto ha sido un mes horroroso en cuestiones económicas. Terrible, por la desmesura con la que se han acumulado las malas noticias generadas por los mercados, las autoridades comunitarias y las inútiles y antisociales medidas aprobadas por el Gobierno español. Terrible, además, por el miedo que han suscitado los nuevos acontecimientos y lo que aún está por venir. Los líderes europeos han puesto sobre el tapete de juego cosas con las que no se puede jugar: la cohesión social y territorial, la protección de los sectores sociales desfavorecidos y las ya muy escasas posibilidades de que empleos, rentas y factores productivos perdidos con la crisis puedan recuperarse en los próximos dos o tres años. Afortunadamente, lo sucedido también ha hecho reaccionar a la izquierda social y ha contribuido a redoblar la indignación y el ánimo de la ciudadanía para decir basta ya e intentar cambiar el rumbo antisocial que siguen las autoridades españolas y europeas.
El segundo rescate de Grecia aprobado por el Consejo Europeo del pasado 21 de julio estuvo acompañado de varias medidas encaminadas teóricamente a impedir el contagio de las deudas soberanas de España e Italia (1). Los acuerdos de esa cumbre fueron presentados con gran entusiasmo por las instituciones de la UE y la mayoría de los más influyentes medios de comunicación europeos como un paso decisivo para la creación de un Fondo Monetario Europeo a imagen y semejanza del FMI que permitiría superar definitivamente la crisis de la deuda soberana que azota a la eurozona (2). Sin embargo, tras aquella cumbre se produjo la que hasta el momento ha sido la fase más aguda y extensa de la crisis de la eurozona, la intervención del BCE en los mercados secundarios de deuda para disminuir la presión sobre los títulos italianos y españoles, la cumbre franco-alemana y, por último, el Gobierno Zapatero aprobó una nueva oleada de medidas encaminadas a apaciguar a los mercados. Acontecimientos poco previsibles que no cabe considerar inesperados o extraños; en todo caso, pueden considerarse extrañas e inesperadas la vertiginosidad y la importancia de esos hechos.
Como en todas y cada una de las cumbres europeas celebradas desde mayo de 2010 para intentar solucionar la crisis de la deuda soberana, la reacción positiva de los mercados financieros a la del 21 de julio duró muy poco. De forma similar a lo ocurrido en los rescates precedentes (Grecia, Irlanda y Portugal), tras un paréntesis de relativa calma y dudas que en esta ocasión duró menos de una semana, las primas de riesgo de Italia y España comenzaron a subir y sobrepasaron el umbral de cuatro puntos porcentuales que la mayoría de los analistas considera un nivel insoportable.
La intervención del BCE en los mercados secundarios de deuda pública
La rentabilidad del bono español a 10 años se mantuvo por encima del 6% desde el 28 de julio hasta el 5 de agosto, el contagio afectó especialmente a Italia y terminó por alcanzar a Francia. Solo la decisión del BCE de comprar deuda pública italiana y española en los mercados secundarios, anunciada el domingo 7 de agosto, consiguió reducir la rentabilidad a niveles próximos al 5% durante el resto del mes (3). De nuevo se pudo constatar el fracaso completo de unas medidas de rescate vinculadas a unas exigencias de austeridad y reducción del déficit de las cuentas públicas de difícil e incierto cumplimiento en razón de su impacto negativo sobre el potencial de crecimiento de las economías implicadas. Y otra vez se ha vuelto a comprobar que la actuación de los líderes y las instituciones de la UE no está a la altura de los problemas. Fenómeno que no puede ser más inquietante en una situación en la que no pocos expertos dan por hecha la próxima suspensión de pagos por parte de Grecia, por mucho que tal declaración colocaría al conjunto de la eurozona ante un escenario con un potencial destructivo imprevisible.
La intervención del BCE consiguió reducir en una semana, la segunda de agosto, las primas de riesgo de los bonos a 10 años de España e Italia hasta niveles soportables (4). No fue más que una solución momentánea, pero la eficaz actuación del BCE salvó la hasta entonces más aguda fase de la crisis de la deuda soberana y la grave situación de la eurozona. Lo sucedido dejó claro que en lugar de remitir la crisis avanza sin que las instituciones europeas den la impresión de ser capaces de afrontarla. También dejó claro que el BCE se resiste a seguir actuando como apagafuegos de las incoherencias y debilidades institucionales de la eurozona.
Se imponía la celebración de una nueva cumbre europea, pero lo que se produjo el 16 de agosto fue una cumbre franco-alemana que permitió visualizar una vez más dónde reside el poder real en la UE, la hegemonía de las fuerzas conservadoras, el predominio de la ideología económica ultraliberal en las políticas que imponen los órganos de poder político de la UE y los Estados miembros (¡y no solo los mercados!) en la gestión de la crisis de la deuda soberana y las nefastas consecuencias de esa gestión sobre las economías y las políticas sociales de los países del sur de la eurozona.
Varias reflexiones pueden hacerse al hilo de los acontecimientos mencionados.
En primer lugar, la intervención del BCE desató una notable presión política sobre Merkel y Trichet. Un chaparrón de duras críticas procedente de sus colegas en las instancias de poder político de Alemania y del BCE cayó sobre ambos responsables políticos. Las críticas subrayaban que la intervención del BCE serviría de incentivo para que los gobiernos de los países que estaban siendo disciplinados por los mercados fueran a partir de ese momento menos escrupulosos en el cumplimiento de las políticas de ajuste del gasto público. Además, consideraban jurídicamente cuestionable la compra de bonos en el mercado secundario por parte del BCE y acusaban a los directivos del BCE que habían respaldado la medida de sobrepasar los límites de su actuación (5). Cabe suponer que la mayoría de las críticas no pretendían tanto cuestionar la eficacia o la necesidad de la actuación del BCE como cerrar el paso a soluciones federales de la crisis de la deuda e incrementar la presión sobre los gobernantes de los países del sur de la eurozona para que siguieran cumpliendo de forma estricta las exigencias de austeridad que se les han impuesto y que han aceptado. Por lo visto después, la presión crítica pretendía hacer comprender a los gobernantes de los países del sur de la eurozona que la intervención del BCE en los mercados secundarios de deuda soberana no se convertiría en algo ordinario y que las exigencias de ajuste no se aflojarían.
En segundo lugar, la ayuda prestada por el BCE no va a resultar gratis a Italia y España. El 12 de agosto, el Gobierno de Italia aprobó un plan de ajuste extremadamente riguroso de 45.000 millones de euros hasta 2013 que, en cualquiera de las modalidades en que finalmente se concrete, repercutirá de forma muy negativa sobre la economía italiana, el empleo, las políticas públicas de protección y bienestar social y los derechos laborales hasta ahora existentes en ese país. Los principales sindicatos italianos respondieron el 6 de septiembre con una huelga general que fue seguida por la mayoría de los trabajadores. Después fue el turno del Gobierno de España que ofreció nuevas muestras de su compromiso con los objetivos de austeridad, consolidación fiscal y equilibrio estricto de las cuentas públicas impuestos por los mercados y las instituciones europeas, más allá de toda consideración razonable sobre sus negativos impactos económicos y sociales.
En tercer lugar, hay un aspecto positivo para la economía española en lo sucedido en este agosto negro que merece ser destacado: España ya no está sola en el centro de la diana hacia la que disparan los inversores e instituciones que prestan su dinero a los Estados miembros de la eurozona. Aunque la compañía italiana no es muy recomendable ni la mejor de las posibles, permite que incluso los líderes europeos menos responsables entiendan la magnitud del problema que afronta la eurozona, no solo los despilfarradores socios del sur, y las destructivas implicaciones que para el euro y la propia UE supone seguir conviviendo con la crisis de la deuda soberana sin armar verdaderas soluciones comunitarias en las que riesgos y oportunidades se compartan y beneficios y costes se repartan de forma menos desequilibrada que hasta ahora entre todos los socios (6).
En cuarto lugar, la intervención del BCE contribuyó a clarificar la estrecha relación existente entre la crisis de la deuda soberana y los problemas de insolvencia que amenazan al conjunto del sistema bancario europeo. Así, mientras las primas de riesgo italiana y española se reducían desde niveles insoportables a niveles difícilmente soportables, las cotizaciones bursátiles de los grandes bancos europeos caían con una intensidad y persistencia desconocidas desde octubre de 2008 (tras la quiebra de Lehman Brothers que supuso el pistoletazo que hizo estallar la crisis global) y arrastraban en su caída al conjunto de los grandes índices bursátiles. Además, la consiguiente falta de liquidez en el mercado interbancario obliga a que el BCE vuelva a ocupar una destacada posición en la financiación bancaria y permite resaltar de nuevo que los problemas de capitalización y saneamiento de la mayoría de las entidades bancarias siguen vivos, representan una amenaza para la viabilidad del conjunto del sistema financiero y suponen un lastre que oscurece el horizonte de la recuperación económica.
Y en quinto y último lugar, aunque existe una robusta tendencia a presentar cualquier incremento extraordinario de las primas de riesgo como mero efecto de la actuación de los especuladores en connivencia con las grandes agencias de calificación de riesgos, convendría poner en cuarentena tal interpretación y su correlato justificativo de que los fundamentos de la economía española son buenos y las medidas de austeridad y consolidación fiscal que respaldan las instituciones europeas desde mayo de 2010 son tan acertadas como imprescindibles. El problema de la deuda soberana en euros no está circunscrito a la actuación de los especuladores ni es ajeno a la actuación de los órganos de poder y gobierno de la UE. Sin desechar los innegables efectos de la especulación, hay que admitir que los inversores han percibido correctamente que la reducción de los déficits públicos que persiguen los países del sur de la eurozona es y seguirá siendo muy incierta mientras se mantengan las expectativas de bajo y precario crecimiento económico al que contribuyen decisivamente las políticas de austeridad y devaluación interna (presión para reducir los costes laborales y fiscales de las empresas e incrementar sus márgenes de rentabilidad) que preconizan las instituciones europeas. Los inversores consideran razonablemente que el BCE no va a mantener durante mucho tiempo su papel de comprador de los títulos de deuda pública de los países que presentan mayores riesgos de incumplir sus compromisos de pago ni va a seguir incorporando a su activo valores de alto riesgo. Saben, porque es de dominio público, que la eurozona no dispone todavía de un instrumento consistente que permita rescatar en caso necesario a España e Italia. Y los inversores actúan en consecuencia, sean tiburones especulativos o conservadores rentistas, para desprenderse de las inversiones arriesgadas o para intentar convertir grandes riesgos en grandes beneficios.
Las incertidumbres y debilidades institucionales de la eurozona son las que están provocando dos movimientos complementarios que agudizan la diferenciación de las deudas soberanas de los países considerados seguros de la de los países del sur de la eurozona: una parte de los inversores se desprende y malvende los títulos de deuda pública de los países con mayores posibilidades de incumplir los compromisos contraídos con los prestamistas y se refugia en los títulos de los países considerados más seguros, incrementando así los diferenciales de rentabilidad y, por consiguiente, los costes financieros y las primas de riesgo de la deuda pública de los países que ofrecen menores garantías; y otra parte de los inversores, los que asumen mayores riesgos y tienen una vocación más especulativa, utilizan y aprovechan la multiplicidad de emisores soberanos de la eurozona para arbitrar entre los intereses, necesidades y márgenes de actuación de cada uno de los gobiernos y entre sus respectivas deudas soberanas. En los mercados secundarios de deuda pública hay especuladores, pero la especulación no es la causa única o principal de la crisis de la eurozona. En último término, los especuladores se aprovechan de la crisis y de las incoherencias institucionales de la eurozona y pueden contribuir a agudizar y extender la crisis porque las autoridades que podrían regular su actividad y minimizar los costes y riesgos que provocan se lo permiten.
Hay un último dato de interés a propósito de la cumbre franco-alemana sobre el que vale la pena detenerse cuatro líneas. Apenas dos días después de su celebración, el Ibex perdió en un solo día, el jueves 18 de agosto, nada menos que un 4,7% y la confianza de los inversores en el bono español a 10 años se deterioró ligeramente (la rentabilidad en el mercado secundario aumentó unas décimas, del 4,956% al 4,991%). Podría argumentarse que dicha cumbre y las propuestas realizadas en ella no contribuyeron en nada a ganar la confianza de los inversores en la economía española y tuvieron un impacto económico perjudicial; pero de igual manera, se podría afirmar que la cumbre influyó positivamente para que el Ibex y los principales indicadores de las bolsas europeas (- 5,7% en París, - 5,9% en Francfort o - 6,9% en Milán) sufrieran una caída inferior a la que se hubiera producido de no haberse celebrado la reunión. En resumen, no hay manera de averiguar si existe alguna relación causal o la más simple correlación entre la reunión de Merkel y Sarkozy y la fuerte caída sufrida por la bolsa española o el deterioro de la deuda pública española. Quedan claras, en todo caso, las limitaciones explicativas del conocimiento económico. Queda clara también la compleja evolución de unos mercados financieros en los que inciden al tiempo datos reales, informaciones insuficientes, contradictorias e interesadas, expectativas racionales, pensamiento mágico, presión especulativa, movimientos gregarios de los gestores alentados por miedos justificados o increíbles y errores en la interpretación de la información disponible. Mercados organizados que mantienen una regulación escasa y muy laxa a los que hay que sumar formas de negociación directa entre compradores y vendedores (over the counter market) que no cuentan con ningún control y en las que los márgenes de negociación son aún más amplios y opacos. Por eso resultan tan extrañas las relaciones simples y unidireccionales que políticos y supuestos especialistas establecen apresuradamente entre cualquier medida o acontecimiento económico o político y su impacto sobre la confianza de los inversores o la evolución de los mercados financieros. No son más que pura filfa. Están vendiendo gato por liebre y no son pocos los que compran.
Consecuencias de la cumbre franco-alemana sobre la economía española
La cumbre franco-alemana del 16 de agosto obtuvo el aplauso raudo de Zapatero, pero no arregló nada de nada como se han encargado de demostrar los hechos posteriores. Los acuerdos alcanzados por la pareja Merkel-Sarkozy pueden resumirse en cuatro proposiciones.
Primera. Instaurar un verdadero gobierno macroeconómico de la eurozona. Pretensión que, por ahora, se sustancia exclusivamente en la celebración de dos reuniones anuales para mejorar la gestión conjunta y en una reafirmación del concepto de gobernanza económica de muy corto alcance (en consonancia con el carácter disciplinario, de control mecánico y arbitrario que establecen el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Pacto por el Euro, el Semestre Europeo,…) que se limita poco más que a reforzar la vigilancia sobre la estabilidad de variables macroeconómicas de carácter monetario, inmiscuirse en los procesos de elaboración y aprobación de los presupuestos de cada uno de los Estados miembros y presionar a favor de una mayor liberalización del mercado de trabajo y de las relaciones laborales.
Segunda. Mejorar la coordinación presupuestaria entre los 17 países de la eurozona. La convergencia fiscal comenzará por el impuesto de sociedades de Francia y Alemania y se concretará en 2013. Ya se verá cómo y cuándo se materializará tal convergencia y la incorporación de otros socios a ese proceso.
Tercera. Introducir un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras. El formato de tal impuesto se podría concretar en septiembre por parte de los ministros de finanzas francés y alemán y a partir de ese hipotético acuerdo cabe prever una larga carrera de obstáculos hasta que la propuesta se despeñe o se concrete en algo.
Y cuarta. Incorporar una “regla de oro” de equilibrio presupuestario en las constituciones de los 17 Estados miembros de la eurozona antes del verano de 2012. Ésta es finalmente la propuesta que el Parlamento de España ha aprobado con extrema urgencia, sin que pueda esperarse de esa reforma ningún efecto saludable sobre ninguno de los problemas que afectan a la economía española.
¿Cómo se puede percibir en estas deshilvanadas propuestas o en la insistencia mil veces repetida de mejorar la gobernanza económica de la eurozona cualquier tipo de avance en la unión económica e interpretar que pueden suponer un primer paso hacia un federalismo fiscal en la UE?
Las consecuencias reales e inmediatas de la cumbre franco-alemana sobre las decisiones políticas que adoptó el Gobierno Zapatero no se hicieron esperar.
El 19 de agosto, el Gobierno de España daba nuevas muestras de su grado de compromiso con los objetivos de consolidación fiscal y reforma estructural impuestos por los mercados y las instituciones europeas y aprobaba nuevas medidas de reducción del gasto público farmacéutico, adelanto de ingresos públicos (un incremento de los pagos a cuenta del impuesto de sociedades de las grandes empresas sin variar el tipo general del 30%) y reducción del IVA en la venta de vivienda nueva en 4 puntos (desde el 8 al 4%). Medidas inocuas y timoratas que, en el mejor de los casos, nada o muy poco arreglan.
Según estimaciones gubernamentales, el recorte del gasto farmacéutico podría suponer (si la obligación de recetar el principio activo en lugar de la marca es efectiva y no resulta burlada mediante triquiñuelas por los médicos y las farmacias más proclives a aceptar los incentivos que ofrecen las grandes compañías farmacéuticas) un ahorro de 2.400 millones de euro. Y el adelanto en la recaudación del impuesto de sociedades podría aportar a las arcas públicas otros 2.500 millones procedentes de un incremento de los tres pagos fraccionados que deben realizar las 3.900 compañías que facturan anualmente más de 20 millones de euros; pero dado que no se aprueba al tiempo un incremento del tipo general del impuesto ni cambios que afecten al tipo que efectivamente pagan (que una vez planteadas las deducciones legales supuso el último ejerció económico un exiguo 16,7%) podría traducirse en 2012, cuando las empresas realicen la declaración del impuesto de sociedades con los beneficios obtenidos en 2011, en una devolución de Hacienda de parte de lo que las empresas han adelantado.
Por otra parte, la reducción del IVA en las transacciones de compra-venta de vivienda nueva implica desconsiderar la oportunidad de que el sector público adquiera y disponga de un parque público de viviendas en alquiler que permitiría atender las necesidades de alojamiento de la población joven y de los muy amplios sectores sociales cuyo nivel de renta no permite acceder a un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda. Y que, de paso, supondría una solución aceptable para promotores e inmobiliarias que han sobrevivido al hundimiento del sector y para los bancos propietarios de cientos de miles de viviendas nuevas invendibles. La reducción del IVA en cuatro puntos es temporal (hasta el 31 de diciembre de 2011), afecta a la adquisición de todo tipo de viviendas, también las de lujo, y difícilmente podrá reanimar las ventas por al menos tres motivos: las expectativas realistas de que los precios de la vivienda van a seguir bajando posponen la mayoría de las decisiones de compra; los bancos no van a prestar a clientes que no ofrezcan la máxima solvencia y el mínimo riesgo; y la demanda de viviendas de lujo responde de forma poco elástica a las reducciones de precios.
La medida gubernamental de reducción del IVA en la compra de vivienda nueva fue respondida de forma inmediata por el PP que se comprometió a mantener la reducción en 2012. De esta forma, el PP cazaba dos pájaros de un tiro. Por una parte, anula parte del pequeño efecto positivo en la demanda de vivienda que podría haber tenido la rebaja del IVA en los dos meses que faltan para la celebración de las elecciones del 20 de noviembre. Y por otra, refuerza el espejismo de una recuperación del sector de la construcción que tanto gusta a las empresas inmobiliarias y a una parte significativa de las autoridades municipales (no solo del PP) que estaban vinculadas directamente al pelotazo o que sueñan con recuperar por esa vía el nivel de ingresos municipales de antes de la crisis. Los pequeños efectos prácticos de la medida han sido laminados y quedan desnudos los ilusos objetivos que llevó a su aprobación: calmar las presiones del sector de la construcción y favorecer que las entidades bancarias puedan desprenderse de parte de los activos inmobiliarios que han incorporado a sus activos con las menores pérdidas posibles y, de esta forma, sanear sus balances.
El 23 de agosto, en su comparecencia en el Parlamento, Zapatero se apresuró a ofrecer a la oposición de derechas un acuerdo para elevar a rango constitucional el objetivo del equilibrio presupuestario en señal de adhesión a las demandas de Merkel, Sarkozy, Trichet y las instituciones europeas. La inútil pirueta de Zapatero ha hundido aún más al personaje y ha arrastrado con él las escasas expectativas de Rubalcaba de minimizar la pérdida de votos o conseguir una dulce derrota en las próximas elecciones generales del 20 de noviembre.
La contundencia con la que los sectores progresistas y de izquierda han denunciado las formas y el contenido de la reforma constitucional pactada por el PP y el PSOE y la abundancia de buenos artículos al respecto (Gutiérrez, Navarro, Pallín, Sampedro, …) permiten no insistir en el análisis de un acontecimiento que va a marcar la evolución política española de los próximos meses y va a suponer para el PSOE un antes y un después en el deterioro de sus relaciones con los sectores de izquierda del que será difícil que se recupere a corto o medio plazo.
El viernes 26 de agosto, el mismo día en que se materializaba el pacto entre el PSOE y el PP para reformar la Constitución y por si no fuera suficiente, el Gobierno hizo suyas las recetas de la derecha para maquillar el paro, arrojó por la borda el objetivo de reducir la temporalidad y abundó un poco más en su intención de abaratar los costes laborales de las empresas. Las medidas aprobadas ese día fueron las siguientes: estableció un nuevo contrato de formación y aprendizaje que permitirá hasta el 31 de diciembre de 2013 la contratación de trabajadores de hasta 30 años que no tengan ninguna cualificación profesional (y carezcan por tanto de un título de formación profesional o certificado de profesionalidad) reduciendo significativamente el coste salarial (podrán pagar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional) y las cotizaciones a la seguridad social a cargo de la empresa; suspendió durante dos años la obligación que recoge el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores de convertir en indefinido a un trabajador que encadene contratos temporales durante 24 meses en un periodo de 30 meses; prorrogó hasta el 2013 la ayuda que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) proporciona a las empresas en el pago de las indemnizaciones por despido objetivo (el Fogasa, con dinero público, paga ocho días de la indemnización que correspondería pagar a la empresa) para los despidos calificados como procedentes; concedió más apoyos para la transformación de los nuevos contratos de formación en contratos indefinidos con una importante reducción de la cuota empresarial de 1.500-1.800 euros; y para compensar (maquillar) tanta ayuda a las empresas y poder atender algunas de las necesidades vitales de una parte de los sectores completamente excluidos del mercado laboral, prorrogó 6 meses el Plan Prepara por el que las personas paradas que no reciben ninguna prestación o subsidio puedan cobrar, si aceptan las acciones de formación y el itinerario de inserción que se les ofrece, 400 euros mensuales.
Los argumentos para justificar esas medidas ya no se las creen, y se nota, ni los máximos responsables que tienen que dar la cara y explicarlas. En esta ocasión fue el ministro Gómez el que hizo los correspondientes malabarismos verbales para explicar lo que tantas veces antes se habían encargado de explicar la derecha y la patronal y que él mismo había rechazado hasta esa fecha: que más vale tener un empleo temporal que estar en el paro; que es necesario incentivar (subvencionar) a las empresas para que mantengan los empleos precarios que tienen; que hay que utilizar todas las medidas posibles para combatir el paro, sin medir efectos colaterales; etcétera.
El gobierno del PSOE parece haber interiorizado como única disyuntiva existente la que plantea la patronal y obliga a las personas que se quieren incorporar al mercado de trabajo reglado a elegir entre el paro o un contrato basura marcado por la precariedad, la ausencia de derechos, los bajos salarios y la ayuda a las empresas para que sus costes laborales se reduzcan drásticamente. Como si la opción de un empleo decente, seguro y suficientemente remunerado correspondiera a otro planeta o a propuestas de organizaciones políticas de otra galaxia. Y todo eso lo aprueba el Gobierno tras la reanudación, el miércoles 24 de agosto, de un diálogo social en el que CCOO y UGT parecían dispuestos a abrasarse por completo en una negociación con la patronal en la que mostraron su predisposición a sostener una moderación salarial que parece insuficiente a una patronal que se ha acostumbrado el último año a imponer siempre que puede (es decir, casi siempre) y al margen de los resultados económicos y financieros de las empresas nuevos retrocesos de los salarios y nuevos recortes de derechos adquiridos a cambio de no reducir en demasía el empleo.
Vivir para ver como las mismas personas dicen que es blanco lo que ayer veían totalmente negro y aceptan sin mover una ceja, como solución óptima o como mal menor, lo que antes consideraban inaceptable. No puede extrañar a nadie la existencia de ese tipo de líderes políticos, sindicales o empresariales tan acomodaticios; pero no deja de causar asombro que abunden tanto y que los miembros de sus propias organizaciones y sus votantes no tengan capacidad para exigirles que expliquen con cierto rigor y sin artimañas los cambios de posición y, en caso de que obtengan unos resultados negativos y contrarios a los que esperaban, obligarles a que paguen, al menos con sus cargos, los errores cometidos y los estragos causados. Realmente, resulta alarmante que siendo así las cosas alguien se esfuerce en convencernos que sí, que esa clase política y esos líderes nos representan.
NOTAS:
1. El segundo plan de rescate a Grecia acordado por la cumbre europea de 21 de julio tampoco funcionó. Proporcionó un pequeño respiro de unos pocos días a Grecia, pero enseguida los inversores demostraron su decepción, se desprendieron de los títulos griegos y, como consecuencia, la rentabilidad y la prima de riesgo de la deuda soberana griega y del resto de países del sur de la eurozona escalaron hasta máximos históricos. Y ahí están situados de nuevo, a la espera de una catástrofe (en forma de suspensión de pagos o de salida de Grecia de la eurozona) o de una solución duradera que refuerce la unión económica.
El problema de fondo es que Grecia no puede pagar su deuda sin crecimiento económico y sin ayuda financiera de la UE. Y esa ayuda, incluso reduciendo los correspondientes intereses de los préstamos que conceden los demás socios de la eurozona y el FMI al 3,5%, supone una carga financiera insoportable que, además, está asociada a unas políticas de austeridad que ciegan toda vía de recuperación. Las instituciones y autoridades de la UE no tienen soluciones ni ofrecen alternativas. Las limitadas pretensiones de los líderes europeos se reducen a intentar que la crisis actual no escale hasta una situación ingobernable, preparar una reestructuración ordenada (con sus correspondientes aplazamientos y quitas) de la deuda pública de los países rescatados, hacer planes para que los sistemas bancarios de sus respectivos países puedan sobrevivir a una eventual suspensión de pagos de Grecia y, mientras tanto, favorecer que los bancos que detentan la deuda soberana griega y de otros países del sur de la eurozona limpien sus activos y encajen las menores pérdidas posibles para no poner en riesgo su solvencia.
Las medidas acordadas por el Consejo Europeo de 21 de julio no han funcionado por, al menos, dos motivos:
Primero, el enorme tamaño de las deudas públicas de Grecia, Portugal e Irlanda (cerca de 700.000 millones de euros) y de España e Italia (se aproxima a los 2.600.000 millones de euros) sobrepasa con mucho la capacidad de intervención del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (un total de 440.000 millones de euros que en la práctica se reducen a poco más de la mitad porque en parte ya están concedidos) que obtiene por aportación directa de los países de la eurozona o mediante la emisión por parte del FEEF de sus propios títulos de deuda pública. Un procedimiento de financiación tan limitado, lento y pendiente del hilo de la voluntad de cualquier socio no resulta creíble, no puede desanimar a los especuladores más voraces ni tranquilizar a los inversores más conservadores.
Segundo, la participación de la banca privada en un plan de intercambio de sus actuales títulos de deuda pública griega por títulos a más largo plazo pero más seguros, emitidos por el FEEF, supone una quita que se estima en un porcentaje próximo al 20% en los correspondientes derechos de cobro y ha sido considerada por las agencias de calificación de riesgos como un impago parcial o selectivo. Al final, los bancos aceptan unas pérdidas limitadas (un descuento del 20% que está muy lejos del que realizan los mercados secundarios y que se aproxima en los títulos griegos a medio plazo al 50%) y a cambio trasladan buena parte de sus riesgos a los contribuyentes de los países de la UE. Aunque el acuerdo con la banca privada ha sido considerado excepcional y único (de entrada, irrepetible), el mensaje que ha calado en los inversores es que Europa puede terminar organizando un impago similar por parte de los otros países rescatados o de nuevos países en dificultades y, por ello, para evitar incertidumbres y no tener que aceptar posibles compromisos similares, se deshacen de los títulos de deuda pública de los países con mayores niveles de deuda y riesgo y dejan de comprar los nuevos títulos que emiten. El contagio por una u otra vía resulta inevitable.
Para que Grecia pueda cumplir con sus obligaciones necesita ampliar los plazos de pago, reducir los intereses que ofrece a potenciales inversores a tasas próximas al 2% y alcanzar un crecimiento efectivo de su economía superior en varios puntos a ese 2%, para lo que requiere fondos estructurales comunitarios e inversiones que acrecienten su crecimiento potencial. Y nada o muy poco de eso se le está ofreciendo, sea porque el BCE no está dispuesto o porque lo bloquean Alemania y el resto de países del norte de Europa. Parece ser que hará falta un nuevo episodio de agudización de la crisis de deuda pública para que las autoridades europeas reconozcan lo obvio y ofrezcan a Grecia y al resto de países del sur de la eurozona soluciones reales. Cada vez estamos más cerca de ese escenario pre-catastrófico.
2. Un Fondo Monetario Europeo debería tener la capacidad de actuar rápidamente, en condiciones de alto riesgo y con un volumen de dinero tan grande como sea necesario. La capacidad de financiación que pueden requerir los países del sur de la eurozona solo pueden ser financiadas mediante la creación monetaria (monetizando la deuda) y aceptando, por tanto, los riesgos y las presiones inflacionistas que supone esa monetización.
Mientras tanto, en cualquiera de las posibles soluciones, es necesario que el BCE tenga una intervención más activa, transparente y continuada en la estabilización de los precios de la deuda pública de los países periféricos y que se apruebe la emisión conjunta de bonos (eurobonos) por parte de los países de la eurozona. El papel que se quiere hacer cumplir al FEEF sobrepasa ampliamente sus capacidades de financiación, pese a haber aumentado su poder de intervención y la flexibilidad de sus actuaciones.
3. Se habla mucho de la rentabilidad de la deuda pública en el mercado secundario y de su relación con la prima de riesgo, dando por supuesto que los lectores conocen bien de qué se está hablando. Intentaré aclarar esa relación con un ejemplo sencillo.
Supongamos un particular que compra en el mercado primario o de emisión un título de deuda pública y paga un nominal de 1.000 euros por el que deberá percibir al cabo de un año esos 1.000 euros más 50 euros en concepto de intereses (una rentabilidad, por tanto, del 5% que para el Estado emisor supondrá un coste financiero de 50 euros y un pago total de 1.050 euros). Si tal inversor tiene problemas de liquidez o percibe riesgos de impago por parte del Estado emisor de esos títulos, acudirá al mercado secundario agobiado por esa perspectiva y dispuesto a vender ese título por debajo del precio que pagó cuando compró el título. Puede estar dispuesto a venderlo, por ejemplo, por 960 euros y de esta forma, si encuentra un comprador dispuesto a pagar esa cantidad, habrá perdido 40 euros respecto a su inversión inicial y los 50 euros que podría haber obtenido al vencimiento en concepto de intereses, pero habrá minimizado la pérdida potencial. El segundo comprador, por su parte, compra un título de mayor riesgo (podría sufrir una pérdida en el total a percibir o un retraso en el cobro), pero mucho más rentable ya que podría percibir al vencimiento del título de deuda los 1.000 euros del nominal y los 50 euros de intereses: en total 90 euros más que los 960 euros pagados y por tanto un 9,375% de rentabilidad.
En principio, el Estado emisor de ese título no se ve afectado ni en el pago del principal ni de los intereses (paga en cualquier caso un total de 1.050 euros) por la pérdida que al comprador inicial le ha producido la venta de ese título en el mercado secundario ni por la mayor rentabilidad que puede obtener el siguiente comprador; pero difícilmente podrá el Estado emisor colocar nuevos títulos de deuda soberana en el mercado primario si no ofrece una rentabilidad similar a ese 9,375% que pueden obtener los inversores en el mercado secundario. De esta manera los riesgos que detecta el mercado secundario en la actitud de compradores y vendedores de deuda pública se trasladan al mercado primario y se traducen en una presión sobre los intereses que debe ofrecer el Estado para financiarse mediante la emisión de nuevos títulos de deuda.
Al mismo tiempo que los inversores huyen y malvenden los títulos de deuda pública de los países que presentan mayores riesgos de incumplir sus obligaciones de pago se refuerza la tendencia a refugiarse en los títulos de los países que son percibidos como más seguros o de menor riesgo que, de esta forma, pueden reducir sus costes financieros y ofrecer menos intereses para obtener la financiación que necesitan a inversores conservadores que prefieren mayores dosis de seguridad aunque pierdan cierta rentabilidad.
A ese diferencial entre las rentabilidades de la deuda pública de cualquier país del euro y de Alemania (el país que ofrece mayor seguridad en el cumplimiento de sus obligaciones con los inversores) es a lo que se denomina prima de riesgo. Naturalmente, esa prima de riesgo entre los países del sur de Europa y Alemania tiende a aumentar desde finales del 2009, con la crisis de la deuda soberana de la eurozona, tanto porque la rentabilidad de los bonos alemanes se mantienen o incluso disminuyen como porque la de los bonos de los países que son percibidos de alto riesgo deben ofrecer intereses crecientes para conseguir convencer a sus inversores potenciales. Tal situación impide, de hecho, que estos países puedan acceder a los mercados financieros y que requieran la financiación que les niegan los mercados de sus socios y a un coste financiero inferior al del mercado.
4. Tras la intervención directa del BCE, la rentabilidad del bono español pasó del 6,28 al 4,99% y, en consecuencia, la prima de riesgo respecto al bono alemán se redujo desde los 400 a los 266 puntos básicos. Las compras del BCE alcanzaron una cuantía de 22.000 millones de euros que, pese a su magnitud, apenas representa una gota de agua en el gran barril de alrededor de cerca de 2,6 billones de euros que suman las deudas públicas de Italia y España (una cuarta parte de esa cifra).
5. La posterior dimisión del alemán J. Stark de su cargo como economista jefe del BCE el 9 de septiembre, tras mostrar su rechazo completo a las compras de deuda española e italiana, debe vincularse al mismo objetivo de añadir presión a los líderes europeos para que no se desmarquen de la orientación política seguida desde mayo de 2010. Forma parte de una estrategia suicida de las corrientes más ultras de la ideología económica neoliberal que, en aras del mantenimiento de la política anti-inflacionista, la reducción radical del déficit presupuestario de los Estados miembros y la más estricta estabilidad monetaria de la eurozona, no dudan en contribuir al agravamiento de la crisis del euro, favorecer los movimientos especulativos en los mercados de deuda, desestabilizar la gobernanza de la moneda única y deteriorar la ya escasa confianza de los inversores en las deudas públicas de España, Italia y el resto de países del sur de la eurozona.
Nada más peligroso en la situación actual para la supervivencia del euro que los creyentes neoliberales ultraortodoxos que, desde sus posiciones de máximo poder en las instituciones comunitarias, no admiten ninguna evidencia que desmienta sus principios ultraliberales y parecen dispuestos a que reviente todo, excepto sus recetas antisociales y antieconómicas y su matraca neoliberal.
6. Antes o después, la solución de los eurobonos se abrirá paso; pero no cabe deducir de esta previsión que tal solución vaya a ser necesariamente beneficiosa para el conjunto de los países de la eurozona. En sentido contrario, todo apunta a que la emisión de eurobonos (un solo emisor de deuda pública frente a los 17 actuales) vaya precedida de unas exigencias a los países periféricos (entre otras, perseverar en políticas de austeridad más estrictas y dotar de rango constitucional en los respectivos ámbitos nacionales a la regla de oro del equilibrio presupuestario) que limitarán la soberanía política democrática, debilitarán las políticas sociales, convertirán en papel mojado el reconocimiento y la materialización efectiva de nuevos derechos sociales y cerrarán el paso a las inversiones que requieren las economías desindustrializadas del sur de la eurozona.
Los eurobonos pueden ser una buena solución al actual problema de la deuda pública si se inscriben en una dinámica real de integración económica y política de Europa; pero pueden ser también una mala solución si forman parte de un modelo que priorice unas mayores exigencias de disciplina fiscal y presupuestaria y más sanciones para los socios que incumplan esas exigencias, sin contemplar incentivos positivos de integración. En todo caso, tras la solución al problema de la deuda pública que se alcance, Europa deberá resolver un problema de no menor importancia: la unión monetaria impulsa la heterogeneidad de las estructuras productivas y especializaciones de los países que comparten el euro, al distribuir de forma muy desigual las oportunidades que ofrece compartir un mercado único y una moneda. Así, durante la última década, los países del sur de la eurozona se han desindustrializado y han incrementado su especialización en actividades de bajo valor añadido y productividad y en bienes y servicios de escasa densidad tecnológica y mínima capacidad de competir en los mercados globales que condena a estos países a incurrir en constantes déficits comerciales que requieren financiación externa y que implican el endeudamiento permanente de los agentes económicos públicos o privados. Sin avances en la integración fiscal y presupuestaria esa situación es insostenible.