Gabriel Flores
Merkel afianza la hegemonía alemana y reina en Europa
El resultado de las elecciones del pasado 22 de septiembre despejó el panorama político alemán de incertidumbres. La derecha conservadora logró el 41,5% de los votos y amplió la distancia sobre la izquierda socialdemócrata, que tan solo alcanzó un 25,7% de apoyos y registró su segundo peor resultado electoral desde 1949. Los votos dejaron claro que el SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania) había perdido las elecciones. Derrota sin paliativos.
Tras unos días de duelo, dos meses de intensas negociaciones con la derecha y dos semanas en las que los líderes socialdemócratas se volcaron en convencer a sus afiliados, el SPD aceptó el cobijo que le ofrecía Merkel en su Gobierno.
Alquimia o política en estado puro. La dirección del SPD ha conseguido en apenas tres meses convertir su derrota electoral en algo que si no es una victoria política se le parece mucho. Entiéndase bien, se trata de una victoria limitada en el tiempo, porque podría acabar siendo una decisión tan ruinosa para la socialdemocracia como la que supuso la anterior gran coalición, durante el primer mandato de Merkel como canciller (2005-2009). Y más limitada aún en su alcance, porque antes que socavar la hegemonía de la derecha, la fortalece; lejos de favorecer que la dirección del SPD afronte las críticas provenientes de los sectores de izquierdas del partido y de una parte notable de su electorado, escamotea la necesaria respuesta. La nueva situación creada por el pacto de coalición gubernamental permite que en lugar de precisar y asumir las responsabilidades que correspondan por el fracaso electoral, se rehúyan. Una jugada maestra.
Merkel rescata al SPD de cuatro años más de oposición y consigue a cambio estabilidad para su tercer mandato como canciller y legitimidad para su proyecto político en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, para las políticas de austeridad que ha impuesto hasta ahora y que en lo esencial, en sus elementos centrales, va a seguir aplicando. En segundo lugar, para su propia figura como canciller y como líder del bloque de poder conservador europeo que ha diseñado una salida de la crisis de la eurozona que privilegia los intereses de los grandes grupos empresariales, las economías del norte de la eurozona y los mercados financieros. Y en tercer lugar, para la necesaria flexibilización de las políticas de ajuste que muy probablemente va a producirse en los próximos meses con objeto de evitar que el fracaso económico y social de la austeridad acabe convirtiéndose en un fracaso político y electoral de la derecha. Ese ligero alivio en la severidad de las políticas de austeridad y la financiación que se deberá seguir concediendo a Estados miembros con problemas tendrán un límite claro: no propiciarán el riesgo moral ni supondrán una relajación en el cumplimiento de los compromisos en materia de recortes y ajustes.
Por su parte, el SPD se ofrece como el contrapeso social a las extremistas políticas de austeridad impuestas en los último años e intentará capitalizar una gestión menos dogmática en la consecución de los objetivos de consolidación fiscal y equilibrio presupuestario, nuevos planes de inversión comunitaria, aún por precisar, destinados a favorecer un mínimo nivel de crecimiento y una reducción paulatina del desempleo, y concesiones al avance de la unión bancaria, aunque sea al actual paso de tortuga, para lograr una imprescindible disminución de la actual fragmentación financiera en la eurozona.
No sería adecuado despachar en un par de párrafos y con dos o tres comentarios la decisión de los líderes del SDP y, no se olvide, de la mayoría de sus afiliados que han votado a favor del contrato de coalición con la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU). La gran coalición no es un asunto banal ni tampoco lo son las concesiones logradas por la socialdemocracia en la negociación, tanto en lo que supone la inclusión de algunos puntos básicos de su propuesta electoral en el programa del próximo Gobierno como al poder que obtiene en ministerios de gran importancia política y económica. Sin olvidar que la jugada también sirve para multiplicar las posibilidades de que un miembro del SPD, Martin Schulz, actual presidente del Parlamento Europeo, se convierta en el próximo presidente de la Comisión Europea.
No es fácil prever qué impactos va a tener la gran coalición en las fuerzas progresistas opositoras que quedan en el Bundestag en flagrante y frágil minoría. De un total de 631 escaños, La Izquierda (Linke) tiene 64 parlamentarios y Los Verdes (Grünen), 63; la coalición gobernante se reparte los 504 asientos restantes, 311 para la Unión y 193 para el SPD. Más difícil aún es barruntar las repercusiones que pueda tener la marcha del nuevo Gobierno de gran coalición entre las fuerzas de izquierdas que en toda Europa, especialmente en los países del sur de la eurozona, critican y resisten las políticas de recortes, las reformas desreguladoras y privatizadoras y las devaluaciones internas que condenan al desempleo y la pobreza a millones de personas. En este terreno, las previsiones que puedan hacerse ahora son poco más que corazonadas.
De la naturaleza contradictoria de esas repercusiones pueden darnos una idea las declaraciones de algunos dirigentes políticos europeos. Así, por ejemplo, tanto Rajoy como Hollande se felicitaron públicamente por el acuerdo, el mismo miércoles 27 de noviembre en el que se conoció el pacto, no solo por razones de obligada cortesía política con la gran potencia europea sino también, seguramente, por considerar que la gran coalición puede beneficiar los intereses nacionales de sus respectivos países y la tarea de promover una mayor implicación de las instituciones europeas en las tareas pendientes de cambio institucional y pronta concreción y aplicación de programas europeos de inversión en infraestructuras y de apoyo al empleo juvenil que ofrezcan algún incentivo al débil crecimiento de sus economías.
En sentido contrario destacan las agrias críticas de Melénchon, uno de los principales líderes del Front de Gauche (la más importante fuerza de la oposición de izquierdas en Francia), que en un comunicado publicado en su blog el pasado 14 de diciembre titulado “Los nuevos caniches de Merkel” manifestaba: “El SPD se ha vendido a Merkel. Prefiere la alianza con la derecha antes que un acuerdo de izquierdas. La socialdemocracia solo sirve para apuntalar el orden liberal, […]. En Francia como en Alemania, los socialdemócratas son la camisa de fuerza de los pueblos. Ese mundo no es el nuestro. En Francia, la alternativa es la oposición de izquierdas.” Se confirma así la inclinación de Melénchon a convertir cada desacuerdo con la socialdemocracia (también, en otros casos, con sus aliados del PCF) en un nuevo casus belli que impide análisis matizados de situaciones y decisiones ajenas cargadas de complejidad.
Hay que tener en cuenta, por otra parte, el rechazo provocado por el acuerdo en los grandes medios de comunicación alemanes que representan los intereses del mundo empresarial y promueven el pensamiento liberal-conservador. El Frankfurter Allgemeine Zeitung desaprobaba las grandes ventajas sociales (principalmente, el salario mínimo y la posibilidad de adelantar la edad de jubilación) que, según el periódico, la socialdemocracia había impuesto a Merkel. Y en el mismo sentido se manifestaba Die Welt al subrayar que la señal enviada a Europa por la gran coalición era catastrófica, ya que predicaba la austeridad para los países en crisis, pero engordaba el Estado de bienestar alemán en lugar de ponerlo a dieta para dar ejemplo. Por su parte, el Bild (el rotativo de mayor tirada diaria de Europa) pasaba a considerarse “oposición extraparlamentaria” y valoraba que “este Parlamento es demasiado débil. Su oposición demasiado pequeña. Y demasiado a la izquierda. Eso no es bueno para Alemania”.
Por último, mientras el presidente de la patronal alemana, la BDI (Federación de Industrias Alemanas), estimaba que el acuerdo era una ocasión perdida que podía mermar y poner en peligro el atractivo que ofrece Alemania como localización industrial, la DGB (Confederación de Sindicatos Alemanes) aprobaba el acuerdo, destacaba las medidas de mayor contenido social y recomendaba a sus afiliados que también fuesen miembros del SDP que votaran sí al pacto.
En el análisis que sigue se precisarán, en primer lugar, los principales contenidos económicos del acuerdo que ha permitido constituir el nuevo Gobierno de gran coalición. En segundo lugar, se examinarán el alcance y las previsibles consecuencias del establecimiento legal de un salario mínimo en todos los sectores de la economía alemana. Y en tercer y último lugar, se realizará una cauta aproximación a algunos de los interrogantes y probables impactos sociopolíticos que puede generar la gestión de un Gobierno en el que van a convivir durante cuatro años las dos principales fuerzas políticas de la derecha y la izquierda alemana.
1. Principales contenidos del acuerdo
Se puede suponer que las partes que han firmado el pacto de coalición gubernamental han llegado a una solución que consideran satisfactoria. No creían disponer de otra opción mejor y temían que si las negociaciones no llegaban a buen puerto tendrían que inclinarse por una solución peor que supondría más costes, mayores incertidumbres y menos apoyos de la ciudadanía. Un Gobierno en minoría CDU-CSU, la arriesgada aventura de una nueva convocatoria electoral o cualquier otra posibilidad eran considerados por los partidos firmantes y por la opinión pública como opciones menos atractivas o con más inconvenientes.
Para alcanzar un acuerdo, las dos partes estaban obligadas a hacer concesiones. El SPD no podía aspirar a modificar de forma sustancial la política económica llevada a cabo por Merkel ni la estrategia de salida de la crisis que se ha impuesto en la eurozona. ¿Debería el SPD intentar cambiar a través de un acuerdo político lo que la mayoría de la ciudadanía había respaldado, sin que una nueva convocatoria electoral le proporcionara el apoyo social para hacerlo? La CDU y la CSU tampoco podían aspirar a imponer todo su programa; tenían que permitir que el SPD justificara su presencia en minoría en un Gobierno de coalición con la derecha conservadora y pudiera argumentar ante sus afiliados y votantes que la renuncia a parte de su programa electoral se compensaba con medidas que supondrían más bienestar y protección social para los sectores más débiles de la sociedad. No podían encontrar mejor justificación ni más noble. Tampoco podrían haber aceptado menos.
Los puntos centrales del acuerdo que ha obrado el milagro y ha sido capaz de dar satisfacción a las partes firmantes y a buena parte de la opinión pública alemana pueden resumirse en seis o siete medidas que, según los sondeos de opinión, han sido bien recibidas por la mayoría de la sociedad. La serie periódica de encuestas (Deutschland TREND) que ofrece la red alemana de medios públicos de comunicación (el consorcio ARD) del pasado mes de diciembre reflejaba que un 84% de los encuestados apoyaba la jubilación a los 63 años después de 45 años cotizados, un 81%, la extensión del cobro de un complemento en las pensiones de las madres que dedicaron su tiempo, antes de 1992, al cuidado de sus hijos, un 78%, el salario mínimo, un 63%, el peaje para automóviles extranjeros y un 54%, la doble ciudadanía prevista.
El salario mínimo es la gran estrella del pacto y la llave que ha permitido que el SPD haya aprobado el acuerdo. Habrá un salario mínimo de 8,5 euros por hora a partir del 1 de enero de 2015, excepto para aprendices y trabajadores en prácticas. Los acuerdos colectivos ya negociados que estipulen salarios mínimos sectoriales inferiores a esos 8,5 euros seguirán vigentes hasta el año 2017.
El rechazo a subir los impuestos sobre las rentas y patrimonios más altos y el equilibrio de las cuentas públicas eran objetivos irrenunciables para la derecha y su inclusión en el acuerdo, imprescindible. Los propietarios de grandes patrimonios y los perceptores de las rentas más altas no tendrán que pagar más impuestos, los presupuestos públicos serán equilibrados y, a partir de 2015, el nuevo Gobierno no emitirá nueva deuda pública.
Respecto a las jubilaciones, cada parte logra lo que pretendía. Los asalariados de 63 años que hayan cotizado durante 45 años podrán jubilarse antes de los 67 años sin sufrir ninguna penalización. A partir de 2017, habrá una pensión mínima que se situará en 850 euros, aunque esa cifra no se encuentra en el texto del acuerdo. Y desde 2014, las madres o progenitores que se dedicaron al cuidado y la educación de sus hijos antes de 1992 cobrarán un complemento en sus pensiones; se extiende así un derecho al que solo tenían acceso, hasta ahora, las madres que a partir de 1992, no antes, se habían dedicado a la educación de sus hijos.
Se confirma la voluntad de acabar en 2022 con la energía nuclear civil. Las energías renovables que ahora representan alrededor del 25% del total de la producción eléctrica alcanzarán entre el 55% y el 60% en 2030.
El SPD introduce en el acuerdo que hijos de familias no comunitarias nacidos en Alemania puedan adquirir la doble nacionalidad a los 23 años, sin tener que elegir entre la nacionalidad alemana y la de sus padres.
La CSU consigue que los automovilistas extranjeros paguen un peaje en las autopistas alemanas; para lograrlo, el nuevo Gobierno deberá hacer compatible esa medida con la normativa europea y buscar la forma de evitar que recaiga sobre los automovilistas alemanes.
Además, el pacto incluye un aumento de las inversiones en educación e infraestructuras. En total, la financiación pública necesaria para aplicar el pacto supondrá un total de 23.000 millones de euros a los largo de toda la legislatura. No parece un precio muy alto. Se supone que esos fondos se obtendrán de una mayor recaudación proveniente de la mejora paulatina de la actividad económica y que, en ningún caso, implicarán una mayor presión fiscal o nuevas figuras impositivas que chocarían frontalmente con el espíritu y la letra del pacto.
¿Y con Europa? ¿Qué pretende hacer con Europa el nuevo Gobierno de la gran potencia que ha impuesto junto a sus aliados del norte de la eurozona un diagnóstico sesgado de la crisis y una estrategia de austeridad que tan desastrosas consecuencias han producido en las economías y sociedades de los países del sur de la eurozona? En el acuerdo, como cabía esperar, no hay nada nuevo o contrario a lo hecho o defendido por Merkel en su anterior mandato a propósito de Europa o el euro.
Como ya se había comprobado durante la campaña electoral, no existen grandes diferencias en política internacional o respecto a la moneda única y a la UE entre la derecha conservadora y la izquierda socialdemócrata alemanas. Por eso se puede encontrar tan poca materia en el pacto suscrito dedicada a señalar algún nuevo aspecto o iniciativa a desarrollar en Europa. Ambas partes coinciden en una defensa firme del euro y de la estabilidad presupuestaria, el mayor control y capacidad sancionadora de instituciones comunitarias sobre los presupuestos de los Estados miembros y en marcar las líneas rojas del cambio institucional que consideran necesario impulsar en la eurozona y el conjunto de la UE. Líneas rojas que vienen determinadas por una negativa rotunda a establecer mecanismos automáticos de mutualización de deuda y por tratar de evitar que los rescates financieros (o la seguridad de que finalmente se producirán esos rescates) alienten la más mínima desatención en los compromisos adquiridos por los países del sur de la eurozona para ajustar sus cuentas públicas y llevar a cabo las reformas estructurales que consigan reducir al mínimo sus desequilibrios macroeconómicos. Así lo recoge el acuerdo: “El principio de que cada país miembro debe hacerse cargo de sus responsabilidades tiene que mantenerse. Cualquier forma de comunitarización de la deuda pública haría peligrar los ajustes necesarios de cada país miembro.”
Habrá probablemente, gracias al acuerdo, más flexibilidad en la consecución de los equilibrios de las cuentas públicas y exteriores sin alejarse lo más mínimo de la disciplina fiscal. Según expresa el acuerdo: “Para que Europa se aleje definitivamente de la crisis es necesario un nuevo enfoque político que combine de forma equilibrada reformas estructurales que aumenten la competitividad y una estricta consolidación fiscal con futuras inversiones en el campo del crecimiento y el empleo”. Y habrá también mayor presencia de inversiones públicas europeas en infraestructuras, investigación, desarrollo, innovación o mejora de los sistemas educativos que contribuyan a superar el descrédito de las instituciones comunitarias y a sembrar la esperanza de que también las economías del sur de la eurozona podrán salir algún día de la crisis y el estancamiento económico. Aunque no concreta cómo, el acuerdo es contundente en alguno de estos temas: “La lucha contra el paro juvenil debe convertirse en una prioridad de la política europea”.
En todo caso, la continuidad de las políticas de austeridad y disciplina fiscal es innegociable y la nueva gran coalición sólo admitirá avances o reformas institucionales sustanciales en la UE o la eurozona cuando los países periféricos lleven a cabo las reformas estructurales que garanticen disciplina fiscal y suficiente equilibrio de las cuentas públicas, mayores posibilidades de ajuste del mercado laboral a la coyuntura económica y unas estructuras productivas más cercanas a las de sus socios del Norte con objeto de procurarse mayores niveles de competitividad. Mientras tanto, los mecanismos europeos de financiación, ciertas modalidades muy limitadas y condicionadas de mutualización de la deuda pública y los rescates tendrán la función de incentivar que las reformas estructurales y los ajustes sigan su curso y que las autoridades nacionales no se plieguen a la presión de la calle.
La prueba fehaciente de lo poco que cambia la presencia de los socialdemócratas en el nuevo Gobierno de Merkel a propósito de los asuntos europeos la encontramos en las negociaciones y acuerdos que a propósito del segundo pilar del ambicioso proyecto de la unión bancaria se han producido en la última cumbre europea de 2013, celebrada los días 19 y 20 del pasado mes de diciembre. La derecha gobernante alemana ha vuelto a imponer sus puntos de vista en el diseño del Mecanismo Único de Resolución (léase reestructuración o liquidación de un establecimiento bancario), aprobando un farragoso método de toma de decisiones para determinar quién y cómo se iniciará y llevará a cabo el proceso de liquidación de un banco insolvente y estableciendo un fondo común de resolución que de común sólo tiene el nombre, supone un acceso muy limitado y condicionado a fondos públicos comunitarios y retrasa la mutualización completa de los diferentes fondos nacionales nutridos con aportaciones privadas de los propios bancos hasta el año 2026.
La defensa del acuerdo de gran coalición por parte de la dirección socialdemócrata ha estado centrada en la histórica conquista que supone el salario mínimo y en las nefastas consecuencias de un rechazo de las bases del partido que acarrearía la dimisión de la actual dirección, la amenaza de fracturas irremediables en el SPD y una larga marcha por el desierto de la oposición. Así, de repente, los interrogantes pertinentes que los malos resultados electorales obligaban a debatir habían desaparecido. ¿Por qué se ha consolidado el deterioro y la mengua de los espacios sociales y las bases electorales progresistas y de izquierdas?, ¿por qué no ha sido creíble el giro a la izquierda que intentó dar el SPD en la última campaña electoral?, ¿qué deben cambiar los partidos de izquierdas para hacer factible y asumible por la mayoría social una alternativa progresista a la estrategia insolidaria que defiende la derecha para salir de la crisis?
El cambio de escenario en el debate interno y los argumentos esgrimidos por la dirección del SPD parecen haber vencido muchas resistencias iniciales y han convencido al 75,96% de los miembros del SPD que han participado en la votación y que suponen el 77,86% del total de 474.820 adherentes al partido que habían sido llamados a votar. El 23,95% de los votantes han manifestado su oposición al acuerdo y alrededor de 105.000 afiliados no han votado.
En resumen, aunque más de 200.000 afiliados con derecho a voto se han abstenido o votado en contra, se trata una indiscutible victoria de los partidarios de la gran coalición y de la actual dirección del SPD. Especialmente, de su presidente Sigmar Gabriel que llevó el peso de las negociaciones, consiguió sacar el mejor partido del desastre electoral sufrido (desde 1949, solo los resultados electorales de 2009 fueron peores que los del pasado 22 de septiembre de 2013) y arriesgó mucho personalmente abriendo un proceso inédito de dar la última palabra al conjunto de los miembros del SPD. Gabriel ha sido generosamente recompensado con la vicecancillería, el Ministerio de Economía y Energía y una presencia de sus colegas de la dirección socialdemócrata en el nuevo Gobierno muy por encima del apoyo obtenido en las recientes elecciones federales. Además de Merkel y Gabriel, el nuevo Gobierno contará con 5 ministros del SPD, 6 de la CDU y 3 de la CSU. El SPD consigue los ministerios de Economía y Energía, Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia, Medio Ambiente y Familia.
2. El salario mínimo, su alcance y posibles consecuencias económicas
La aceptación del salario mínimo por parte de los conservadores ha sido la pieza clave que ha permitido llegar a un acuerdo de coalición que pudiera ser ratificado por las bases socialdemócratas.
¿Qué alcance tiene ese salario mínimo y qué potenciales repercusiones cabe esperar de su implantación? Un salario mínimo de 8,5 euros por hora entrará en vigor en 2015 e irá sustituyendo progresivamente a los acuerdos colectivos sectoriales que en materia de salario mínimo hayan establecido una cuantía inferior. Como consecuencia, la extensión del nuevo salario mínimo a todos los sectores de la economía alemana no será plena hasta el año 2017.
El número de trabajadores beneficiados por la medida y el incremento nominal que experimentarán sus ingresos salariales son difíciles de cuantificar con precisión. Sirvan como indicador fiable el porcentaje que proporciona el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) de un 17% del total de los asalariados alemanes (más de 6 millones de trabajadores) que se verán beneficiados por el nuevo salario mínimo cuando sea totalmente efectivo. La distribución sectorial, social y territorial de esos efectos será muy desigual, ya que se verán involucrados el 46% de los trabajadores con un empleo a tiempo parcial, el 44% de los jóvenes menores de 24 años, el 34% de los trabajadores del campo, el 34% de los trabajos que no requieren ningún tipo de cualificación formal, el 32% de los que trabajan en pequeñas empresas de menos de 20 empleados, el 27% de los que trabajan en el Este (en los Länder de la desaparecida República Democrática Alemana), el 22% de los que trabajan en servicios vinculados al consumo o el 21% de las mujeres trabajadoras.
Como media, esos más de 6 millones de trabajadores alemanes que ahora perciben menos de 8,5 euros por hora verían aumentar sus ingresos nominales en torno al 30%. Y la repercusión sobre la masa salarial agregada, si no hubiera modificaciones en los niveles de empleos y precios que hoy existen, se situaría en un aumento de entre el 3% y el 5%.
El salario mínimo legal acordado es inferior al que ya existe en una parte importante de los acuerdos sectoriales vigentes en Alemania. Y se sitúa por debajo de los establecidos en Luxemburgo (10,8 euros por hora), Francia (9,4 euros), Bélgica (9,1 euros), Holanda (9 euros) o, incluso, Irlanda (8,7 euros); aunque, por supuesto, es muy superior a los de España (3,9 euros), Grecia (3,4 euros) o Portugal (2,9 euros)
Respecto a las posibles repercusiones económicas del salario mínimo hay muchas opiniones, pero ninguna de ellas puede alegar argumentos concluyentes de carácter teórico o empírico; menos aún, en el resbaladizo terreno de su impacto sobre el empleo. Aunque la agitación que han desarrollado la patronal, buena parte de los economistas y los medios que representan a la derecha conservadora o liberal ha sido grande y ha procurado alarmar a la opinión pública por sus potenciales efectos negativos, no parece que el impacto del nuevo salario mínimo en términos de destrucción de empleos vaya a concretarse. Las previsiones más pesimistas (también bastante interesadas y deudoras de la ideología de sus autores) estiman un potencial destructivo de entre 350.000 y 1,6 millones de empleos, pero hay poderosas razones para suponer que el incremento del salario mínimo en hogares de baja renta con una alta propensión al consumo de bienes de primera necesidad incrementará la demanda doméstica y contribuirá a generar actividad económica y empleos que podrían ser tanto más numerosos cuanto más se oriente la nueva demanda hacia la producción doméstica en lugar de hacia los bienes importados.
¿De qué depende que el impacto del salario mínimo sea más o menos beneficioso para los sectores más frágiles de las clases trabajadoras?
En primer lugar, de la capacidad que tenga la patronal de eludir su implantación camuflando en la economía sumergida parte del empleo que ahora es retribuido con menos de 8,5 euros por hora, transformando contratos laborales por otros de carácter mercantil que convertirían a trabajadores asalariados en falsos autónomos o sustituyendo empleos a tiempo completo por mini-jobs, aprovechando que estos empleos cuentan con un tratamiento fiscal más favorable y unos costes inferiores en la seguridad social a cargo de las empresas. Podría darse la siguiente paradoja: la extensión y el aumento del salario mínimo repercutiría negativamente sobre el número de empleos asalariados a tiempo completo de carácter legal, especialmente en las actividades menos productivas y rentables; finamente, la suma del aumento de las rentas salariales mínimas y del retroceso del empleo legal podría neutralizar el impacto sobre la masa salarial global y, por tanto, minimizar sus efectos sobre la demanda de bienes de consumo.
En segundo lugar, del impacto del salario mínimo sobre la inflación y, como consecuencia, sobre la evolución de su capacidad real de compra. Podría darse la siguiente situación: el mayor nivel del salario mínimo aumenta los precios de los productos básicos y no mejora de forma significativa el poder adquisitivo de parte de los trabajadores beneficiados. Especialmente, si el aumento nominal del salario mínimo se ve asociado a un aumento del tipo marginal del impuesto sobre la renta de las personas físicas o a una reducción de las transferencias públicas que en forma de bienes o en forma de renta percibían antes las personas y hogares que no alcanzaban determinado umbral de ingresos.
Como se puede deducir de los comentarios anteriores, la responsabilidad de los sindicatos y los partidos de izquierdas en la tarea de control de las posibles derivas indeseables que pueden perjudicar los intereses de los sectores que teóricamente deberían beneficiarse de la implantación del salario mínimo es un factor esencial a la hora de neutralizar sus potenciales efectos negativos.
Respecto a su impacto positivo sobre las economías de la eurozona, las dudas son de similar envergadura, sino más.
En el peor de los casos, la competitividad de los productos alemanes va a verse poco afectada, dado que la demanda exterior de los productos alemanes es muy inelástica, sufre poco con el aumento de sus precios, y la apreciación del tipo de cambio efectivo real tiene un impacto muy pequeño sobre las exportaciones. El alza de la demanda doméstica de bienes de consumo que pueda generar el aumento del salario mínimo tampoco va a suponer tampoco un salto significativo en las importaciones alemanas procedentes del resto de países de la eurozona, ya que mayoritariamente son bienes industriales, equipos y materiales de transporte.
En resumen, el aumento de los salarios nominales que va a suponer la implantación del nuevo salario mínimo para una franja significativa de las clases trabajadoras de Alemania es relativamente importante y va a beneficiar especialmente a los sectores más frágiles. No obstante, su alcance respecto al aumento de la capacidad adquisitiva de los salarios o del empleo es tan discutible como impreciso, aunque no parece que vaya a ser muy grande.
Lo más probable es que el nivel general de precios en Alemania experimente un pequeño alza y que ese ligero aumento de la inflación tenga mayor incidencia en fortalecer la obsesión de la opinión pública alemana por mantener a raya la inflación y la presión sobre la política monetaria del BCE que en perjudicar los márgenes empresariales, las exportaciones alemanas, la capacidad de compra de los salarios o el empleo. También cabe esperar que el consumo de los hogares de menor renta aumente algo y tenga efectos positivos en su bienestar y sobre las importaciones alemanas procedentes de sus socios de la eurozona. En todo caso, poca cosa. Nada que vaya a producir cambios sustanciales en la situación de los sectores sociales que perciben los salarios más bajos o en la actividad económica y el empleo en Alemania o entre sus socios de la eurozona.
3. ¿Quién capitalizará políticamente la nueva gran coalición?
En el corto plazo y en Alemania, los tres partidos participantes en el nuevo Gobierno; especialmente los dos principales dirigentes, Merkel y Gabriel, que han protagonizado las negociaciones. Ambos han logrado lo que querían y cuentan con el apoyo, según todos los sondeos de opinión, de la mayoría de la sociedad alemana. Pese a ello, conviene tener en cuenta que las reticencias que despierta la nueva coalición gubernamental son muy importantes, como ya han mostrado las manifestaciones realizadas por la patronal y muchos medios de comunicación influyentes y lo irán demostrando con mayor rotundidad que hasta ahora el resto de fuerzas políticas, tanto los dos grupos parlamentarios de oposición (La Izquierda y Los Verdes), como las principales fuerzas extraparlamentarias de derechas (Alternativa para Alemania y Partido Democrático Liberal) que se han quedado a unos pocos miles del 5% de los votos que era necesario para entrar en el Bundestag y que, seguramente, reforzarán sus posiciones en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
En España, la repercusión ha sido aparentemente muy escasa, al menos por ahora. El acuerdo desautoriza o debilita las posiciones de la parte más cavernícola de la derecha española que intenta arrasar al PSOE y sus posibilidades electorales y, de paso, a los dos grandes sindicatos.
La puesta en marcha efectiva de un nuevo Gobierno alemán en el que comparten tareas de gestión y responsabilidades la derecha y la izquierda alentará la ilusión de un gran pacto en materia económica entre el PP y el PSOE que los desequilibrios y debilidades estructurales de la economía española hacen imposible o, como mínimo, extremadamente difícil.
Por otra parte, la gran coalición alemana va a suponer, probablemente, un obstáculo para el desarrollo de las propuestas de izquierdas en el seno del PSOE y para la credibilidad de esas propuestas. Hará más difícil que un programa alternativo al del PP y al de las instituciones europeas, nítidamente enfrentado a las políticas de recortes, austeridad y privatización de lo público, gane apoyos en el PSOE y que los sectores socialistas de izquierdas se reafirmen como alternativa a la actual dirección socialista y a su intención de sucederse a sí misma tras el paso atrás que en los próximos meses deberá dar (¿o no?) Rubalcaba.
¿Y a medio y largo plazo quién rentabilizará el acuerdo de gran coalición? ¿Qué partidos capitalizarán los frutos de las medidas de carácter más social que apruebe y aplique el nuevo Gobierno? En Alemania, la propia subordinación del SPD a Merkel y a la mayoría gubernamental conservadora hará muy difícil que los socialdemócratas rentabilicen sus hipotéticos logros y mucho más fácil que posibles traspiés y nuevos episodios de crisis que pueden sobrevenir en la eurozona sean cargados a las espaldas del SPD.
Merkel ya encabezó otra gran coalición con los socialdemócratas entre 2005 y 2009 que acabó en la derrota electoral más estrepitosa en la historia del SPD. Tras intentar poner tierra por medio respecto a las posiciones que mantuvo durante la anterior gran coalición presidida por Merkel y antes, respecto a las políticas que se aplicaron durante los dos mandatos de Schröder (1998-2005), e intentar recuperar parte de sus señas de identidad como partido de izquierdas durante la reciente campaña electoral, el SPD cambia de nuevo el paso y se vuelve a enredar en una coalición con la derecha en la que ocupa la subordinada posición que le corresponde por sus malos resultados electorales. Sería una auténtica sorpresa que en tales condiciones pudiera reforzar su posición, conseguir más apoyos sociales o ampliar su electorado en próximas elecciones.
Al tiempo que acordaba el nuevo Gobierno de coalición con la CDU-CSU, la dirección del SPD anunciaba un cambio significativo en su estrategia de alianzas, según el cual no volverá a excluir un potencial acuerdo con La Izquierda y entreabre la puerta a su futura incorporación a una amplia coalición gubernamental progresista, si los resultados de las próximas elecciones federales de 2017 lo permitieran. La propuesta es poco creíble y no se encamina tanto a recomponer las relaciones con la otra gran formación de izquierdas como a equilibrar una estrategia de alianzas muy sesgada que renunciaba de antemano a cualquier tipo de pacto gubernamental con La Izquierda. Parece, sobre todo, orientada a intentar romper y debilitar a un partido que puede incorporar a sectores de izquierdas procedentes del SPD (siempre que La Izquierda fuera capaz de introducir algunos cambios en su discurso y estrategia) y de representar a los sectores sociales que van a seguir teniendo como único horizonte el acceso a empleos indecentes y salarios insuficientes que no permiten salir de una situación de pobreza relativa.
En el resto de Europa, el análisis de las posibles repercusiones de la gran coalición alemana es aún más complicado. La reafirmación de la estrategia conservadora de salida de la crisis basada en la austeridad, la devaluación interna y los recortes llevan a una parte importante de las clases trabajadoras de los países del sur de la eurozona a un callejón sin salida y siembra desesperanza entre los sectores que han sido arrojados al paro y la pobreza por la crisis económica y las políticas aplicadas. La desafección respecto a esas políticas y a las instituciones comunitarias que las encarnan va a proseguir y se va a manifestar a muy corto plazo en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, por mucho que la suavización de la austeridad que pueda propiciar la presencia socialdemócrata en el nuevo Gobierno alemán pueda limitar su alcance.
La mayor flexibilidad en los ritmos de recortes de gasto público que se exijan a las economías del sur de la eurozona, algunos tímidos avances en el cambio institucional que está en marcha, especialmente en el importante desafío que supone una unión bancaria que sigue su tortuoso camino, algunos proyectos comunitarios que favorecerán la inversión en infraestructuras comunitarias y una mayor implicación financiera europea a favor del empleo juvenil no van a impedir que la fragmentación financiera, bancaria y productiva siga existiendo. Tampoco, que esa fragmentación acabe plasmándose en el mapa político e incida en una creciente desigualdad económica y territorial y en crisis sociales propicias para el desarrollo de xenofobias y nacionalismos simplistas y exasperados, una mayor querencia por medidas autoritarias o prácticas sociales de reafirmación de sentimientos identitarios que pretendan la marginación y, en último término, la represión de los sectores sociales que expresan signos de cualquier identidad diferente. Manifestaciones algo más que embrionarias de unos indeseables contravalores y tendencias que nos ofrecen la contraimagen de lo que pudo ser la construcción de la unidad europea y no ha sido.
El acuerdo suscrito por los socialdemócratas alemanes pinta muy mal para un proyecto europeísta de progreso. En muy poco o casi nada va a beneficiar a las economías del sur de la eurozona y a los millones de personas que en la UE sufren el paro y la pobreza (según datos de Eurostat, 49,7 millones de personas padecen situaciones severas de privación material y 26,6 millones no encuentran trabajo). ¿Cómo va a contribuir un liderazgo basado en la insolidaridad, las sanciones y el carácter prioritario del interés nacional de Alemania a recuperar los apoyos sociales perdidos por el proyecto europeísta que encarna la UE? ¿Qué puede ofrecer la continuidad del liderazgo de Merkel a una ciudadanía que mayoritariamente muestra su desencanto por los derroteros que sigue el proyecto europeo, su desconfianza hacia Europa y su hartazgo con los líderes europeos?
Tampoco parece que los réditos políticos que podría obtener el SPD vayan a ser muchos. Y menos aún sus correligionarios de los países del sur de la eurozona. Resulta difícil pensar cómo o por qué vías puede ayudar el contrato gubernamental firmado por el SPD a que las izquierdas alemanas y europeas recuperen los apoyos sociales perdidos o a perfilar una alternativa autónoma de salida de la crisis claramente diferenciada de la que han impuesto la derecha, los mercados y las instituciones europeas.
Lo peor de todo sería que la gran coalición ofreciera credibilidad y legitimidad a los recortes y ajustes que preconiza la estrategia conservadora de salida de la crisis y acabara sirviendo para prolongar la penosa situación de los millones de personas que ya están excluidos de unas condiciones de vida dignas o sienten la amenaza cierta de verse despojados en cualquier momento de ellas.
Merkel, encantada, afianza la hegemonía de la derecha, reina en Europa e inicia su tercer mandato.