Gabriel Flores

Los programas económicos de PP,
PSOE, IU y Podemos 

1. Lo que cabe esperar del PP y del PSOE

Los programas electorales lo aguantaban todo y no comprometían en casi nada a los partidos que los firmaban. En cualquiera de las elecciones que se celebren en 2015 la situación va a ser bien distinta. Ya no van a poder ser cartas a los Reyes Magos ni un amasijo de propuestas con escasa coherencia y excesiva despreocupación por su viabilidad técnica o política.

Algunos de los frutos más esperanzadores de las mareas de indignación y movilización que han denunciado los recortes y la corrupción son la confianza de la ciudadanía en su capacidad para cambiar con su voto y su presencia activa en el espacio público el actual estado de cosas y la recuperación del pensamiento crítico respecto a los programas electorales y las promesas que contienen. Ahora la gente exige que los contenidos de esos programas sean evaluables y precisos. El voto no supone un apoyo incondicional, es un contrato que obliga al cumplimiento de lo acordado o a una renegociación de su contenido, en cuyo caso, antes de aplicar cualquier cambio, hay que consultar de nuevo a la ciudadanía sin esperar a las próximas elecciones.

El problema del PP y del PSOE es que han compatibilizado la imposición de medidas que han provocado una catástrofe social con una insoportable tolerancia y dejación de funciones ante las prácticas corruptas y delictivas que se originaban en el interior de sus respectivas formaciones, servían como fuente de financiación orgánica y, de paso, llenaban los bolsillos de demasiados de sus miembros. Su capacidad para hacer lo contrario de lo que predicaban y esa tolerancia demostrada con la corrupción han provocado el hartazgo en muchos de sus votantes que sopesan si merece la pena darles de nuevo su voto. Otros, los han abandonado y no piensan, de entrada, volver a votarlos. Por eso es tan importante lo que digan y hagan PP y PSOE en los próximos meses, en el horizonte de un largo ciclo electoral que se extenderá previsiblemente durante todo el año 2015. Y por eso son tan importantes los contenidos de sus respectivos programas electorales, aún por dilucidar, y las formas con las que intentarán solventar la desconfianza de muchos de sus votantes.

A nadie se le escapa que en la actual situación de emergencia económica y social, inestabilidad política y debilidad institucional los programas municipales y autonómicos no pueden agotarse en el limitado ámbito de las correspondientes competencias locales o autonómicas. De hecho, las elecciones de los nuevos concejales y parlamentarios autonómicos se van a encuadrar en un debate más ambicioso respecto a las diferentes estrategias que se proponen para reactivar la economía española y recuperar el dañado proyecto de unidad europea.

El PP tiene pocas posibilidades de elección y eso hace su tarea fácil. Puede ofrecer una continuidad maquillada, a la que intentará hacer pasar por estabilidad, que preste mientras dure el tiempo electoral un poco de atención a las necesidades de la mayoría, lime durante unos meses los aspectos más sangrantes del injusto reparto de costes que ha propiciado desde el Gobierno en los últimos tres años y no confunda de forma tan flagrante como hasta ahora los intereses del poder financiero y los grandes grupos empresariales con los de la mayoría social.

Desea el PP que la limitada rectificación de la estrategia de austeridad iniciada por las autoridades comunitarias siga su marcha y se concrete cuanto antes en una política monetaria más expansiva por parte del BCE y en una mayor inversión comunitaria en infraestructuras, investigación o financiación de las pequeñas y medianas empresas, como propone el Plan Juncker, que permita prolongar y alentar cierto crecimiento de la  actividad económica y la inflación.

Esa ligera y parcial rectificación de la estrategia conservadora de salida de la crisis ha empezado a tomar cuerpo, pese a la tenue resistencia de Merkel y la algarabía opositora de los halcones del Bundesbank, y seguirá materializándose en nuevas medidas del BCE y la Comisión Europea porque el fracaso de la estrategia basada en la austeridad es rotundo y afecta a todos los objetivos que pretendía: la economía de la eurozona se encuentra al borde de una tercera recesión, inmersa en un estancamiento prolongado que impide avanzar en la consolidación presupuestaria y del que no se puede salir con las políticas de austeridad; políticamente, Europa ha pasado a jugar un papel secundario, cuando no insignificante, en la cadena de conflictos bélicos regionales que implican riesgos sistémicos y suponen amenazas globales; los principios y valores de cohesión, solidaridad y democracia participativa que inspiraron el proyecto de unidad europea han desaparecido o han sido arrinconados en la práctica; la mayoría de la ciudadanía europea considera que su voz no es tenida en cuenta por las instituciones comunitarias y poco más de un tercio tiene una imagen positiva de la UE; la crisis y la gestión insolidaria que llevan a cabo las autoridades de la UE han promovido el repliegue del nacionalismo democrático inclusivo y, lo auténticamente grave, han destapado la caja de los truenos de los nacionalismos identitarios excluyentes que encuentran la fuente de todos los problemas en lo extranjero y la madre de todas las soluciones en la ensoñación exaltada de las virtudes nacionales. De poco sirven en tan alarmante situación las rectificaciones parciales de las políticas económicas comunitarias o las campañas publicitarias que venden un relato poco creíble que insiste en que la crisis es pasado.

En los últimos días se ha reavivado una nueva versión de la campaña iniciada por el PP a principios de 2014 intentando convencer a los incautos de que la reactivación ya está aquí. Las evidencias de que las mejoras de la competitividad y rentabilidad de las empresas no son un motor suficiente para generar empleos decentes y mejorar la situación de la mayoría social son tan abrumadoras que la nueva campaña del PP va a tener unos resultados muy limitados y, probablemente, generará la aparición de nuevas grietas en la ya escasa credibilidad que le quedan a Rajoy y su Gobierno. No obstante, hay que admitir que la situación económica a principios de 2015 es algo mejor para los objetivos del PP que la de 2014. La concreción de una mayor flexibilidad en las medidas de expansión monetaria e inversión comunitaria por parte de las instituciones europeas se va a ver acompañada por un petróleo barato y una depreciación del euro que aportarán un plus de crecimiento, mejorarán la rentabilidad de algunos sectores y empresas y darán ciertos visos de realidad a la propaganda del PP en su intento de convencer a la opinión pública de que lo peor ya ha pasado y que el esfuerzo realizado ha merecido la pena.

Pero la realidad es tozuda y no la van a poder tapar con una campaña de publicidad que, como mucho, podrá convencer a la parte de sus votantes menos tocada por la crisis y menos delicada a la hora de tragar los sapos de una corrupción que ha lubricado la acción política del PP y la adhesión incondicional de parte de su tropa. Con eso les podría bastar para ser el partido más votado. Y podría ser bastante para mantenerlos en el Gobierno, solos o acompañados, si se hacen presentes algunos factores: primero, el PP consigue tantos votos como el PSOE (hecho bastante probable); segundo, aumenta la heterogeneidad en un Parlamento con una presencia significativa de Podemos (situación aún más probable); y tercero (el factor clave y la verdadera incógnita de esta ecuación), la ciudadanía no acierta a ejercer una presión suficiente sobre los partidos de izquierdas para comprometerlos en una acción común de ruptura con las políticas de austeridad y la corrupción que nos han conducido al punto en el que nos encontramos. Acción común de las fuerzas progresistas y de izquierdas que tendría como condición necesaria, que no suficiente, el desplazamiento del PP de las tareas de Gobierno.

La posición del PSOE en la tarea de definir su programa electoral es algo más holgada que la del PP. Puede desentenderse en mayor medida de las políticas de austeridad que asumió como propias a partir de mayo de 2010, más aún tras haber borrado de la primera fila a Rubalcaba, Zapatero y una parte significativa de la vieja guardia vinculada al último Gobierno socialista. Incluso puede dar signos de audacia política y así lo ha hecho al apoyar la iniciativa de la Izquierda Plural para reformar el artículo 135 de la Constitución que, por iniciativa de Zapatero, se modificó en 24 horas para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria e introducir la “prioridad absoluta” del pago de la deuda pública. Pero la actual dirección del PSOE no quiere situarse en el campo de la ruptura con las políticas de austeridad, porque calcula que es bastante probable que lo esencial de la estrategia de austeridad va a seguir vigente en Europa en los próximos años y seguirá contando con el respaldo de una gran coalición europea de fuerzas conservadoras, socialdemócratas y liberales empeñadas en gestionar y mantener el espíritu y buena parte de las políticas de austeridad.

Sánchez y su equipo están tan interesados en desmarcarse del pasado reciente del PSOE como gestor y paladín de las políticas de austeridad como en mostrar a los poderes económicos y las instituciones nacionales y comunitarias su alto grado de responsabilidad política y su mayor capacidad para liderar la gestión de una versión humanizada de las políticas de austeridad que asegure su sostenibilidad económica, política y social. El PSOE se encuentra a la búsqueda de un espacio propio que guarde tantas distancias como pueda del PP, de su propia actuación en los últimos años del Gobierno Zapatero y de las fuerzas progresistas y de izquierdas que apuestan por la crítica consecuente de las políticas de austeridad y por un saneamiento democrático en profundidad del régimen político y sus principales instituciones. El empeño de Sánchez no es una tarea sencilla y conlleva un alto riesgo personal, porque pudiera ser que el espacio que busca no exista o fuera de tan reducidas dimensiones que el camino emprendido acabe en un doloroso batacazo electoral que implique su exclusión de la carrera que permitiría su acceso a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales. Algunos de sus compañeros y compañeras de partido están a la espera.

Hechos estos apuntes sobre lo que cabe esperar del PP y del PSOE de cara a la elaboración de sus respectivos programas económicos, intentaré analizar en un próximo artículo algunas de las bases o líneas estratégicas que sirven de inspiración a las propuestas y medidas económicas que siguen en el último tramo del proceso de definición por parte de IU y Podemos.

2. Lo que cabe esperar de IU y Podemos

Construir una alternativa progresista a las políticas de austeridad no es una tarea fácil. No equivale a recolectar aquí y allá diferentes reivindicaciones, someterlas al voto de los seguidores de la correspondiente formación política para conocer los apoyos que suscitan y establecer una prelación en función de las simpatías que despiertan o, en su caso, descartar las que generen excesivos rechazos o dudas.

Andan las fuerzas políticas que propugnan una ruptura consecuente con las políticas de austeridad intentando precisar qué medidas económicas acogen en sus programas electorales y ofrecen a la ciudadanía. No faltan ideas y propuestas sobre lo que hay que hacer, pero aún hay tarea pendiente. Por lo que se ve, prosiguen los últimos retoques encaminados a cribar las propuestas, priorizar, ordenar cómo se realizará su puesta en marcha y, eso espero, presentar un todo coherente que respete la propia biología de las reformas que se proponen (algunas tendrán efectos inmediatos mientras otras, tanto o más necesarias que las anteriores, madurarán y darán frutos al cabo de meses o años) y no oculte a la ciudadanía los contradictorios efectos de cada medida ni sus inevitables impactos negativos.

Los costes que exige modernizar estructuras productivas, cambiar instituciones y sustituir modelos de crecimiento son inevitables, pero se puede aspirar a lograr que el pago de las correspondientes facturas no sea tan desigual e injusto como el provocado por las políticas de austeridad. Más aún, un nuevo Gobierno progresista y de izquierdas debe asegurar a la ciudadanía que los costes se distribuirán de forma justa: a los más pobres no les faltará lo necesario para vivir en condiciones dignas y los más ricos, en rentas o patrimonios, deberán aportar más a las arcas comunes. Pueden llamarlo populismo; se trata, simplemente, de solidaridad y de justicia. Será posible, en todo caso, si la decisión democrática de una mayoría social que quiere vivir en un país decente así lo aprueba.  

Intentaré analizar en lo que sigue algunas de las bases que sirven de inspiración a las propuestas económicas que están en proceso de definición por parte de IU y de Podemos. En lo que conozco, las medidas económicas que barajan ambas fuerzas políticas tienen muchas coincidencias y un sustrato común: el rechazo consecuente de las medidas y reformas económicas basadas en la austeridad adoptadas por el Gobierno Rajoy y, antes, desde mayo de 2010, por el último Gobierno Zapatero.

Tiempo habrá de conocer y analizar de forma más concreta las diferencias y los matices que aporten sus respectivos programas económicos, una vez que sean dados a conocer a la opinión pública. Por ahora, además de las entrevistas y declaraciones realizadas por sus dirigentes y las notas de prensa aparecidas sobre tal o cual aspecto, solo hemos tenido ocasión de leer las bases y líneas estratégicas elaboradas por Navarro y Torres para Podemos, Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida, y algunos de los documentos elaborados con parecidos propósitos por IU, entre los que cabe destacar el debatido en sus III Jornadas sobre un nuevo modelo productivo, 50 medidas de Gobierno sobre economía y empleo para 50 Consejos de Ministros, y el más reciente e interesante, Programa Marco Municipales y Autonómicas 2015.

Como era de esperar, los documentos de IU han pasado bastante desapercibidos, mientras el de Navarro y Torres ha concentrado todas las críticas imaginables, atinadas algunas, desatinadas y sectarias la mayoría. Sin embargo, ambas fuerzas coinciden en muchos de los diagnósticos, temas y soluciones que ofrecen. La diferencia esencial que explica parte de la desigual atención recibida no está en lo que plantean, sino en la capacidad que muestra Podemos (no tanto sus propuestas) de arrebatar votos al PSOE (y de paso a IU) y sembrar el desconcierto y las dudas en parte de la base sociológica de la derecha y, lo que no es cuestión menor, del nacionalismo catalán y vasco.

Mientras las direcciones de IU y Podemos deshojan la margarita de las propuestas estrellas de sus respectivos programas económicos, me concentraré en examinar las bases comunes que inspiran las coincidencias en las propuestas de ambos partidos.  

Respecto a Europa hay poco y bastante vago. Planteamientos como la flexibilización del Pacto de Estabilidad, el incremento del presupuesto de la Unión, la creación de mecanismos que garanticen la mancomunidad de la deuda o la democratización del BCE no parecen medidas demasiado concretas. Las propuestas que apuntan a la necesidad de buscar fórmulas de mutualización de la deuda pública o incrementar la inversión comunitaria que impulse la productividad global de los factores y compense la inversión productiva y el potencial de crecimiento perdidos en la eurozona requerirían mayor concreción y, al menos, una explicación sobre las fuerzas políticas que podrían respaldar tales medidas. 

Respecto a la economía española el nivel de detalle es mucho mayor. Aún a riesgo de simplificar en demasía me ocuparé únicamente de examinar dos propuestas que forman parte de los pilares básicos de los programas de ambas formaciones: subir los salarios y aumentar el gasto público o, de forma más matizada, flexibilizar y aplazar el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público, con el ánimo de impulsar la actividad económica o, por lo menos, no perjudicar el crecimiento. Como se ve, no me detendré en las propuestas que más polémica e interés han despertado, como las relacionadas con la auditoría y reestructuración de la deuda, la paulatina extensión de modalidades viables de renta básica, una reforma fiscal que priorice la lucha contra el fraude y un reparto más justo y progresivo de la carga fiscal o la expansión y mayor incidencia regulatoria del sector público en sectores estratégicos. Tal y como están, y a falta de un mayor grado de elaboración, las medidas que propugnan ambas fuerzas políticas me parecen viables y asumibles por la mayoría social. Y cabría añadir, intercambiables.

A expensas de que la elaboración de sus respectivos programas den lugar a mayores diferencias de las que hasta ahora han salido a la luz, lo que prima al día de hoy es una amplia coincidencia programática en las medidas económicas que ambas fuerzas barajan y que, en general, responden al hartazgo de la mayoría social por el asfixiante, injusto e ineficaz rigor impuesto. Concentrémonos, por tanto, en lo que en mi opinión es uno de los ejes fundamentales del diagnóstico de la crisis y de las posibles soluciones que defienden ambas formaciones. La economía española sufre un problema de insuficiente demanda y la solución no puede ser más simple, hay que estimular o sostener la demanda doméstica.

Así lo formula, por ejemplo, V. Navarro. Existe “un enorme problema de falta de demanda doméstica”; las líneas estratégicas a seguir para resolverlo serían “un aumento de los salarios y del gasto público, haciendo gran hincapié en la infraestructura social del país, con el objetivo de estimular la demanda doméstica, el aumento del crecimiento económico y la creación de empleo.” (Entrevista realizada por Isabel G. Caballero y publicada en Nuevatribuna el pasado 16 de diciembre de 2014). Hay muchas más propuestas y muchos matices, pero concentremos el examen en esas dos líneas estratégicas (más salarios y más gasto público) que son comunes a ambos partidos.

Existe un amplio consenso en torno a ese diagnóstico de insuficiente demanda doméstica y a las medidas de impulso de los salarios y del gasto público destinadas a incentivar la demanda. En dicho consenso no solo participan IU y Podemos, también los sindicatos CCOO y UGT y la mayor parte de las fuerzas progresistas y de izquierdas. Más aún, las propuestas económicas adelantadas por el nuevo equipo dirigente del PSOE tampoco se apartan demasiado de ese tronco común. Sin embargo, no está de más guardar cierta distancia crítica con ese diagnóstico y esas soluciones. Propugnar lo contrario de lo que han impuesto los defensores de las políticas de austeridad y devaluación salarial no supone ninguna garantía de acierto o eficacia.

3. Aumentar los salarios y el gasto público. ¿Es esa la alternativa? 

El diagnóstico común en el que se sustentan algunos de los criterios fundamentales de la acción política que defienden IU y Podemos reposa en la existencia de una escasez de demanda doméstica. Nada que objetar a tal aseveración. La combinación de altas tasas de paro y un proceso de desinflación que, desde hace seis meses, se ha convertido en inflación negativa demuestra y expresa la insuficiencia de la demanda interna.

Pero siendo cierto, el diagnóstico anterior contempla únicamente una parte de los graves problemas que debe afrontar la economía española y, por ello, en mi opinión, las medidas dirigidas a estimular la demanda doméstica si no van acompañadas de otras propuestas encaminadas a modernizar la oferta productiva y desarrollar el entramado institucional de la eurozona podrían estar desencaminadas y convertirse a corto plazo en causa de nuevos problemas económicos. Por otro lado, al acentuar con tanto vigor el problema de la falta de demanda doméstica, dejan en la penumbra de los temas menores obstáculos a remover y campos de actuación de tanta o mayor relevancia que el que se señala como prioritario.

Reitero la cuestión porque me parece de capital importancia. Hay al menos otros dos tipos de problemas que tienen tanta o más importancia que la insuficiencia de la demanda doméstica. Me limitaré a mencionarlos. En primer lugar, un problema general que compartimos con el resto de países de la eurozona: las debilidades e incoherencias institucionales de la eurozona. Y en segundo lugar, un problema específico, con rasgos comunes con los de los otros países del sur de la eurozona, pero también con características específicas que atañen únicamente a la economía española: un modelo de crecimiento obsoleto que se sustenta en estructuras y especializaciones productivas que deben ser transformadas y modernizadas con urgencia. Esos dos problemas tienen tanta relevancia como el de la insuficiencia de la demanda doméstica y, por ello, sería necesario que las fuerzas progresistas y de izquierdas dedicaran más atención a la tarea de analizarlos, pergeñar posibles soluciones y defender una estrategia económica más completa y diversificada para salir de la crisis.

Por otro lado, ¿cómo afrontar la tarea de sostener la demanda doméstica? En un panorama empresarial tan desigual como el que ofrece la economía española sería clave la tarea de discriminar qué empresas y sectores pueden o no pueden aumentar los salarios, teniendo en cuenta la evolución de la inflación, la productividad, los márgenes y demás factores económicos y financieros que determinan la situación particular de cada sector y cada empresa. La solución a este problema crucial solo puede pasar en el corto plazo por conseguir un mayor espacio para la negociación colectiva, más protagonismo de los agentes sociales en la tarea de delimitar en qué empresas y sectores es lógico y viable aumentar los salarios y la recuperación de un clima político y económico favorable a la concertación social. En el medio y largo plazo, la aspiración a generar y mantener empleos decentes y aumentar los salarios de forma generalizada pasa por realizar un esfuerzo sostenido de modernización de estructuras y especializaciones productivas que haga posible incrementar la productividad global de los factores (no sólo la productividad aparente del trabajo, como hasta ahora) y compatibilizar la reindustrialización y un alza de la gama de los bienes y servicios con un aumento sostenible de los salarios reales y un equilibrio suficiente (o desequilibrio aceptable) de las cuentas públicas y exteriores.

Convendría diferenciar con mayor precisión los dos debates, el de cómo aumentar el nivel general de los salarios sin incrementar la desigualdad salarial, que requiere de plazos largos y depende de la muy diferente capacidad del tejido empresarial para encajar ese aumento, y el de cómo mejorar y extender el salario mínimo, la renta básica, los subsidios y prestaciones por desempleo o las pensiones, que depende sustancialmente de una decisión política apoyada en un amplio consenso social, ya que el consiguiente aumento del gasto público destinado a financiar esas mejora y extensión requiere un aumento paralelo de la recaudación fiscal proveniente de la lucha contra el fraude, el pago efectivo de los tipos impositivos nominales que actualmente existen y una reforma fiscal progresista que distribuya de forma justa la carga fiscal entre rentas del trabajo y rentas del capital y entre los que tienen más patrimonios y rentas y los que menos.

De poco sirven los llamamientos o propuestas de subir los salarios cuando tales incrementos, para algunas o muchas pequeñas y medianas empresas, no pueden  llevarse a cabo, porque supondría un aumento de costes insoportable y acarrearía su cierre (o la continuidad parcial o total de su actividad y los correspondientes empleos en la economía sumergida) y, como consecuencia, la degradación del empleo, los salarios y los derechos. Así de simple es la cosa y así de compleja la acción política que deben emprender las izquierdas para construir y fortalecer los soportes económicos y políticos que hagan posible la generación y el sostenimiento de unos salarios dignos y la disminución de la fragmentación salarial. 

En el caso de la otra gran medida que se propone para sostener la demanda, el aumento del gasto público, estamos en parecida situación. Los niveles de endeudamiento público y privado de la economía española son extremadamente altos (en los casos de la deuda pública y la deuda externa neta su cuantía se sitúa en niveles próximos al valor del PIB y en el caso de la deuda de los agentes económicos privados duplica con creces ese valor) y colocan a la economía española en una situación de extrema vulnerabilidad. La restricción externa, tras los años de alegría financiera que precedieron al estallido de la crisis global, pende sobre la economía española y solo se puede contar con las instituciones europeas (más en concreto con la acción del BCE desde el verano de 2012), para que la fragmentación financiera que sufre la eurozona se atenúe y la sobrecarga de intereses que soportaron las economías del sur de la eurozona no vuelva ni resulte completamente insoportable. Alemania y sus socios del centro de la eurozona han demostrado con creces que solo están dispuestos a aceptar fórmulas blandas y muy parciales de mutualización de la deuda soberana cuando los riesgos de impago suponen una amenazan para la continuidad del eurozona.

En tales condiciones se puede y se debe negociar con mayor realismo los objetivos de reducción del déficit público y utilizar con mayores dosis de racionalidad las herramientas de las que dispone el BCE para minimizar las primas de riesgo y lograr que los costes financieros no supongan una soga que impida el crecimiento de la actividad económica y, como consecuencia, el aumento de la deuda soberana y los riesgos asociados a su enorme tamaño. Se puede y se debe también propiciar fórmulas negociadas de reestructuración y, en su caso, de quita de una parte de la deuda pública. Los derechos de los acreedores pueden verse más protegidos mediante la negociación que por la imposición de recortes draconianos a los países deudores de imposible cumplimiento; por otro lado, la negociación y el acuerdo garantizan fórmulas de devolución de la deuda que logran un mayor equilibrio entre los legítimos intereses de deudores y acreedores y que no suponen una catástrofe social para una ciudadanía que en su mayor parte ha tenido muy poco que ver con el endeudamiento. No sería la primera vez, durante la actual crisis, que un endeudamiento excesivo se resuelve con fórmulas negociadas de reestructuración y quita. Lo que no se puede plantear son fórmulas unilaterales que, en lugar de ser parte de la solución, enquisten y agraven los problemas. En todo caso, tales propuestas de reestructuración deben incluir la implementación de reformas productivas que apunten a mejoras en la especialización y la productividad global de los factores que supongan una solución sostenible en el tiempo.

En este punto de la reestructuración de la deuda, el conflicto con Alemania y el bloque de poder que representa es inevitable. No se trata de rehuirlo, se trata de intentar que se desarrolle en un terreno y en torno a unos objetivos que puedan lograr el apoyo de la mayoría de la ciudadanía europea y supongan la renovación de los principios y los fines que inspiraron el proyecto de unidad europea.   

No se puede suavizar la gravedad del sobreendeudamiento público, privado y exterior de la economía española. Y una forma de suavizarlo es haciendo creer que su alto nivel tiene como principio y fin la corrupción y, por tanto, se puede hacer desaparecer mediante una declaración política de ilegitimidad de parte de esa deuda y del correspondiente impago. El sobreendeudamiento de la economía española tiene su raíz en un modelo de crecimiento especulativo y en unos mecanismos de financiación abundante y barata vinculados al mercado único y al euro que son perfectamente explicables e identificables. 

El desendeudamiento de la economía española y de los agentes económicos públicos y privados es un proceso tan necesario como largo y costoso. Y para avanzar en tan imprescindible proceso de desapalancamiento financiero es necesario un mayor crecimiento del PIB nominal (para hacer disminuir las tasas de endeudamiento respecto al PIB) y un aumento de la recaudación que nos aproxime a los niveles de presión fiscal y fraude que son habituales entre nuestros socios de la eurozona.

El objetivo de la izquierda en este terreno del gasto público no se puede concretar en una formulación de aumento del gasto público para animar la demanda doméstica, sino en un incremento de los niveles de recaudación pública hasta lograr porcentajes similares a los que alcanzan nuestros socios de parecido nivel de desarrollo económico y utilizar esa mayor recaudación para incrementar la protección social de los sectores sociales que la crisis ha situado en situación de vulnerabilidad y exclusión social y acometer las tareas de modernización de estructuras y especializaciones productivas. 

La reducción progresiva del déficit público no es incompatible con la consecución de un crecimiento sostenible de la actividad económica, el empleo decente y los salarios dignos. Convendría reformular falsas disyuntivas para encontrar respuestas que intenten aunar las medidas y objetivos que son imprescindibles para salir de la crisis. El déficit y la deuda de las administraciones públicas constituyen graves problemas que deben abordarse de forma inmediata. Aunque los desequilibrios que presentan las cuentas públicas no puedan resolverse a corto plazo, hay que tomar medidas que permitan reducir su escala. En ningún caso esa reducción puede posponerse o ser abordada una vez que se hayan resuelto las cuestiones del paro, la modernización productiva o cualquier otro de los importantes problemas que atenazan a la economía española.

Salir de la crisis con los menores costes económicos y sociales posibles exige resolver un difícil y complejo problema que básicamente consiste en aplicar medidas económicas que permitan abordar al tiempo la creación de empleo y la reducción del déficit público. Avanzar en la dirección de una salida progresista de la crisis requiere impulsar una modernización de las estructuras productivas y promover un cambio en el modelo de crecimiento que el mercado no está en condiciones de realizar ni tan siquiera de orientar. Esa transformación productiva resultará imposible sin contar con el impulso normativo y la financiación del sector público. No hay soluciones mágicas ni atajos que valgan, ni a la derecha ni a la izquierda.