Los medios de información dan cuenta puntual de cómo la recesión de la economía española destruye empleos a una velocidad y con una intensidad muy superiores a las de otras economías capitalistas1.

          La tasa de paro supera ya el 18% de la población activa (suma de la población ocupada más las personas paradas que buscan empleo) y es más del doble que la de hace dos años (a mediados de 2007 se llegó a situar por debajo de un 8% que era por entonces inferior a la de Francia o Alemania). Y dobla también la actual tasa de paro de Alemania (un 8,3%) o Francia (un 8,7%) y la del conjunto de los países de la eurozona (un 9,4%). Y eso que el Plan E ha permitido en los últimos meses (entre mayo y julio) que el desempleo en el sector de la construcción haya disminuido en un 5,4% (39.500 parados menos) y que el turismo, como tradicionalmente ocurre en los meses del verano, haya vuelto a impulsar una contratación temporal que ha logrado frenar durante unos meses el aumento del número de parados en el sector servicios.

          Los datos del paro registrado del último agosto han disipado todas las dudas: el desempleo ha vuelto a aumentar en 85.000 personas y ese aumento ha desbaratado los logros de los tres meses anteriores.

          Todas las previsiones apuntan a que el próximo otoño, cuando se acaben los trabajos financiados por el Fondo de Inversión Local y la temporada veraniega sea sólo recuerdo, el aumento del número de parados continuará y la tasa de paro que ofrezca la Encuesta de Población Activa (EPA) se situará irremediablemente en los aledaños del 20%, un porcentaje que duplicará o, en algunos casos, triplicará las tasas de paro de EEUU, Japón, Reino Unido y los principales países de la eurozona.

          La anunciada reedición en 2010 de un nuevo Fondo de Inversión Local dotado con 5.000 millones de euros y la futura aprobación de la nueva Ley de Economía Sostenible que contará con 20.000 millones de euros proveniente de fondos públicos y privados permitirán mantener y generar miles de empleos; pese a ello, todos los datos económicos hoy disponibles apuntan que a lo largo del próximo año 2010 la tasa de paro no bajará del 20%.

          Para la economía española la cifra actual de más de 4 millones de parados no es completamente desconocida; ya se rondaron los 3 millones a mediados de los años 80 y se superaron los 3,5 millones en los años centrales de la década de los 90, con tasas de paro superiores al 20%. Habría que echar la vista muy atrás y bastante lejos para observar cotas similares en otros países industrializados: a los años 1932-1934 y 1938 en EEUU, durante la Gran Depresión, con unas tasas de desempleo situadas entre el 20% y el 25%; y a los países de Europa central y oriental que experimentaron a partir de 1989, tras la implosión de sus sistemas de tipo soviético, una destrucción irreversible de entre el 20% y el 50% del empleo industrial.

          Lo ocurrido en la economía española -que un retroceso de la actividad económica de algo más del 4% en 2009, tras el pequeño crecimiento del 0,9% del PIB en 2008, eleve la tasa de paro desde el 8% de mediados de 2007 hasta el 20%- es completamente atípico en el panorama de las economías capitalistas desarrolladas. En EEUU, Japón, Alemania, Francia, Italia o Reino Unido no ha sucedido nada parecido, a pesar de que el retroceso de su actividad económica en la segunda parte de 2008 y la primera mitad de 2009 haya sido, en general, más grave que el de la economía española.

          ¿Por qué la recesión mundial genera en la economía española tamaño desastre en el empleo y, en cambio, tiene un impacto mucho menor en la cuantía que alcanza el paro en el resto de economías capitalistas desarrolladas?

          El propósito de este artículo es responder a ese interrogante, analizar las causas de tal “anomalía” y los factores particulares que pueden contribuir a explicar esa diferencia y están relacionados con el modelo o patrón de crecimiento2 seguido por la economía española en los últimos años.

          Como contraste y ejemplo de la importancia de los rasgos propios que adopta la crisis en cada economía nacional, de las políticas que adopta cada país y de sus desiguales efectos se analizarán los impactos de la crisis sobre el desempleo en el caso alemán y la relación de su relativamente baja tasa de desempleo con su modelo de crecimiento.

          Una última aclaración: se ha descargado del cuerpo principal del artículo bastante información estadística, aclaraciones conceptuales y comentarios varios que se han relegado a las notas finales para no desanimar en demasía la lectura del artículo. Pese a que el tamaño de esas notas resulta excesivo, he preferido mantenerlas porque pueden aclarar algunas dudas.

1. La anomalía española o la extrema volatilidad del
empleo generado en la última década

          La recesión global es, sin duda, la causa básica del incremento del paro que experimentan prácticamente todas las economías del mundo. Sin embargo, el muy superior incremento del paro que sufre la economía española nos remite a una particular y más que agitada historia (la de la débil y tardía implantación de las relaciones de producción y propiedad capitalistas y la de la industrialización acelerada y peculiar desarrollo del sistema capitalista bajo la protección de la dictadura franquista), con la que, por razones obvias, no es imprescindible fatigar al lector. Valga únicamente esta mención para refrescar la memoria y dejar constancia de que una explicación sólida de la persistencia de altas tasas de paro en la economía española exigiría remontarse a las causas históricas de unas debilidades estructurales que hunden sus raíces en los fracasos y obstáculos que impidieron a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX llevar a cabo las tareas de reforma, modernización e industrialización que emprendieron con mayor prontitud y talento otros países capitalistas; sin olvidar mencionar los efectos de las tareas de demolición y reconversión industrial y productiva que, con más dureza que acierto, fueron llevadas a cabo por los primeros gobiernos democráticos que impulsaron en los pasados años 80 la apertura externa y la liberalización plenas de la economía española y su incorporación formal al espacio comunitario.

          Tiene mayor interés, para el objetivo que aquí se persigue, de analizar los factores específicos que generan la anomalía española, señalar los rasgos principales del modelo de crecimiento seguido durante más de una década y que ya a mediados de 2007, antes por tanto del estallido de la crisis de las hipotecas subprime en EEUU, daba claras muestras de agotamiento. El ciclo de alto crecimiento del producto y, más aún, del empleo que abrió este modelo en torno a 1994 estaba en 2007 agotado.

          Los datos económicos de 2007 muestran con claridad que los desequilibrios acumulados empezaban a obstaculizar gravemente la continuidad de un ciclo expansivo de largo recorrido que había conseguido un crecimiento económico significativamente superior al de la mayoría de los países capitalistas desarrollados y un crecimiento del empleo excepcional, tanto por su intensidad como porque nunca antes la economía española había logrado, desde 1994 y en poco más de una década, que el número de ocupados aumentara en 8,7 millones de personas, con un incremento del 74%, hasta alcanzar los casi 20,4 millones de personas ocupadas a mediados de 2007.

          De forma esquemática y muy resumida, ese modelo de crecimiento descansaba en un intenso crecimiento del precio de la vivienda que era posible por la disponibilidad de  financiación externa muy abundante y barata. A su vez, ese aumento extraordinario del precio de la vivienda impulsó un crecimiento desorbitado del sector de la construcción y actuó como garantía de una deuda privada (de bancos, hogares y empresas relacionadas con la actividad constructora) que alcanzó niveles muy superiores a los del resto de países capitalistas desarrollados3. La pertenencia a la eurozona fue el mejor escudo contra un endeudamiento excesivo y muy arriesgado que permitió un crecimiento económico notable y muy intensivo en trabajo.

          La fiebre constructora y compradora de viviendas tuvo dos importantes contrapartidas. En primer lugar, la orientación preferente de la inversión hacia las muy rentables actividades constructoras y de financiación de la compra de viviendas dificultaba que el crédito fluyera hacia la actividad industrial, la investigación y el desarrollo y la producción de bienes de mayor valor añadido y densidad tecnológica que podían tener mayor proyección de futuro. Las consecuencias negativas más importantes de este hecho fueron el retraso de la modernización del tejido productivo y empresarial, que quedó enclaustrada en un reducido grupo de grandes firmas que lograron una meritoria internacionalización, y la pérdida de capacidad competitiva de los bienes orientados a la exportación o sometidos a la presión de las importaciones. Y, en segundo lugar, alimentaba un aumento de los costes laborales que, pese al limitado crecimiento de los salarios (el crecimiento nominal medio a partir del año 2000 se situó ligeramente por encima del 3% anual, mientras su crecimiento real, descontada la inflación, era mínimo), superaba al crecimiento medio de la productividad del trabajo (estancada o en ligero retroceso). Ambos factores, la mayor inflación y el fuerte crecimiento de los costes laborales unitarios deterioraban la competitividad de las exportaciones españolas e impedían que se mantuviera el ritmo de crecimiento de las ventas y los márgenes de beneficios de buena parte de las empresas expuestas a la competencia exterior.

          Las consecuencias principales de este patrón de crecimiento eran, de una parte, una notable actividad económica y un más que notable crecimiento del empleo (aunque parece necesario subrayar que el empleo que se generó era, mayoritariamente, precario, temporal, de baja productividad, escasamente retribuido y que, con la misma rapidez que se generó, acabó siendo destruido por la crisis) y, por otra parte, un déficit exterior por cuenta corriente enorme y creciente que desde 2006, antes por tanto del estallido y la extensión mundial de la crisis económica, se situaba muy cerca de un poco sostenible 10% del PIB.

          Se ha señalado más arriba que en 2007 los datos económicos mostraban inequívocamente que los desequilibrios acumulados por el modelo de crecimiento eran un obstáculo insalvable que impediría la continuidad del ciclo expansivo. Hay que insistir en que esos datos existían y que eran muy claros, pero hay que precisar también que había demasiados intereses en que no se vieran y más aún en que los agentes económicos no extrajeran de esa información la conclusión pertinente de que aquella fiesta de sobreconsumo, sobreinversión, sobreendeudamiento y superbeneficios no podía seguir durante mucho tiempo y tenía que acabar.
 
          El problema de reconocer en 2007 que la situación y el modelo de crecimiento eran insostenibles era triple y se complicaba por la cercanía a las elecciones generales.

          Primero, habría supuesto reconocer que el milagro de la economía española y la pretensión de codearnos con las economías más avanzadas del mundo (Zapatero afirmó que los datos demostraban que ya habíamos adelantado a Italia y que muy pronto superaríamos a Francia) eran una ensoñación propiciada por una burbuja especulativa.

          Segundo,  habría desvelado que las difíciles tareas encaminadas a incrementar la productividad (relacionadas con la formación, la investigación y el desarrollo, la inversión orientada a la modernización del conjunto del tejido productivo) no habían sido emprendidas por el mercado y habían quedado al margen de las preocupaciones y de las políticas impulsadas desde 1994 por los dos gobiernos del PP y el primer ejecutivo presidido por Zapatero.

          Y tercero, acaso el más importante, el reconocimiento de que la fiesta debía acabar habría supuesto un mensaje a la ciudadanía, respecto a la precariedad del crecimiento y los excesivos endeudamiento y riesgo asumidos, que habría actuado automáticamente como detonante de la crisis (tanto de una producción como, no se olvide, de unos puestos de trabajo que seguían creciendo), adelantándola y obligando al emisor de tal mensaje a explicar por qué no lo había manifestado antes y por qué no había actuado para impedir la expansión de la burbuja especulativa.

          Finalmente fue la crisis financiera mundial, que tuvo su epicentro en la crisis inmobiliaria, bancaria y financiera que comenzó a sacudir a la economía estadounidense desde el verano de 2007 y contagió a lo largo de 2008 a todo el mundo, la que actuó como detonante de la particular crisis de la economía española y de su modelo de crecimiento.

          Las posibilidades de mantener la financiación exterior de la deuda que alimentaba la expansión económica desaparecieron, los flujos de crédito se redujeron drásticamente y la carga financiera asociada a la deuda se hizo insoportable y amenazó la solvencia de buena parte de las empresas, bancos y hogares que se habían  sobreendeudado gracias a la existencia de un crédito abundante y barato.

          El ajuste era inevitable. Pudo haberse evitado, en cambio, que la principal y casi única variable de ese ajuste fueran, en primera instancia, los empleos precarios y, en la segunda vuelta, en la que ahora estamos, los empleos estables. El protagonismo alcanzado por el sector de la construcción hizo que el primer acto de ese ajuste fuese muy virulento con los empleos temporales y, especialmente, con los vinculados a las actividades constructoras. Posteriormente, la brusca reducción de la demanda y los problemas crediticios han provocado la extensión paulatina y desigual del ajuste al conjunto de actividades, sectores y empleos.
 
          La rapidez e intensidad de la recesión han sido tales que apenas han dejado espacio para el debate político esencial de cómo convendría ajustar la economía (sobre qué variables debería recaer el ajuste, con qué costes, qué sectores económicos y sociales sufrirían dicho ajuste y cómo se podrían compensar sus negativos efectos económicos y sociales). Esa ausencia de un debate público sobre qué alternativas de ajuste existen en la actual fase contractiva ha favorecido que todo su peso haya recaído esencialmente sobre el empleo.

2. La resistencia de los empleos alemanes

          En Alemania, la recesión apenas ha supuesto un aumento de 252.000 nuevos parados en un año (apenas un 10% del aumento del paro sufrido por la economía española desde mediados de 2007) hasta alcanzar en julio de 2009 un número total de 3.462.000 desempleados (675.000 parados menos que la economía española, pese a contar con una población ocupada que es, con 40 millones de personas, más del doble que la española).

          La tasa de paro apenas ha aumentado en medio punto, desde el 7,7% de julio de 2008 hasta el 8,3% de un año después; aunque con una importante diferencia entre el 7% de la parte occidental y el 12,9% de la oriental. Ese relativamente pequeño incremento del desempleo se ha producido a pesar de que los datos del PIB alemán muestran, hasta el muy ligero crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre de 2009, una evolución significativamente peor que el de la economía española: tras un crecimiento similar del PIB en 2008 (en torno al 1%), el retroceso del producto alemán en los últimos trimestres había sido más intenso y la previsión para el año 2009 es, pese al ligero repunte del segundo trimestre de 2009 en el caso del PIB alemán y el grave retroceso del español en un -0,9%, que la reducción de la actividad económica alemana en 2009 sea más intensa (un -5,5%) que la española (-4,4%).

          ¿Cómo es posible que una economía tan avanzada tecnológicamente, que se encuentra entre las de mayor capacidad competitiva y exportadora del mundo, experimente un retroceso del PIB mayor que el de la economía española y, a pesar de ello, sufra tan pequeña destrucción de empleo?

          No resulta difícil de explicar. En buena parte, puede considerarse el resultado esperado de un modelo de crecimiento que sostiene una parte muy notable de su actividad económica en las exportaciones (y en un creciente superávit comercial) y en las inversiones productivas que realizan especialmente los grandes grupos exportadores.

           La política económica seguida en los últimos años por las autoridades alemanas de estimulo de la oferta para ganar mercados de exportación han estado al servicio de ese modelo de crecimiento. Políticas que se han concretado, en primer lugar, en una notable presión sobre los costes salariales reales, que se mantuvieron congelados (una vez descontada la inflación) en los primeros años de la presente década y que sufrieron una importante reducción (al crecer por debajo de los  precios) en vísperas de la crisis mundial, en los años 2005 y 2006.

          En segundo lugar, en una política fiscal que ha favorecido la disminución de los costes de producción al reducir la presión fiscal y las cargas sociales de las empresas e incrementar los impuestos indirectos sobre el consumo para compensar la pérdida de ingresos públicos e impedir que los desequilibrios presupuestarios se dispararan.

          En tercer lugar, en una política de flexibilización del mercado de trabajo, debatida y pactada en 2002 por la Comisión Hartz4, que ha impulsado un rápido y significativo incremento de los empleos precarios (de media jornada, por horas, etcétera), aunque su peso no haya alcanzado la exuberancia que muestra en la economía española (12% del empleo total en Alemania, frente al 33% de la economía española en el que se ha mantenido desde 1992 hasta 2006, para descender hasta el 25% en el primer trimestre de 2009).

          Y en cuarto lugar, en una promoción de la deslocalización de capacidades productivas hacia los países emergentes que ha supuesto un notable incremento y abaratamiento de las importaciones de bienes de equipo e intermedios que tienen como destino incorporarse a las exportaciones alemanas y reducir su precio.

          Esta política de oferta ha impulsado fuertes ganancias de productividad, competitividad y rentabilidad de las empresas exportadoras alemanas, un importante incremento del superávit de las cuentas exteriores y una pequeña recuperación del empleo manufacturero entre 2006 y mediados de 2008, periodo en el que aumentó en un 5% tras haber retrocedido en el primer lustro del nuevo siglo en un 8%.

          La crisis mundial también ha puesto en evidencia los costes y riesgos asociados a un modelo de crecimiento volcado en los mercados exteriores. La dependencia del crecimiento alemán de las exportaciones conlleva una presión permanente sobre los costes laborales para favorecer las ventas exteriores que dificulta que la demanda interna juegue un papel más relevante en el impulso de la actividad económica. Como consecuencia, el incremento del PIB alemán ha sido débil, significativamente inferior al conseguido por la economía española en la última década, e incapaz de ofrecer mejoras en el bienestar o la seguridad de la población trabajadora alemana.

          En Alemania, los impactos negativos de la crisis mundial no han recaído sobre el empleo sino sobre las rentas salariales. El ajuste de los salarios ha producido una consolidación de la débil demanda de los hogares, que ya era normal antes de la crisis y que ha seguido siendo compatible con el mantenimiento de una estructura productiva muy saneada y competitiva.

          ¿Qué explicaciones se han dado a la resistencia a desaparecer que muestran los empleos en una situación de recesión tan seria como la que padece la economía alemana?

          Algunos analistas han puesto de relieve la importancia de las medidas de flexibilización del mercado de trabajo aplicadas en los años 2003 y 2004 (las reformas recomendadas por la Comisión Hartz) que aumentaron los contratos precarios -a costa de los empleos estables a tiempo completo que, entre 2001 y 2005, disminuyeron con fuerza mientras el número de empleos precarios crecía intensamente, especialmente en los años 2003 y 2004-, sin lograr una mejora significativa del nivel total del empleo.

          Es cierto que los empleos precarios han resistido bien la importante recesión sufrida por la economía alemana desde la segunda mitad de 2008 y que apenas han disminuido, pero no explican el escaso crecimiento del paro, que tiene poco que ver con la flexibilización del mercado de trabajo o con el aumento del empleo precario5.

          La causa fundamental del escaso incremento del número de parados ha sido el recurso a un mecanismo legal que favorece el paro parcial (kurzarbeit): una disposición tradicional del derecho del trabajo alemán que ha permitido a las empresas conservar los empleos reduciendo los costes de personal en proporción a la reducción de su actividad y a los trabajadores afectados, mantener los salarios correspondientes al trabajo que siguen realizando y complementarlos con una prestación parcial por desempleo.

          Si en noviembre de 2008 sólo 130.000 trabajadores estaban acogidos a esta disposición que les permitía conservar su empleo y mantenerse en una situación de paro parcial, apenas unos meses después, en marzo de 2009, su cuantía se había multiplicado por 10 y alcanzaba a 1.250.000 trabajadores, de los que 400.000 pertenecían al sector de automoción y otros 240.000, al siderúrgico. En total, según la Agencia Federal de Empleo alemana, desde octubre de 2008 hasta mayo de 2009, un total de 96.500 empresas y unos 2,86 millones de trabajadores se habían acogido durante algún tiempo a esta situación de paro parcial6.
 
          Al margen de los cálculos electorales, cuya influencia es obvia (el pasado 30 de agosto se celebraron elecciones regionales en tres Estados federales alemanes y las próximas elecciones generales se celebrarán en una semana, el 27 de septiembre de 2009), el gobierno alemán ha construido o reforzado un sólido dique temporal (hasta 2011) que tiene por objetivo minimizar las cifras del desempleo, impedir que la recesión suponga una sangría de puestos de trabajo paralela a la reducción de la actividad económica, evitar un retroceso más intenso de la demanda interna y mantener intactas la capacidad productiva, la organización interna y la especialización acumuladas por plantillas y empresas.

          Acogerse al paro parcial beneficia a empresas, trabajadores afectados por la disminución de la actividad económica y cuentas públicas.

          Los beneficios que obtienen las empresas son extraordinarios: reducen sus costes laborales (tanto los salarios brutos como los correspondientes a la seguridad social) y mantienen intactas sus capacidades productivas, sin deteriorar unos factores productivos, una organización de la fuerza de trabajo y una especialización y saber hacer acumulados que tanta importancia tienen para una estructura productiva orientada a la exportación. Las empresas mantienen su capacidad productiva, pese a la inactividad obligada de una parte de su potencial, y están prestas para reaccionar inmediatamente ante cualquier repunte del mercado mundial. Así parece haber sucedido en el segundo trimestre de 2009, en el que la economía alemana ha experimentado un inesperado crecimiento del 0,3% del PIB, gracias a la recuperación de sus exportaciones.

          Supone también un alivio notable para los trabajadores, que mantienen su puesto de trabajo y parte de su actividad laboral y no sufren una caída proporcional de sus ingresos salariales ya que obtienen una renta suplementaria de aproximadamente un 30% respecto a la que recibirían en caso de encontrarse en situación de desempleo. Tal situación propicia su disposición a comprar y, como consecuencia, contribuye a disminuir el retroceso de la demanda interna (la reducción media de los ingresos que recibe cada trabajador que se acoge a la reducción temporal de la jornada es de unos 210 euros mensuales)

          Por último, los gastos públicos son menores que si el paro parcial se transformara en desempleo: la Agencia Federal de Empleo paga como media unos 590 euros al mes a cada trabajador afectado por la reducción temporal de su jornada de trabajo, mientras la prestación contributiva por desempleado alcanza una media de 1.500 euros. El ahorro generado es, por consiguiente, de 910 euros por cada trabajador que se encuentra en la situación de paro parcial.

          Por lo visto, se puede hablar de maquillaje del número de parados, pero es mucho más que un simple maquillaje; se trata también y sobre todo de una apuesta rigurosa por preservar un modelo de crecimiento muy favorable a los intereses del capital exportador, en el que resulta evidente la subordinación gubernamental a los objetivos de las grandes empresas exportadoras; pero esa subordinación no lleva aparejado menosprecio por cuestiones de tanta importancia como la continuidad de las plantillas, la protección de la organización, las cualificaciones y la especialización de la fuerza de trabajo y la conservación de las capacidades y el tejido productivo. Probablemente, los hechos descritos ayuden a entender  la oposición del gobierno alemán a propiciar políticas de reactivación basadas en el estímulo de la demanda interna, tanto en el ámbito de soberanía que detenta su gobierno como en las instancias comunitarias e internacionales en las que tanto peso tienen las posiciones alemanas; en todo caso, esa oposición es plenamente coherente con el modelo de crecimiento que propicia la derecha alemana. Modelo del que, por otra parte, no parece capaz de desmarcarse la socialdemocracia… ni en vísperas electorales.

          En los dos casos, el de la economía alemana y española, el ajuste afecta y lo pagan fundamentalmente las clases trabajadoras. La diferencia de que el ajuste afecte a los salarios de la mayoría de los trabajadores alemanes o, como es el caso de la economía española, al empleo (y a las rentas de los trabajadores que pierden su empleo) no es pequeña y tiene importantes repercusiones sociales y económicas. Aunque ambos tipos de ajuste tienen parecidos, hay dos diferencias esenciales que inciden en los muy distintos tipos de impactos sobre la estructura productiva que propician sus respectivos patrones de crecimiento.

          La primera diferencia tiene que ver con la ubicación de la economía alemana entre las más productivas y competitivas del mundo, mientras la española se sitúa entre las más atrasadas de los 15 países que formaban parte de la UE antes de su ampliación al Este. La segunda diferencia se refiere a que mientras Alemania puede preservar su estructura productiva y un modelo de crecimiento en el que resulta esencial el comportamiento de sus mercados exteriores, la economía española necesita cambiar sus pautas de crecimiento, porque las que existían antes de la crisis no pueden seguir funcionando, al desaparecer las bases sobre las que se sustentaban, y necesita construir un nuevo modelo de crecimiento capaz de impulsar la imprescindible modernización productiva.

          Así, mientras el modelo de crecimiento alemán afronta restricciones que son fundamentalmente políticas (relacionadas con la dificultad de preservar el apoyo de la población a un tipo de crecimiento débil que no propicia mejoras en el bienestar de la mayoría de sus ciudadanos), la economía española necesita, en unas condiciones muy adversas, superar la crisis y, al tiempo, un modelo de crecimiento agotado. La economía española no puede relegar su proceso modernizador para el día después de superar la crisis ni puede superar la crisis sin avanzar en la construcción de otro modelo de crecimiento y de una nueva estructura productiva. Y debe realizar esas tareas sin poder acceder a los recursos financieros necesarios y con unos mercados (tanto la demanda interna como la externa) en retroceso.
  
          En el terreno más inmediato, la economía alemana tiene márgenes para encajar la debilidad de la demanda interna y esperar, sin grave deterioro de su tejido productivo y empresarial, a la recuperación de los mercados mundiales; en cambio, la economía española, que basa su dinamismo en la demanda interna, no puede encajar los actuales niveles de desempleo ni las escasas capacidades adquisitivas y propensión a consumir de la mayoría de los hogares.

          Es fácil, por lo visto hasta aquí, echar en falta un modelo de ajuste alternativo en el que fueran los capitalistas y las rentas del capital los que pagaran las consecuencias de la crisis o en el que los costes del ajuste se repartieran de forma menos desequilibrada. Faltaría por ver, pero no existe… o no lo veo.

3. El previsible mantenimiento de altos niveles de paro estructural
en la economía española durante los próximos años

          La finalización del ajuste, en cualquiera de las formas posibles que pueda adoptar, no supone automáticamente la superación de la crisis7. Al tiempo que tiene lugar el ajuste, que en el caso de la economía española sigue en su primer acto, hay que ver qué actividades y empleos, si es que se encuentran o se generan, sustituyen a los destruidos y con qué márgenes económicos y políticos cuenta el gobierno para impulsar la reactivación económica (y no sólo las necesarias medidas de asegurar una  protección real a los desempleados y las más discutibles de sostener artificialmente actividades y empleos condenados a desaparecer de igual modo que el modelo de crecimiento que los sustentaban). Debe ser el gobierno el encargado de esta tarea de generar nuevos empleos, alternativos a los que de manera coyuntural o irreversible se van perdiendo, porque el mercado en lugar de crear empleos los va a seguir destruyendo. Y va a seguir cuestionando la pervivencia de empresas, actividades y empleos en cada vez más sectores.

          Se señalaba antes que la economía española sigue inmersa en el primer acto del ajuste y conviene dedicar unas líneas a explicar esta afirmación y sus consecuencias.
  
          La interrupción de los flujos de crédito bancario que eran normales antes de la crisis no es un problema que pueda solucionarse a corto plazo. Tampoco se trata de un problema de fácil solución. Basta, para darse cuenta de la dificultad, con reparar en cómo pese a los esfuerzos de la comunidad internacional para rescatar al sistema bancario y restablecer su funcionamiento, la restricción crediticia sigue siendo en todo el mundo un componente central de la crisis. La rápida, contundente y coordinada intervención de los gobiernos de los países capitalistas avanzados para impedir la parálisis crediticia logró evitar el hundimiento generalizado al que el mercado había condenado a buena parte de las instituciones financieras privadas, pero no ha logrado la vuelta a la normalidad de las operaciones ordinarias de intermediación bancaria. 
Las consecuencias económicas de la escasez del crédito se han podido comprobar en el notable recorte de la demanda de los hogares y la actividad empresarial, ya que la dificultad de acceder al crédito reduce los gastos, limita las compras a los proveedores, agrava los problemas de liquidez e impide que se aprovechen las oportunidades de inversión.

          Por otro lado, los altos niveles de endeudamiento de hogares, empresas relacionadas con el sector inmobiliario y bancos han favorecido un notable recorte de los gastos de los hogares y la inversión que realizan las empresas, ya que además de reforzar la aversión a asumir nuevos riesgos, obliga a que disminuyan sus deudas e intenten reforzar su solvencia (aumentando el peso de la autofinanciación o disminuyendo la cuantía de sus deudas).

          Además, aunque los bancos españoles no han sufrido con similar intensidad a la de buena parte de los grandes bancos internacionales el impacto de los productos derivados basados en las hipotecas subprime, los problemas vinculados a su exposición a la financiación de las actividades constructoras ya han alcanzado en varios casos la suficiente gravedad como para que las autoridades económicas y monetarias hayan aprobado comenzado a aplicar diferentes esquemas de absorción, fusión, saneamiento y salvamento de las entidades bancarias tocadas y la financiación correspondiente.

          De prolongarse, como es probable, la actual situación de atonía de la actividad económica y un paro que ya afecta a más de cuatro millones de personas el aumento de la morosidad en el pago de los créditos hipotecarios acabará afectando a la solvencia de más bancos y cajas de ahorros y retrasará las posibilidades de que los flujos de crédito bancario alcancen los niveles que requieren los hogares y las empresas. En el mejor de los casos, el nivel de esos flujos se situará muy por debajo de la expansión crediticia que fue habitual durante la década previa a la crisis.

          Añádase a esta situación prolongada de restricción crediticia una tasa de paro que ya supera el 18% y aún no ha llegado a su destino, la debilidad de la demanda interna y la degradación progresiva de la situación de las empresas sobreendeudas y con mayor dependencia de la demanda de los hogares y tendremos cuatro sólidos argumentos para sostener, sin miedo a equivocarnos, que la economía española aún no ha tocado fondo y que el retroceso de la actividad económica y la ocupación no puede acabar a corto plazo ni, mucho menos, antes de finalizar este año.

          Si realizáramos un sencillo cálculo, multiplicar el número de empleos perdidos, aproximadamente 1.500.000 (de los que la mayoría puede haber desaparecido de forma irreparable), por unos ingresos medios anuales de 19.000 euros (en torno a 1.400 euros mensuales), nos aproximaríamos bastante al hundimiento de casi un 6% de la demanda de los hogares que ha sufrido la economía española y que se prolongará al menos hasta finales del próximo año 2010. Sumemos la pérdida de horas de trabajo y la congelación o la reducción de los salarios reales que pretenden muchas empresas y administraciones públicas y tendremos una idea más precisa del calibre que podría alcanzar el retroceso del conjunto de la masa salarial neta de la que dispondrá el conjunto de la población trabajadora. Añadamos la imperiosa necesidad de reducir el sobreendeudamiento que sufren muchos hogares y los estragos que ocasiona el miedo a la crisis y a perder el empleo en la propensión a consumir y llegaremos a una estimación adecuada del notable decrecimiento en el gasto de los hogares y la demanda de bienes de consumo que se prolongará durante varios años.

          Maticemos la previsión anterior a la baja. Por una parte, el número de personas en paro que perciben prestaciones de desempleo (la cobertura alcanza al 70,6% del total de parados) u otros tipos de subsidios o ayudas monetarias menores cuando agotan las prestaciones contributivas ha ido aumentando, por mucho que el número de hogares que no percibe ningún tipo de subsidio o ayuda se haya duplicado en el último año (y suman ya 1.118.000). Por otra parte, la disminución del precio oficial del dinero que decide el Banco Central Europeo está dando un respiro a la carga financiera asociada a los créditos hipotecarios que padecen muchos hogares que conservan su capacidad de pagar la cuota de su hipoteca. Por último, aunque el riesgo de deflación sigue existiendo y permanecerá presente durante el próximo año8, la evolución de los precios durante el conjunto del año 2009 mostrará previsiblemente un pequeño crecimiento que puede provocar ganancias reales de poder adquisitivo para una parte significativa de los trabajadores que no se vean directamente afectados por el paro o por el frío que provoca una subida de los salarios nominales por debajo del 1%.

          Añadamos a los datos anteriores la depreciación del capital físico, la pérdida de capital humano y la descalificación de la fuerza de trabajo generadas por una situación prolongada de crisis y podremos hacernos una idea cabal de la intensidad del retroceso en la utilización de las capacidades de producción instaladas y de la destrucción irreversible de capacidad de producción y de empleos que va a sufrir la economía española. 
 
          Si se confirmara el escenario descrito antes, no cabría esperar en los próximos dos o tres años una normalización de la actividad crediticia ni la recuperación de la demanda de consumo ni, como consecuencia, la vuelta a los niveles de actividad económica y ocupación previos a la crisis. En tal caso, se debería afrontar una situación de prolongado estancamiento de al menos dos años y, como consecuencia, altos niveles de paro estructural que sólo podrían ser reducidos a medio y largo plazo con políticas estructurales de modernización de los factores y de la oferta productiva  e impulso de la formación y cualificación de la fuerza de trabajo que exigen voluntad, tiempo, recursos financieros, acierto y suerte.

          No bastaría con mantener o reforzar las simples políticas públicas de sostén de la demanda que han sido imprescindibles en la fase inicial de la crisis. Menos aún, pensar que las medidas que baraja el gobierno de subidas de impuestos que afecten a la mayoría de la población, reducción del gasto y el empleo públicos o congelaciones salariales de todos los funcionarios pueden jugar un papel positivo. En la actual coyuntura económica, lo más probable es que esas medidas acaben alimentando la recesión y agostando cualquier atisbo de reactivación.

          Sólo una pronta, duradera y escasamente probable intensa recuperación de nuestros principales socios comerciales sería capaz de paliar parte de las nefastas consecuencias de dicho escenario antes de 2011.

          Nos encontraríamos para entonces en vísperas de unas elecciones generales que necesariamente llevarán a que la ciudadanía examine la gestión de la crisis que haya realizado el gobierno. Por lo visto hasta ahora y descontando las buenas intenciones de Zapatero, o mucho me equivoco o mucho me temo que esa gestión recibirá el suspenso que se merece.

          Hasta entonces, la izquierda social, sindical y política tiene un amplio campo de acción para impedir que las propuestas de la derecha y la patronal sean consideradas viables y eficaces por la mayoría de la ciudadanía y para tratar de impulsar un programa reivindicativo con suficiente apoyo social como para influir en el rumbo que siga la política gubernamental. Va a hacer falta mucha presión para que se aprueben medidas que realmente protejan a toda la población desempleada y al conjunto de personas y hogares que la crisis está poniendo en grave riesgo de exclusión; y mucha más presión aún para aprobar y aplicar políticas públicas orientadas a impulsar nuevas actividades y empleos de futuro que aumenten el bienestar y la cohesión social, aseguren un paulatino aumento de la sostenibilidad medioambiental y permitan algún progreso en los mercados mundiales de bienes de mayor valor añadido y densidad tecnológica.

          La economía española debe superar parte del retraso acumulado en progreso técnico, innovación y capital humano si quiere generar empleos sostenibles y estables. El hecho de que tal tarea requiera un largo plazo de tiempo no implica que carezcan de trascendencia las medidas destinadas a frenar la caída de la demanda interna ni implica que las tareas encaminadas a desarrollar otro modelo de crecimiento puedan ser pospuestas o relegadas a un futuro impreciso. El nuevo patrón de crecimiento debe sustentarse al menos en dos patas: la primera, una modernización del aparato productivo que lo haga más competitivo, menos consumidor de recursos y más intensivo en conocimiento; y la segunda, una modernización de las pautas de consumo que revalorice los bienes públicos intensivos en atención y cuidados a la ciudadanía y desincentive el consumo de bienes materiales y energía.

          Sin un impulso modernizador sostenido por el Estado, la sustitución de un modelo de crecimiento agotado que ya no sirve será mucho más difícil, sino imposible. Ni el mercado ni un Estado sin recursos financieros pueden realizar las tareas que exige la reactivación y el cambio de modelo de crecimiento. La reforma fiscal es necesaria, pero no vale cualquier tipo de modificación o subida de impuestos, vaya o no acompañada de buenas palabras9. Aún no se conocen qué modificaciones fiscales concretas se plantean. Habrá que ver qué se aprueba, qué se hace y si lo que se hace sirve.

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NOTAS

1 En el último año, desde julio de 2008 al mismo mes de 2009, con una disminución estimada del PIB relativamente importante (de un 4%, tras cuatro trimestres seguidos de retroceso de la actividad económica), aunque menor que la de la mayoría de los principales países capitalistas, el número de desempleados registrados en las oficinas del INEM (Servicio Público del Empleo Estatal-INEM) aumentó en 1.117.000 personas. Una información más detallada sobre la estructura y la evolución del paro estimado en la economía española desde 1994 a 2008 puede consultarse en el interesante artículo de A. Antón, “Paro y encrucijada frente a la crisis”, publicado en el Pensamiento Crítico del pasado mes de abril. Datos posteriores, los últimos proporcionados por la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE, correspondientes al segundo trimestre de 2009, indicaban una tasa de paro inferior en unas centésimas al 18%. El paro estimado afectaba a 4.137.500 personas respecto a una población activa de 23.082.400. Hace dos años, a mediados de 2007, la tasa de paro y el número de desempleados eran significativamente inferiores (el 7,95% y 1.760.000 personas, respectivamente). Los empleos perdidos en esos dos años suman 1.416.000, que es la diferencia entres los 18.945.000 ocupados en el segundo trimestre de 2009 y los 20.361.000 de hace dos años. En el último año, el paro se ha cebado en los asalariados con contrato temporal (el paro entre estos trabajadores aumentó en 981.000 personas, con un incremento porcentual del 19,8%) pero sólo rozó a los trabajadores con contrato indefinido (entre los que el paro aumentó en 135.200 personas, con un incremento del 1,1%). También en términos porcentuales, el paro golpeó con más fuerza a la construcción, los extranjeros y los varones; pese a ello, las tasas de paro de las mujeres (18,3%) y, especialmente, la de la población extranjera (28%) siguen siendo superiores a la de la población española (16%) y a la de los hombres (17,6%). Territorialmente, las tasas de paro también muestran notables desigualdades; las comunidades más afectadas son la canaria y la andaluza que superan el 25% y la valenciana, la extremeña y la murciana que superan el 20%. De igual modo, por tramos de edad, los jóvenes son los más perjudicados por una crisis que impide a un alto porcentaje del 38% (19% en la eurozona)

 2 Al utilizar indistintamente los conceptos de modelo o patrón de crecimiento se pretende diferenciar el concepto de modelo de crecimiento que utiliza la teoría económica del crecimiento (con los diferentes modelos de crecimiento que han desarrollado diversos autores y escuelas) del sentido que aquí se le da como esquema explicativo de los rasgos característicos (la forma, las bases y las pautas) que definen un proceso histórico particular de expansión económica. El objeto de este esquema explicativo es examinar los factores y causas que determinan o impulsan el crecimiento (por ejemplo, el de la economía española entre 1994 y 2007) y analizar sus puntos débiles y fuertes, los retos a los que se enfrenta, las oportunidades y costes que genera y las fuentes o factores que determinan su agotamiento.
Conviene aclarar que existen muy diferentes modelos o patrones de crecimiento en el mundo capitalista. Incluso entre los socios de la UE, que comparten muchos intereses, sólidas instituciones y unas características esenciales de sus sistemas económicos que los identifican como capitalista, pueden encontrarse patrones de crecimiento muy diferenciados. Sin ir más lejos, poco tienen que ver los de las economías alemana y española. Sus características particulares son objeto de descripción en este artículo, en la medida en que han sido y son determinantes de los desiguales efectos de la crisis mundial sobre el desempleo y en que el empleo haya sido, como en la economía española, o no, como en la economía alemana, la principal variable del ajuste realizado hasta la fecha. No puede concebirse, por tanto, el modelo de crecimiento como el resultado inevitable de un orden mundial omnipotente que impone la globalización de un patrón favorable a los intereses de una clase o país hegemónico (en singular o en plural, que para el caso es lo mismo). Tampoco puede entenderse como el fruto de una elección, entre un menú de diferentes opciones potencialmente intercambiables, que pueden realizar los gobiernos, las grandes empresas o el conjunto de fuerzas representativas de un país mediante un gran pacto nacional. Antes bien, cabe entenderlo como el resultado de complejos procesos sociales y políticos en los que intervienen múltiples sujetos (grupos sociales, clases, colectivos y agrupamientos con intereses, ideas u objetivos comunes o afines) con diferentes percepciones sobre los recursos, ventajas, factores productivos e instituciones de los que dispone o ha ido acumulando determinada economía y país, sobre la forma y la intensidad con los que ese país se inserta en la economía y el orden mundiales y sobre el modo en que los cambios productivos, tecnológicos, políticos y culturales que se estén produciendo en el mundo impactan sobre las estructuras preestablecidas. La acción que desarrollan esos sujetos para conseguir nuevos objetivos y defender sus posiciones e intereses va tejiendo unas relaciones y configurando unos escenarios marcados por el acuerdo o la disputa, los enfrentamientos y las alianzas que determinan las características particulares de cada modelo de crecimiento, sus posibilidades de reforma y su devenir.

3 La deuda de los hogares españoles se encontraba en 2007 en los niveles más elevados del mundo (130% de la renta bruta disponible), tras triplicarse en apenas una década (en 1998 era del 45%). Sólo la situación de los hogares del Reino Unido era comparable (110%), mientras los de la eurozona (70%) y EEUU (50%) eran muy inferiores. También el endeudamiento de las empresas españolas se encontraba al estallar la crisis financiera mundial entre los más elevados del mundo, con el problema añadido de estar muy concentrado en los bancos y en las empresas (constructoras y promotoras) relacionadas con el sector de la construcción. En porcentaje del PIB, la deuda de las empresas españolas suponía en 2007 un 140%, similar a la de EEUU (135%) y sólo superada por la del Reino Unido (175%), mientras en el conjunto de los países de la eurozona (excluyendo a Alemania) era un porcentaje muy inferior (85%). Tampoco la deuda de las empresas japonesas (un 105% del PIB al estallar en 1989 la crisis que afectó a Japón durante más de una década) alcanzó el porcentaje de las españolas. Tras un largo y costoso periodo de desendeudamiento, alcanzó su nivel más bajo (65%) en 2007. Y eso que contaban a su favor con una situación de expansión de la economía mundial y el comercio internacional muy favorable para sus exportaciones y un crédito internacional muy abundante y con bajos tipos de interés.

4 P. Hartz, economista y miembro del Directorio de Volkswagen, presidió una comisión convocada por el entonces canciller socialdemócrata G. Schroeder, compuesta por gerentes de empresa, sindicalistas y especialistas en el área laboral para analizar la situación del mercado de trabajo y realizar propuestas para combatir el paro. A finales de junio de 2002, la comisión presentó los resultados preliminares de la tarea encomendada y sus propuestas de reforma para lograr en tres años reducir a la mitad un número de parados que se situaba por entonces en torno a los 4 millones. Las propuestas fundamentales no eran demasiado originales: impulsar el trabajo temporal y flexible (como la jornada parcial y otras modalidades de empleo que permitirían compatibilizar el trabajo fuera de casa, las tareas de atención a los hijos y otras obligaciones familiares), reducir en un tercio la permanencia en la situación de desempleo, crear nuevos modelos de trabajo (que incentivaran el trabajo autónomo e hicieran emerger el trabajo sumergido) y modernizar la administración y la intermediación laboral públicas (entre otras medidas, delegando parte de sus actividades a intermediarios privados). Todas esas reformas se fueron concretando paulatinamente (en enero de 2004 entró en vigor la tercera de las leyes de reforma y modernización de los servicios para el mercado laboral, conocida como Hartz III), pero no consiguieron reducir el número de parados, que pasó de 3.853.000 en 2001, a 4.081.000 en 2002, 4.377.000 en 2003, 4.381.000 en 2004 y 4,851.000 en 2005 (año en el que las medidas de reforma impulsadas por Comisión Hartz deberían haber reducido el paro hasta los 2 millones). Lo que sí consiguieron las reformas fue estabilizar y reducir el número de perceptores de la prestación por desempleo, que pasó de 1.921.000 en 2003 al 1.080.000 de 2007. También, que disminuyeran los costes laborales de las empresas, al reducir la cotización al seguro de desempleo del 6,5% del salario bruto al 4,2% en 2007, al 3,3% en 2008 y al 2,8% en 2009 (porcentaje que pagan por igual trabajadores y empleadores). Y también, que el gasto público en concepto de la prestación contributiva por desempleo disminuyera desde los 29.000 millones de euros en 2003 y 2004 a los 13.900 millones de 2008. Como se ve, ineficacia completa para reducir el paro y total eficacia para bajar los costes laborales de las empresas y reducir el gasto público que protegía a los parados.
 
5 Como ejemplo de las modalidades de actividad laboral subvencionada cabe mencionar a los llamados empleos de un euro la hora, creados para los desempleados de larga duración, que permitió la contratación en 2008 de 764.000 parados.  Tal modalidad contractual permitió reducir temporalmente el número de  desempleados, pero no ha propiciado la continuidad laboral posterior de la mayoría de esos trabajadores. Existen, además, numerosas críticas que denuncian la repercusión negativa de esos contratos sobre el número de puestos de trabajo regulares o no subvencionados.
 
6 Las circunstancias que permitían a las empresas acogerse a esta disposición legal, cuando así lo autoriza el convenio colectivo (atención, porque tal restricción tiene importancia), eran las siguientes: que la reducción de actividad afectase al menos a un tercio de la plantilla y que esa reducción supusiera una pérdida del salario bruto de más del 10%. En tales circunstancias, la Agencia Federal de Empleo pagaba durante 6 meses a los trabajadores afectados un 67% (o un 60% en el caso de trabajadores sin hijos) de la disminución que sufrían en sus salarios netos (los que efectivamente cobraban con anterioridad) debido a la reducción de su actividad laboral.
A partir de noviembre de 2008, sucesivas reformas de esta disposición legal han reforzado los incentivos para que las empresas se acojan a ella y no reduzcan sus plantillas. Primero, se amplió la duración de las prestaciones hasta los 18 meses; después se suprimió la condición de que la reducción de actividad afectase por lo menos a un tercio de la plantilla, por lo que más empresas y trabajadores pudieron acogerse a esta regulación legal; por último, en mayo de 2009, se ampliaba a 24 meses la prestación y la Agencia Federal se hacía cargo también, a partir del séptimo mes de la situación de paro parcial, de las cuotas a la seguridad social que correspondan a la  empresas. La última de estas reformas entró en vigor en julio de 2009 y se mantendrá hasta diciembre de 2010.
 
7 Podría decirse, para argumentar esta afirmación y tratar de sintetizar una explicación sobre las causas que confieren una mayor intensidad y, previsiblemente, un mayor alcance temporal a la crisis de la economía española que ésta es doble o tiene un doble carácter. Por una parte, se inserta en una gran crisis mundial que marca el fracaso y decadencia del modelo ultraliberal implantado en los años 80 del pasado siglo en los países capitalistas económicamente avanzados. Al igual que el modelo de bienestar social implantado en la posguerra, al que sustituyó, el modelo ultraliberal ha propiciado un largo periodo de expansión económica mundial (una onda larga expansiva), aunque de menor alcance temporal e intensidad que la que con anterioridad había impulsado el desaparecido modelo de bienestar social. Por otra parte, la crisis es fruto del agotamiento de un modelo de crecimiento particular sustentado en una burbuja inmobiliaria y crediticia que dificultó la modernización y la mejora de la competitividad del conjunto del tejido productivo y empresarial, pero que durante más de una década generó un mayor crecimiento de la economía española que el del resto de economías capitalistas desarrolladas y generó nuevos empleos con una intensidad desconocida en nuestra historia. Por eso, debido a esa doble crisis, la destrucción de capacidad productiva y, sobre todo, de empleos es mayor que en otros países de nuestro entorno; por eso, también, las simples tareas de ajuste son insuficientes para reiniciar una nueva fase de crecimiento; y por eso las tareas que sólo puede realizar el Estado, porque ni el mercado ni las empresas están en condiciones de llevarlas a cabo, para afrontar y superar la crisis con los menores costes sociales y económicos posibles, son de mayor envergadura y alcance transformador que en el resto de los países capitalistas desarrollados. Sin ser una crisis sistémica (ya que no amenaza ni pone en cuestión los fundamentos o características básicas del sistema capitalista), es una crisis de gran profundidad que requiere resolver problemas y remover obstáculos, tanto en el ámbito internacional como en el interno, que no pueden ser solucionados por los automatismos del mercado que sí son capaces de solventar las crisis cíclicas que cada pocos años acompañan el funcionamiento normal y el discurrir espasmódico del crecimiento capitalista. 

8 Se entiende por deflación una caída sostenida de los precios (reflejada en cualquier índice agregado que cuantifica la evolución del nivel general de precios, como por ejemplo el IPC) causada por una reducción importante de la demanda agregada que puede deberse al estallido de una burbuja especulativa, una crisis financiera o el aumento de la incertidumbre por razones económicas, sociopolíticas o geopolíticas. Los precios de los bienes de consumo (medidos por el IPC armonizado que lo hace homologable y comparable con los del resto de los países de la UE) muestran en el caso español seis meses seguidos de caída, desde marzo a agosto, frente a la menor y más corta caída que muestra como media la eurozona. En la economía española, esa caída de los precios es un fenómeno completamente nuevo (no se conoce ningún otro episodio, desde el año 1962 en el que comenzó la serie histórica de datos), que de confirmarse en los próximos meses abriría una situación muy preocupante. No parece, sin embargo, que las expectativas de analistas y agentes económicos apunten hacia un descenso de los precios durante muchos más meses. En esa caída del nivel general de precios han contribuido algunos factores (como la disminución de los precios del petróleo y de los alimentos frescos), sin los cuales el índice de precios del resto de los bienes de consumo mostraría un ligero aumento. Lo normal será, por tanto, que en el conjunto de 2009 la inflación muestre una muy pequeña tasa positiva que no podría denominarse como deflación, aunque el riesgo de deflación siga existiendo y permanecerá presente en 2010. 
 
          Pese a lo que puede parecer a primera vista (que bajen los precios de los bienes de consumo puede parecer muy positivo), la deflación es temible desde muy diferentes puntos de vista, porque ocasiona impactos económicos muy negativos: aumenta el valor real de las deudas y, como consecuencia, favorece el crecimiento de los impagos y bancarrotas; disminuye el precio de los activos (viviendas, acciones y otros títulos de valor) y, como consecuencia, disminuye las garantías que pueden ofrecer sus propietarios para obtener préstamos de los bancos y genera o acentúa los desequilibrios patrimoniales de las empresas al depreciar sus activos; impulsa el alza de los intereses que cobran los bancos en los nuevos préstamos para cubrir los mayores riesgos de impago y, como consecuencia, frenan la concesión de nuevos créditos y contribuyen a bloquear la demanda y la inversión; y, por último, refuerza la presión a la baja sobre los salarios nominales, ya que las empresas pretenden ajustar los costes laborales al menor nivel de los precios. En resumen y de forma muy simple: ¿quién va a comprar hoy un producto que mañana va a estar más barato?, ¿qué empresa va a invertir si lo que produce hoy lo va a vender después con precios y márgenes inferiores?

9 La evolución de las políticas públicas de protección social, reactivación económica y modernización productiva están condicionadas por los márgenes de actuación fiscal del gobierno. Las rebajas fiscales aprobadas en los últimos años por los ejecutivos presididos por Zapatero se han traducido en una menor recaudación de unos 20.000 millones de euros (una rebaja fiscal que en un 80% ha beneficiado al 3% de la población que concentra los grandes patrimonios y las rentas más altas) a los que se ha añadido la grave caída de los ingresos fiscales en los últimos meses como consecuencia de la crisis. La necesidad de aumentar la recaudación fiscal y frenar que el desequilibrio presupuestario se prolongue y se intensifique han llevado al gobierno Zapatero a anunciar una subida moderada y temporal de impuestos, a la que el PP se ha opuesto formalmente y de manera radical en él último debate parlamentario sobre la situación económica del pasado 9 de septiembre. El consiguiente debate público sobre qué modificaciones fiscales deben hacerse y qué objetivos deben tener esas modificaciones es de enorme interés y ganará en intensidad las próximas semanas al calor de la negociación política en torno a la elaboración y debate parlamentario de la Ley de Presupuestos de 2010 y la anunciada Ley de Economía Sostenible. A la espera de ver cómo se desarrolla la negociación política, valgan los comentarios que siguen para intentar contextualizar su contenido y adelantar alguno de sus límites.

          Ni bajar los impuestos fue de izquierdas ni aumentar la recaudación fiscal es de izquierdas. La cuestión esencial para determinar el carácter progresista o reaccionario de un cambio fiscal no está en si suben o bajan los impuestos, sino en qué hechos impositivos y tipos de renta se gravan o se dejan de gravar, qué sectores y clases sociales los sufren y los pagan y a qué se dedican los nuevos ingresos públicos obtenidos o qué servicios dejan de prestarse como consecuencia de la reducción de esos ingresos. En sentido contrario, sí puede afirmarse que oponerse a cualquier subida de impuestos es profundamente reaccionario y, en la actual situación, irracional, por mucho que esa oposición pueda favorecer los intereses electorales del PP y cebar su brega política contra el PSOE. Y al tiempo de injusto, la subida de la presión fiscal sobre las rentas de la mayoría de los contribuyentes sería también contraproducente para conseguir el objetivo de reanudar el crecimiento, porque el problema central que está ocasionando la caída de la actividad económica y el desempleo es el retroceso de la demanda interna.
 
          Cerradas las puertas por el propio Zapatero a resucitar el impuesto sobre el patrimonio o a incrementar los tipos del impuesto sobre los beneficios, ¿se atreverá el gobierno a rascar el bolsillo de esas 750.000 personas que declaran rentas anuales superiores a los 60.000 euros?, ¿se atreverá a aumentar la presión sobre los 440.000 inversores ricos que mantienen buena parte de sus patrimonios en sociedades anónimas (SICAV) que invierten en valores mobiliarios de renta variable para mantener a resguardo del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades  los casi 25.000 millones de euros obtenidos el último año.

          No parece que los tiros de la subida temporal de impuestos vayan en la dirección de exigir demasiados sacrificios a los muy ricos: son gente con mucha capacidad de interlocución y presión política y que está acostumbrada a tratar con familiaridad a las cúpulas de los grandes partidos políticos y a utilizar a discreción los grandes medios de comunicación para crear opinión pública. Sería muy extraño que el aumento de la progresividad del sistema para incrementar los ingresos públicos (y aumentar los márgenes de actuación del gobierno), que es el quid del debate fiscal, forme parte de los planes o del programa del gobierno. Ni la voluntad ni la capacidad mostradas por los gobiernos de Zapatero indican la más mínima preocupación por conseguir avances en esa dirección; en todo caso, hasta ahora, los cambios fiscales realizados ha ido en sentido contrario.

          Lo previsible es que el foso entre la muy reducida presión fiscal (suma de impuestos directos e indirectos y otros tributos) que recae sobre las rentas del capital, los beneficios de las empresas y los patrimonios de los ricos y la presión que sufre la mayoría de la población no se reduzca el próximo año. Lo más probable es que las modificaciones fiscales que se aprueben sean, en el mejor de los casos, insuficientes y poco o nada progresistas; y en el peor de los casos, contraproducentes para impulsar la reactivación económica.