Guadalupe Martínez Fuentes
Túnez: Luces y sombras en el horizonte
(Página Abierta, 243, marzo-abril de 2016).
(Extracto de la conferencia de la profesora de Ciencia Política y de la Administración pronunciada el pasado 5 de diciembre en Madrid en el marco de las XI Jornadas de Pensamiento Crítico organizadas por la Federación Acción en Red)
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Comenzó su conferencia tomando como hilo argumental la concesión del Premio Nobel de la Paz a cuatro organizaciones sociales tunecinas que hicieron una contribución especial para mantener la paz en un momento casi de guerra civil, en el verano de 2013 (*).

Se pregunta Martínez Fuentes por qué se temía que podía estallar una guerra civil en Túnez. “Todo arranca justo en el momento de la huida de Ben Alí [el 14 de enero de 2011] y el proceso de liberalización política que se siguió en los primeros meses después, con un Gobierno interino. Era un momento de libertad política sin condiciones y para todos sin excepción”.

Se decretó una amnistía política, de manera que salieron de la cárcel tanto los presos que habían intentado contestar al régimen de Ben Alí por vías pacíficas como aquellos que habían utilizado la violencia. Entre estos últimos había un determinado grupo de salafistas radicales integrados en organizaciones como Ansar al-Sharia (los defensores de la sharia), que, en medio de ese ambiente de libertad y con la creencia por parte de la sociedad en general de que pudieran rehabilitarse, fueron también invitados a participar en debates de televisión y tertulias desde los que lanzaban mensajes contrarios al proyecto de construcción democrática y de tolerancia para la convivencia entre distintas interpretaciones del islam. Igualmente, reivindicaban plazas importantes en distintas zonas del país para organizar la llamada a la oración de los viernes e incluso en zonas turísticas velaban por el comportamiento que creían adecuado al islam en cuanto a consumo de alcohol y vestimenta.

Dentro de este grupo de excarcelados se encontraban también yihadistas que habían estado luchando en otros países y gente joven que, sencillamente, se había ido radicalizando, en ocasiones dentro de la cárcel, sin haber salido nunca del país, a través de las páginas web y de las prédicas que llegaban vía satélite desde otros países, y desde luego no muy dotados de educación y viviendo en condiciones sociales pésimas.

“Entonces, cuando estos jóvenes descubrieron que realmente no había un trasfondo religioso en el motivo por el que la gente salía a la calle a protestar, se sintieron un poco frustrados y rápidamente intentaron aprovechar el momento posrevolucionario para ubicarse, encontrar una posición, un espacio para ellos dentro del país. No querían quedarse atrás porque se consideraban revolucionarios y, de pronto, los revolucionarios habían sido otros. Recogieron, entonces, el discurso que había dentro de Ansar al-Sharia de que la revolución no había terminado y que había que seguir luchando”.

Ese mensaje era muy atractivo para aquellos jóvenes que habían salido a la calle y que, de pronto, vieron cómo, en el momento en que la revuelta se acalló y empezaron las negociaciones en los despachos, no se contaba tanto con ellos, y que no tenían el protagonismo que se les había concedido antes. Desanimados y desafectos con el proyecto de cambio puesto en marcha se fueron acercando a ese grupo cuyo mensaje contenía, también, elementos de justicia social que no apreciaban en quienes dirigían ese cambio político.

“Al principio, tanto el primer Gobierno electo después de las elecciones de octubre del 2011 como la presidencia de la República pensaron que podían normalizarse e integrarse. Eran conscientes de que se trataba de un grupo radical pero creyeron que podía convertirse en un grupo islamista normalizado”, señala esta profesora. Y aclara por qué así lo consideraron: “A base de comprender que la democracia podía tener más ventajas que inconvenientes para ellos, ya que les ofrecía canales de participación y de visibilización en medios de comunicación, en instituciones e incluso podrían formar parte de coaliciones de Gobierno, como ocurrió en Egipto”.

Lo que les animó a los nuevos dirigentes del país a seguir dentro de esa estrategia de diálogo fue que gran parte de la cúpula de Ansar al-Sharia seguía la nueva línea de pensamiento yihadista proveniente de Irán que cuestiona la violencia y se centra en construir un Estado islámico califal.

Sin embargo, explicita una importante dificultad en este caso. La posibilidad de que se produzca esa moderación por su participación en un curso de aprendizaje democrático es más factible cuando este tipo de organizaciones está fuertemente jerarquizada. “El problema es que Ansar al-Sharia era una organización muy nueva que había incorporado a militantes que venían de las cárceles, que estaban absolutamente convencidos de que la única vía era la violencia, y resultaba mucho más difícil de controlar. De hecho, algunos de estos grupos, lo más violentos, desde finales de 2012 y durante el 2013, asaltaron universidades, cadenas de televisión, salas de exposiciones, la embajada de EE. UU., y participaron en el asesinato de dos políticos de izquierda, considerados como antiislamistas”.

En 2013, la presidencia del Gobierno decide ilegalizar Ansar al-Sharia. Sin embargo, para una gran parte de la sociedad esto ocurría demasiado tarde. Y a ello se unió el sentir general de que era culpa del Gobierno la paralización de los trabajos en la Asamblea Constituyente para la redacción de la Constitución, lo que produjo que un número importante de organizaciones sociales comenzase a salir a la calle para pedir la destitución del Gobierno y la disolución de la Asamblea Constituyente.

“Había una situación de bloqueo y caos total en el proceso de transición tunecino. No eran sólo organizaciones sociales, había también partidos políticos de la oposición intentando aprovechar la oportunidad. Y es, en este momento, cuando entran en acción las cuatro organizaciones que han sido galardonadas con el Premio Nobel de la Paz en 2015”.

A continuación, nuestra conferenciante analiza el carácter de estas organizaciones, sin poner en duda su merecimiento, para darnos a conocer el porqué, quiénes y cómo estaban actuando. “Este Premio Nobel se concede a una patronal, a una organización para la defensa de los derechos humanos, a un sindicato y a un cuerpo corporativo de un determinado sector, abogados, en concreto. Esos son los tipos de actores sociales a los que –según explicita el Comité– se les concede por su mediación y su papel iniciador en las conversaciones que permitieron sacar a Túnez de la crisis”.

Las organizaciones premiadas, por el momento y por su trayectoria durante los últimos años del régimen de Ben Alí, y posteriormente durante la revolución, más que organizaciones sociales fueron “actores políticos de primer rango”.

Para Guadalupe Martínez conviene aclarar otra cuestión: “Normalmente llamamos mediadores a quienes se ponen en una situación intermedia entre unos actores y otros para facilitar el diálogo. Pero estas organizaciones no tenían una posición intermedia. Todas, excepto la patronal, estaban en la calle con los que se manifestaban pidiendo la destitución del Gobierno y la disolución del Parlamento, y lo que hicieron fue intentar reconducir lo que se pedía en la calle, para sentar en una mesa a negociar y dialogar, en la misma posición de fuerza, tanto a los partidos en el Gobierno como a los partidos de la oposición, con un representante de cada partido, independientemente del número de votos que hubiera obtenido cada uno”.

Sin embargo, esta experiencia no era esencialmente novedosa ya que, después de la huida de Ben Alí, hubo otras organizaciones políticas y sociales que intentaron sintetizar lo que pedía la gente en la calle y crear una plataforma de diálogo con el Gobierno provisional que dio lugar a lo que luego se llamó la Alta Instancia. Ésta sustituyó al Parlamento disuelto y funcionó como interlocutor con el Gobierno para negociar la redacción de leyes tan importantes como la nueva ley electoral, la ley de asociaciones, la ley de partidos, la ley de regulación de medios de comunicación, la ley para la fiscalización y la limpieza de las elecciones.

“Por tanto, la concesión del Premio Nobel fue no por haber sentado a hablar a los políticos sino por haber canalizado toda la fuerza, toda la presión que los tunecinos ejercían en la calle”.

A partir de aquí, esta experta en el Magreb resalta la importancia del activismo de la sociedad tunecina que, desde el derrocamiento de Ben Alí hasta la actualidad, ha venido denunciando en la calle las irregularidades del Gobierno o de la Asamblea Constituyente, vigilando la limpieza de las elecciones en el Parlamento y la redacción de la Constitución, exigiendo la aplicación de medidas de justicia transicional para la reparación de las víctimas y de penalización de las responsabilidades políticas, policiales y empresariales de la época de Ben Alí. Muy activa, igualmente, para intentar mejorar las condiciones de la mujer, la protección de la libertad religiosa y el apoyo a las víctimas de catástrofes humanitarias.

“Se trata de organizaciones que surgen (amparadas en la Ley 88, que es reguladora de las organizaciones y asociaciones) en el momento de transición o después, y, por tanto, en su inmensa mayoría jovencísimas. Están aprendiendo y, como en todo proceso de aprendizaje, se cometen errores, junto a los grandes aciertos, y, sobre todo, se tiene mucha energía y entusiasmo”.

Esa ley que, por primera vez, permitía la libre creación de asociaciones contiene una única restricción: la prohibición de organizaciones que alentaran a la violencia, al odio o a la discriminación por motivos religiosos, étnicos o regionales. Además, era una ley que hablaba de garantizar, proteger y alimentar la cultura de movilización de la sociedad civil, lo que supuso un revulsivo para la creación de cientos de miles de nuevas organizaciones civiles, de asociaciones de muy distinto tipo en Túnez.

Otra razón por la que las propias organizaciones civiles se mantienen vivas es porque la Constitución recoge que las autoridades de los Gobiernos municipales en Túnez tienen que velar por la instauración de procedimientos de Gobiernos abiertos, de tal manera que incorporen a organizaciones de la sociedad civil a la toma de decisiones en ese ámbito.

Un obstáculo para el desarrollo de estas organizaciones son los estados de emergencia que se han venido decretando debido a atentados como el de Susa del verano pasado. Tras él, el Presidente de la República lanzó un mensaje a la nación para, supuestamente, calmar y consolar a los tunecinos, pero en él incluía una crítica al activismo de la sociedad civil que, con sus concentraciones, ocupaciones, manifestaciones y huelgas, dificultaban el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo.
“Aunque la mala noticia no es solo ese discurso. A éste se acompañan medidas drásticas de lucha contra el terrorismo con cierta persecución de la libertad religiosa. Se han cerrado mezquitas y despedido a imanes de forma tan amplia que incluso las distintas asociaciones de imanes de Túnez han pedido que, por favor, se actúe solo contra aquellos que tengan un discurso radical, pero no precisamente contra quienes están contribuyendo a transmitir el mensaje de defensa del islam desde una vía no violenta”.

Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos de carácter religioso han denunciado detenciones masivas, indiscriminadas (amparadas en la ley de lucha antiterrorista que se aprobó en julio pasado), en barrios periféricos y en zonas rurales, que atentan contra los derechos humanos, en las que el detenido, sospechoso de terrorismo (salafismo), puede pasar quince horas incomunicado sin recibir servicio de atención médica o de abogacía. “La sospecha que hay detrás de esto es que en esas quince horas da tiempo a torturar, de la misma manera que se hacía en tiempos de Ben Alí”.

Es sabido que Túnez es el país que más guerrilleros ha exportado a Siria e Irak, y en este punto la profesora nos expone las razones que pueden, según su opinión, haber llevado a este hecho.

Una cuestión muy controvertida es cómo ejerce la policía esa lucha antiterrorista. En tiempos de Ben Alí existía, como en todas las dictaduras, una policía social y una policía política que estaban coordinadas por el partido del Presidente de manera que tenían el control de los movimientos de personas en cada rincón del país porque se trataba de una policía de acción vecinal.

“Con la revolución, ambos cuerpos policiales se disuelven y se jubila anticipadamente a los policías más experimentados en persecución de disidentes. En la actualidad, el Gobierno necesita más policías y están empezando a reintegrar al cuerpo actual a aquellos que fueron jubilados, incluso para cargos de coordinación y dirección. A los policías nuevos que reclutaron en sustitución de los anteriores se les entrenó en prácticas de respeto o defensa de derechos humanos, no así a los que pertenecían al antiguo cuerpo, produciéndose situaciones contradictorias a la hora de actuar. Y esto es caldo de cultivo para la radicalización de jóvenes que se ven siempre perseguidos como sospechosos, mientras no mejoran, por otra parte, sus condiciones de vida”.

La reintegración en sus anteriores puestos de policías que fueron acusados de abusos policiales o de haber cometido crímenes durante las revueltas no es la única rehabilitación que el nuevo régimen intenta llevar a cabo.

“Tanto para políticos como para hombres de negocios, que en su tiempo expoliaron los recursos públicos del Estado, hay un proyecto de ley para ofrecerles una amnistía, de manera que, si devuelven el dinero, se les perdonan los cargos, saltándose la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Conciliación, que es la institución encargada de aplicar la justicia transicional”.

“Una forma, en opinión de algunos, de anular este espacio institucional. Más aún si se tiene en cuenta cómo se está poniendo en marcha la Ley para la justicia transicional. En ella se especifica que la Comisión de la Verdad tiene que verse asistida por un gabinete de juristas exclusivamente dedicados a revisar todos los expedientes de víctimas caídas no solo en las revueltas, sino también durante los cincuenta años anteriores. Sin embargo, a pesar de tener que revisar dieciséis mil expedientes, todavía no ha llegado a constituirse, lo que viene a demostrar que no hay verdadera voluntad de sacar esto adelante”.

Otra mala noticia, sigue contando Guadalupe Martínez, es la línea liberal en materia económica que está siguiendo el Gobierno, de acuerdo con las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. “La previsión de crecimiento al inicio de 2015 era del 1,7%, y a diciembre es del 0,7. Es decir, Túnez está en recesión, y, en estas condiciones, tiene que haber necesariamente menos gastos por parte del Gobierno, lo que supone menos inversión para la creación de empleo, y, por tanto, se reduce la posibilidad de reintegrar a muchos jóvenes, sobre todo del interior y del sur, que a los 35 años todavía no han encontrado su primer empleo. Ante esta tesitura, los jóvenes se ven atraídos por una opción tan suculenta como la que les ofrece el Estado Islámico de 1.400 euros mensuales para su familia”.

Explicita que en cualquier caso no está todo perdido y que cuando el Comité del Premio Nobel de la Paz ha decidido conceder dicho premio a Túnez es porque, o tiene cierta expectativa positiva de futuro, o al menos quiere tenerla.

“La situación en Túnez puede empeorar, claro. ¿Puede ir a mejor?, puede. En cualquier caso, el Premio Nobel dado muestra un reconocimiento que sirve de inspiración a aquellos que quieren construir la paz en otros países del norte de África, de la región árabe o del mundo, y es un ejemplo a seguir para otros países.

Se pregunta, entonces, cómo se han tomado Egipto y los pacifistas sirios esta concesión.

“Egipto está, ahora mismo, peor que en la época de Mubarak  –Al Sisi está siendo un dictador mucho más cruento de lo que fue él– en cuanto a nivel de represión política y social. Y ¿qué dice la propia sociedad civil? Los jóvenes de Ta Maroc, que organizaron las revueltas junto con la juventud del Frente de la Tercera República, consideran que este premio debería haber sido para Egipto y, en concreto, para esos jóvenes que allanaron y forzaron el camino para que el Ejército diera el golpe de estado, porque ellos, al fin y al cabo, han conseguido con su acción librar a Egipto de una dictadura fascista islamista. Ven este premio como una conspiración de Occidente contra Egipto”.

Por otro lado –continúa–, los pacifistas sirios se lamentan de que la sociedad internacional se fije solamente en Túnez o en la guerra que ocurre en Siria, y obvie a la sociedad civil siria que, a través de muchas organizaciones pacifistas, está trabajando para la paz desde dentro, mientras se discute sobre si se bombardea o no. “En resumen, se trata, por tanto, de una cuestión controvertida”. 

Para finalizar, comenta que algunos observadores ponen de relieve que la concesión de este premio a Túnez sugiere que el combate a ISIS o Daesh no debería ser solo con armas; tal vez, haya que intentarlo también con ideas, con una alternativa ideológica política.
“El modelo de Túnez es un modelo donde el islamismo moderado no tiene por qué temer que los seculares propicien una absoluta separación entre Estado y religión, y donde los seculares no tienen por qué temer que la presencia de islamistas moderados en el Gobierno o en las instituciones suponga un obstáculo para la consecución de la democracia”.

En su opinión, frente al mensaje de Estado islámico califal que vende Daesh se puede ofrecer una alternativa, y es Túnez. Por eso, quizás, no sea casualidad que los primeros ataques terroristas de Daesh, fuera de su territorio sirio-iraquí, tuvieran lugar en las zonas turísticas de Túnez. ¿Para qué?, precisamente para deteriorar la economía del país, que es muy dependiente del turismo. A mayor deterioro de la economía, mayor dificultad en la creación de puestos de trabajo para jóvenes, sobre todo del interior, zona de la que se nutre ISIS.

“Por eso, hay sectores en EE. UU. que proponen un Plan Marshall para Túnez dirigido a luchar contra la corrupción, para reducir el desempleo y para el desarrollo de las regiones más empobrecidas, ¿por qué no?”.

La Administración estadounidense tiene pendiente cerrar el diálogo estratégico entre EE. UU. y Túnez. Por su parte, la Unión Europea tiene un estatuto avanzado de asociación con Túnez. E incluso, para el mes de enero de 2016, Ban Ki-moon ya ha anunciado la presentación de la renovación de un plan internacional de lucha contra el terrorismo.

Concluye que resulta importante tener en cuenta que más apoyo a Túnez puede ser una de las estrategias posibles a tocar en la lucha contra el terrorismo, “y ojalá que no sea solamente para reforzar las fuerzas de seguridad e inteligencia de Túnez, sino que también vaya dirigido a la sociedad civil que es la que ha estado desde el primer momento detrás de todo”.
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(*) El Premio Nobel de la Paz 2015 fue concedido al cuarteto formado por la principal agrupación sindical UGTT, la organización patronal UTICA, la Liga de los DD. HH. y el Colegio de Abogados.