lavanguardia.com, abril 2018
El procés ha muerto. Pero el ritual y el duelo que acompañan a su funeral serán largos y convulsos debido a que las expectativas fueron muchas. Y también a que unos pocos se resisten a reconocer esa defunción. Pero se acabó el tiempo de la épica de querer fabricar la historia; ahora toca la más prosaica tarea de gobernar y convivir pacíficamente.
Este no es un epitafio por la independencia como una aspiración política legítima de muchas personas en Catalunya, una aspiración que sigue viva. Es un epitafio por el procés entendido como una estrategia política unilateral y oportunista para imponer a más de la mitad de los ciudadanos de Catalunya una opción política que no comparten.
Que la unilateralidad ha muerto es algo que resulta de las declaraciones de la mayoría de los miembros del último Govern de la opción independentista. Tanto ellos como otros dirigentes y partidarios de esa opción son conscientes de que no se debería haber ido tan lejos y que habría que haber reconocido que ni las elecciones ni los referéndums del 9-N ni el del 1-O dieron en ningún momento mayoría social a la independencia.
Hubo dos momentos en que pareció que el expresidente Carles Puigdemont iba a hacer ese reconocimiento. Uno fue su discurso en el Parlament cuando, después de la gran manifestación no independentista, reconoció esa pluralidad y afirmó que no quería ser sólo el presidente de una parte de Catalunya. El otro fue la madrugada del 26 de octubre, cuando anunció a su gobierno que iba a convocar elecciones. Pero la falta de coraje y la lucha fratricida con ERC por la hegemonía política abortaron ese reconocimiento.
¿Cuál debería ser ahora el nuevo proyecto político que sustituyera a la división interna y a la confrontación permanente con el Estado? A mi juicio, la convivencia. Una convivencia respetuosa, sin demonización de los otros y sin sentimientos de revancha.
Una convivencia que permita abordar dos grandes objetivos. El primero es coser y cicatrizar las heridas del tejido social y político interno provocadas por el procés. ¿Cuánto tiempo más ha de pasar para que los dirigentes políticos vuelvan a saludarse en los pasillos del Parlament y nosotros en las calles? El segundo es el diálogo y el acuerdo interno sobre dos cuestiones prioritarias; sobre el buen gobierno y la negociación con el Estado.
Necesitamos un gobierno. Pero no un gobierno cualquiera, sino uno que se comprometa a tres tareas básicas. La primera es acordar con la oposición las reglas de funcionamiento de instituciones tan esenciales para el pluralismo democrático como son los medios de comunicación de titularidad pública. La segunda es un acuerdo para sacar a los partidos de las administraciones públicas y respetar la carrera profesional de los empleados hasta niveles de director general, como sucede en países como Francia, Alemania o el Reino Unido. Y la tercera es acordar las normas para un bilingüismo efectivo dentro de la escuela única catalana. Estos aspectos son fundamentales para la convivencia y el buen gobierno.
Necesitamos también acordar con el Estado la mejora del funcionamiento del modelo territorial, tanto en su dimensión financiera como en un reparto más claro de qué competencias son estatales y cuáles autonómicas. Su mal funcionamiento ha sido una de las causas que han llevado a muchos nacionalistas a apoyar la opción independentista. Es necesaria una reforma constitucional que permita recobrar el papel del Estatut como verdadera Constitución autonómica en aquellas competencias que le son propias, como la organización territorial, la lengua y la enseñanza.
Nada, a priori, tiene por qué quedar fuera de ese diálogo. Ni siquiera la posibilidad de un referéndum legal. En sentencia reciente, el Tribunal Constitucional ha señalado que el debate sobre la independencia cabe en la Constitución. La única exigencia es que se lleve a cabo por los cauces legales. Pero esta cuestión debería esperar al momento en que de forma reiterada una mayoría significativa de catalanes apoye a partidos que lleven en su programa esa opción.
Hablemos y acordemos primero entre nosotros cómo organizamos la convivencia y el buen gobierno. Es ilusorio pensar que un Govern y un Parlament que representen sólo a la mitad de los catalanes van a tener en ningún momento
la fuerza para convencer de sus propuestas tanto a los gobiernos de España como a los partidos estatales y al resto de los españoles.
