Hacia otro escenario

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levante-emv.com, 27 marzo 2018,

Ahora el mundo entero se queja del gobierno de los jueces, pero si toda una clase política inoperante e inepta plantea las cosas en términos de desnuda legalidad, entonces nadie debería quejarse de los autos judiciales. Llarena se comporta con plena conciencia como soberano delegado, no exenta de cierta megalomanía, como si tuviera sobre sus espaldas la defensa del Estado. Su auto no juzga actuaciones, sino que funda sus decisiones sobre una justicia preventiva. No lo hace porque aprecie pulsiones incontrolables en los acusados. Se introduce en el psiquismo de los actores y parece competente para juzgar lo que piensan hacer en el futuro. Capaz de identificar las latencias, Llarena asegura que los encausados reincidirán. Si Rajoy y Zoido han construido la inverosímil acusación de rebelión, ahora Llarena no sólo está de acuerdo con ella, sino que los mantiene en prisión porque está seguro de que, una vez libres, se volverían a rebelar.

Resulta claro que este juez tiene dificultades para diferenciar entre delitos e ideas políticas. Puesto que los acusados siguen siendo independentistas, está seguro de que son y serán rebeldes. Más que una previsión acerca de lo que harán en el futuro los detenidos por el Procés, Llarena avanza lo que en todo caso hará el Estado: que no hay futuro democrático para los independentistas. Sólo pueden ser criminalizados. Aquí parece que triunfa el viejo ensayo de derivaciones conceptuales por el que se quiso criminalizar al nacionalismo vasco. Que Llarena aspira a que dejen de pensar como independentistas se deriva del hecho de que haya encarcelado a personas particulares, ya sin responsabilidad pública, pues todos los diputados han entregado su acta. Como personas sin responsabilidad pública no podrían ni cometer prevaricación ni alzarse en rebelión.

No necesito decir que sigo considerando que los independentistas están equivocados. Estoy seguro de que han desobedecido la ley, algo que debe tener consecuencias. En mi concepto, las fuerzas independentistas no han ejercido la resistencia civil ni luchan por derechos fundamentales. Por lo general, quien esgrime esta resistencia civil viola la ley personalmente y asume las penas. Pero las fuerzas independentistas trabajaron desde el poder, no desde la impotencia ciudadana. Y lucharon por conquistar un poder que iba mucho más allá de las fuerzas democráticas que los apoyaban, no por derechos humanos fundamentales. Su causa política puede ser legítima, pero su conducta fue equivocada desde un punto de vista normativo.

Pero hoy no trato de los errores independentistas. Señalo algo que es claro: en esa conducta, los independentistas pusieron todo su empeño en que no se pudiera tipificar su conducta como rebelión o alzamiento. Y cualquier observador imparcial acordará que lo han conseguido. Tenían a sus órdenes a un cuerpo armado y no recurrieron a él. Ahora las personas que están en la cárcel no tienen mando sobre la policía catalana, así que todavía menos pueden reincidir en la rebelión. Sólo pueden hacer una cosa: seguir siendo independentistas, algo que no puede estar penado. Al sugerir que en el fondo pueden volver a ser delincuentes, a pesar de estar reducidos a personas privadas, Llarena se comporta más como un escrutador de conciencias que como un juez, pues quiere cambiar el alma de los acusados, cuando sólo tiene derecho a juzgar sus conductas. Estamos aquí ante un caso típico de confusión entre el foro interno y el foro externo, propio de un país que se resiste a asumir las nociones básicas de la modernidad.

Por lo demás, este auto judicial no hace sino disparar todas las pulsiones sádicas que hay en el seno de nuestra sociedad. La brutalidad que dispara por doquier es afín a las aspiraciones vengativas de las reformas penales que el Gobierno ampara. Pero es peor. Esa satisfacción de la vicepresidenta, o esa alegría indisimulada por la detención de Puigdemont, es propia de quienes no atisban un horizonte de reconciliación, de quienes están instalados en vencer a toda costa y se ponen a la altura de los fanáticos irresponsables que en el otro lado jaleaban como «puto amo» a su líder. Pero rebajarse a una claque vengativa no es propio de la segunda persona del poder ejecutivo, que debe mantener cierto espíritu de distancia capaz de respetar democráticamente posiciones políticas diferentes, incluso aunque algunos defensores de las mismas hayan llevado al delito.

Sobre todo, cuando el Gobierno español ha mantenido una actitud ilegítima desde el punto de vista normativo. Él, que dispone del mayor poder, tiene la mayor responsabilidad en este desastre para España. Se ha encerrado en la defensa aparente de la desnuda legalidad, pero esa era una posición ficticia, porque no cesaba de forzarla, como el TC ha podido apreciar respecto de la ley Wert. Su aspiración era neutralizar los centros mismos de la autonomía catalana invadiendo sus competencias, destruir su dispositivo legal y luchar por anular una conciencia nacional casi milenaria. Por supuesto, el Gobierno no ha entendido que esa realidad nacional catalana impone al Estado compromisos muy firmes, si quiere evitar el peligro de secesión y si quiere ser un Estado democrático. Ante todo, reclama disminuir sus exigencias de homogeneidad y la falsa identidad de igualdad y libertad. El Estado que albergue naciones en su seno ha de asumir una libertad que solo puede canalizarse por la diferencia.

Así que esa alegría es irresponsable. Aquí nadie debería alegrarse de nada. Lo más probable es que estas humillaciones judiciales y políticas se carguen al Estado, no a Rajoy y a su Gobierno. Trabajarán tanto más eficazmente en producir odio hacia España cuanto más latentes y silenciosas se mantengan, cuanto más sordas. En este sentido, ampliarán la brecha que separa a la minoría nacional catalana de España y potenciarán en el futuro las manifestaciones más explícitas de esa separación. Pero eso tardará. Mientras tanto, la liberación de los líderes del Procés ha de pasar a ser el objetivo hegemónico, que en realidad es el verdadero objetivo de la minoría nacional catalana. A esta aspiración deben contribuir los diputados del PSC y de los Comunes. Ya no se trata de cubrir la corrupción de Convergencia.

Por supuesto, eso implicará entender los encarcelamientos de Llarena como un trauma más intenso que la imposibilidad de declarar la república catalana. La excarcelación de los líderes independentistas y la devolución del autogobierno catalán han de ser el nuevo objetivo. Un programa alternativo que durante un tiempo debe hacer olvidar la secesión. En cierto modo, eso es lo que significó la declaración de la CUP de pasar a la oposición. Lo otro, es defender lo imposible: hacer presidente a Puigdemont, la huelga general y la movilización continua.

Pero por encima de todo surge una evidencia nítida como la luz del día. Urge introducir de nuevo a los independentistas en la política española. Sin ellos, España no es reformable. Y sin su ayuda, las fuerzas progresistas de España no pueden ofrecer a Cataluña un reconocimiento adecuado a su conciencia nacional. El camino de los independentistas ha sido políticamente contradictorio. Han debilitado las fuerzas de progreso en España y han querido marchar solos sin atender a la razón política del Estado. Eso ha tenido el efecto de producir en España una involución política que presenta síntomas alarmantes que padeceremos todos los españoles. En realidad, las fuerzas de progreso están desarticuladas por el Procés y eso lo sabe Rajoy, que está dispuesto a extraer todos los beneficios de la situación.

Por un futuro abierto para Cataluña y para España, es preciso salir de la situación de fiasco con una consigna mayoritaria nueva. De forma implícita, unos no tendrán que pedir que se renuncie a la secesión y otros no tendrán que confesar que han renunciado a ella. Un gobierno con ese programa mínimo de recuperar la normalidad es la única solución política. Lo otro es repetir elecciones y medir el desprestigio que los errores de todos han producido.

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