Iñaki Uribarri

Iñaki Uribarri

El callejón sin salida de la política de pobres
del Gobierno Vasco
(Hika, nº 140, enero de 2003)

Las recientes Jornadas de Renta Básica de los pasados 13 y 14 de diciembre, me han confirmado algo que ya sabía. La política de pobres del Gobierno Vasco se encuentra en una callejón sin salida. Una expresión tan contundente debe ser aclarada de forma inmediata para que no resulte demagógica.

La idea de callejón sin salida se refiere a que la vía continuista de la actual política basada en la Renta Básica (aportación económica para manutención), las Ayudas de Emergencia Social (aportación económica para pagar alquileres, fundamentalmente) y los convenios de inserción, ya no da más de sí como instrumento para combatir la pobreza. Lo cual se complica, a su vez, con el hecho de que cada vez están apareciendo más problemas en la gestión del modelo. Serían necesarios cambios radicales que la Administración vasca no está dispuesta a abordar.

Me gusta utilizar la expresión política de pobres porque, aunque suene dura es la que mejor retrata el origen de esta política y sus objetivos actuales. En 1989 nace en Euskadi, con un carácter pionero en el Estado español, el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza. Su objetivo básico era frenar la pobreza más severa que la crisis económica de finales de los 70 y principios de los 80 había arrojado sobre la sociedad vasca. Como la pobreza se había convertido en una enfermedad endémica de nuestra sociedad, las medidas del Plan Integral pasaron a hacerse permanentes, estructurales.

Aunque ha habido tres cambios legislativos en este tiempo (la Ley del Ingreso Mínimo de Inserción, de mayo de 1990, la Ley contra la Exclusión Social, de mayo de 1998 y la Ley de Carta de Derechos Sociales, de diciembre de 2000), el modelo basado en la filosofía de garantía de rentas a la gente pobre, que demuestre que lo es (es decir, que supere la comprobación de que carece de recursos para subsistir), se ha mantenido intocable, en lo fundamental.

La eficacia de esta política para combatir la pobreza hay que verla a través de los datos que proporciona la Encuesta de Pobreza y Desigualdad Social que se elabora cada 4 años por el Gobierno Vasco. La Encuesta correspondiente al año 1996 (publicada en 1997) ofrecía un retroceso de todos los tipos de pobreza con relación a la Encuesta que se hizo en 1986 (publicada en 1987) y que fue el detonante para poner en marcha la política hoy existente. Entonces se cantaron excesivas alabanzas a las actuaciones vascas contra la pobreza, sin querer ver que la disminución de la pobreza más severa había sido provocada en gran medida por la política socialista de extensión del estado de bienestar (universalización de la sanidad, subida de las pensiones y extensión de pensiones no contributivas, etc.).

La Encuesta de 2000 resultó un verdadero jarro de agua fría, pues volvió a colocar los niveles de pobreza en peor situación que la alcanzada en 1996. Incluso, en algunos casos, se ha retrocedido hasta más allá de los alarmantes datos de 1987. Los datos de 2000 evidencian, tras una fase de fuerte crecimiento económico como el registrado desde el año 1994, que la política de pobres del Gobierno Vasco ha tocado techo.

Decía anteriormente que estaban apareciendo problemas en la gestión del modelo. En las Jornadas he podido comprobar que los problemas son más graves de lo que podíamos percibir quienes no participamos en la vida de la Administración. Por lo menos en dos terrenos.

INSOPORTABLE PRESIÓN SOBRE LAS AES. Las AES no son un derecho subjetivo como la Renta Básica, por lo que si su dotación presupuestaria no alcanza a satisfacer a todos los demandantes con derecho, hay que repartir los fondos existentes. La mayor tajada del reparto se la llevan (el 80% del total) los gastos de alquileres, lo que deja casi descubiertos otros posibles gastos de la gente sin recursos como mobiliario, electrodomésticos, vestido, gastos sanitarios y de formación no cubiertos, etc.). Pero a su vez, como el número de demandantes no deja de crecer en los últimos dos años y el precio de los pisos tampoco, las AES están siendo cada vez más una fuente de insatisfacción para la gente necesitada.

También generan las AES otro tipo de problemas pues su reparto territorial es bastante conflictivo. Además, territorios como el de Álava en el cual entre la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Gasteiz cubrían todas las solicitudes aportando fondos propios, han decidido poner limitaciones (el año 2002 estas instituciones sufragaron el 55% del presupuesto total de las AES de la provincia).

FRACASO DE LOS CONVENIOS DE INSERCIÓN. La Ley de 1998 pretendió elevar el rango de los convenios, dándoles carácter de derecho y estableciendo una forma de negociación entre los usuarios y la Administración. Sin embargo, no desapareció su vertiente de obligación para todos los que perciban la Renta Básica.

De esta forma, en la práctica, los convenios siguen cosechando una lista de puntos negativos. Casi nunca sirven para nada y desde luego, no insertan laboralmente a la gente. Son una fuente de sufrimiento para las trabajadoras y trabajadores sociales que, reconociendo su nulidad, se ven en la obligación de imponérselo a los que cobran la Renta Básica. Y son todavía mayor causa de sufrimiento para aquellos usuarios a los que se les chantajea con su posible expulsión del sistema si no aceptan firmar un convenio por malo que este sea.

¿ETT-S SOCIALES? El Gobierno Vasco parece decidido a no introducir ningún otro cambio positivo en la Renta Básica salvo rebajar la edad a los 23 años, desde los 25 actuales y llegar (quizás el año que viene, pues en éste está en el 81%) hasta el 86% del SMI. Por supuesto, las AES seguirán siendo una ayuda social y no un derecho, sometidas a un presupuesto que no cubre ni la mitad de los importes solicitados.

La novedad política que ofreció el Gobierno Vasco en las Jornadas fue el Plan Vasco de Inserción (para esta primavera). Como los convenios de inserción son un fracaso, como las trabajadoras sociales no dan abasto para realizar su tarea burocrática de tramitación y control de la Renta Básica y las AES y, por supuesto, no se piensa aumentar las contrataciones y como el Gobierno Vasco es muy moderno y está convencido de que las políticas activas de empleo son el futuro, ha decidido confiar la inserción al Tercer Sector.

Si nadie lo remedia podemos encontrarnos en breve con un pesebre público que financia a diversas organizaciones sin ánimo de lucro (una especie de ETTs sociales) para que inserten laboralmente a la gente perceptora de la Renta Básica. El objetivo no sería otro que disminuir la presión de una demanda al alza, atacando a los demandantes, por supuesto.



*Iñaki Uribarri* El callejón sin salida de la política de pobres del Gobierno Vasco (Hika, nº 140, enero de 2003) Las recientes Jornadas de Renta Básica de los pasados 13 y 14 de diciembre, me han confirmado algo que ya sabía. La política de pobres del Gobierno Vasco se encuentra en una callejón sin salida. Una expresión tan contundente debe ser aclarada de forma inmediata para que no resulte demagógica. La idea de callejón sin salida se refiere a que la vía continuista de la actual política basada en la Renta Básica (aportación económica para manutención), las Ayudas de Emergencia Social (aportación económica para pagar alquileres, fundamentalmente) y los convenios de inserción, ya no da más de sí como instrumento para combatir la pobreza. Lo cual se complica, a su vez, con el hecho de que cada vez están apareciendo más problemas en la gestión del modelo. Serían necesarios cambios radicales que la Administración vasca no está dispuesta a abordar. Me gusta utilizar la expresión política de pobres porque, aunque suene dura es la que mejor retrata el origen de esta política y sus objetivos actuales. En 1989 nace en Euskadi, con un carácter pionero en el Estado español, el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza. Su objetivo básico era frenar la pobreza más severa que la crisis económica de finales de los 70 y principios de los 80 había arrojado sobre la sociedad vasca. Como la pobreza se había convertido en una enfermedad endémica de nuestra sociedad, las medidas del Plan Integral pasaron a hacerse permanentes, estructurales. Aunque ha habido tres cambios legislativos en este tiempo (la Ley del Ingreso Mínimo de Inserción, de mayo de 1990, la Ley contra la Exclusión Social, de mayo de 1998 y la Ley de Carta de Derechos Sociales, de diciembre de 2000), el modelo basado en la filosofía de garantía de rentas a la gente pobre, que demuestre que lo es (es decir, que supere la comprobación de que carece de recursos para subsistir), se ha mantenido intocable, en lo fundamental. La eficacia de esta política para combatir la pobreza hay que verla a través de los datos que proporciona la Encuesta de Pobreza y Desigualdad Social que se elabora cada 4 años por el Gobierno Vasco. La Encuesta correspondiente al año 1996 (publicada en 1997) ofrecía un retroceso de todos los tipos de pobreza con relación a la Encuesta que se hizo en 1986 (publicada en 1987) y que fue el detonante para poner en marcha la política hoy existente. Entonces se cantaron excesivas alabanzas a las actuaciones vascas contra la pobreza, sin querer ver que la disminución de la pobreza más severa había sido provocada en gran medida por la política socialista de extensión del estado de bienestar (universalización de la sanidad, subida de las pensiones y extensión de pensiones no contributivas, etc.). La Encuesta de 2000 resultó un verdadero jarro de agua fría, pues volvió a colocar los niveles de pobreza en peor situación que la alcanzada en 1996. Incluso, en algunos casos, se ha retrocedido hasta más allá de los alarmantes datos de 1987. Los datos de 2000 evidencian, tras una fase de fuerte crecimiento económico como el registrado desde el año 1994, que la política de pobres del Gobierno Vasco ha tocado techo. Decía anteriormente que estaban apareciendo problemas en la gestión del modelo. En las Jornadas he podido comprobar que los problemas son más graves de lo que podíamos percibir quienes no participamos en la vida de la Administración. Por lo menos en dos terrenos. INSOPORTABLE PRESIÓN SOBRE LAS AES. Las AES no son un derecho subjetivo como la Renta Básica, por lo que si su dotación presupuestaria no alcanza a satisfacer a todos los demandantes con derecho, hay que repartir los fondos existentes. La mayor tajada del reparto se la llevan (el 80% del total) los gastos de alquileres, lo que deja casi descubiertos otros posibles gastos de la gente sin recursos como mobiliario, electrodomésticos, vestido, gastos sanitarios y de formación no cubiertos, etc.). Pero a su vez, como el número de demandantes no deja de crecer en los últimos dos años y el precio de los pisos tampoco, las AES están siendo cada vez más una fuente de insatisfacción para la gente necesitada. También generan las AES otro tipo de problemas pues su reparto territorial es bastante conflictivo. Además, territorios como el de Álava en el cual entre la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Gasteiz cubrían todas las solicitudes aportando fondos propios, han decidido poner limitaciones (el año 2002 estas instituciones sufragaron el 55% del presupuesto total de las AES de la provincia). FRACASO DE LOS CONVENIOS DE INSERCIÓN. La Ley de 1998 pretendió elevar el rango de los convenios, dándoles carácter de derecho y estableciendo una forma de negociación entre los usuarios y la Administración. Sin embargo, no desapareció su vertiente de obligación para todos los que perciban la Renta Básica. De esta forma, en la práctica, los convenios siguen cosechando una lista de puntos negativos. Casi nunca sirven para nada y desde luego, no insertan laboralmente a la gente. Son una fuente de sufrimiento para las trabajadoras y trabajadores sociales que, reconociendo su nulidad, se ven en la obligación de imponérselo a los que cobran la Renta Básica. Y son todavía mayor causa de sufrimiento para aquellos usuarios a los que se les chantajea con su posible expulsión del sistema si no aceptan firmar un convenio por malo que este sea. ¿ETT-S SOCIALES? El Gobierno Vasco parece decidido a no introducir ningún otro cambio positivo en la Renta Básica salvo rebajar la edad a los 23 años, desde los 25 actuales y llegar (quizás el año que viene, pues en éste está en el 81%) hasta el 86% del SMI. Por supuesto, las AES seguirán siendo una ayuda social y no un derecho, sometidas a un presupuesto que no cubre ni la mitad de los importes solicitados. La novedad política que ofreció el Gobierno Vasco en las Jornadas fue el Plan Vasco de Inserción (para esta primavera). Como los convenios de inserción son un fracaso, como las trabajadoras sociales no dan abasto para realizar su tarea burocrática de tramitación y control de la Renta Básica y las AES y, por supuesto, no se piensa aumentar las contrataciones y como el Gobierno Vasco es muy moderno y está convencido de que las políticas activas de empleo son el futuro, ha decidido confiar la inserción al Tercer Sector. Si nadie lo remedia podemos encontrarnos en breve con un pesebre público que financia a diversas organizaciones sin ánimo de lucro (una especie de ETTs sociales) para que inserten laboralmente a la gente perceptora de la Renta Básica. El objetivo no sería otro que disminuir la presión de una demanda al alza, atacando a los demandantes, por supuesto.