Ignacio Marinas y Fernando Prieto
Una ordenación del territorio integrada
(Página Abierta, 245, julio-agosto de 2016).

El desafío que hemos de aceptar para mejorar la ordenación del territorio en España implica el desarrollo de nuevas políticas que incluyan, de manera integrada, el desarrollo económico, la mejora medioambiental y la búsqueda de la mejor eficiencia energética como las partes integrantes de un nuevo modelo de desarrollo. Se trata de buscar, en definitiva, una solidaridad interterritorial que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y la solidaridad intergeneracional. Hechos que harán que seamos más felices. Solo de esta forma es posible contemplar los problemas de la sostenibilidad de cada territorio en toda su amplitud.

Partimos de una situación en la que las prácticas en la ordenación territorial impulsadas por las últimas administraciones están basadas en planes sectoriales independientes para las diversas infraestructuras y en impulsar el desarrollo urbano sin límites. Esto ha producido una ocupación del territorio desordenada y llena de malas prácticas contra la solidaridad interterritorial, intergeneracional y el medio ambiente.

Además de un desarrollo urbano insostenible, se suceden los ejemplos de infraestructuras inadecuadas al paisaje y sobredimensionadas: concesiones que, si no resultan rentables, hay que rescatar, como las radiales de Madrid, la autopista Cartagena-Vera, las docenas de puertos y aeropuertos infrautilizados; y el problema del AVE que, con una de las mayores redes del mundo, no puede cuadrar los costes de explotación y mantenimiento por la debilidad de la demanda, lo que supone que, a día de hoy, sea ya insostenible y que parezca insensato seguir con su ampliación.

Estos excesos chocan con el abandono en las actuaciones, y por supuesto en los presupuestos, en la lucha por la calidad de las aguas, el reciclaje de residuos, la contaminación, el cuidado de los montes y del litoral, la preservación de los ecosistemas frágiles, el cuidado de la biodiversidad, la prevención del cambio climático, el impulso de las energías renovables… En resumen, se abandonó todo lo que ya no resultaba funcional para el modelo de ordenación del territorio que no estaba basado en satisfacer las demandas sociales, sino en favorecer la especulación del suelo, a la industria de la energía y al uso del vehículo privado.

Estas actuaciones favorecedoras de un modelo productivo se han mostrado insostenibles a corto plazo como revela la creciente desigualdad de este país, además de los elevados niveles de paro.

Una propuesta sostenible se basa en la solidaridad territorial, ya que estamos convencidos de que en el marco de una economía global la condición previa de sostenibilidad para los pueblos en cada territorio es que se aseguren los procesos de desarrollo local, y que una parte de la formación de capital –en industrias para una producción sostenibles, en infraestructuras, en investigación y desarrollo, en servicios, en recursos humanos y en la calidad del medio ambiente– se mantenga e incremente en cada territorio.

Al considerar todos estos factores se conocerá mejor la realidad de los territorios y se pondrá en evidencia que la realidad de España, dada su peculiar geografía, reclama la compatibilidad de los criterios de acción en la ordenación del territorio en todo su ámbito, ya que nuestra mayor fortaleza es la variedad complementaria de nuestro territorio; y se favorecerá, de este modo, el acuerdo para establecer los nuevos criterios de solidaridad interterritorial.

Para ello, en el análisis territorial se ha de valorar con mejores indicadores que el PIB, la renta o el equipamiento de infraestructuras. Es necesario también considerar otros factores que definen la calidad de vida: la eficacia de los servicios, el adecuado mantenimiento de las infraestructuras y otros recursos del territorio, el acceso del capital humano a las oportunidades de realización personal, la conservación del medio, la superación de la pobreza y la disminución de la desigualdad y el rescate de las culturas autóctonas.

El nuevo modelo de desarrollo tratará de mejorar de forma integrada estos indicadores como guía estratégica de la nueva economía, dirigida hacia un modelo que ponga por delante asegurar la sustentabilidad de los pueblos en cada territorio.

El urbanismo, la planificación territorial y ambiental y la eficacia energética tienen una función social, pública y política que debe satisfacer la condición de sustentación de los pueblos que se asientan en cada territorio: ampliar el capital fijo en equipamientos, infraestructuras y servicios, ordenar el aprovechamiento sostenible de sus oportunidades, aumentar sus fortalezas, superar sus debilidades, crear defensas para prevenir las amenazas y salvaguardar, para las generaciones futuras, la biodiversidad y los ecosistemas más escasos.

Por ello proponemos que la oportunidad de cada inversión se evalúe según incida en mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas; que las administraciones velen por la defensa del patrimonio común; que el uso y la ocupación del suelo se ordene buscando el interés general en el desarrollo de cada territorio; y que se impida que la especulación privatice las oportunidades que genera la inversión de recursos públicos. Por supuesto, tendrá que haber una evaluación de políticas ex ante y ex post, buscando la eficacia, eficiencia y la rendición de cuentas.

Si adoptamos como objetivo principal la solidaridad territorial para restaurar y vertebrar el país con un sistema de infraestructuras y servicios públicos que maximice las oportunidades de desarrollo integral de cada territorio, tenemos que elaborar una nueva planificación que incluya las inversiones que refuercen la eficacia del sistema, el reequilibrio del modelo heredado por insostenible y el impulso de un nuevo modelo de desarrollo basado en la planificación integrada de los recursos más adecuada a la naturaleza particular de cada territorio.

Además deberemos utilizar la mejor ciencia disponible en el tratamiento del agua, la gestión de residuos y la eficacia energética; y habrá que tener en cuenta, también, las amenazas del cambio climático y la preservación de la biodiversidad.

Los ejes de acción principales que orientarán el plan serán:

• La gestión de la demanda con las infraestructuras ya existentes y, sobre todo, mejorar los servicios públicos que sobre ellas se prestan, introduciendo obligatoriamente códigos de buenas prácticas ambientales en la gestión del tráfico y del trasporte, en el ciclo integral del agua, en residuos, en la recuperación de suelos, en preservar nuestras costas de la urbanización insostenible, en el cuidado de los bosques y en la prevención de incendios.

• Un plan de depuración de todas las aguas residuales y de recuperación de la calidad de las aguas. Se diseñará un plan contra la pobreza hídrica y se recuperará la gestión pública del agua.

• Un plan de energías renovables para alcanzar un abastecimiento autosuficiente, llegando a un millón de tejados solares, buscando el autoconsumo y el balance neto. También se potenciarán la eólica y la biomasa, buscando beneficios para todos.

• Se realizarán nuevas infraestructuras verdes, que aseguren la conectividad ecológica entre diferentes zonas protegidas y con las zonas ecológicas de interés, como bosques, ríos, arroyos y montañas; de esta forma se completará la planificación de la red natura. Se potenciará el gran cinturón verde del Mediterráneo. El plan debe de estar acompañado de políticas complementarias: se prevendrán los incendios forestales creando empleo estable durante todo el año con el fin de que no pase lo que sucedió otra vez en el 2015.

• Se respetará la biodiversidad en todas las actuaciones, conservando y restaurando zonas húmedas, integrando las infraestructuras en el territorio (por ejemplo, en la protección de grandes vertebrados se limitará la velocidad en carreteras que pasen por zonas linceras).

• Se deben programar actuaciones en las ciudades para aumentar la calidad de vida, la eficiencia energética en las edificaciones, proponiendo un plan de rehabilitación energética.

• Se blindarán las infraestructuras estratégicas frente a los peligros del cambio climático, de forma que aseguren los abastecimientos esenciales de las ciudades y prevengan el peligro de inundaciones.

• Se hará un plan de regeneración del medio rural para fijar población y asegurar la vida digna en el campo, mejorando el aprovechamiento social de este grandísimo espacio.

• Las administraciones deberán dar ejemplo de comportamiento responsable respecto a la sostenibilidad, introduciendo el cambio climático y la biodiversidad en todas sus decisiones, poniendo placas solares en los edificios o iniciando procesos de compra pública verde en temas tan sensibles e importantes como puede ser la alimentación, basada en agricultura ecológica, en colegios y comedores públicos.

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Ignacio Marinas es ingeniero de caminos, canales y puertos. Fernando Prieto es ecólogo ymiembro de EconoNuestra.