En el último momento, las fuerzas políticas independentistas han conseguido formar gobierno en Cataluña. Tenían un interés claro en evitar nuevas elecciones, pues, tras los excelentes resultados de En Comú Podem el 20-D, había un temor justificado de que el apoyo al independentismo disminuyera.

Como no podía ser de otro modo, se han vuelto a disparar todas las alarmas en el establishment español. Y vuelve también el run-run de la gran coalición, la necesidad de un gobierno estable que haga frente al desafío independentista, o, con menos rodeos, que el PSOE ponga sus diputados al servicio de la derecha por el bien de una España unida.

Vayamos por partes. ¿Qué cabe esperar del nuevo Gobierno catalán? Los independentistas son conscientes de que a pesar tener una mayoría absoluta de escaños, su apoyo popular en las elecciones plebiscitarias fue el 48%, que, dada la participación registrada, representa solamente un 36% del censo. Con esas cifras es evidente que no se consigue la secesión de un territorio por medios democráticos. No obstante, la candidatura de Junts pel Sí se mostró partidaria de seguir adelante. La justificación, un tanto pueril, que dio Artur Mas fue esta: puesto que el Estado no le permitía celebrar un referéndum, recurría a unas elecciones legislativas con carácter plebiscitario y, como sucede en toda elección legislativa, lo importante no son los porcentajes de voto, sino obtener una mayoría de escaños en el Parlament; conseguida esa mayoría, nada, según Mas, les impedía seguir adelante.

Con un apoyo popular insuficiente, ¿cómo puede el nuevo Gobierno catalán avanzar hacia la secesión en los próximos 18 meses? El plan, tal como se anunció en la resolución del Parlamento catalán aprobada el 9 de noviembre pasado, consiste en ir creando “estructuras de Estado” (Ley de Hacienda catalana, Ley de Seguridad Social catalana, etc.), de manera que cuando la situación esté madura se realice una Declaración Unilateral de Independencia. Ahora bien, hasta los independentistas más extremos saben que no obtendrán reconocimiento internacional con tan bajos niveles de apoyo en la sociedad catalana. ¿Cómo puede llegar entonces la independencia?

El eslabón más débil del procés es, en mi opinión, el insuficiente apoyo popular. Sin embargo, mediante una huida hacia adelante, los independentistas cuentan con que, en respuesta a sus planes de “desconexión”, una reacción agresiva del Estado español (la suspensión de la autonomía por el Gobierno central, o la suspensión de funciones del Presidente de la Generalitat por el Tribunal Constitucional) desencadene una crisis en la que crezca el número de ciudadanos partidarios de la independencia y se despierte cierta solidaridad internacional con Cataluña. Creo que esta es la interpretación más sencilla y razonable de la estrategia seguida por los independentistas.

Para que todo les salga bien, es preciso que el PP siga al frente del Gobierno de España y que el Tribunal Constitucional mantenga su doctrina cerril en la que el principio democrático queda subordinado enteramente al principio constitucional (en Quebec se desatascó la cuestión porque el Tribunal Supremo de Canadá entendió que era necesario conjugar ambos principios, concluyendo que no podía forzarse a un territorio a permanecer en un Estado si la población de aquel territorio muestra una voluntad mayoritaria clara y estable de separarse). El PP se ha negado en rotundo a dialogar sobre el asunto catalán o a iniciar un proceso de reforma constitucional. La derecha no ve en la reivindicación de independencia sino una aberración política y considera que la única respuesta posible consiste en garantizar la unidad de España por todos los medios legales a su alcance.

En caso de que se forme un gobierno de concentración nacional con PP, PSOE y Ciudadanos, o estos dos últimos grupos faciliten la formación de un gobierno minoritario del PP, la situación quedará abocada al enfrentamiento y la crisis institucional, lo que supondrá un desgaste fuerte e innecesario del sistema democrático español y de la convivencia política en nuestro país.

Si, por el contrario, llega una alianza de izquierdas al poder y el PSOE pierde el miedo a ser acusado de romper la unidad de España, se abre la posibilidad de que el nuevo gobierno adopte una posición más abierta, cambie los términos del debate y contribuya a desactivar en parte la demanda independentista. En la actualidad hay un núcleo grande de independentistas que no van a cambiar de postura haga lo que haga el Gobierno de España, pero hay también un segmento importante que opta por la independencia ante el cerrilismo de las instituciones españolas. Una disposición negociadora contribuiría sin duda a que algunos independentistas “accidentales” se replanteasen su postura.

Como ya he defendido en otras ocasiones, creo que un referéndum pactado ente el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña sería fundamental para desbloquear la situación actual. No se trata de reconocer un “derecho de autodeterminación” ni nada parecido: el referéndum sería un instrumento político acordado entre las partes para determinar cuál es el apoyo a la secesión. En el acuerdo habría que especificar qué cuenta como una mayoría clara (por ejemplo, al menos la mitad del censo), si el “sí” tiene que ganar en las cuatro provincias, cuánto tiempo habría de transcurrir hasta la celebración de un nuevo referéndum en caso de que ganara el “no”, qué tipo de negociaciones se abrirían en caso de que ganara el “sí”, etcétera.

Se esté de acuerdo o no con la propuesta del referéndum, creo que un gobierno de izquierdas haría lo posible para que el problema catalán no degenere en una crisis institucional profunda, que es lo que va a suceder si el PP continúa en el poder, en solitario o con apoyo de los socialistas. Los acontecimientos en Cataluña, lejos de reforzar la posibilidad de una gran coalición, exigen un cambio político para que un gobierno con una actitud distinta se atreva de una vez a desactivar este conflicto.

Dos artículos anteriores de Ignacio Sánchez-Cuenca

¿Pactar qué?
(InfoLibre, 5 de enero de 2016).

Tras las elecciones del 20-D, el PSOE es el único partido que ha de formar parte de cualquier combinación de partidos que pueda formar gobierno. Por supuesto, no es así “matemáticamente” (en teoría, podría haber, por ejemplo, una alianza del PP y Ciudadanos con Esquerra, Bildu e IU), pero sí “políticamente” (teniendo en cuenta solo coaliciones que no resulten absurdas desde un punto de vista ideológico). De ahí que todas las miradas (y todas las presiones) se dirijan a los socialistas: unos exigen que el PSOE se deje de “aventurismos” y permita gobernar al PP o gobierne con PP y Ciudadanos; otros piden que el PSOE se haga cargo del deseo de cambio entre los votantes progresistas y llegue a algún acuerdo con los partidos a su izquierda.

Desde el punto de vista de la estrategia, en principio es bueno para el PSOE que pueda negociar a dos bandas, con la derecha y con la izquierda. Eso incrementa su poder de negociación, pues puede amenazar al PP con buscar el apoyo de Podemos y a Podemos con buscar el apoyo del PP. En la práctica, quizá no sea tan bueno, sobre todo si el partido acaba consumiéndose en conflictos internos a cuenta de los pactos. Además, si introducimos consideraciones electorales, la posición del PSOE no es tan fuerte como parece: todos los partidos entienden que al PSOE le iría mal en unas elecciones anticipadas, por lo que si no hay acuerdo con las izquierdas, al final los socialistas optarán por permitir que el PP siga en el gobierno antes que volver a las urnas.

Todos estos cálculos son muy necesarios para responder a la pregunta de pactar con quién, pero hasta el momento apenas se ha hablado de pactar qué. Y el contenido de los pactos debería ser la cuestión fundamental.

Vayamos por partes. ¿Qué podría pactar el PSOE con PP y Ciudadanos? Por lo pronto, que Rajoy no siga. La idea misma de que Mariano Rajoy continúe siendo el presidente de Gobierno es un motivo de profunda vergüenza para todos aquellos que piensan que la corrupción no debe quedar impune. El responsable máximo de la contabilidad paralela, las donaciones ilegales y los sobresueldos en negro no puede seguir al frente del ejecutivo. Sería un gran servicio a la democracia española si el PSOE consiguiera quitar al indecente de Rajoy. En este sentido, es asombroso que el partido que se presenta como “regeneracionista”, Ciudadanos, no haya pedido todavía el relevo de Rajoy a cambio de su apoyo parlamentario.

En el terreno económico es difícil imaginar grandes cambios. Con la presión en contra del PP, Ciudadanos, Angela Merkel y las instituciones europeas, el PSOE tendría poco margen para hacer virar la política de recortes y austeridad.

Los principales cambios podrían venir en materia institucional. La forma más lógica de justificar un acuerdo con los liberales de Ciudadanos y los conservadores del PP sería una reforma constitucional. Una gran coalición o fórmula similar sumaría suficientes apoyos para poder llevar a cabo cambios en la Constitución, no así una alianza de izquierdas. Hace más de un año escribí en infoLibre sobre esta posibilidad. Permitiría, además, introducir cambios en el modelo territorial para hacer frente al desafío independentista catalán.

Creo que sería un profundo error dedicar la legislatura a una reforma constitucional: a mi juicio, los problemas principales del país no se originan ni en nuestra Constitución ni en nuestro diseño institucional. Los problemas de eficiencia (un modelo productivo de bajo valor añadido, un tejido empresarial muy frágil, un mercado de trabajo disfuncional, formación inadecuada, etc.) y de distribución (un nivel muy alto de desigualdad, elevado fraude fiscal, paro de larga duración, pobreza energética, desahucios, un Estado de bienestar poco redistributivo, etc.) no se arreglan con enmiendas constitucionales. Es más, pienso que la reforma constitucional sería el pretexto ideal para que la estructura económica y social del país no cambiara apenas.

En cuanto a la reforma territorial, cabe dudar de que PP o Ciudadanos acepten la plurinacionalidad de España, con un reconocimiento explícito de Cataluña y País Vasco como naciones. Quizá sí admitan una reforma federal, lo que ya sería un avance considerable. No obstante, no está claro en qué medida la federalización de España puede desactivar el independentismo catalán.

¿Y qué podría pactar PSOE con Podemos e IU? Lo lógico es que se pusieran de acuerdo en un plan de choque para combatir la pobreza y frenar la desigualdad. Hay ahí un margen amplio para el acuerdo. Curiosamente, la primera reacción de Podemos fue en una dirección muy distinta, poniendo como exigencias irrenunciables medidas que tienen poco que ver con sus principios políticos o que son directamente irrelevantes (blindar constitucionalmente la sanidad y la educación, introducir un mecanismo revocatorio, referéndum catalán, prohibición de las “puertas giratorias”…). Parece que Podemos ha corregido este decepcionante arranque y está hablando ahora de propuestas con más sentido, como acabar con los desahucios. Para forjar una alianza de gobierno, PSOE, Podemos e IU pueden inspirarse en el acuerdo que ha alcanzado la izquierda portuguesa hoy en el poder.

Y aunque de esto casi no se habla, nótese que si en España gobernara la izquierda se daría por primera vez desde el inicio de la crisis la posibilidad de que los países sureños hablaran con una voz única en la UE: en Grecia gobierna la Syriza de Tsipras, en Italia el Partido Democrático de Renzi, en Portugal el Partido Socialista de Costas… y en Francia el Partido Socialista de Hollande. Si se sumara España, se darían las condiciones para formular una alternativa a las políticas de austeridad promovidas por la Comisión, el BCE y Alemania. Habría, por fin, un contrapeso a escala europea al modelo de unión monetaria que defiende Alemania.

Este análisis no sería del todo completo sin recordar las preferencias de la opinión pública sobre posibles coaliciones. He tratado esta cuestión en artículos pasados (aquí). Los últimos datos disponibles proceden del barómetro de julio de 2015 realizado por el CIS (Estudio 3.104). Pues bien, entonces la primera opción de los españoles era una coalición PSOE-Podemos (21,1%), frente a la gran coalición PP-PSOE (5,0%) o la aún más grande PP-PSOE-Ciudadanos (0,1%). Las coaliciones de PP con Ciudadanos y PSOE con Ciudadanos no eran tan mal vistas (10,3% y 10,9% respectivamente). PSOE y Podemos harían bien en seguir la opinión pública, forjar la primera coalición de izquierdas de nuestra reciente historia democrática y gobernar a favor de la mayoría social de izquierdas que hay en España.

Ideas para pactar un referéndum catalán
(CTXT/Contexto y Acción, 6 de Enero de 2016).

Resulta absurdo que la posibilidad de plantear un referéndum sobre la secesión de un territorio se haya transformado en un tabú político. En los dos partidos tradicionales, PP y PSOE, se habla del referéndum como si fuera una quiebra del Estado de derecho y de nuestro orden democrático.

El PP decidió hace ya muchos años, en los tiempos de Aznar, actuar como el valedor de la unidad de España. Para ello, adoptó, sobre todo en la legislatura 2000-2004, un grosero nacionalismo español, disfrazado de “patriotismo constitucional”, que contó con el apoyo entusiasta del grupo de intelectuales recalentados con la cuestión nacional (los Savater, Juaristi, Azúa, Espada, Trapiello, Pombo, etc.). Dicho nacionalismo consistía en oponer el carácter democrático y constitucional de la nación española al carácter tribal e identitario de las naciones vasca y catalana. La idea fuerza era esta: mientras la democracia española sea efectiva en País Vasco y Cataluña, ni los vascos ni los catalanes tienen derecho a cuestionar la unidad territorial de España, pues disfrutan de los mismos derechos y libertades que el resto de los ciudadanos. La manifestación última de este nacionalismo español es el “Manifiesto de los Libres e Iguales”, la plataforma de intelectuales capitaneada por la ex diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, en la que se afirma que democracia y separatismo son incompatibles.

El PSOE tuvo una actitud algo más flexible, sobre todo en la primera legislatura de Zapatero, cuando se negoció el nuevo Estatuto catalán (a la vez que el Estado negociaba con ETA y Batasuna el final del terrorismo). Se abrió incluso la posibilidad de reconocer algo obvio, que Cataluña es una nación (y, por tanto, que España es un país plurinacional), pero el Tribunal Constitucional cerró esa vía en su famosa sentencia de 2010. No obstante, en los últimos años el PSOE y el PSC han ido endureciendo sus posiciones, hoy casi idénticas a las del PP. De hecho, el PSC, durante un tiempo, estuvo de acuerdo con la celebración de un referéndum siempre y cuando este tuviera cobertura constitucional.
Tras las elecciones del 20D, mentar el referéndum parece tan radical como pedir la nacionalización de los medios de producción o la república de los soviets. ¿Qué tiene el referéndum que provoca ese pánico entre los barones del PSOE?

El referéndum es una demanda ampliamente mayoritaria en Cataluña. Es el mejor instrumento con el que contamos para averiguar cuál es el apoyo al proyecto independentista. Cabe imaginar una pregunta clara (algo así como “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado propio, independiente de España?”) con una respuesta igualmente clara (“Sí” o “No”). Los términos del referéndum se deben negociar entre todas las partes. Por ejemplo, creo que una condición muy razonable sería exigir para la victoria del independentismo una mayoría absoluta del censo electoral (es decir, al menos la mitad de los catalanes con derecho a voto).

La razón de pedir una mayoría amplia es que una decisión de esta trascendencia, con consecuencias probablemente irreversibles, no puede tomarse si no la apoyan al menos el 50% de los catalanes. También se podría exigir una mayoría en cada una de las cuatro provincias catalanas. Asimismo, cabría negociar también cuánto tiempo debería transcurrir hasta la celebración de un nuevo referéndum en caso de que el primero se perdiera (diez años, por ejemplo).

Si se llevara a cabo un referéndum, no sería porque los catalanes tengan un derecho especial a la autodeterminación, ni el resultado del referéndum, en caso de ser positivo, significaría sin más la independencia de Cataluña. Ni Cataluña ni ninguna otra región española tienen un derecho unilateral a la secesión. Ahora bien, si una mayoría amplia y clara de catalanes desea independizarse, sería absurdo obligarles contra su voluntad a permanecer en España. El primer paso, la realización de un referéndum, serviría para determinar cuán extendida está esa petición. En caso de que los partidarios de la independencia ganaran de acuerdo con las condiciones establecidas, sería necesario, en un segundo paso, negociar sobre muchas cosas (desde el reparto de la deuda pública hasta el ejército, pasando por un acuerdo que permitiese una doble nacionalidad para quien así lo deseara). Si al final del proceso negociador hubiera una solución satisfactoria para todas las partes, se procedería entonces a la constitución de un Estado catalán.

La crítica más recurrente (muy extendida dentro del PSOE) es que el referéndum se basa en un planteamiento binario, en el que se fuerza a elegir, de forma un tanto artificial, entre la independencia y el actual sistema territorial, cuando las encuestas de opinión pública demuestran de forma repetida que podría haber una mayoría a favor de una opción intermedia, en la que Cataluña tuviera un reconocimiento nacional pleno, una financiación más favorable y una institucionalización más adecuada de su relación con el resto del Estado.

Esta opción intermedia sería ampliamente preferida a la secesión.

Creo que es necesario atender esta objeción. Por eso, tiendo a pensar que el referéndum catalán es un instrumento de última instancia. Me explico. Si los partidos políticos están dispuestos a reformar constitucionalmente nuestro modelo territorial, avanzando hacia una definición plurinacional de España y un modelo auténticamente federal, deberían hacerlo y, de paso, desactivar la demanda independentista. Una reforma de este calibre necesitaría un referéndum de ratificación en el conjunto de España. Si en dicho referéndum hubiera en Cataluña y en el resto de España una mayoría a favor, habría que desestimar la demanda de independencia. En caso contrario, en caso de que Cataluña rechazase la reforma, no quedaría más remedio que plantear un referéndum futuro acerca de la independencia. Pero eso sería una opción última, cuando todo lo anterior hubiera fallado. Con otras palabras, las fuerzas políticas primero tendrían la oportunidad de establecer qué es lo que significa el “no” a la independencia (el modelo actual, un modelo más centralista, o un modelo federal y plurinacional) y a continuación confrontar la opción de “no” con la del “sí”.

Todo esto, por supuesto, es materia de debate y pueden desarrollarse argumentos muy variados a favor y en contra. Por ejemplo, se podría plantear directamente un referéndum con más de dos opciones (aunque no hay muchos precedentes). Pero lo que me importa subrayar ahora es que resulta necesario hablar largo y tendido sobre este asunto, dejando que todo el mundo opine y presente propuestas. Lo que no tiene sentido es que el PSOE se niegue (como hace el PP) a debatir sobre el asunto llamando “separatistas” a los que defienden la necesidad de realizar un referéndum. El PSOE se equivoca, tanto en la cuestión de fondo como estratégicamente, al plantear la cuestión en términos tan escandalosamente pueriles. Quienes, no siendo nacionalistas, defendemos por motivos democráticos el referéndum (yo lo llevo haciendo desde hace casi quince años) no somos partidarios de la ruptura de España, pero creemos que hace falta encontrar un procedimiento democrático para dar cauce a una demanda de independencia. En una democracia bien asentada como la nuestra, lo lógico es hablar abiertamente sobre estos asuntos, no cerrarse en banda con malos pretextos.
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Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Entre sus últimos libros, La impotencia democrática (La Catarata, 2014) y Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia (Alianza, 2014).