Ignacio Sánchez-Cuenca
El balance de la legislatura (I): algunos avances,
más retrocesos y muchos recortes

(InfoLibre, 1 de diciembre de 2015).

Quiero dedicar este artículo y el siguiente a ofrecer un balance de la legislatura. No puedo, en tan breve espacio, cubrirlo todo, pero haré un intento por reseñar lo más importante. Espero que este repaso sirva para que algunos lectores puedan enjuiciar mejor la gestión de los últimos cuatro años de gobierno.

Para valorar al Ejecutivo, se pueden seguir dos vías. La primera examina la marcha general del país a través de diversos indicadores (el paro, el crecimiento, la desigualdad, etc.). Esta vía tiene la ventaja de que ilustra acerca de lo que verdaderamente preocupa a la ciudadanía, los resultados. Sin embargo, en muchas ocasiones, los resultados no son consecuencia únicamente de la acción de gobierno; dependen igualmente de factores externos (el precio del petróleo, las decisiones del Banco Central Europeo, etc.). Por eso, en una segunda vía, resulta esencial fijarse también en las propias políticas que ha desarrollado un gobierno, pues son reveladoras de los proyectos que un partido intenta poner en práctica al llegar al poder. Primero diré algo sobre los resultados, luego me centraré en las políticas.
Resultados

La gran baza del PP al final de su periodo es que, por primera vez desde 2008, la economía española está creciendo a buen ritmo. Resulta innegable que a partir de 2013 la economía comenzó a lanzar signos de recuperación. No obstante, durante los dos primeros años del PP, la situación había ido de mal en peor. La prima de riesgo, que según Soraya Sáenz de Santamaría tenía nombre, “José Luis Rodríguez Zapatero”, no dejó de subir por el hecho de que el PP se hiciera con el poder. Al contrario, subió a su máximo durante el primer año del PP, superando los 600 puntos y poniendo a España al borde del colapso. Se produjo la caída de Bankia y el Estado se vio obligado a pedir un rescate financiero con fuerte condicionalidad a las instituciones europeas.

Fue la intervención providencial de Mario Draghi en julio de 2012, anunciando que el BCE actuaría como prestamista de última instancia, lo que salvó tanto a España como a Italia. A partir de ahí, nuestra situación comenzó a mejorar, con la ayuda de un petróleo barato y una Comisión menos estricta con el calendario de reducción del déficit (austeridad). La recuperación de los dos últimos años se explica no menos por estos factores exteriores que por las reformas y políticas llevadas a cabo por el PP.

A continuación examino algunos resultados globales en empleo, indicadores macroeconómicos y desigualdad. Comienzo por el empleo, la principal preocupación de los españoles (véase la Tabla 1). Ha habido una reducción modesta del paro, sin duda una buena noticia. En el tercer trimestre de 2015 había 427.500 parados menos que en cuarto trimestre de 2011. Es una ganancia pequeña, que queda muy lejos de los 3,5 millones de empleos nuevos que anunció Esteban González Pons en la campaña electoral de 2011, pero al menos se ha conseguido romper la tendencia.
Lo malo es que los ocupados se han reducido: hoy hay menos gente trabajando en España que hace cuatro años. En el tercer trimestre de 2015 había 104.300 trabajadores menos que al inicio de la legislatura. En términos de afiliados a la Seguridad Social, estamos prácticamente igual que al comienzo, con una pequeña reducción de 8.455 afiliados. Si el paro se ha reducido a pesar de la reducción del empleo es porque mucha gente ha abandonado España o ha perdido cualquier esperanza de encontrar un trabajo, dejando de ser parte de la población activa. Si hablamos de creación neta de empleo, el resultado de esta legislatura ha sido muy modesto.

En cuanto a las magnitudes macroeconómicas (véase Tabla 2), se ha restablecido el crecimiento económico, pero no lo suficiente como para que la situación sea hoy mejor que hace cuatro años. La renta per cápita es en 2014 (último año para el que hay datos) prácticamente igual a la de 2011. Durante este último año es previsible que se haya incrementado algo, situándonos ligeramente por encima de 2011. El déficit público se ha reducido considerablemente, aunque a un ritmo algo más lento que el exigido inicialmente por la Comisión. La deuda pública, en cambio, ha aumentado espectacularmente, en 30 puntos del PIB, hasta situarse en el 100% del PIB, debido tanto a la debilidad de los ingresos durante la crisis, lo que ha ralentizado mucho la reducción del déficit, como a los fondos empleados en rescatar a las entidades financieras en apuros.

Los resultados son bastante negativos en materia de igualdad. El país ha recuperado el crecimiento, pero lo ha hecho dejando de lado a los más desfavorecidos. El índice de Gini no ha aumentado mucho, pero la tasa de riesgo de pobreza y exclusión (tasa AROPE, "at risk of poverty and exclusión") ha aumentado en la sociedad española en 2,5 puntos porcentuales y en casi cuatro puntos entre los menores de 16 años, estando entre las más altas de Europa. Asimismo, se ha producido un descenso fuerte de los salarios, sobre todo entre aquellos que han conseguido un empleo nuevo durante la crisis y han tenido que aceptar salarios míseros en comparación con los de los trabajadores con mayor antigüedad.

Políticas

El PP se ha caracterizado estos años por incumplir algunas de sus promesas más importantes, como aquella de que no iba a aumentar los impuestos. Subió el IVA, subió el IRPF... ¿Se acuerdan de la campaña del PP contra la subida del IVA en el gobierno anterior del PSOE(aquí, aquí, aquí)?

En un contexto de crisis, sin embargo, los incumplimientos pueden estar en parte justificados, pues todo gobierno se enfrenta a una fuerte incertidumbre y a situaciones muy cambiantes. Lo que no parece tan fácilmente justificable es que el PP haya hecho recortes tan brutales en el Estado del bienestar mientras daba miles de millones a fondo perdido al sistema financiero. Sólo la crisis de Bankia, tras la gestión catastrófica de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, ha supuesto más de 22.000 millones de euros al Estado.

El PP nunca ha sido claro ni transparente con los recortes. Resulta muy difícil averiguar cuánto ha recortado el PP en esta legislatura, entre otras cosas porque el Gobierno no ha tenido demasiado interés en que se sepa. Una primera aproximación consiste en acudir a la distribución del gasto en los presupuestos generales del Estado y comparar lo sucedido entre 2011 y 2015. He seleccionado siete partidas de gasto en la Tabla 4.

La tabla revela el recorte generalizado, en ocasiones brutal, como la reducción del 17% en desempleo cuando España es el segundo país de la UE con más paro. Según los datos del Ministerio de Trabajo, la tasa de cobertura de los parados ha pasado del 70,7% en 2011 al 58,5% en julio de 2015. A la vez, se observa un aumento de casi el 30% en el servicio de la deuda pública a pesar del descenso espectacular de la prima de riesgo gracias al apoyo del BCE. Asimismo, como consecuencia del envejecimiento de la sociedad española, el gasto en pensiones ha seguido aumentando.

La tabla 4 también muestra los recortes en políticas sociales (sanidad y educación). No obstante, el gasto de la Administración Central en estas partidas es muy reducido, pues el grueso corresponde a las comunidades autónomas. Para entender qué ha pasado realmente en el conjunto de España, hay que recurrir a datos consolidados de todas las administraciones públicas. Como se sabe, el Gobierno, durante su mandato, ha querido meter en cintura a las CCAA para cumplir con los objetivos de déficit público, forzando recortes importantes en políticas sociales. Basándome en el informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Avance de la Actuación Económica y Financiera de las Administraciones Públicas, se puede reconstruir tan sólo lo sucedió durante los dos primeros años de legislatura (no hay todavía datos oficiales para 2014...). En la tabla 5 pueden consultarse los datos sobre cuatro partidas, sanidad, educación, protección social y protección del medio ambiente.

Pues bien, en los dos primeros años de legislatura vemos una reducción del 9% en sanidad y del 10% en educación. En protección del medio ambiente el recorte llega al 15%. En educación se ha aumentado el tamaño de las aulas, se ha despedido a un número muy elevado de docentes, se han subido las tasas universitarias, se han reducido las becas Erasmus... Sobre la evolución calamitosa de la I+D, véase aquí. La pequeña mejoría, del 2,4%, en protección social, se debe fundamentalmente al pago de las pensiones, que sigue aumentando (según se vio en la Tabla 4). Insisto en que la información de la tabla 5 se refiere tan solo a los dos primeros años de legislatura: es muy probable que el recorte en educación y sanidad a lo largo de toda la legislatura sea superior al 15%.

Todos los datos, tanto los de resultados como los de políticas, apuntan, pues, a un país menos cohesionado, más desigual e insolidario, con menos recursos en educación y sanidad y, por tanto, con malas perspectivas de futuro. El país no parece encaminado a tener una economía de elevado valor añadido, con alto capital humano, ni tampoco a proteger a sus ciudadanos.

Las grandes reformas estructurales de estos años han ido en la misma dirección: desregular y desproteger. Los ejemplos más sobresalientes son, por un lado, la reforma del mercado laboral, que ha sido un instrumento clave para conseguir la reducción de los salarios mediante la pérdida de poder negociador de los trabajadores y que, por lo demás, no ha servido para corregir la dualidad de nuestro mercado laboral; y, por otro, la reforma del sistema de pensiones, que supondrá un ahorro importante a las arcas del Estado a costa de los contribuyentes. Las pensiones irán perdiendo poder adquisitivo con la inflación. Algunos expertos hablan de una reducción de más del 30% en términos reales en la cuantía de la pensión a medio plazo.

Este es el panorama. En la siguiente entrega me ocuparé de la corrupción y las prácticas abusivas que han degradado tanto la democracia en estos cuatro años.

El balance de la legislatura (II): la anomalía democrática del PP
(InfoLibre, 14 de diciembre de 2015).

En la primera parte de este balance de la legislatura, me centré en los resultados económicos y sociales, así como en los recortes del gasto público. El diagnóstico general era este: a partir del tercer año del Gobierno de Rajoy, se inició una recuperación económica que ha permitido compensar una parte de la destrucción de empleo de los dos primeros años, cuando el país estaba todavía en recesión. No obstante, a pesar de esa recuperación, sigue habiendo menos ocupados que en 2011. Además, la reactivación económica se ha hecho desregulando el mercado de trabajo y con fuertes recortes en el Estado de bienestar (sanidad, educación, protección de los parados), lo que ha supuesto un aumento de la desigualdad y la pobreza. Esos recortes se han llevado a cabo a la vez que el Estado daba fondos y toda clase de facilidades a las entidades financieras.
 

Los asuntos económicos y sociales suelen ser aquellos que mayor importancia tienen en la opinión que nos formamos los votantes sobre la gestión del Gobierno. El problema está en que esta legislatura ha estado protagonizada por otras cuestiones. De ahí que sea necesaria una segunda parte de este balance, dedicada a la erosión que ha sufrido nuestro sistema político como consecuencia de los escándalos de corrupción de estos años y de prácticas que contradicen los valores más básicos de la democracia.

Vayamos de menos a más. Ha habido comportamientos de miembros del Partido Popular que podríamos calificar como poco edificantes. Desde aquel “¡qué se jodan!” dirigido a los parados que lanzó la diputada Andrea Fabra en el Congreso durante el debate de julio de 2012 en el que el presidente Rajoy anunciaba los mayores recortes de la historia de la democracia, hasta las bromas y burlas de sus señorías cuando Pedro Sánchez habló, también en el Congreso, de pobreza infantil. A todo ello habría que añadir la insuficiente rendición de cuentas del presidente, quien ha evitado dar explicaciones cuando las cosas se ponían desagradables para él o para su Gobierno: el momento más llamativo fue aquella comparecencia en la sede del PP a través de un monitor de televisión para hablar sobre la financiación del partido.

En cuanto al proceder del Gobierno, el Gobierno, como ha mostrado Ferrán Martínez, ha abusado del Real Decreto Ley (reservado para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”) como instrumento legislativo. Se ha producido también un recorte de libertades con la llamada Ley mordaza (que llegó a despertar la crítica del New York Times): dicha Ley restringe el derecho de manifestación e impone multas desorbitadas por conductas como la difusión de vídeos en los que se haya grabado la actuación de los cuerpos de seguridad en su tarea represiva.

Más grave que todo lo anterior es que se haya vuelto a los peores tiempos en la manipulación de la radio y la televisión públicas. Uno de los legados más valiosos de la etapa de Zapatero fue que, por primera vez desde la muerte de Franco, los medios públicos pasaron a ser independientes, lo que se tradujo en un aumento de audiencia y en numerosos reconocimientos internacionales por la calidad e imparcialidad de sus informativos. Todo aquello ha quedado arrasado en estos años de Gobierno popular, lo que constituye un motivo de profunda vergüenza democrática.

No obstante, lo verdaderamente preocupante en estos años ha sido la corrupción. Algunos de los grandes escándalos, como el de Gürtel, se arrastraban de la legislatura anterior. Y otros de los que se han destapado en estos años corresponden a sucesos de la etapa del boom. Entre los más sobresalientes, la trama Púnica, las revelaciones sobre la gestión de Cajamadrid / Bankia por parte de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y la constatación de que algunos diputados o exdiputados del PP se sacaban un sobresueldo actuando como lobistas o comisionistas (Vicente Martínez Pujalte, Federico Trillo, Gustavo de Arístegui, Pedro Gómez de la Serna).

A través de algunos flecos del caso Gürtel, se acabó descubriendo el gran escándalo de esta legislatura: hemos sabido que el PP mantenía desde hace décadas una doble contabilidad, con una cuenta en 'B' a la que iban a parar las donaciones de constructores y de empresarios que se beneficiaban luego de contratos públicos. Dichas donaciones violaban claramente la Ley de financiación de los partidos. Con el dinero acumulado en esa cuenta en 'B', Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas repartían sobresueldos, pagaban gastos electorales y cubrían otros gastos generales (como los servicios del asesor Pedro Arriola, quien especificaba qué parte deseaba cobrar legalmente y qué parte en negro, o como las reformas en la propia sede central del PP en la madrileña calle de Génova).

El propio presidente, Mariano Rajoy, aparecía en los papeles de Bárcenas. De hecho, como ha mostrado Ernesto Ekaizer en su libro Queríamos tanto a Luis (p. 93), Rajoy es el político del PP que más veces y durante más tiempo sale en la contabilidad paralela del partido. Constan 35 apuntes contables a nombre de Mariano Rajoy por un valor de 322.231 euros. En los tiempos en que Rajoy era ministro en los gobiernos de Aznar, la ley de incompatibilidades impedía cualquier otro ingreso que no fuera el de su sueldo, por lo que, para mantener su sobresueldo, cobraba de la caja B del partido sin dejar rastro.

Los ciudadanos se enteraron de que el partido en el Gobierno que rescataba al sistema financiero, que realizaba recortes en los servicios básicos del Estado y que tantos sacrificios exigía a la población, no sólo había estado burlando la ley y defraudando masivamente al fisco, sino que además intentó tapar por todos los medios el escándalo no reconociendo su responsabilidad en el asunto. Ante la falta de colaboración del PP, el juez tuvo que ordenar un registro de la sede central del partido y se requisaron ordenadores (cuyos discos duros habían sido convenientemente destrozados por funcionarios del partido). El PP borró los registros de entradas en Génova, ¡se personó en la causa como acusación particular!, negó la autenticidad de los pápeles de Bárcenas y el equipo dirigente salió en tromba defendiendo la tesis lunática de que había una conspiración en contra del partido, mientras el presidente, Mariano Rajoy, mandaba mensajes de móvil tranquilizando a su buen amigo Luis Bárcenas para que este no contara todo lo que sabía. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, Bárcenas aprovechó la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno para blanquear parte de la fortuna que tenía en Suiza (otro tanto hizo Rodrigo Rato).
 

La doctrina oficial en Génova ha sido que la corrupción como tal no existe, que sólo existen los corruptos. Según esta peculiar doctrina, Bárcenas era un aprovechado que se ha beneficiado a costa del partido. Así lo ha repetido infatigablemente Pablo Casado durante esta campaña, como si la Gürtel no fuera una trama generalizada o como si los sobresueldos en negro que repartían Lapuerta y Bárcenas en sobres llenos de billetes de 500 euros fuesen actos de caridad para con sus compañeros de partido. En realidad, el sistema de donaciones ilegales y de reparto de sobresueldos estaba completamente institucionalizado en el Partido Popular y por eso hablamos de una trama corrupta y no de un corrupto que pasaba por allí.

Lo asombroso no ha sido tanto que haya surgido el escándalo de la doble contabilidad del partido, sino que no haya tenido consecuencias políticas y que quien más veces sale como beneficiario de dicha doble contabilidad sea el presidente del Gobierno y candidato del partido para la nueva legislatura. En países con democracias más sólidas y ciudadanías más exigentes, Rajoy hubiese tenido que dimitir. No es solo que durante su mandato haya habido corrupción, es que él está personalmente implicado, tanto por haber recibido sobresueldos en negro como por haber ascendido a su buen amigo Luis Bárcenas al puesto de tesorero del partido.

Que Mariano Rajoy haya seguido gobernando después del escándalo de la financiación irregular de su partido es un fracaso de nuestro sistema político y una descomunal anomalía democrática.