Ioseba Eceolaza
Críticas a la Ley de memoria histórica
(Hika, 185zka. 2007ko otsaila)
Quiero escarbar la tierra con los dientes
Quiero apartar la tierra parte a parte
A dentelladas secas y calientes
Miguel Hernández
El pasado mes, por fin, se debatió el proyecto de Ley de la memoria histórica. Tras dos años de promesas y debate, llega por fin esta Ley, esperada durante 30 años de democracia.
Sin duda, la Ley contiene algunos elementos positivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que durante estos años de democracia sólo se ha restituido, mal y poco, la parte económica; es decir, han sido 574.000 los expedientes que se han resuelto, devolviendo a los reprimidos, en concepto de estancia en cárcel y pensiones, 16.356 millones de euros. Pues bien, esta Ley lo que hace es ampliar estos derechos económicos.
Asimismo, se reconoce a las Brigadas Internacionales, a los esclavos del franquismo y a las asociaciones de familiares la labor que han realizado. En este sentido, la Ley oficializa las acciones que tienen que ver con las exhumaciones y la búsqueda en archivos, y ha generado un debate, más que necesario, sobre la memoria y la necesidad de restituir.
Ahora bien, estos pasos no son suficientes si se sigue confundiendo la prudencia con el olvido y se siguen frustrando las expectativas de unos familiares cansados, extenuados ya por las promesas incumplidas, por los llamamientos a reconciliaciones carentes de sentido si no se restituye cuanto antes.
En primer lugar, una Ley como ésta requiere de un mayor afán descriptivo, ya que el desequilibrio de la memoria a favor de los relatos franquistas es enorme. No se trata de hacer una historia oficial, desde el poder, sino de describir lo que se pretende restituir y homenajear.
En segundo lugar, y es para mí el elemento esencial a la hora de hablar sobre memoria histórica, es necesario separar lo que fue la Guerra Civil y el franquismo. Ya lo he apuntado en innumerables ocasiones, pero lo repito: la Guerra Civil fue horrible, la República fusiló a 60.000 personas (entre ellos a 7.000 religiosos); el franquismo a 100.000. Pero una vez terminada la guerra, el terrible régimen franquista, con todo a su favor, pudo sellar la paz; pero impuso la victoria, ya que encarceló a 270.000 personas, fusiló a 192.000 y algo más de 4.000 personas murieron en las cárceles. Es decir, el plus del franquismo reside en el abanico de leyes que dispuso para la represión, el apoyo de la jerarquía católica y, sobre todo, los 40 años de agravios, insultos y terror.
Por eso no se pueden definir la Guerra Civil y el franquismo simplemente como un conflicto entre españoles. Y esto incide en el poco compromiso de la Ley a la hora de retirar los símbolos de la guerra civil (no habla de símbolos franquistas), porque homenajean a un solo bando, sino, lisa y llanamente, porque atentan contra los valores y pilares de cualquier sistema democrático. En ese sentido, esta Ley debe deslegitimar políticamente y para siempre aquel régimen dictatorial, incluyendo una declaración que subraye la importancia de la República como régimen democrático comparable a las democracias más avanzadas de aquella época y que asuma una condena explícita de los golpistas (la declaración que el 20 de noviembre de 2002 aprobó el Congreso de los Diputados contra las dictaduras, no se atrevió a hablar concretamente del franquismo), subrayando que la dictadura resultante del golpe militar era un régimen absolutamente repudiable por prohibir y perseguir la libertad, por cometer crímenes execrables, especialmente contra personas destacadas por su compromiso democrático, y por vulnerar permanentemente los derechos humanos y los derechos democráticos fundamentales.
Asimismo, los legisladores deben entender que la transición resultó un periodo especial, en el que se produjeron muchas víctimas. Era un momento en el que la democracia no estaba asentada y el tardofranquismo, y sus aparatos represivos, asestaban sus últimos golpes. Por ello es necesario que se consideren como víctimas reparables las producidas hasta el 15 de junio de 1977, y no hasta 1975 como determina la Ley. Y que se tengan en cuenta también las víctimas generadas por la violencia política, y no incluidas en ninguno de los apartados a los que se refieren esta y otras leyes de reconocimiento a víctimas, hasta el 23 de febrero de 1981.
Se nota que el proceso de consulta a las asociaciones de familiares ha sido sólo un trámite, ya que cometen tres errores de bulto. En primer lugar, parece ser que no han estado nunca en una exhumación, porque, si no, sabrían que el problema de esta acción no es la exhumación en sí misma, sino la localización de la fosa y la investigación previa sobre las personas que están en ese enterramiento; por lo tanto, no sólo necesitamos que se financie económicamente la exhumación, sino que necesitamos principalmente que el Estado se implique de oficio en las investigaciones.
En segundo lugar, el principal problema del Valle de los Caídos no es que un grupo de nostálgicos conmemore el 20-N, sino que el principal asunto que hay que abordar es el enterramiento de 50.000 personas, muchas de ellas republicanas, sin el permiso ni la notificación familiar.
En tercer lugar, el asunto de los juicios es el tema que más críticas ha recibido. La seguridad jurídica ante la revisión judicial no parece un argumento convincente cuando hablamos de un sistema judicial que obviaba los derechos humanos y el Derecho Internacional, y en el que la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de Febrero de 1939 es contraria al principio de legalidad recogido en todas las constituciones españolas, las de 1812, 1837, 1931 y, finalmente, la de 1978.
Por último esta Ley debería recoger todos los reconocimientos parciales que sean necesarios; a los maquis y guerrilleros, a los funcionarios y maestros expurgados, a los homosexuales, a los niños de la guerra, a los gitanos (hasta el mismo 1978, se recogía en el Reglamento de la Guardia Civil la necesidad de una vigilancia especial a este sector), y al exilio en general.
Es necesario hacer una memoria no vengativa, desde los derechos humanos, como análisis ético, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de lo que ocurrió, para que nunca más vuelva y entonces, lanzar un mensaje de empatía hacia las víctimas de todas las guerras, de todos los conflictos. Por eso necesitamos la memoria de quienes toman partido y han tocado el fondo durante 40 años de dictadura y 30 años de olvido.
Por estas víctimas, merece la pena cambiar la Ley, respirar dos veces y mirar a la tierra caliente de esas fosas que se encuentran perdidas, observar a estos esperanzados familiares y entonces sí, no defraudar 70 años de espera.