Yo me callo, yo espero
Hasta que mi pasión
Y mi poesía y mi esperanza
Sean como la que anda por la calle;
Hasta que pueda ver con los ojos cerrados
El dolor que ya veo con los ojos abiertos.
                                  (Antonio Gamoneda)

            Los asuntos que tienen que ver con la memoria de las personas que fueron asesinadas por pensar diferente durante la Guerra Civil y el franquismo requieren un tratamiento cuidadoso, ya que detrás hay unas familias cansadas de agravios, de promesas incumplidas, de leyes insuficientes o de apoyos parciales. Por eso, el resultado final de los autos del juez Garzón ha suscitado más amargura que alegría, a pesar de colocarnos en una situación objetivamente mejor que la de hace, por ejemplo, dos meses. 

            En este sentido, el proceso abierto ha dejado claramente al descubierto las limitaciones existentes en la llamada Ley de Memoria Histórica, sobre todo en lo que tiene que ver con las exhumaciones.

            Por ello conviene detenerse en el resultado, obviamente, pero también en la literalidad de lo escrito por Garzón, porque, a mi juicio, para los familiares, tras 40 años de estigmas, insultos, humillaciones y mentiras, resulta muy reconfortante que alguien diga, con todos los adjetivos, lo que fue y supuso un régimen como el franquista.

            Una de las críticas fundamentales que hemos hecho a la Ley de la Memoria Histórica ha sido, precisamente, la ausencia de afán descriptivo, no con el objetivo de hacer una historia oficial desde el poder, pero sí con la finalidad de describir de forma ambiciosa los rasgos de la dictadura. Y esa limitación la cubre de forma adecuada el juez Garzón.

            El franquista fue un régimen que se impuso sobre la sociedad mediante el terror. La represión que desató fue sistemática, cruel, y se valió de todos los instrumentos del poder para desarrollarla. Los golpistas se alzaron contra la legalidad republicana, y cometieron algo más que crímenes políticos, porque fueron crímenes de lesa humanidad, como se dice en el auto.

            El ejercicio descriptivo que realiza el juez en sus dos autos prepara el terreno para recurrir a instancias internacionales. Tal vez por eso mismo elige como ejemplo de la represión un elemento internacional, el de los niños del franquismo, que afecta a varios países europeos.

            Está claro, por lo tanto, que el golpe de Estado contra la República provocó una cruenta Guerra Civil. Por parte del bando republicano se ejecutó a unas 70.000 personas (7.000 de ellas religiosos), y el franquismo asesinó a unas 100.000. Pero es que tras la Guerra Civil, pudiendo aplicar la paz, el régimen franquista impuso la victoria: más de 192.000 personas fueron fusiladas, y cerca de 4.000 personas más murieron de enfermedad en los campos de trabajo o en las prisiones. La represión franquista tuvo tres etapas: la primera, la represión salvaje con los bandos de guerra, desde el 17 de julio de 1936 a febrero de 1937; la segunda, la de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, desde marzo de 1937 a los primeros meses de 1945; y la tercera, la oleada represiva desde 1944 hasta mediados de los años cincuenta, contra guerrilleros y colaboradores.

            En este sentido, con este auto en la mano, es más fácil justificar una demanda repetida por las asociaciones de familiares, a saber, que la democracia española debe deslegitimar jurídicamente y para siempre al régimen franquista.

            Pero, a pesar de cargar dialécticamente contra el franquismo, Garzón no sigue adelante, tal vez porque es consciente de que hay demasiada gente dentro de la magistratura que no ve con buenos ojos este proceso, y que es muy probable que le corten cualquier posibilidad de avanzar. La petición de la partida de defunción de los jefes franquistas no es más que fuegos artificiales, porque cuando un hecho es público y notorio no es preciso demostrarlo jurídicamente. Además, esta decisión permitió también que el tema sobreviviera unas semanas más, lo que generó alguna ilusión añadida que luego no se iba a cumplir.

            En la segunda parte del auto, que es la que se refiere a las desapariciones, Garzón juega dos bazas. En primer lugar pretende que las instituciones públicas desempeñen un papel importante en la localización y exhumación de los desaparecidos, y en segundo lugar deriva finalmente esa responsabilidad a los juzgados territoriales.

            Y esto no es más que desarrollar lo que ya concreta la Ley de la Memoria Histórica, pero que no se llega a ejecutar. El artículo 11 de la ley afirma: «Las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore». Pero esto no es más que un brindis al sol que depende más de la voluntad de la institución que de la obligatoriedad impuesta por una ley; es decir, como antes de la aprobación de este texto.

            Hay que recordar que fueron las asociaciones las que efectuaron el trabajo de contabilización de las desapariciones; por eso, los legisladores debieron elaborar un estudio del estado de la cuestión que no hicieron antes de ponerse a escribir. Es decir, para cualquiera que se acerque a este tema es fácil observar que la gran división de la sociedad española se produce a raíz del golpe militar de Franco. En media España no hubo guerra civil, pero sí una represión cruel, salvaje. Esto supone que, en primer lugar, cuantitativamente el régimen de Franco se lleva la palma de la represión; y en segundo lugar, que el desequilibrio de la memoria y el tratamiento a las familias es evidente.

            La capital española y varias grandes ciudades sufrieron una triple violencia: primero la del golpe militar, luego la republicana y finalmente la franquista. Pero siendo una evidencia que ambos bandos tuvieron, durante la Guerra Civil, un comportamiento denunciable, hay una gran diferencia entre ambos territorios, pues fue precisamente en la zona en la que triunfa el golpe donde se localiza el gran problema de los desaparecidos. 

            La falta de datos, o peor aún, el maquillaje y la desaparición de los pocos que existen, fue una actitud demasiado común durante el franquismo. En este sentido la exageración por parte del franquismo de algunos de los crímenes republicanos caló en parte de la sociedad.

            El propio Antonio Bahamonde, en el libro Un año con Queipo de Llano, relata: «Estos crímenes habían sucedido siempre en provincias distintas a las que visitaba. Tenía la consigna de propagar en Badajoz que en Málaga habían asesinado en los siete meses de dominación “roja” a quince mil personas de derechas... En Málaga propagábamos hechos que se decían ocurridos en la provincia de Badajoz...».

            Así las cosas, a veces el estudio de los documentos sobre la memoria histórica no da para tomárselos en serio. En la provincia de Badajoz se suele poner en la causa de muerte “choque con la fuerza pública”, y en la de Huelva “anemia aguda”. En Navarra, la situación, desde luego, no es más sutil: el 1 noviembre de 1936 aparecen 21 presos del fuerte de San Cristóbal inscritos en Berriozar muertos a la misma hora y por la misma razón (“traumatismo”) a las 8 de la mañana.

            Tal y como lo han denunciado varias asociaciones, el 5 de octubre de 1938 se solicita a las delegaciones provinciales de Orden Público información detallada, pueblo a pueblo, sobre «el número de fusilados, desaparecidos, detenidos, destinados a batallones de trabajadores, desterrados, sancionados, huidos y asesinados en esta demarcación desde la iniciación del Movimiento Nacional hasta el fin de septiembre de 1938».Esto quiere decir que, para el final de la guerra, el régimen franquista ya tenía todos los datos de la represión.
 
            En el propio Valle de los Caídos deben existir los archivos de los republicanos allí enterrados durante los primeros años sesenta. El 13 de junio de 1961, el Gobierno Civil de Navarra envía una circular, la 58/61, a los ayuntamientos solicitando que remitan la relación de enterramientos que existan en los respectivos municipios situados fuera de los cementerios. Esa información podría ser facilitada como apoyo a la labor de las asociaciones, pero no se hace. 
 
            En otras palabras, las instituciones tienen datos sobre lo que ocurrió, incluso podrían tener datos del paradero de los desaparecidos, pero sin una solicitud expresa de los familiares esos datos nunca saldrán a la luz. Y eso resulta agotador y, en todo caso, no eleva el trabajo de la memoria histórica al ámbito de lo público, sino que, como lo fijó la propia Ley, el trabajo de las exhumaciones lo dirige al ámbito privado.

            A mi juicio, este es el verdadero debate que debemos encarar: ¿es o no es una obligación del ámbito público abordar las desapariciones? Porque mientras no se resuelva políticamente este debate, serán los familiares quienes deban llevar de la mano a las instituciones, exigiendo, controlando, pidiendo; y teniendo en cuenta que ya llegamos tarde. Es una tarea realmente agotadora.

            Porque cómo entender que alguien que ha sufrido un delito lo tenga que resolver por su cuenta. Cuando una asociación entrega un cuerpo, no está abordando un problema particular de un familiar; está encarando un problema colectivo de nuestra sociedad, de nuestro sistema de valores, que se basa, entre otras cuestiones, en el derecho a la vida y en el derecho al duelo. De hecho, para el imaginario colectivo de nuestra era, tal vez son más dolorosas las desapariciones que la propia muerte.

            La salida aportada por Garzón puede resolver el problema, pero genera una inseguridad jurídica considerable. En efecto, el propio auto ya ha producido unos efectos colaterales que en algunos casos han perjudicado a los propios familiares. Valga como ejemplo el caso de la fosa del cementerio de San Cristóbal, en las cercanías de Pamplona. Se trata de una fosa con 131 cuerpos, en la que el trabajo de exhumación se inició hace dos años y en este tiempo se han entregado ya 6 cuerpos. El Ministerio de la Presidencia, además, subvenciona esta exhumación con 30.000 euros, y la autoridad militar de Navarra controla el trabajo. Pues bien, ahora se encuentra parada. Pese a que contaba con permisos, con subvenciones, y se trata de una fosa descubierta hace ya dos años, con 6 cuerpos entregados, al juez se le ocurre incluir esta fosa en la relación de las 19. Lo que era aparentemente un reconocimiento se ha convertido en un problema. Y ello  por no escuchar, por no informarse, por no atender.

            Llegados a este momento, es necesario concluir, por lo tanto, que el franquismo ya castigó en exceso e incluso más, por si acaso. Y el franquismo ya premió y compensó a los suyos.

            Empezaba diciendo que son demasiadas las esperanzas incumplidas. Por eso ha caído como un jarro de agua fría la decisión final de Garzón, a pesar de tener sus luces. Hay que tener en cuenta que ha habido dificultades, que las zancadillas han sido numerosas y que la memoria ha tardado en salir, pero al final, despacio, ha nacido. Ha estado 70 años guardada en cada lágrima oculta, en cada cocina, en cada susurro. Mucho tiempo soportando el todo, cuando les dejaron con la nada.

            Éste ha sido un proceso que dura ya 6 años, un proceso en el que el imaginario colectivo de las víctimas ha ido cambiando. Con esto queremos decir que no somos de los que aparecemos, nos llevamos y  desaparecemos. No, esto es un proceso, un camino. Por eso, la próxima estación tal vez sea el ámbito internacional. Porque aquí lo importante es decirles a los olvidadizos que se tiroteó por pensar diferente en aquel 1936, y que les quitaron las casas, y les llevaron las tierras, y les pasearon, y se les rieron.