Javier Álvarez Dorronsoro, Fernando Fernández-Llebrez,
Eugenio del Río

La relación PSOE-Podemos en
el proceso de investidura
18 de abril de 2016.

Nos ocuparemos en estas líneas de uno de los aspectos más relevantes que han marcado el período de negociaciones, controversias y contiendas tras las elecciones generales del 20 de diciembre: la relación entre el PSOE y Podemos. No ha sido la única cuestión de interés, ciertamente, pero sí una de las principales, y seguramente la que más puede interesar a las personas de izquierda.

Los autores del presente artículo entienden que el modo en que ambos han conducido esas relaciones ha contribuido en buena medida a hacer fracasar el acuerdo –aunque no haya sido, desde luego, el único factor que ha actuado en ese sentido– y que, si finalmente estamos abocados a volver a las urnas el 26 de junio, bueno será que las  nuevas negociaciones estén guiadas por otras pautas de actuación.

Vaya por delante que las elecciones generales del 20 de diciembre dejaron unos resultados que hacían muy difícil cualquier acuerdo de gobierno.

Escaños en el Congreso de Diputados

PP

123

PNV

6

PSOE

  90

Compromís

4

Podemos

  65

UP-IU

2

Ciudadanos

  40

EH-Bildu

2

ER

   9

Coalición Canaria

1

DiL

   8

TOTAL

350

Mayoría absoluta: 176.

Esta dificultad ha llevado tanto al PSOE como a Podemos a tener un ojo puesto en la formación del Gobierno y el otro en la celebración de nuevas elecciones. Ambas cosas reclamaban comportamientos diferentes y hasta opuestos.

La búsqueda del acuerdo, si su consecución aparecía como suficientemente viable, aconsejaba una actitud dialogante y una disposición favorable a hacer unas concesiones a cambio de otras. Por el contrario, la expectativa de unas nuevas elecciones a corto plazo llevaba a subrayar las diferencias y a enfrentarse al competidor con el que se disputaba un mismo espacio electoral.

El choque entre estas dos perspectivas ha producido repetidos cortocircuitos.

Este último problema era menor entre el PSOE y Ciudadanos, pero muy intenso entre el PSOE y Podemos. Tanto el uno como el otro tratan de ganar a un mismo electorado; el uno (el PSOE) para sobrevivir sin demasiadas pérdidas; el otro (Podemos) para desplazar y superar al PSOE y convertirse en el segundo partido del panorama político español.

            De manera que los dos partidos entraron en la fase de negociaciones teniendo que tomar decisiones sumamente difíciles. Las dificultades se vieron agravadas, además, por las divergencias internas en el interior de cada uno de los dos partidos y por el hecho de que los principales protagonistas carecían de experiencia para moverse en un cuadro político tan complejo.

El PSOE

El PSOE posterior al 20 de diciembre era un partido debilitado y muy condicionado. Sus dirigentes se felicitaron por haber obtenido 90 escaños, puesto que esperaban algo peor. Pero sus resultados han sido los peores desde 1982. Tenían que afrontar las pruebas que se presentaban con un nuevo líder, que no estaba ni mucho menos consagrado, y que contaba con los recelos, cuando no con la animadversión mal disimulada, de una parte del aparato y de varios de los principales dirigentes, especialmente de la andaluza Susana Díaz, al frente de la principal organización del PSOE, y del asturiano Javier Fernández.

Muy pronto, el 28 de diciembre, se reunió el Comité Federal tratando de atar en corto a Pedro Sánchez.

El PSOE en ningún caso aceptaría un referéndum en Cataluña ni el apoyo a la investidura por parte de los dos partidos nacionalistas catalanes.

Con todo, Pedro Sánchez disponía del apoyo de una Ejecutiva unida, en disposición de actuar al unísono. Asimismo, sus noventa diputados le permitían desempeñar un papel central en las negociaciones, máxime cuando Mariano Rajoy se había retirado eventualmente de la carrera.

Si la Ejecutiva hubiera optado por buscar de verdad el acuerdo con Podemos podía haberse apoyado en un sector importante de su electorado. Cabía esperar, y así ha ocurrido realmente, que una parte de los barones territoriales dieran a Pedro Sánchez cierta libertad de acción. Al fin y al cabo los errores y los aciertos de este último los iban a pagar entre todos y, por otro lado, varios de estos barones estaban gobernando en sus comunidades autónomas gracias a los votos de Podemos. Por lo demás, ante la posibilidad de unas nuevas elecciones a finales de junio, no había tiempo para sustituirle por cualquier otro líder.

Aunque Pedro Sánchez anunció el 23 de diciembre el rechazo de un acuerdo con el PP, la apertura del PSOE hacia su derecha se puso de manifiesto muy pronto al celebrarse la entrevista entre Pedro Sánchez y Albert Rivera el 24 de diciembre, mucho antes de que el primero se viera con Pablo Iglesias.

Desde las primeras semanas, el PSOE se inclinó por gestar el acuerdo con Ciudadanos, y solo después aproximarse a las fuerzas situadas a su izquierda.

Esta colocación del PSOE dio lugar a episodios parlamentarios como la formación de la Mesa del Congreso y la elección de Patxi López como presidente del Congreso, el 12 de enero, mediante un pacto entre el PP, Ciudadanos y el PSOE, marginando a Podemos y a los demás grupos.

Otro tanto se puede decir del desplazamiento del grupo de Podemos al llamado gallinero del hemiciclo –despreciando con esta medida al tercer grupo en número de escaños–, lo que ocurrió el 26 de enero y se mantuvo hasta la anulación de la decisión el 9 de febrero.

Muestra de los primeros movimientos del PSOE, un tanto erráticos en esas primeras semanas, fue el viaje de Pedro Sánchez a Lisboa, el 7 de enero, donde declaró su predisposición favorable a un pacto progresista a la portuguesa (1).

Podemos

Podemos, por su parte, junto con sus aliados, alcanzó 69 escaños (21 menos que el PSOE aunque la diferencia en votos era solo de 300.000), si bien el 19 de enero las cuatro personas que representaban a la plataforma valenciana Compromís se trasladaron al Grupo Mixto.

Pocos días después del 20 de diciembre, las deliberaciones de la cúspide de Podemos desembocaron en la decisión de negociar con el PSOE la formación de un gobierno de coalición, modificando su idea anterior de gobernar con el PSOE solo en el caso de que los resultados electorales le permitieran encabezar tal gobierno. Este era el criterio que había regido el comportamiento de Podemos, después de las elecciones de mayo de 2015, ante la formación de los gobiernos de las Comunidades Autónomas en las que apoyó la investidura de presidentes del PSOE.

Aunque en un primer momento, el 22 de diciembre, Íñigo Errejón había propugnado que el presidente del gobierno fuera un independiente consensuado, algo que fue apoyado por Pablo Iglesias en un artículo publicado en el Huffington Post, lo que prevaleció fue la propuesta de un gobierno de coalición –del que formaría parte también Compromís e Izquierda Unida– y en el que a Podemos y a sus aliados de En Comú Podem y de En Marea les correspondería la vicepresidencia, reservada para Pablo Iglesias, y varios ministerios, entre ellos uno nuevo llamado de plurinacionalidad.

Podemos, igualmente, estableció dos líneas rojas, en el lenguaje al uso, que en ningún caso deberían traspasarse: el referéndum sobre el futuro de Cataluña era considerado irrenunciable (2) y, en segundo lugar, no se podía admitir la presencia de Ciudadanos en el gobierno de coalición.

Por razones que podrán explicar quienes están en el secreto de estos movimientos, al poco de haberse aprobado la búsqueda de un acuerdo para gobernar con el PSOE, a esas líneas rojas, que no propiciaban precisamente un avance en las negociaciones, se sumaron algunos episodios que parecían concebidos para torpedear cualquier acuerdo.

Estos episodios, en los que Pablo Iglesias desempeñó un papel central,  contradecían rotundamente el propósito declarado de intentar gobernar con el PSOE.

No hace falta extenderse aquí sobre la rueda de prensa del 23 de enero, en la que Pablo Iglesias, sin haberlo hablado siquiera con el PSOE, se postuló públicamente como candidato a vicepresidente del gobierno. Tampoco será preciso referirse a la tan mencionada alusión a la cal viva, que fue un duro golpe al partido al que se le estaba proponiendo formar gobierno.

Todo esto sirvió para favorecer a quienes en el PSOE eran adversarios acérrimos del acuerdo con Podemos.

Contrarios complementarios

No tardaron en oírse voces influyentes del PSOE, radicalmente contrarias a gobernar con Podemos, que pudieron apoyarse en los excesos verbales de Pablo Iglesias para oponerse a un eventual acuerdo. El 26 de enero, Felipe González defendió la idea de un gobierno del PP y Ciudadanos, cuya formación debía facilitar el PSOE absteniéndose en la sesión de investidura. Dos días después eran varios los exdirigentes del PSOE los que se pronunciaban en contra de cualquier pacto con Podemos.

Una parte del PSOE (la más hostil a Podemos) y otra de Podemos (la más opuesta al entendimiento con el PSOE) han hecho confluir sus esfuerzos, como si de una alianza implícita se tratara, para impedir un pacto de gobierno.

Es la conocida figura de los contrarios complementarios, que se retroalimentan y se ayudan en cierta forma, empujando en una misma dirección.

Los hechos están ahí:

Ambos se apresuraron a trazar líneas rojas: el PSOE, al no admitir el apoyo para la investidura de Esquerra Republicana ni de Democràcia i Llibertat, ni siquiera bajo la forma de la abstención; Podemos, al descartar rotundamente un acuerdo de Gobierno que no incluyera la celebración de un referéndum sobre la secesión de Cataluña.

Una vez echados esos cerrojos era sumamente improbable que se alcanzara un acuerdo.

Tras el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el 5 de febrero, el PSOE se atrincheró en la exigencia de que la siguiente reunión fuera entre las delegaciones negociadoras de ambos partidos, mientras que Podemos presentó como irrenunciable la demanda de una nueva reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El PSOE privilegió la búsqueda del entendimiento con Ciudadanos y ambos partidos decidieron empezar a negociar el 4 de febrero.

Si bien Podemos tuvo el acierto de renunciar a su perspectiva anterior, al admitir que podría desempeñar un papel secundario en un gobierno de coalición, su manera de actuar posteriormente parecía concebida para torpedear el acuerdo.

El PSOE, a su vez, se avino a reunirse con Podemos, Compromís e Izquierda Unida –bien es cierto que bastante forzado–, pero al mismo tiempo continuó jugando con dos barajas, siempre inclinándose más hacia Ciudadanos, y concluyó un acuerdo con este último en el que se incluían diversos puntos muy difíciles de aceptar por las fuerzas de izquierda con las que estaba reuniéndose (3). Sus dirigentes no podían dejar de ser conscientes de que, de esa forma, estaban dinamitando esas reuniones a cuatro, como efectivamente sucedió.

Cuando redactamos este escrito no sabemos aún si, como todo parece indicar, se cerrará el período de investidura sin acuerdo (4). Si es así, y volvemos a un escenario similar a partir de julio, es deseable que no se repita la lamentable historia que acabamos de evocar brevemente. Aunque lo peor que podría ocurrir es que una victoria del PP y de Ciudadanos hiciera imposible cualquier intento de desalojar del gobierno a la derecha.

 

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(1) El actual gobierno portugués del socialista António Costa se sostiene sobre un pacto, de noviembre de 2015, entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco d’Esquerdas. Estos dos últimos no forman parte del gobierno.
(2) Esta condición se ha suavizado posteriormente en las “20 propuestas para desbloquear la situación política y posibilitar un Gobierno de cambio”, hechas públicas el 7 de abril. En este documento se puede leer: “Para poder garantizar que se haga desde la plena adhesión a un proyecto común, lo anterior  debe tener como correlato la aceptación del derecho a decidir en aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad. Es en ese marco, el de la reconstrucción de un proyecto común, donde queremos desarrollar un Estado plurinacional en el que todas las comunidades nacionales y culturales puedan desarrollarse en un marco igualitario y solidario sin imposiciones. Proponemos empezar así por el reconocimiento previo y específico de las diversas realidades nacionales, para poder abordar después el modelo territorial, mientras aseguramos el respeto a  los diversos campos competenciales.
“Dado el bloqueo de las posiciones en relación a esta materia, desplazamos el ámbito de  negociación para la resolución del encaje de Cataluña en España al ámbito de una mesa  de negociación integrada por En Comú Podem y PSC, comprometiéndonos a asumir  como propio el acuerdo que ambas fuerzas alcancen”.
(3) Se pueden señalar entre esos puntos: la no derogación de las reformas laborales del PSOE y del PP; el rechazo del referéndum catalán; la ausencia de un aumento del IRPF para las rentas más altas; no se deroga el artículo 135 reformado en 2011, que da la prioridad al pago de la deuda; se mantiene la Ley Mordaza
(4) Lo que resta de abril es el tiempo hábil para elegir a alguien que ocupe la presidencia del gobierno. Si no se logra, el 2 de mayo deberían disolverse las Cortes. A partir de entonces se dispone de 54 días para la celebración de nuevas elecciones legislativas, que podrían celebrarse el 26 de junio.