Javier de Lucas
“Mientras no entendamos que vamos a una multiplicidad
simultánea de identidades que hay que negociar,
fracasaremos”
Entrevista realizada por Paco Torres
(Hika, 156 zka. 2004ko ekaina)

El estatus de las personas inmigrantes en la construcción de la Unión Europea, como ciudadanas de tercera categoría, lejos de ser algo que afecte exclusivamente a esos colectivos, pone en cuestión toda una concepción de la ciudadanía de la que está ausente el reconocimiento de la pluralidad. La pluralidad que recoge el proyecto constitucional europeo parece, en primer lugar, cerrada sólo a la propia diversidad europea, no aceptando la diversidad que viene de fuera. Y siguiendo esa lógica, se excluye de la misma el reconocimiento de otras minorías, como son también las naciones sin estado. El reconocimiento de todos esos agentes de la pluralidad son necesarios si apostamos por una democracia ciudadana e inclusiva. De ahí la importancia que tiene, en las actuales elecciones al Parlamento Europeo, denunciar la situación de exclusión de esos quince millones de inmigrantes que llevan varios años viviendo, trabajando y pagando sus impuestos en Europa, contribuyendo social, cultural, económica y demográficamente a la construcción europea y a quienes el actual proyecto de constitución europea niega la ciudadanía y, por tanto, el acceso a los derechos en igualdad de condiciones que los nacionales, y la capacidad de participar en los asuntos públicos que a todos afectan. Nos va mucho en ello.

Un primer tema de debate respecto de la ciudadanía europea (requisitos, residencia…) es, por un lado, en qué situación quedarían los inmigrantes residentes, y, por otro lado, desde un punto de vista de una ciudadanía europea inclusiva, cuál debería ser el trato hacia éstos.

JAVIER DE LUCAS. Una de las primeras razones de la frustración respecto al proyecto de Constitución en marcha es, precisamente, que la noción de ciudadanía que nos ofrecen es una noción que está muy lejos del carácter inclusivo y plural que se supone que debe tener. Aparte de otros aspectos, en relación con estos dos que tú pones de manifiesto me parece clarísimo.
Es decir, ya habíamos perdido una oportunidad importante, en términos de reconocimiento de derechos políticos y de equiparación, con motivo de la Directiva de residentes de larga duración, porque probablemente ése era el lugar normativo “adecuado” para haber dado el paso fundamental que, por otra parte, un porcentaje nada desdeñable de Estados miembros de la Unión Europea están dando (estamos hablando de residentes de larga duración, no de inmigrantes en general).
El último que lo ha hecho ha sido el Parlamento belga, aunque es verdad que con una polémica interna que ha roto el voto organizado en torno a partidos políticos, es decir, la Ley de 20 de febrero de este año salió con un voto cruzado muy complicado. El Gobierno, mejor dicho, la mayor parte de la coalición del gobierno votó en contra de la Ley. Es decir, que todos sabemos que ésta es una cuestión complicada. Pero bueno, la equiparación de derechos políticos, al menos en el punto concreto (no hablo de otros derechos políticos) del derecho al sufragio activo y pasivo para los residentes en los términos que la Directiva tenía, me parece que no era ningún paso, digamos, valiente, sino que era simplemente hacer un derecho en el ámbito europeo lo que ya en una parte importante de los países de la UE se está haciendo. De manera que: primera razón de frustración.
La segunda razón de frustración es que la mención a los inmigrantes, siquiera sea a los inmigrantes legales, residentes de larga duración, brilla por su ausencia en el texto de la Constitución. Entonces, obviamente estamos haciendo una Constitución para una noción de comunidad política europea que parece reproducir lo peor del estado nacional, del viejo estado nacional nacionalista. Del estado nación que desconoce la pluralidad interna, que no quiere reconocer los derechos de la diferencia. Y eso en relación con los inmigrantes de larga duración, de manera que con los inmigrantes qué vamos a decir.
Y claro, la tercera parte sería: si eso no se hace ni siquiera para los inmigrantes de larga duración, qué es lo que habría que hacer en relación con los inmigrantes. A mí me parece que sirve la propuesta planteada desde hace mucho tiempo por algunos amigos nuestros y, bueno, muchísimos ciudadanos naturalmente (nosotros mismos hemos sostenido, defendido por escrito y debatido con mucha gente), de anclar la ciudadanía en la residencia y empezar gradualmente por la condición de vecindad. Éste es un tema supertrabajado que se concretaba en una modificación levísima del artículo del tratado constitucional (porque no es en realidad una Constitución) que define la condición de ciudadanía europea vinculada a la condición de nacional de un estado miembro.
La propuesta de añadir una disyuntiva: “o residente de pleno derecho de un estado miembro” era una propuesta sencillísima, bastaba con eso. El Movimiento Carta por la ciudadanía, la red ENAR…, en fin, muchos de nosotros, nos dirigimos a la Convención en su momento para que la incluyera. No la quiso incluir. Tampoco la Cumbre de Salónica la quiso incluir. Y no parece que esté entre las prioridades del proceso de aceleración (que a mí también me parece criticable) que vivimos en este momento para aprobar una Constitución. Porque como ahora parece que lo importante es aprobarla como sea, antes del final de la presidencia irlandesa, parece que el único problema de la Constitución sea (que es un problema, entiendo que importante, pero importante en la lógica de los estados nacionales, y creo que menos importante en la lógica de los ciudadanos) de si el sistema de veto va a incluir el dato de la mayoría de la población más los países que sumen al menos el 60% o el 66%. Yo entiendo que eso en la lógica política de los estados nacionales es una cuestión importante. Una lógica, por cierto, chovinista, de que nosotros vamos a estar en la Unión Europea con un alto voto o no, que yo creo que en buena coherencia con los proyectos europeístas no debiera ser así.
En esa aceleración lo importante es eso. Y, en cambio, asuntos que me parecen mucho más importantes, como un modelo democrático, inclusivo y plural, una de cuyas primeras exigencias era ésta, se quedan en la papelera. De manera que, obviamente, en nuestra propuesta lo mínimo que habría que hacer con los inmigrantes es anclar la condición de residencia y debatir, en todo caso (que eso sí que me parece un asunto que se puede debatir), si tres o cinco años. Y, en segundo lugar, plantear mientras tanto si es lógico que el resto de inmigrantes, aunque no tengan el Estatuto de residentes de larga duración, estén absolutamente privados de otros derechos, no hablemos ya de los políticos. Éste, que es, me parece, un asunto importante a debatir, pues se va a quedar en el agujero.

Otro objeto de debate, que en parte tiene relación, aunque no se presenta en relación con la inmigración, pero que está muy vinculado a ella, es la polémica respecto de la reivindicación de la raíces. Estamos hablando de la raíces cristianas o, en otros casos, se plantea como las raíces humanistas-cristianas en el preámbulo de la Constitución, dado que una de las fuentes de la diversidad de actuar hoy en Europa es la inmigración y, en particular, la que más nos llama la “atención” y la que más suscita comentarios es, precisamente, la inmigración que está marcada por una tradición cultural-religiosa distinta y, en particular, la vinculada al Islam. Por no hablar de países como Turquía, que está a las puertas y que, con independencia de que se defina como un estado laico, culturalmente es una sociedad musulmana.

J.D.L. Bueno, aquí hay varias cuestiones. Varias y muy importantes. Empezando por el final, por Turquía, a la que ya se le ha prestado atención en algunos trabajos anteriores de la propia revista. A mí me parece que en torno a Turquía hay una hipocresía monumental. Primero, tú lo has recordado, Turquía es el caso, constitucionalmente hablando, de país más laico que conocemos, porque la Constitución es kemalista. La ideología del kemalismo, es decir, de Mustafá Kemal Ataturk el fundador del moderno estado turco, es una ideología militantemente laica, incluso laicista. Más que la laicidad de la legitimidad republicana francesa, que es el ejemplo común.
Yo comparto contigo, naturalmente, la segunda observación, muy importante, que la Constitución es así, pero que la sociedad turca no es así. Y, en este momento, sobre todo por el fracaso, en gran medida, del proyecto kemalista en términos de integración social, de expectativas, de oportunidades… se produce, como en otros casos de fracasos de movimientos de liberación nacional para crear expectativas de futuro, una reversión del estado de cosas hacia los partidos confesionalmente islámicos. Creo que la reversión, como han señalado muchos, no es tanto religiosa como económica y política. Pero bueno, ésa es una cuestión de más calado.
La tercera cuestión que quería indicar en relación con Turquía es que toda la polémica es una polémica falsa. Es mentira que el problema que plantea Turquía sea el problema de la presencia de una sociedad mayoritariamente musulmana. Desde luego, mucho más mentira que un estado musulmán. Yo creo que Ignacio Sotelo lo ha explicado cínicamente, si se me permite decirlo así, en términos muy claros. El problema con la entrada de Turquía es que es el Estado de mayor población de Europa y sería, por tanto, el que tendría el mayor número de votos en el Parlamento, el mayor número de votos en el Consejo Europeo y se convertiría, por tanto, en un factor decisivo. Y eso es lo que no se quiere. Digámoslo claro. Es decir, no se quiere que en las decisiones sobre agricultura, o sobre transporte, el socio turco tenga una voz más importante que, por supuesto, España, Italia o Polonia, por poner tan sólo tres ejemplos. Ése es el asunto.
Y luego, la cuestión es también que el estado turco, hoy por hoy (lo cual puede cambiar) es el gran aliado de EE.UU. en cuestiones de estrategia de defensa y seguridad exterior. Entonces, dejémonos de milongas de que el problema de Turquía es el problema del Islam. Naturalmente no se puede ignorar que es una sociedad muy mayoritariamente islámica, mucho más que otras. Pero, en fin, no olvidemos que esperando en la cola de la UE, mucho después de Turquía, están otros países en algunos de los cuales, por poner un ejemplo, Bosnia-Herzegovina, la situación es así. Y que, en algunas de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética la situación es muy parecida. De manera que, digamos las cosas claras. El problema de Turquía para la UE no es tanto ser una presencia de la diferencia, a mi juicio, cuanto este otro problema. Es decir, que los socios europeos (Giscard D´Estaing, con toda claridad, así lo ha dicho) no quieren que las decisiones de Bruselas sean tomadas básicamente con atención a Estambul o a Ankara. Ésa es la razón.
En el otro aspecto que planteabas de las raíces cristianas, debo decir que he descubierto que es una polémica más interesante de lo que yo pensaba. Porque yo pensaba que era una polémica falsa en la medida en que una democracia pluralista no puede renunciar al principio de laicidad que es una condición sine qua non y que, por lo tanto, la mención en el preámbulo, en el texto constitucional, de una filiación religiosa no tiene ningún sentido en la medida en que tendríamos que optar por mencionar, entonces, todas las filiaciones religiosas para ser acordes, no ya con un principio de democracia pluralista sino, simplemente, liberal.
Pero, claro, es que desde el punto de vista de la lógica de la neutralidad liberal, tal y como la diseñan gentes relativamente diferentes pero, digamos, coincidentes en estos puntos, como: Rawls, o como Habermas, al proponernos las exigencias del espacio político neutral, en su opinión, yo creo que detrás de eso, de esas exigencias, hay varias falacias. Detrás de la supuesta neutralidad liberal hay la aceptación acrítica de una tradición cultural determinada, vinculada en buena medida a la herencia del cristianismo o del judeo-cristianismo.
Acabo de leer y de discutir un libro, que me parece el más interesante que se ha publicado sobre este asunto, del que es autor el comunitarista, posiblemente, más indiscutido que hay, que es, como siempre estas paradojas divertidas, un norteamericano, JHH Weiler, que enseñaba en Harward y ahora enseña en Nueva York. Weiler, la persona de más prestigio sobre derecho comunitario europeo, acaba de sacar un libro enormemente polémico que se llama Una Europa cristiana en el que defiende que uno de los rasgos constitutivos del proyecto europeo históricamente es el cristianismo, y además sostiene que excluir el cristianismo en el preámbulo es una acto de traición al proyecto europeo, es un acto superfluo y además es un acto negativo porque indicaría una suerte de lo que él llama, con una fórmula muy fuerte, cristofobia. El libro en castellano es interesante porque tiene un prólogo y un epílogo en discusión con Rubio Llorente que ahora es el presidente del Consejo de Estado y fue magistrado del Constitucional quien mantiene, obviamente, tesis muy distintas: niega, por supuesto, que sea pertinente la inclusión en el preámbulo de la Constitución del carácter o coherencia cristiana y niega además que sea no sólo legítimo sino útil.
En mi opinión, lo que hay que hacer es tratar de plantearse el asunto de manera menos prejuiciada. Y creo que también, a veces, es prejuiciado aquella que da por resuelto el asunto de un modo muy simple diciendo ésta es una discusión estúpida, no pertinente. Pues no. Es una discusión importante, no ya por el cristianismo sino porque nos hace reflexionar sobre estos presupuestos no dichos que en realidad son cristianos y que obligan a una reelaboración y a un trabajo en realidad de asimilación impuesta, como tú decías en la pregunta, a quienes nosotros identificamos como distintos y a los que les estamos hablando continuamente de la neutralidad del patriotismo constitucional… pero luego les estamos imponiendo el abandono de instituciones, prácticas sociales, valores, modos de vida… en la medida en que pueden estar vinculados, concretamente, a un factor religioso que es el Islam.
De manera que mi postura en ese sentido es, primero, una Constitución como la europea no puede no ser laica, es decir, no neutral, no aconfesional, sino laica: la condición para un espacio plural e inclusivo, a mi modo de ver, en cuanto a las expresiones religiosas es la laicidad. Pero la laicidad, por supuesto, entendida como un modelo distinto del pluralismo confesional que nos obligaría a decir, en el preámbulo, lo que Europa debe a los judíos, a los árabes, a las religiones orientales, a las ideologías del humanismo, del agnosticismo, del ateísmo, a la ideología de la sospecha, porque, claro, por qué no mencionar todo esto. La libertad religiosa no es sólo la libertad de las religiones, es libertad sobre el terreno religioso, por tanto, el agnóstico y el ateo tienen una posición de legitimidad y además tienen una posición de aporte a la historia constitucional europea absolutamente decisiva.
Frente a todo eso, la opción alega que hay que reconocer que las raíces de Europa están en el cristianismo. Pues claro que sí. Nadie pretende negar la historia de Europa, que es una historia en la que efectivamente esa tradición existe. Pero es que no estamos hablando de negar la historia. Lo que estamos hablando es de colocar en la justificación de la Constitución un peso determinado a una tradición religiosa, y eso es distinto. Ahora estamos hablando, aunque sea el preámbulo de una dimensión normativa, de una dimensión que vincula el proyecto constitucional europeo a una religión, y eso es improcedente. Eso no debe ser así. No podemos negar ese peso pero no podemos, en una Constitución invocar ese peso. De manera que cuando se hacen esos ejercicios de decir, bueno examine usted el derecho comparado y vea cuántas constituciones de Estados miembros empiezan con una invocación a la divinidad, incluso en términos, no ya cristianos sino católicos, empezando por Irlanda que todavía sigue invocando el nombre de la santísima trinidad en su Constitución como lo hacían las viejas Constituciones españolas, y continuando con Polonia, mencionando Bélgica, etc. Que sí, que existen, de acuerdo pero si lo que nosotros queremos crear es un proyecto político, plural e inclusivo, la laicidad es una condición sine qua non. Es decir, es el mínimo, al que no debemos ni podemos, creo yo, renunciar.

Y, en una línea similar, está la cuestión del reconocimiento en la Constitución de la pluralidad, de la diferencia cultural. Aunque, en ocasiones, se focaliza sobre el tema de la inmigración, y en realidad estamos hablando de la diferencia cultural religiosa, que se coloca en primer plano, también tiene otro aspecto que ha sido y es muy importante en la historia europea, y en nuestra propia historia del estado español, el reconocimiento de la diferencia nacional, el reconocimiento de que somos estados pluriétnicos y plurinacionales.

J.D.L. Yo creo que las dos grandes objeciones que se suelen formular al actual proyecto de Constitución y que me temo que no van a ser reconsideradas en este momento de reaceleración que vivimos, son, primero que el enunciado de la Europa de los ciudadanos es un enunciado que sólo podemos aceptar como desideratum. Es decir, ésta no es una Constitución de los ciudadanos sin más, no hablo ya de inclusiva. Los ciudadanos no tienen el lugar del ciudadano que se supone en un Estado de derecho y en una democracia, si hablamos de la comunidad política europea: no tienen posibilidad de control, no tienen posibilidad de crítica, no tienen la posibilidad de elección y revocación directa de los órganos decisivos, y no me refiero sólo al Consejo Europeo, me refiero al Banco Central europeo que no responde ante nadie. Es decir, los derechos de ciudadanía están demediados.
La segunda gran objeción es la que tú planteas, es decir, de qué pluralidad se habla. Porque es cierto que, en el preámbulo, que, según muchos, está escrito en un malísimo castellano, contiene afirmaciones realmente estupendas cuando se habla de Europa como proyecto civilizatorio. Como proyecto, no como detentador único de la idea de civilización sino como un proyecto que quiere contribuir a los ideales de la civilización, que son los ideales de la paz, la exclusión de la guerra, el predominio del derecho, la igualdad… a mí eso me parece que es un compromiso importante, aunque sea retórico, como todos los preámbulos. Ahora bien, aunque se habla de la diversidad en el preámbulo, en el texto constitucional… el problema es que esa diversidad, primero, parece cerrada sólo a la propia diversidad europea, es decir, la diversidad que viene de fuera no parece que forme parte de la diversidad.
Y segundo, que es el dato más importante, como quiera que esta Constitución es una Constitución de Estados y de ciudadanos, los pueblos, las naciones, los grupos culturales que son unas de las raíces del proyecto europeo, no sólo históricamente sino de presencia, no están contemplados, y éste es un grave problema. Es decir, en este proyecto de Constitución se ha excluido la Europa de las regiones. Ha quedado la Europa de las regiones formalmente constituida en torno a las actuales comunidades autónomas pero nada más, no se da ni un paso más. Por tanto, se excluyen las naciones sin Estado, se excluye el peso de las minorías, el reconocimiento, como tú decías antes de derechos colectivos y de presencia de esos agentes de la pluralidad que son las naciones sin Estado, las minorías que van a ser inevitablemente más fuertes, como agentes de identidad y elementos de estrategias sociales. Porque ante la pérdida de peso de los Estados nacionales en el proyecto europeo, por más que los gobiernos se hayan empeñado en apuntalar ese peso, es inevitable que esos lugares de arraigo y reconocimiento emerjan, porque los ciudadanos los necesitan. La voluntad de ignorarlos es uno de los mayores errores de este proyecto. La voluntad de ignorar esos agentes de la pluralidad, siempre y cuando no se entiendan en esa lógica perversa de agentes exclusivos que tratan de sustituir un monopolio por otro, que entonces sí se convierten en un problema. Pero en esa otra perspectiva es en la que son necesarios, y todavía más necesarios si apostamos por una democracia ciudadana e inclusiva. Yo creo que es el gran déficit de este proyecto constitucional. Y hablo de derechos colectivos, también. Los derechos colectivos y la presencia institucional de esos agentes de la pluralidad son un gran déficit. Y tú lo decías muy bien, no sólo en relación con la inmigración sino en relación también con los demás agentes que ya existían y cuya presencia va a ser, yo creo, cada vez más importante.

En ese sentido, da la sensación de que la Constitución europea está anclada en una idea de ciudadano con una única identidad y que da la espalda a la realidad de ciudadanos con identidades múltiples que según los ámbitos pasamos una identidad u otra a primer plano y vamos negociando, por así decirlo, en nuestra vida cotidiana cómo nos desarrollamos con los demás. No aparece esa sociedad, que es cada vez más la nuestra, plural donde los ciudadanos tenemos identidades múltiples, diferentes registros.

J.D.L. Creo que ése es el problema fundamental. Se sigue con la lógica de ciudadano del estado nacional. La UE es sólo un trasunto, una identidad de sustitución, pero ni siquiera compatible con la de los estados nacionales porque la que sigue vigente es la identidad del estado nacional ya que uno es ciudadano europeo en la medida en que es nacional de un Estado, con lo cual la lógica sigue siendo monista, de ciudadano que es el miembro por identidad nacional de un estado nacional miembro de la UE. Ésa es la lógica. Yo creo que mientras no entendamos que en un mundo globalizado, multicultural lo que vamos es a una multiplicidad simultánea de identidades que hay que negociar, fracasaremos y lo grave es que eso puede lastrar de un modo muy decisivo el futuro del proyecto europeo.