De nuevo surge la polémica sobre la necesidad de "blindar" el Concierto Económico. Esta vez, menos mal, ha sido el propio consejero de Hacienda del Gobierno vasco el que ha dicho algo tan elemental como que el blindaje más razonable y fácil de acometer es el que se puede hacer desde el Parlamento vasco. Los foralistas, como era de esperar, no están de acuerdo. Dice José Luis Bilbao, diputado general de Vizcaya, que la eventual intervención del Parlamento vasco legislando en materia de impuestos iría contra la Constitución, contra el Estatuto y contra el Concierto. Le ha faltado decir que, además, supondría un empeoramiento del cambio climático vasco y un aumento de los dolores de mis juanetes. Joseba Egibar, algo más cauto, ha dicho que la intervención del Parlamento vasco en materia fiscal solo cabría "en casos excepcionales".

             Pues no. La Constitución, el Estatuto, la Ley de Territorios Históricos y el propio Concierto prevén explícitamente la existencia de esa legislación del Parlamento vasco en materia fiscal. De hecho, ya en 1989 el Parlamento vasco zanjó la cuestión teórica, dejando bien claro que podía legislar en materia de impuestos, y aprobó la ley 3/89 de 30 de mayo, que lleva el significativo título de Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración fiscal, y que, por supuesto, no contiene ninguna restricción a su aplicabilidad exigiendo que concurran circunstancias excepcionales. Lo escandaloso, por lo tanto, no es aplicar esa ley vasca, sino que, por miedo a los foralistas, no se haya aplicado todavía, a pesar de los fuertes problemas de falta de armonización que se han producido y de la gran inseguridad jurídica en la que se ha encontrado el Impuesto de Sociedades.

             Los ejemplos de falta de armonización son conocidos. Por ejemplo, el plazo de prescripción fiscal es de tres años en Vizcaya y de cuatro en Álava y Guipúzcoa, lo que significa que un mismo hecho te puede llevar a la cárcel en un sitio y no en el otro. Otro ejemplo evidente: un contribuyente vasco paga por el Impuesto de Patrimonio en Guipúzcoa mientras que otros en Vizcaya y Álava no lo pagan. No hablemos del problema que se ha planteado hasta hace unos días con el diferente tipo de Impuesto de Sociedades que había en Guipúzcoa, etc. Y no hablemos de la inseguridad jurídica que acarrea el tener unas normas fiscales sin rango de ley, lo que las hace recurribles ante los jueces de lo contencioso-administrativo, con las inevitables consecuencias de que de vez en cuando son anuladas, como ha ocurrido con el Impuesto de Sociedades.

             Así pues, legislar desde el Parlamento Vasco mata dos pájaros de un tiro. Por un, lado blinda al Concierto Económico, puesto que al dar a las normas fiscales rango de ley las pone fuera del alcance de los jueces del contencioso-administrativo; y por otro lado garantiza la existencia de una política fiscal común en la comunidad autónoma.

             Curiosamente, los foralistas del PNV defienden que no sea una ley vasca sino una ley estatal la que blinde el Concierto. Esta ley tendría que decir algo así como que las normas reglamentarias de las Juntas Generales están excluidas de la jurisdicción contencioso-administrativa y que, como si fueran verdaderas leyes, solo son recurribles ante el Tribunal Constitucional. Pero esa quimera jurídica no tiene muchas posibilidades de éxito: un peral no da manzanas y unas Juntas Generales no dan como fruto leyes sino normas reglamentarias, y éstas siempre son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa y no ante la constitucional. Simple, pero contundente.

             Si la Cámara vasca legislase en materia fiscal tendríamos, además, la oportunidad de discutir sobre el contenido de las normas fiscales en un lugar público como es el Parlamento, no como ahora, que se cuecen y se discuten en un ente oculto, llamado Órgano de Coordinación Tributaria, que por no tener no tiene sede ni actas, ni da a conocer los documentos en que basa sus decisiones, y que está formado por funcionarios que no responden ante nadie. Quizás así el país aprendería a centrarse en lo que suele ser lo habitual en las democracias avanzadas: definir los objetivos públicos a conseguir anualmente, sus costes y la manera de repartir esos costes entre los ciudadanos.

             Por lo tanto, animo al nuevo Consejero de Hacienda a que ponga en práctica este principio de legislar desde el Parlamento y aplique de una vez la ley 3/89 antes citada. Acabaríamos con la falsa polémica del blindaje y mejoraría la transparencia del sistema fiscal vasco.

             Si además se atreviera a podar la fronda institucional vasca para adecuarla a la cruda realidad económica actual, miel sobre hojuelas. Alguien tendrá que decirle a este país que la crisis ha venido para quedarse y que nuestra frondosa selva institucional, con su ineficacia y su alto coste, debe ser podada para adecuarla a los nuevos tiempos de austeridad forzosa.

             Por si no se me entiende: en mi opinión, ya es hora de que algún partido levante la bandera de la reforma institucional y funcionarial. El PNV no era capaz de abordar este galimatías, porque era quien lo había creado. Estos nuevos que predican el cambio tienen una buena oportunidad para intentarlo. El país lo necesita.