Javier Ugarte
Rendir respeto al pasado.
A propósito de la Ley de la Memoria Histórica
y el riesgo de pugna entre memorias.
(Hika 195zka. 2008ko urtarrila)
(Respeto, consideración, pues todos nos insertamos en el decurso de las cosas, en el devenir de los acontecimientos. De ello aprendemos; no hay otro modo. Respeto, también, porque se lo debemos a quienes en el pasado hicieron algo por nosotros. Respeto, atención, y, al final, reflexión, estimación crítica de lo que sucedió, comprensión razonable de las cosas elevarse sobre los acontecimientos para ampliar la perspectiva y ensanchar así nuestra experiencia a través de la conciencia histórica. Pero nunca respeto como acatamiento, sumisión ante lo que la tradición nos lega o nos dicta, al peso insoportable de un pasado prolijo, traumático, inmenso que nos puede paralizar. «Pensad ―decía Nietzsche― en el caso extremo de un ser humano que no tuviera la capacidad de olvidar y estuviese condenado a ver por todas partes un devenir; esa persona, no creerá en su propio ser… Cuando el sentido histórico [la tradición] reina sin trabas y extrae todas sus consecuencias, arranca de raíz el futuro, pues destruye las ilusiones y priva a las cosas de ese aire que es el único que les permite vivir… Los seres vivos sólo pueden ser sanos, fuertes y fecundos dentro de un horizonte [de futuro]; si no son capaces de trazar en torno a ellos un horizonte… se encaminarán hacia su muerte prematura lánguidamente o a toda prisa». Pensar el pasado para librarse de las ataduras de la tradición. Queda así acotado el sentido del título ―robado, por lo demás, al húngaro Péter Esterházy―.)
Hay maneras de acercarse a un pasado traumático. Por definición, el drama, el dolor, provoca emociones poderosas de largo alcance. Puede alimentarse aquel recuerdo, mantenerlo vivo como hecho singular cargado de arrebato. Para el pensador Tzvetan Todorov, ésta que llama memoria literal, genera resentimiento y ánimo de venganza. Podríamos decir que es un modo conflictivo de cerrar el recuerdo, reivindicativo o reprimido según el contexto social con el que se encuentre, la disposición de la víctima y la posición del verdugo.
La justicia hecha ante hechos individualizados por jueces imparciales que se atienen a leyes democráticas, la reparación de la víctima, la reflexión crítica sobre ese pasado (la historia) y su debate público, la integración razonable de su memoria en la vida social, rendir respeto a ese pasado, permite cerrar aquel episodio de manera saludable entrando en el campo del exemplum, del juego ciudadano y de la praxis racional y apercibida. «La combinación entre memoria y justicia ―dice Todorov; más reparación, historia y opinión diría uno― cabe cuando la memoria es tomada no en sentido literal sino ejemplar, es decir, cuando se considera un acontecimiento no como un acto único, sino como un elemento capaz de integrarse en una categoría más general de la que uno se sirve para comprender otras situaciones y otros agentes». Todos estos fenómenos, contra lo que tiende a decirse últimamente por aquí sobre la memoria individual o personal, son hechos sociales, colectivos, porque, como seres sociales que somos, se hallan iluminados por el magma de cultura y sociedad en que nos hallamos inmersos (otra cosa es que existan múltiples memorias colectivas como sostenía el sociólogo francés, asesinado por cierto en un campo de concentración, Maurice Halbwachs).
Que ocurra una u otra cosa; que la memoria sea literal, inmediata, reiterativa y traumática, o que sea reflexiva, ejemplar y capaz de integrar a una sociedad sobre valores del humanismo, depende de multitud de circunstancias históricas y de la actitud de los actores que recurren al pasado inmediato: políticos, protagonistas, estudiosos, etcétera. También que las diversas memorias (asociadas a subculturas varias) tengan un espacio social para el diálogo en el que exista una jerarquía consensuada de valores y una clara tolerancia para la emisión de opiniones ―nunca una memoria oficial como algunos aspiran y otros temen―.
En España, tras la Guerra Civil, no cabía ni justicia ni reparación ni una historia sobre los vencidos (ni sobre los vencedores en realidad). Se generó entre aquéllos una memoria reprimida, un recuerdo que circuló sordamente entre las familias y en el ámbito privado. La Dictadura no permitía otra cosa.
Tras ésta, ya en la Transición, la amnistía general de 1977 (Ley 46/1977) cerró la vía de la justicia individualizada. Era algo que convenía políticamente dada la situación de tablas entre los reformistas del Régimen y la mayoría de la oposición organizada. Quedaba, en todo caso, indemnizar a las víctimas, repararlas en su dignidad, hacer la historia de ese tiempo y reflexionar críticamente ―casi una redundancia― sobre ese pasado llevándolo al debate público para saldar cuentas con él. No es bueno descuidar el pasado, nuestro pasado, y cerrarlo en falso. Todas las sociedades europeas ―con pasados traumáticos en el XX todas ellas― lo han hecho.
Si la justicia individualizada quedó apartada, las indemnizaciones hacia las víctimas comenzaron muy temprano (Decreto 670/1976,sobre mutilados de guerra; Ley 5/1979 sobre fallecidos en la guerra civil y como resultado de ella en la posguerra; Ley 35/1980 y Ley 6/1982 sobre mutilados republicanos; Ley 37/1984 sobre militares y funcionarios de la República; Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990 con indemnizaciones sobre los que sufrieron prisión durante el franquismo;, y, finalmente, la conocida Ley de la Memoria Histórica –LMH―, noviembre-diciembre/2007, en la que se reconocen e indemnizan las muertes producidas desde 1968 a 1977, pendientes en la Ley 5/1979 ―con un paralelismo, discutible, con la Ley 32/1999 sobre víctimas del terrorismo―, y se reconoce y compensa económicamente a las personas privadas de libertad en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores). Creo que en el terreno de la compensación económica (nunca suficiente) se ha venido avanzando razonablemente.
La labor historiográfica fue y ha sido notable. Ya desde los primeros años de la Transición se publicaron numerosos y excelentes estudios. Es una labor que no ha decaído, y se sigue practicando con eficacia ―aunque ciertamente, progresivamente con mejor información, aunque tendiendo hacia el paradigma de la historia-memoria, más implicado y más alejado del modelo de observador analista―. A pesar de la encomiable labor que se ha hecho en este campo, la actividad hubiera podido ser claramente más fructífera de no haber sido por la limitación de cincuenta años de reserva en los documentos oficiales impuesta por la Ley de Patrimonio Histórico. Esta limitación ha venido causando grandes quebrantos al trabajo del investigador. Hoy mismo, sólo los documentos anteriores a 1957 están a disposición libre del investigador. El resto, ¡todo el resto! que contenga referencia a persona ―y siempre hay alguna―, sigue clasificado (salvo permiso especial y restringido). Compárese con las situaciones de Alemania, EEUU o incluso Chequia o Hungría, en que el investigador podía ya en 1990 consultar todos los documentos anteriores a 1980. Con este serio inconveniente ―que la LMH no ha reparado―, la historiografía viene realizando su trabajo de estudiar críticamente ese pasado traumático con gran eficacia. De ahí que muchos historiadores profesionales se asombren cuando aquí o allá se habla del tan aludido pacto de silencio de la Transición.
También, aunque muy tardíamente ―especialmente, considerando el carácter feroz de la dictadura―, llegó un gesto político. El 20 de noviembre de 2002, el Congreso de los Diputados, en sesión celebrada en el XXVII aniversario de la muerte de Franco, aprobaba una propuesta en la que se condenaba al franquismo. En esta ocasión, el PP que en ocasiones anteriores se había negado, apoyó también la resolución. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reforzó la condena al hacerlo el 17 de marzo de 2006 por las «graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista, entre 1939 y 1975». Esta resolución resultaba fecunda. Entre otras cuestiones, proponía al Gobierno español que se pusiera «a disposición de todos los historiadores e investigadores el conjunto de los archivos sobre el régimen franquista que puedan contener documentos que permitan establecer la verdad sobre la represión». Proponía, en definitiva una remoción de la Ley de Patrimonio. La reciente LMH, que ha recogido alguna de sus sugerencias, no ha recogido ésta ―tampoco otras―. El propio informe oficial de Archivos con motivo de la Ley se atiene a esa legislación («Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español,… con las limitaciones que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal», reza el documento), para centrarse muy especialmente en la documentación de la Guerra Civil, descuidando así casi totalmente la referida a los años de la Dictadura.
Volviendo a la condena del franquismo, hay sí un arranque en la esfera política por ¿reflexionar?, por integrar la Guerra Civil y el franquismo en una categoría más general de la que servirse y comprender ese pasado traumático. Otra cosa es que se haya iniciado la integración de su memoria en la vida social, se haya restaurado en su dignidad a las víctimas y se haya comenzado a rendir respeto a ese pasado que permita verdaderamente cerrar aquel episodio de manera saludable entrando en el campo del exemplum, como decía arriba, y se haya iniciado una verdadera reflexión sobre aquel tiempo. Más bien creo que no.
Aquello pudo iniciarse a finales de los años 80 y primeros 90. Pasados los aprietos de la Transición, superado el episodio trágico-bufo del tejerazo, iniciada la reforma del Ejército, con gobiernos socialistas de mayoría, cabía esperar que se iniciara una labor de reparación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra y del franquismo. Cabía esperar iniciativas que favorecieran una reflexión crítica sobre ese pasado, reflexión que se conectara con los valores de la cultura democrática, que expusiera ante la opinión pública las perversiones de los proyectos fascistizantes de los 30 (origen de la Guerra y la Dictadura) y lo atroz de los regímenes dictatoriales. Cabía ya comenzar a rendir respeto a ese pasado para desprenderse de él, de su peso paralizante, desprenderse de aquella memoria reprimida que aún atormentaba a grandes colectivos. No se hizo.
En conversación con el periodista Juan Luis Cebrián, Felipe González reconocía que se arrepentía de ello, de no haber rendido en sus años de gobierno el homenaje debido a los exiliados y a las víctimas de la Guerra y el franquismo: «[m]e siento ―decía― responsable de no haber suscitado un debate sobre nuestro pasado histórico, el franquismo y la guerra civil, en el momento en que probablemente era más oportuno». Ni siquiera ―continúa― [hubo] reconocimiento de las víctimas del franquismo, y por eso hoy me siento responsable de la perdida de nuestra memoria histórica, que permite ahora que la derecha se niegue a reconocer el horror que supuso la dictadura».
Fue, desde luego, una gran ocasión perdida. Era el momento: ni viejas presiones ni nuevas ―que han surgido con el siglo XXI, en un mundo sin horizonte de porvenir, en el que se vuelve la mirada al pasado en busca de verdades que no alcanzamos a distinguir ni en el ahora ni en el futuro, en que las identidades son retrospectivas: identidades de origen (étnicas), nostálgicas (la República, aunque sea la III), anti-utópicas (conservacionistas, incluso neo-tradicionalistas)―.
En diciembre de 2007 se ha aprobado esta ley verdaderamente controvertida: la «Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura», la llamada Ley de Memoria Histórica. En mi opinión ―en un análisis al detalle―, cierra como decía razonablemente bien los aspectos de la compensación a las víctimas. No así otros aspectos que van en la línea del reconocimiento a las víctimas y en el de abrir un verdadero debate público ―que más bien tiende a cerrar, como si fuera una ley de punto final―.
Creo seriamente que resulta corta al facilitar simplemente la exhumación de los cadáveres de las fosas comunes. La exhumación es un deber y una tarea pública, así como la de rehacer esos puntos como lugares de memoria. La propuesta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2006) a la que me he referido, era también una gran propuesta: convertir el Valle de los Caídos en un edificio con una exposición permanente que recordara su origen y su condición de campo de trabajos forzados (Alemania nos da numerosos ejemplos en ese sentido). No se han dado pasos en esa dirección. Resulta también discutible el modo en que, a propuesta de CiU, se ha resuelto el tema de la simbología franquista. Bajo el manto protector de su valor artístico o de su pertenencia a particulares o a la Iglesia, no pocos símbolos que rememoran heroicamente actos de la dictadura, permanecerán en sus lugares, sin que otras formas creativas permitan invertir el sentido de la obra para dar testimonio de su origen dictatorial a través de piezas de información e interpretación que apelen a la democracia como se ha hecho en Alemania y en otros lugares.
En cuanto a la reivindicación de las Asociaciones por anular todas las sentencias emitidas durante el franquismo, creo que tiene fundamento el argumento de la Comisión Interministerial que informó a los legisladores cuando dice que «la petición de que se declare la falta de eficacia jurídica de todas aquellas normas dictadas durante la guerra y la dictadura con ablación de derechos fundamentales, se encuentra plenamente cumplida por cuanto es la propia Constitución la que deroga toda la legislación franquista incompatible con ella. Toda norma preconstitucional lesiva de los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución reconoce en su Título I es, por expreso mandato constitucional, una norma nula y, por tanto, jurídicamente inexistente desde el 29 de diciembre de 1978». En efecto, creo que la propia Constitución repara moralmente a todos los juzgados por los tribunales en el periodo franquista.
No obstante, a pesar de que la Ley propone iniciar trámites de anulación de condenas impuestas por Tribunales Militares en los casos que así lo estimen los familiares, la experiencia hasta el momento no ha sido, según lo revelaba Amnistía Internacional, nada satisfactoria. «El Estado español ―dice― ha[…] impuesto recorridos procesales infructuosos a quienes se han dirigido a la administración de justicia para reclamar la revisión o nulidad de procesos manifiestamente injustos que concluyeron con sentencias de muerte» ―y citaba los casos de Julián Grimau, Francisco Granado Gata y Joaquín Delgado Martínez―. «Amnistía Internacional ―prosigue el Informe― ha podido tener acceso a 46 autos dictados desde el año 2000 por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en los que se pedía la revisión de condenas de muerte dictadas en juicios sumarísimos después de la Guerra Civil. En todos ellos y de manera sistemática el Ministerio Fiscal se ha opuesto a la revisión de los mismos» por estimar que se realizaron conforme a la legislación vigente en el momento. No es un buen modo de rehabilitar moral y jurídicamente a quienes fueron víctimas palmarias de la arbitrariedad de aquellos tribunales.
Sin embargo, y a pesar de lo que he expuesto, no creo que el meollo de la cuestión se halle en una crítica al detalle de la Ley. No le falta razón a Herrero de Miñón cuando dice que ésta es una ley que «no pretende regular conductas ni organizar instituciones, como es propio de las normas jurídicas, sino expresar la catarsis de afectos». Y sentencia con que «esto es inadecuado» ―las cursivas son mías―. En efecto, la Ley busca reparar lo que en el pasado no se hizo y desagraviar a quienes han padecido tantos años la represión de su propia memoria… sin lograrlo e incidiendo torpemente en cierta fractura y choque de memorias que parece asomar en España.
Uno, como tantos, no es partidario de legislar sobre la memoria (otra cosa es establecer normas que restauren el recuerdo). Se tiende a promover una especie de memoria oficial o, en su defecto, a agitar emociones que impiden el debate reflexivo y son utilizadas en contienda simbólicas.
Tiene, es cierto, algo de pedagogía política, busca un efecto ejemplar al retirar los símbolos que el franquismo esparció por la geografía española (un hecho significativo tras la condena unánime de la Dictadura en 2002). También todos los símbolos que pudieran ensalzar la guerra civil. Sin embargo, la voluntad de la Ley es casi exclusivamente la de reparar la memoria de las víctimas. «Es la hora, así, de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia». Y se hace desde el espíritu del reencuentro (por no asimilar el término reconciliación, acuñado en su día por el PCE con otro sentido, al hoy empleado por obispos y otros personajes públicos). Dice «profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro y de la concordia de la Transición».
Pero «no es suficiente condenar la violencia como se ha hecho hasta ahora ―dice el estudioso ítalo-francés Enzo Traverso―; hay también que intentar comprenderla, analizarla e interpretarla». Comparto ese punto de vista. Debe trascenderse el terreno de la buenas intenciones para analizar cuáles fueron las circunstancias sociales, las líneas de pensamiento, las prácticas políticas que hicieron posible el horror. Qué es lo que condujo a la perversión en las prácticas y señalarlas. No basta decir que la guerra fue mala (todas lo son) y que debemos reencontrarnos, reconciliarnos todos. Como hoy no basta en el País Vasco con hablar de paz y debe hablarse de libertad (señalando así dónde está el origen de la perversión), así, no basta con honrar a los que sufrieron sino pensar sobre el origen de ese sufrimiento.
Debe tomarse además en consideración el momento en el que se legisla. Y hoy no es un tiempo cualquiera. Hoy en España convergen dos tendencias: una achacable a la mala gestión de los políticos y otra que va con los tiempos. Convergen hasta producir un resultado nada saludable para la democracia.
De un lado, aquella memoria reprimida producto del franquismo no ha podido convertirse en memoria asumida y normalizada, transformada en motivo para el recuerdo (doloroso pero digno). Nunca hubo duelo, olvido y recuperación elaborada del recuerdo. He dicho ya que pudo hacerse ―y no se hizo― en los años de gobiernos socialistas.
De otro, vivimos un tiempo de desengaño y ausencia de horizontes, lo que algunos autores han denominado acélération de l’histoire (D. Halévy y P. Nora): pasado y futuro se desdibujan. Se frivoliza la historia hasta convertirla cínicamente en conmemoración y fasto o en tradición, y el futuro no existe. Sólo cuenta un presente plegado sobre sí mismo, sin horizontes de porvenir ni esperanzas, y con la permanente tentación de recurrir al pasado como tradición antes que como hilo reflexivo de cultura y vida (historia). En ese estado, de desesperanza, decaen las viejas utopías para ser sustituidas por lo que J.-C. Kaufmann ha llamado sobredosis identitaria: todo el mundo ―ansiedad, incertidumbre― siente la necesidad de identificarse en el laberinto identitario que ofrece la tradición: étnia, tiempo glorioso o heroico, comunidad de recuerdos, etc. Las identidades pasan de ser proactivas a ser retroactivas. La memoria ha venido a jugar un nuevo papel muy poderoso a la hora de marcar las identidades culturales necesarias para la vida y conformación del individuo.
Volviendo al elemento de la memoria reprimida y la mala gestión de las políticas del recuerdo, durante los gobiernos de José Mª Aznar se produjo de un lado una banalización ostentosa del pasado remoto y una apelación valorativa a los periodos conservadores del pasado reciente, especialmente la Restauración ―mietras se menospreciaba aquella memoria reprimida de los vencidos en la Guerra dando respetabilidad a los años de la Dictadura―.
Son los años en que, como reacción a aquella política, surge una oleada social que se ha dado en llamar movimiento de la generación de los nietos de la guerra. Asociaciones para la recuperación de la memoria, exhumaciones de fosas comunes, referencias a la II República, escritos y actos conmemorativos en homenaje a los brigadistas o al maquis, películas sobre ello, novelas, todo un movimiento en la sociedad que mantiene una relación emocional, transferencial e identitaria con aquel pasado. Un movimiento que recogió políticamente Izquierda Unida, y lo expresó en forma de reivindicación por una III República (rememorativa de la Segunda) y su reivindicación de una ley de la memoria. El colectivo, de manera informal, se ha ido haciendo con un relato sobre ese pasado inmediato ―que podríamos llamar republicano de izquierda― en el que apela como un todo noble y justo a la Segunda República, aspiración popular, plasmación de los ideales de justicia social, etc., y se ha adornado con una simbología en la dominan los colores republicanos del rojo-amarillo-morado.
Perdidas las elecciones en 2004 ―el PP, naturalmente―, con un gobierno Zapatero haciendo guiños a la generación de los nietos en busca de nuevos consensos de progreso (en un momento de reformulación de la estructura territorial de España y con los contactos con ETA abiertos), adquiere fuerza un movimiento neo-historicista de signo nacional-conservador por la dignificación del pasado franquista (resaltando sobre todo su supuesta labor modernizadora) que se inició en las librerías (véase la saga Pío Moa), pero que, con los años, ha salido, aunque difusa, masivamente a las calles con las manifestaciones de la AVT (banderas, alguna preconstitucional o con el toro castizo, nacionalismo español, rebelión cívica), y las más recientes de las beatificaciones de los mártires de la guerra en Roma y las convocadas por los obispos (banderas de nuevo, nacionalismo = catolicismo, valores cristianos, movimientos militantes ―Legión de Cristo, Camino Neocatecumenal―, etc.). A todo ello ha venido dando un soporte mediático la COPE y otros medios; y consistencia doctrinal un cierto sector de la jerarquía eclesiástica.
Ambos movimientos, el católico o nacional-conservador y el republicano de izquierda, han ido constituyéndose como colectivos de memoria, con relatos de memoria (relatos de España, ambos) y simbología bien estructurados. Son memorias que tienden a la literalidad, a la repetición, a intimidad carnal con el pasado; son cálidas, emotivas, ceremoniales, en las que pasado y presente tienden a unirse en un relato emocional en el que no hay espacio para la distancia crítica: el presente se convierte en una pantalla en la que se proyecta el pasado. Son memorias que buscan asentar identidades desde el recuerdo antes que generar categorías que permitan comprender. Al ser ciegas ante el andamiaje que soporta su relato, lo confunden con su identidad y su propia naturaleza. La identifican con una verdad más verdadera que los datos fríos del conocimiento.
Y ambos cuerpos de memoria, como en su día en Francia entre la memoria del résistencialisme (gaullista-comunista) y la catholique contre-révolutionnaire (extrema derecha) que estudió Henry Rousso, tienden hoy en España a la confrontación simbólica. Así se impide también la existencia de una memoria común (no tanto colectiva) democrática que restituya la distancia crítica y reflexiva con el pasado. Una memoria que admita la confrontación de memorias (toda democracia está basada en el conflicto y en su canalización), que no sea ni oficial ni legitimadora de opciones políticas, sino establecida en espacios sociales deliberativos.
Ésta es la clave de bóveda con que hay que interpretar la LMH. En un momento de aguda pugna política, aquel enfrentamiento simbólico comienza a saltar a la arena política ―sin anegarla, pero impidiendo que se generen espacios de reflexión y se desarrolle la distancia crítica que permita la creación de una memoria común (ni oficial ni colectiva)―.
De ahí que quizá, antes que en el contenido de la Ley ―que, sin duda, tiene también su componente normativo y causará sus efectos, especialmente en el terreno de la simbología franquista―, quepa fijarse en una de las fotos que se hizo tras su aprobación. En ella, aparece la vicepresidenta Fernández de la Vega rodeada de representantes de las distintas asociaciones por la recuperación de la memoria (la representación más activa de los llamados nietos de la guerra), y con un Gaspar Llamazares (IU) asomando como actor secundario de ese gesto simbólico por la recuperación de una memoria vindicativa. No sé si se produce una catarsis de afectos (Herrero de Miñón) o más bien aquella memoria reprimida se transmuta en reivindicadora de cierta lectura del pasado no necesariamente reflexiva sino igualmente emotiva y acrítica.
Quizá quepa añadir que es la propia vicepresidenta Fernández de la Vega quien apareció en los medios fotografiada con la jerarquía eclesiástica, en un intento, quizá, de representar el reencuentro que la Ley busca.
¿Queda lugar para la esperanza? ¿Cabe pensar que en el futuro se generará una sencilla memoria ejemplar común a la generalidad de la ciudadanía, consensuada y reflexiva? ¿Cabe suponer que el tema de la memoria-identidad saldrá del debate político para hacerse social? No parece probable a medio plazo. En España ha habido escasísima tradición de un espacio público (Jürgen Habermas); un espacio deliberativo ajeno a los poderes públicos en el que se ponga en conexión a ese mundo con la opinión pública, en el que medios y Estado interaccionen a través de ciudadanos razonantes, expertos (historiadores en este caso), líderes de opinión, filósofos, etc.; desde el que ir transmitiendo las inquietudes y necesidades privadas a los poderes públicos. Se ha hecho en otros lugares de Europa con mayor o menor fortuna. Es posible.
Pero hoy y aquí, sin tradición y en un tiempo en que muchos de los nuevos medios, en particular las grandes agencias de noticias y redes de mass-media y multimedia, están en manos o bajo una importante influencia del Estado o de poderosos grupos de poder concernidos en el mundo político y partidista (TVE, EITB, TV3, Catalunya Ràdio, Vocento, Grupo El Mundo, Prisa, COPE,…), no cabe esperar milagros.