Javier Villanueva
Presión ética y democrática en el punto final de ETA
18 de noviembre de 2010.
(Hika, 220, octubre-noviembre de 2010 ; Página Abierta, 211, noviembre-diciembre de 2010)
¿Estamos en el punto final de “la fase del conflicto violento” como dicen los portavoces de Batasuna? Y si ya está maduro, ¿por qué se demora y pasan los meses sin que se haga efectivo? Para quien carece de información privilegiada y de la posibilidad de contrastarla, pero pretende formarse una opinión con esos mimbres, la cosa exige un esfuerzo hermenéutico desde el ejercicio de la razón y del sentido común. Y al intentarlo, al leer o escuchar a los analistas y expertos que nos dicen dónde estamos, lo primero que uno se encuentra es que hay dos relatos predominantes sobre ello.
Relato uno
Lo emite la llamada izquierda abertzale e insiste en dos mensajes: en la veracidad del cambio de estrategia política (“lograr el final de la fase del conflicto violento”) y en el despegue de un movimiento “soberanista” que anuncia un futuro abertzale luminoso. Si bien en ocasiones dista de reflejar armonía, como cuando lo que dice solemnemente Arnaldo Otegi ante un tribunal español en tanto que ex líder de Batasuna («nosotros hemos hecho una apuesta por las vías pacíficas y democráticas», «nosotros rechazamos el uso de la violencia para imponer un proyecto político») lo desmiente tres días después Mikel Albisu exhibiendo sus galones de antiguo jefe de ETA ante un tribunal francés («estamos orgullosos del camino recorrido», «no somos terroristas», «imponer nuestra opción política nunca ha sido el objetivo de ETA»).
Los movimientos del sector social que respaldan este relato se han acelerado desde septiembre de este año, con los comunicados de ETA y el “Acuerdo para un escenario de paz y de soluciones democráticas” suscrito en Gernika, pero la cosa viene de más atrás y su epicentro es la decisión de la mayoría de Batasuna de “asumir exclusivamente las vías políticas y democráticas de hacer política” y, en consecuencia, de poner punto final a “la fase del conflicto violento”. Con el “acuerdo de Gernika”, que ha aglutinado –con la excepción del sindicato ELA– a los partidos políticos y agrupaciones sociales afines al nacionalismo “radical-soberanista” vasco, se ha escenificado su alineamiento conjunto en una doble exigencia: a ETA, para que anuncie un “alto el fuego unilateral, permanente y verificable” (según la retórica de la llamada “Declaración de Bruselas”); y “al Estado” para que en reciprocidad –y a modo de pista de aterrizaje o de premio– facilite ese anuncio con algunos incentivos (a los que revisten de derechos conculcados).
A estas alturas ya nadie discute que el núcleo central de este relato –el cambio que consiste en pasar de una estrategia político-militar a otra exclusivamente política, con el remache de que no tiene vuelta atrás– es una novedad realmente, que no se limita a la retórica discursiva, pues parece que esta vez va en serio. No hay duda de que la mayoría de Batasuna está manifestando su deseo de que ETA desista definitivamente de hacer atentados, de que se termine “la expresión violenta del conflicto” y de que la confrontación se dé en términos exclusiva y estrictamente políticos. La duda está en ETA, y, por tanto, en el resultado final de la operación. Pero también alcanza a los términos y los tiempos en que Batasuna pretende llevarla a cabo, con demasiadas sombras hasta la fecha.
Las sombras afectan sobre todo al cuándo y al cómo. Parece improbable que ETA declare su disolución formal e incondicional, aunque eso sería el procedimiento más limpio y sencillo de acabar con “la fase violenta del conflicto”, pues la permanencia de tal cosa (esto es, de ETA) corta de raíz la posibilidad de desplegar un movimiento político-electoral “soberanista”-independentista de vocación mayoritaria en la sociedad vasca, según se escribe con frecuencia desde hace ya tiempo en las páginas del diario Gara. Pero alguna cuenta no le debe quedar clara a ETA para que se resista tanto a eso que sería tan sencillo y beneficioso. Sea como fuere, ya se nos está advirtiendo de que ETA se irá fundiendo “como la nieve”, según dice Jesús Eguiguren.
A falta de una declaración de abandono definitivo de la violencia, ETA puede limitarse a no ejercerla de facto como ahora está haciendo respecto a sus “acciones ofensivas”. Pero, en cualquier caso, la no claridad respecto al abandono definitivo e incondicional de las armas complica la verificación del punto final de ETA. Y complica, en consecuencia, la legalización de Batasuna. Todo el sistema político ha cerrado filas en que, mientras permanezca ETA, la aplicación de la Ley de Partidos –convalidada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo– le requerirá a Batasuna una desconexión o ruptura con ETA y un rechazo de la violencia mucho más rigurosos para que su presencia normalizada en la vida pública sea admitida por los jueces.
¿Por qué se niega ETA a algo tan simple de hacer? ¿Por qué no hay más claridad en ETA y en Batasuna? La única explicación razonable es que haya disensiones internas dentro de ETA, en Batasuna, entre Batasuna y ETA, respecto a detalles sustanciales de la operación. Y, pese a que carecemos de información contrastada acerca de en qué términos se da, es razonable la presunción de que el lío lo provoca la dificultad del mundo de ETA-Batasuna, viniendo de donde viene, para digerir la rueda de molino de que el objetivo principal sostenido por ETA desde 1977 ha sido derrotado. Se propuso doblegar a la sociedad y obligarle a admitir su papel como tutelador del marco político, se empeñó a sangre y fuego en ello con un altísimo coste ajeno y propio, y no sólo no lo ha conseguido sino que en eso su derrota ha sido absoluta, estrepitosa, inconmensurable.
ETA y Batasuna comparten el interés por escaparse de esa adversa realidad. Mirando hacia atrás, no están aún en condiciones de reconocer el daño causado (incluido el que se han inferido a sí mismos y a los suyos). Y mirando hacia delante, esa compulsión por escaparse de su pasado es funcional para sus pretensiones. Hurgar en el reconocimiento del daño causado y en la autocrítica puede provocar la desbandada y no casa bien con sus aspiraciones de lograr un buen resultado en las primeras elecciones en que pueda presentarse Batasuna o la marca que le sustituya. Lo central es tratar de conseguir un éxito electoral, pues es el mejor paliativo de la derrota que ha cosechado la estrategia político militar y la mejor manera de pasar página.
Relato dos
Este relato cuenta en este momento con el respaldo de las principales fuerzas políticas (Gobierno central, Gobierno vasco, PSOE-PSE, PNV, PP, CiU), por fin conjuntadas en las exigencias a ETA (un final definitivo e incondicional) y a Batasuna (o convence a ETA para que abandone definitivamente las armas o rompe con ETA); exigencias de las que IU no se desmarca y parece asumir. Tiene, por consiguiente, una representatividad democrática abrumadora tanto de la sociedad vasca como del conjunto de la sociedad española.
La actitud predominante en este bloque es distante, escéptica y con un matiz más bien pesimista. Distante, hasta que no den los pasos decisivos y definitivos. Escéptica, por la insuficiencia y ambigüedad de los pasos dados hasta ahora. Y algo pesimista porque todo empuja a que se va a dar un final «no redondo, desordenado, imperfecto e insatisfactorio», en palabras de Kepa Aulestia, esto es, un final con demasiadas cuentas pendientes y con muchas injusticias y agravios sin reparar y con un inmenso déficit de reconocimiento del daño causado.
Admitida la novedad positiva del cambio de estrategia que se está produciendo en el mundo de Batasuna, se subraya que la causa de fondo del cambio habido es la situación de debilidad en que les ha dejado el acoso del sistema político en los últimos años en todos los terrenos (legal, judicial, policial, penitenciario, político, social...). La prueba más contundente de esto es que ya no pueden “vender la moto” al conjunto de la sociedad (que aconsejaba Txomin Iturbe hace 25 años “antes de que pierda su valor”). Ahora no hay moto que vender salvo a los suyos y a sus compañeros de viaje.
Es la única salida que le queda a ese mundo, pero que no se podrá activar mientras no haya un comunicado de ETA en el cual diga que lo deja definitivamente y mientras no dé garantías de ello. Y si no hay tal, pero quieren volver a la legalidad antes de que se haya verificado con todas las garantías el final de facto de ETA, tampoco se podrá activar mientras no haya una declaración suficientemente clara de ruptura o desconexión con ETA y de rechazo de la violencia por parte de Batasuna y mientras tal afirmación no se pueda contradecir con pruebas ante los tribunales.
Si se mira bien, estas exigencias a Batasuna y ETA distan años luz de la acusación que se les hace en el relato uno de que significan un planteamiento de “vencedores y vencidos”, una pax romana a la que sólo le falta el desfile de la victoria que se ve en las películas. Se trata, pura y simplemente, de una presión mayoritaria, ética y democrática.
Los facilitadores
No se puede negar las buenas intenciones de quienes quieren facilitar el acceso a algo que reporta un bien al conjunto de la sociedad. Dicho en términos más concretos, es difícil negarse a «facilitar que la izquierda abertzale se despegue de ETA» (Javier Vitoria), o a «actuar con inteligencia en relación con los incentivos que ahora tiene Batasuna para convencer a ETA: la participación electoral y la reinserción de los presos» (Patxo Unzueta), o a no considerar “en balde” los pasos efectivos dados por Batasuna (Rodríguez Zapatero).
Pero, dicho esto, tampoco se puede ignorar que es muy delgada la línea que separa la actuación en este campo de juego desde la inteligencia y el sentido común y la oportunidad política, es decir, como otra forma de presión ética y democrática que le obliga a la otra parte a la reciprocidad, de aquellas actuaciones guiadas por el alineamiento con Batasuna o por la equidistancia. Y esa frontera no la establecen las intenciones, igualmente buenistas, sino los criterios de elección entre las diversas opciones y sus consecuencias. Nuestra historia reciente es pródiga en facilitar incentivos y pistas de aterrizaje que han llevado a resultados francamente negativos por haberse olvidado de las contraindicaciones de dicha opción, por aliviar la responsabilidad de ETA-Batasuna y transferírsela a otros (y sobre todo “al Estado” o al Gobierno central), por menospreciar la confusión que siembran con sus enredos.
Yendo más al grano, no soy quién para juzgar la labor del señor Currin como facilitador de las relaciones entre Batasuna y ETA o como transmisor de las consignas de Batasuna, pero su empeño en trascender ese papel –por más interesante que sea para quienes se lo han encomendado– y en escribir el guión del punto final de ETA está siendo cargante, además de un despropósito.
De los tres campos señalados en el relato uno para desplegar esta voluntad de facilitar las cosas: la legalización de Batasuna, la política penitenciaria, las negociaciones multipartitas, los dos primeros son pertinentes según y cómo se planteen, claro está, mientras que la mesa de partidos es una reminiscencia de tiempos pasados felizmente superados cuyo mero enunciado no tiene en cuenta que las instituciones parlamentarias democráticas llevan a cabo una permanente e ininterrumpida negociación multipartita.
Pero hay que añadir otros dos campos de gran repercusión: uno, el cumplimiento de las obligaciones que tenemos con todas las víctimas del terror, las de ETA y las de la guerra sucia contra ETA; el otro, el saneamiento de las partes del sistema democrático (del Gobierno, poder legislativo, poder judicial, cuerpos de seguridad del Estado, sistema penitenciario…) que han quedado deterioradas a cuenta de una política antiterrorista irrespetuosa de los derechos humanos fundamentales y de los criterios de humanidad, proporcionalidad y legalidad que deben guiar los actos de las instituciones democráticas. En esto último cualquier gesto inmediato será fructífero.