Jayati Gosh
La crisis del paradigma económico
(ALAI, marzo de 2013).

Lo que apunta a la necesidad de un nuevo paradigma económico no es sólo la continuación de la crisis económica mundial. Mucho andaba mal con el boom económico mundial que precedió a la crisis, que no sólo resultó insostenible -basado como estaba en prácticas especulativas facilitadas y alentadas por la desregulación financiera-, sino que también recurrió en forma desatinada a los recursos naturales, a tal punto que ha creado una serie de problemas ecológicos y ambientales, especialmente en el mundo en desarrollo. Es más, debido a que sus beneficios se repartieron en forma tan desigual, las mayorías en el mundo en desarrollo -incluso las del segmento económico más dinámico de Asia- en realidad poco ganaron con el boom.

La burbuja financiera en los Estados Unidos atrajo ahorros de todo el mundo, incluso de los países en desarrollo más pobres. A partir de 2003, se registra una transferencia neta de recursos financieros del Sur hacia el Norte. Los gobiernos de los países en desarrollo abrieron sus mercados al comercio y a las finanzas, renunciaron a orientar la política monetaria para responder a las necesidades de su ciudadanía y persiguieron políticas deflacionarias “fiscalmente correctas” para reducir el gasto público. En consecuencia, los proyectos de desarrollo permanecieron incompletos, y los ciudadanos se encontraron privados de los más esenciales derechos socioeconómicos. Contrario a la percepción popular, no hubo transferencia neta de puestos de trabajo de Norte a Sur. De hecho, el empleo industrial en el Sur se incrementó muy poco en la última década, incluso en China, la “fábrica del mundo”. Más bien, el cambio tecnológico en el sector manufacturero y los nuevos servicios condujeron a que menos trabajadores pueden generar más producción. Los antiguos empleos en el Sur se perdieron o se volvieron precarios, mientras que la mayoría de los nuevos empleos se mantuvieron inseguros y mal pagados, incluso con el rápido crecimiento de China e India. La persistente crisis agraria del mundo en desarrollo afectó los medios de vida del campesinado y generó problemas de alimentos a escala mundial. El incremento de la desigualdad implicó que el crecimiento muy publicitado en los mercados emergentes pase al margen de la mayoría de la gente, mientras que las ganancias se dispararon, al tiempo que la participación de los salarios en la renta nacional se redujo drásticamente. En la mayoría de países, el crecimiento real de los salarios se mantuvo muy por debajo del auge de la productividad del trabajo en el período 1990-2006, y la participación de los salarios en el ingreso nacional disminuyó en todas las grandes regiones del mundo entre 1985 y 2005.

Subsidio del Sur hacia el Norte

Casi todos los países en desarrollo han adoptado un modelo de crecimiento basado en las exportaciones, que implica contener los cos- tos salariales y el consumo interno en aras de la competitividad internacional y una participación creciente en los mercados mundiales. En muchos países en desarrollo, esta estrategia condujo a una peculiar combinación de aumento de las tasas de ahorro y reducción de las tasas de inversión. Esto, a su vez, dio lugar a una acumulación de reservas internacionales que se invirtieron entonces en lo que parecía ser activos seguros en el extranjero. Por ello, el boom previo a la crisis mundial se basó globalmente en la subvención del Sur al Norte: por medio de exportaciones más baratas de bienes y servicios, flujos netos de capital de los países en desarrollo hacia Estados Unidos en particular, y flujos de mano de obra barata bajo la modalidad de migración a corto plazo. El colapso de los mercados de exportación frenó todo este proceso durante un periodo, si bien tal estrategia habría resultado de todas maneras insostenible a corto o mediano plazo, sobre todo cuando varias economías relativa- mente grandes tratan de utilizarla al mismo tiempo. En efecto, no sólo esta estrategia era una receta para el aumento de la desigualdad global, sino que también sembró las semillas de su propia destrucción, al generar, a la vez, presiones a la baja sobre los precios debido a la creciente competencia y respuestas proteccionistas en el Norte.

En el boom previo a la crisis, había una tendencia de que la demanda interna sea impulsada por las ganancias, en base a una alta y creciente participación de éstas en la economía y un aumento significativo de los ingresos y el consumo de las clases medias recientemente “globalizadas”, lo que llevó a la inversión agresiva en algunos sectores no transables -por ejemplo, activos financieros y bienes raíces- y en bienes y servicios de lujo. Esto permitió a las economías seguir creciendo aun cuando la agricultura estaba en crisis y el empleo no crecía lo suficiente.

Los patrones resultantes de producción y consumo conllevaron a que el crecimiento también lleve a la explotación rapaz y en última instancia destructiva del medio ambiente. Los costos -en términos de congestión excesiva, contaminación ambiental y degradación ecológica- ya se están sintiendo en la mayoría de las sociedades en desarrollo, por no hablar de las implicaciones en cuanto a las fuerzas que generan el cambio climático. Las limitaciones ecológicas de ese crecimiento ya se están sintiendo, de la forma más injusta, en las regiones y las personas que menos se han beneficiado con la expansión global de los ingresos.

Oportunidad para reestructurar las relaciones económicas

Es un lugar común ahora decir que toda crisis es también una oportunidad. Por supuesto, a medida que la crisis financiera mundial continúa desarrollándose, generando descensos en las economías reales en todo el mundo, es fácil percibir sólo el lado negativo, ya que se pierden empleos, el valor del ahorro financiero de los trabajadores es aniquilado y se generaliza la inseguridad material. Pero en realidad esta crisis global ofrece la oportunidad más grande que hemos tenido desde hace algún tiempo para que los ciudadanos del mundo en desarrollo y sus líderes reestructuren las relaciones económicas de una manera más democrática y sostenible.

Hay varios elementos necesarios para ello. A escala global, todo el mundo reconoce ahora la necesidad de reformar el sistema financiero internacional, que no ha logrado cumplir con dos requisitos obvios: prevención de la inestabilidad y las crisis, y la transferencia de recursos de las economías más ricas a las más pobres. No sólo hemos experimentado una volatilidad mucho mayor y una propensión al derrumbe financiero en los mercados emergentes, y ahora incluso en los países industrializados, sino que incluso los períodos de expansión económica se han basado en la subvención global de los pobres hacia los ricos. Dentro de las economías nacionales, este sistema ha alentado una tendencia pro-cíclica; ha hecho que los sistemas financieros nacionales sean opacos e imposibles de regular; ha fomentado las burbujas y el impulso especulativo en lugar de la inversión productiva real para el crecimiento futuro; ha permitido la proliferación de transacciones paralelas a través de paraísos fiscales y laxos controles internos; ha reducido el papel del crédito dirigido, tan crucial para el desarrollo. Teniendo en cuenta estos problemas, no existe alternativa a la sistemática regulación estatal y control de las finanzas. Dado que los agentes privados inevitablemente tratarán de eludir la regulación, el núcleo del sistema financiero –la banca– debe ser protegido, y esto sólo es posible a través de la propiedad social. Por lo tanto, un cierto grado de socialización de la banca (y no sólo la socialización de los riesgos inherentes a las finanzas) es también inevitable. En los países en desarrollo también es importante, ya que permite el control público sobre la dirección de crédito, sin la cual ningún país se ha industrializado.

En segundo lugar, el modelo obsesivamente orientado a la exportación, que ha dominado la estrategia de crecimiento de los países en desarrollo durante las últimas décadas, tiene que ser reconsiderado. Esto no sólo es un cambio deseable, sino que se ha convertido en una necesidad, dado el hecho evidente de que EE.UU. ya no puede seguir siendo el motor del crecimiento mundial a través del aumento de la demanda de importaciones, en el futuro cerca- no. Esto supone que los países en desarrollo en general, y en particular los de Asia que siguen dependiendo de EE.UU. y la UE como sus mercados primarios de exportación, deben tratar de reorientar sus exportaciones a otros países y, sobre todo, de reorientar sus economías más hacia la demanda interna. Esto requiere un cambio hacia un crecimiento impulsado por los salarios y la demanda interna, particularmente en los países con economías lo suficientemente grandes como para sostener este cambio. Esto puede ocurrir no sólo a través de estrategias redistributivas directas, sino también a través del gasto público para proveer más bienes y servicios básicos.

En tercer lugar, esto significa que la política fiscal y el gasto público deben volver al centro del escenario. Está claro que el estímulo fiscal ahora es esencial tanto en países desarrollados como en los en desarrollo, para hacer frente a los efectos adversos en la economía real de la crisis actual y para impedir que la actividad económica y el empleo caigan. También se re- quiere del gasto fiscal para llevar a cabo y promover la inversión para enfrentar los efectos del cambio climático y promover tecnologías más ecológicas. Y el gasto público es funda- mental para avanzar en el proyecto de desarrollo en el Sur y cumplir la promesa de alcanzar las condiciones mínimas aceptables de vida para todos y todas en el mundo en desarrollo. Las políticas sociales –o sea la responsabilidad pública para cumplir con los derechos sociales y económicos de la ciudadanía- no sólo son deseables sino que también contribuyen positiva- mente al desarrollo.

En cuarto lugar, se deben realizar esfuerzos dirigidos a reducir las desigualdades económicas, tanto entre países como dentro de ellos. Claramente, en la mayoría de sociedades, hemos sobrepasado los límites de lo que sería una desigualdad “aceptable”, y las políticas futuras tendrán que invertir esta tendencia. A nivel mundial y nacional, tenemos que reconocer la necesidad de reducir las desigualdades en el ingreso y la riqueza, y también, lo más significativo, en el consumo de recursos naturales. Esto es aún más complicado de lo que podría imaginarse, porque los patrones insostenibles de producción y consumo están ahora profundamente arraigados en los países más ricos y se aspira a emularlos en los países en desarrollo. Pero muchos millones de ciudadanos del mundo en desarrollo siguen teniendo un acceso pobre o inadecuado a las condiciones más básicas de vida digna, como sería la infraestructura física mínima de electricidad, transporte y comunicaciones, o de saneamiento, salud, nutrición y educación. Garantizar la provisión universal de éstas requerirá inevitablemente un mayor uso per cápita de los recursos naturales y una producción mayor de emisiones de carbono. Así, pues, tanto la sostenibilidad como la equidad requieren una reducción del uso excesivo de los recursos por parte de los ricos, sobre todo en los países desarrollados, pero también entre las élites del mundo en desarrollo. Esto implica que las políticas fiscales redistributivas y otro tipo de políticas económicas deben orientarse especialmente hacia la reducción de desigualdades en el consumo de recursos, a nivel mundial y nacional. Por ejemplo, dentro de los países, el gasto social y el de desarrollo esencial pueden ser financiados por impuestos que penalicen el gasto derrochador de recursos.

En quinto lugar, esto requiere, entonces, nuevos patrones tanto de demanda como de producción. Es por ello que el reciente énfasis en el desarrollo de nuevas formas de medir el progreso genuino, el bienestar y la calidad de vida son tan importantes. Los objetivos cuantitativos de crecimiento del PIB, que siguen dominando el pensamiento de los responsables de las políticas regionales, no solo desvían la atención de estas metas más importantes, sino que incluso pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, un sistema caótico, contaminante y desagradable de transporte urbano privatizado, marcado por la proliferación de vehículos privados y carreteras sobre-congestionadas, en realidad genera mayor PIB de lo que hace un sistema seguro, eficiente y asequible de transporte público, que reduce la congestión vehicular y proporciona una vida y ambiente de trabajo agradables. Así que no basta hablar de “tecnologías verdes y más limpias” para producir bienes basados en el modelo viejo y ahora desacreditado de consumo. En su lugar, tenemos que pensar creativamente acerca de dicho consumo en sí, e identificar qué productos y servicios son más necesarios y convenientes para nuestras sociedades.

En sexto lugar, esto no puede dejarse en manos de las fuerzas del mercado, ya que el efecto de demostración internacional y el poder de la publicidad seguirán generando anhelos indeseables así como consumo y producción insostenibles. Pero la intervención pública en el mercado no puede consistir en respuestas reflejo a los constantes cambios en las condiciones de corto plazo. Más bien lo que es absolutamente esencial es la planificación: no en el sentido de la planificación detallada que destruyó la reputación de los regímenes centralistas, sino el pensamiento estratégico respecto a las necesidades sociales y las metas para el futuro. Será necesario emplear las políticas fiscales y monetarias, así como otras formas de intervención, para redirigir el consumo y la producción hacia estos objetivos sociales, para lograr estos cambios en las aspiraciones y deseos materia- les creados socialmente, y para reorganizar la vida económica para que sea menos rapaz y más sostenible.

Esto es particularmente importante para la calidad de vida en las urbes: las altas tasas de urbanización en los países en desarrollo significa que en muchos países muy poblados, más de la mitad de la población vive en zonas urbanas. Sin embargo, debido a que es excepcional que exista una planificación urbana sistemática para el futuro, destinada a hacer que las ciudades sean agradables o al menos habitables para la mayoría de los residentes, existe más bien la tendencia a crear urbes monstruosas repletas de congestión, desigualdad e inseguridad.

En séptimo lugar, ya que la participación del Estado en la actividad económica es ahora un imperativo, deberíamos estar pensando en cómo hacer que esa participación sea más democrática y responsable en nuestros países y a nivel internacional. Grandes cantidades de dinero público se utilizarán para los rescates financieros y para ofrecer estímulos fiscales. Cómo esto se hace tendrá enormes implicaciones para la distribución, el acceso a los recursos y las condiciones de vida de la gente común, cuyos impuestos se destinan a estos gastos. Por lo tanto, es esencial diseñar la arquitectura económica global para que funcione de manera más democrática. Pero aún más importante sería que los Estados, en todo el mundo, al formular y aplicar las políticas económicas, sean más abiertos y receptivos frente a las necesidades de la mayoría de sus ciudadanos.

Por último, necesitamos un marco económico internacional que apoye todo esto, lo que implica mucho más que simplemente controlar los flujos de capital y regularlos para que no desestabilicen cualquiera de estas estrategias. Las instituciones mundiales que forman el marco organizativo para las decisiones sobre comercio internacional, inversión y producción también tienen que cambiar para volverse más genuinamente democráticas, no sólo en su estructura sino también en su espíritu, finalidad y funcionamiento, y más orientadas a los seres humanos. El financiamiento para el desarrollo y la conservación de los re- cursos mundiales debe convertirse en la principal prioridad de las instituciones económicas mundiales, lo que significa a su vez que éstas no pueden seguir basando su enfoque en un modelo económico completamente desacreditado y desequilibrado.