Jesús Urra

Jesús Urra

Un nuevo pacto prepolítico para Navarra
(Hika, nº 140, enero de 2003)

Quizás una parte sustancial de los problemas de Navarra se puedan concentrar en el llamado conflicto vasco, en la calidad democrática y en las cuestiones sociales más lacerantes. Como en este artículo me voy a centrar en el primero, enunciaré brevemente los otros dos.

En primer lugar, nos proponemos la necesidad de un avance en cuanto a la calidad de la democracia, un ensanchamiento de las reglas democráticas en definitiva, que debería desarrollarse en varias direcciones. 1) En sus cimientos ha de estar el reconocimiento de la viabilidad legal de cualquier proyecto para el futuro del País Vasco-navarro si es respaldado democráticamente por la mayoría. 2) Poder disponer de una ley de consultas, que dé potestad a Navarra para establecer las relaciones que desee con la CAV y en otro plano con el País Vasco-francés. 3) El reconocimiento de los derechos políticos plenos para los inmigrantes con residencia estable. 4) Habilitar mecanismos democráticos directos para la toma de decisiones por la ciudadanía, por cierto algo habitual en otros países, cuya necesidad ha puesto de relieve el conflicto de la Plaza del Castillo. 5) Superar las rigideces del sistema actual que provocan discriminaciones antidemocráticas como los topes del 5% y del 3% en las elecciones municipales y forales, la falta de libertad para elegir a las personas que cada ciudadano desee (listas cerradas) y una reglamentación de los grupos municipales o parlamentarios que prima absolutamente los derechos del grupo sobre los derechos de la persona elegida imponiendo un monolitismo que no refleja la pluralidad existente.

En cuanto a las situaciones sociales más lacerantes, a nadie se le oculta que a estas alturas resultan escandalosas en una comunidad tan próspera como la nuestra. Me refiero, claro está, a la situación de las personas incluidas en la exclusión social. Me refiero también a los inmigrantes, que son discriminados en el trabajo y en la vivienda, aparte de estar insuficientemente integrados en la comunidad. Incluyo asimismo a una parte de las personas mayores (la tercera edad), que malvive en condiciones infrahumanas el ocaso de su vida. Y me refiero, por supuesto, al creciente deterioro de los derechos adquiridos en décadas anteriores para una parte de la población trabajadora: jóvenes (con discriminación salarial por el mismo trabajo realizado, con una gama de contratos en precariedad sin justificación, bajo los cárteles sindicales de empleo repartiéndolo a su capricho y fomentando una nueva afiliación obligatoria), mujeres (en una posición de subalternidad y de discriminación salarial); y, en términos más generales, me refiero a una organización del trabajo cada vez más autoritaria y productivista (ritmos, anulación de tiempo para unas relaciones humanas satisfactorias durante el trabajo), a un incremento de gente fuera de convenio para fraccionar el colectivo trabajador y a las dificultades añadidas para quienes se “caen” del trabajo estable o no llegan a los requisitos exigidos para la jubilación.

Dicho esto, me referiré a la llamada cuestión “vasca” en Navarra, que hoy por hoy condiciona y solapa, por múltiples razones, estos y otros asuntos

EL LLAMADO PROBLEMA VASCO EN NAVARRA. Aquí llevamos veinte años en un enfrentamiento sin salida, sin aportar nada de positivo a la sociedad en valores de calidad democrática, de satisfacción para la convivencia de sus diferentes identidades o para las generaciones futuras, sin aportar nada al arreglo del conflicto o a la constitución de un marco negociador para dirimir las aspiraciones legítimas, a veces contrapuestas, de ambas sensibilidades. El enfrentamiento viene alimentado principalmente por los gobiernos de UPN-PP y por ETA.

¿Seguir así? ¿Para qué? Aparte de por lo doloroso y costoso, no tiene sentido seguir así. No es nada racional ni inteligente.

Rechazamos de plano la acción de ETA por su contribución a un enfrentamiento absurdo, por sus fines anti-pluralistas y exclusivistas, por su pretensión de conducirnos a una Euskadi uniforme. Y también lo hacemos por su método: la ejecución sumaria del otro y del adversario político por pensar diferente o por haber sido elegido tan democráticamente como cualquier cargo público vasquista o abertzale. ¿Qué aportan de positivo este proyecto y estos métodos en valores de justicia, libertad, respeto mutuo y calidad democrática? ¿Qué autoridad moral se puede tener ante la sociedad con semejantes actuaciones? La insumisión y la disidencia civil practicadas con tanta coherencia ético-política y con tanto éxito social por el movimiento de insumisos trazan otro camino incomparablemente mejor y, además, más adecuado a sociedades como la nuestra. La pregunta que debemos formularnos a este respecto las diferentes corrientes de izquierdas es si es cabe construir una disidencia sólida y de futuro sin partir de la crítica radical hacia ETA. Y esto conviene plantearlo al margen de su eficacia o de que la violencia política consiga muchos o pocos votos. El problema es previo. Puede haber políticas que sean “eficaces” o rindan electoralmente, pero que sean absolutamente inaceptables para una fuerza que se presenta ante la sociedad con una vocación de emancipación y liberación. Y este es el caso de ETA, que contradice profundamente los valores humanitarios más elementales y que carece de justificación moral o política en la realidad política concreta en que vivimos.

Rechazamos la política del gobierno central y del navarro porque favorece asimismo el enfrentamiento y porque aboga por una línea sin diálogo, sin distensión. La rechazamos porque no reconocen la legitimidad legal y democrática de todos los proyectos, incluido el independentista. La rechazamos porque no se comprometen a superar la precariedad de la singularidad lingüístico-cultural del euskara, tarea esta que nos corresponde a todos los habitantes de Euskal Herria. Al contrario las instituciones navarras adoptan una línea provocadora; si tomamos como ejemplo las declaraciones de la Sra. Alcaldesa de Iruña al quitar la rotulación bilingüe “lo hago para que la gente no se confunda con los letreros en las dos lenguas, cuando acude al ayuntamiento”.

En el mismo sentido la ilegalización de Batasuna y el encarcelamiento -más que probable- de varios miembros de la dirección de Batasuna ni guarda coherencia con los criterios incluyentes y no restrictivos del tipo de democracia que defendemos desde Batzarre ni convence ni resta apoyos a quienes optan por vías militaristas. Aparte de entrar como un elefante en una tienda de porcelana y de mezclarlo todo y de no separar el grano de la paja y de vulnerar derechos fundamentales de muchas personas, no tiene en cuenta la desconfianza existente entre amplios sectores de la población respecto del centralismo español y el poso existente a raíz de las humillaciones y barbaridades sufridas en el 36, durante la dictadura y en la transición. Los sucesos de Montejurra en 1976, la muerte del sindicalista José Luis Cano en 1977, la provocación fascista-policial de sanfermines de 1978 con la muerte de Germán, el asesinato de Gladys en Tudela en 1979, las continuas prohibiciones arbitrarias a las izquierdas de actos políticos o sociales hasta 1982, el posterior GAL han hecho por ETA en Navarra más que todos los propagandistas juntos.

A este capítulo hay que añadir la cerrazón absoluta del gobierno de UPN ante las legitimas reivindicaciones de la comunidad vasquista en Navarra. Por el contrario pretende anular o reducir al máximo la identidad de quienes nos sentimos vascos y navarros.

Y tenemos así, por paradójico que parezca, los dos polos opuestos –ETA y UPN- que se alimentan mutuamente, que buscan el enfrentamiento entre ambas identidades y la derrota completa o la exclusión de la otra parte en lugar de propiciar una convivencia satisfactoria.

NECESIDAD DE UN NUEVO PACTO “PREPOLÍTICO” PARA NAVARRA. Tras veinticinco años de democracia confluyen varias necesidades para plantearse un cambio de envergadura: salir del enfrentamiento liderado por ETA y mal afrontado por el Estado y la derecha navarrista; superar las adherencias franquistas de la Constitución y de algunas actitudes del poder; adecuar la autonomía actual a la UE; mejorar la calidad democrática y acoger a los nuevos residentes, a los inmigrantes; impulsar reformas sociales de hondura; avanzar en la convivencia de identidades.

Desde Batzarre hablamos de la necesidad de un pacto “prepolítico”. Esto es, un pacto para una perspectiva larga: de una o dos generaciones, alejado de los intereses político-partidistas, implicando a la sociedad y haciéndola co-responsable de sí misma. Y, quizás lo más importante, liderado por las fuerzas dialogantes y tolerantes del navarrismo y del vasquismo sin renunciar a sus idearios y a sus diferencias. Su resultado no puede excluir a los dos polos antes mencionados, esto es, a UPN-PP o a ETA, que son la referencia de una buena parte de nuestra sociedad. Siempre es mala vía la exclusión y no sobra nadie. Pero, es evidente que no habrá pacto si esas dos corrientes no se ven obligadas a cambiar.

Un pacto así debería sustentarse sobre unos valores que impliquen el reconocimiento de la pluralidad de identidades, la legitimidad de las mismas, el respeto mutuo, la aceptación de la regla de la mayoría y simultáneamente los derechos de la minoría, un marco comúnmente concertado para dirimir las diferencias.

Igualmente debería auspiciar un re-equilibrio más justo para la comunidad vasquista en lo que hace a la regulación conforme a la voluntad ciudadana de los símbolos vascos, de la doble pertenencia para quienes nos sentimos vascos y navarros, de un posible asociacionismo común vasco-navarro entre entidades de ambos territorios, a la constitución de un espacio político común con la CAV (y en otro plano lógicamente inferior con el País Vasco-francés), a la cooficialidad del euskara y a su regulación de acuerdo a la realidad existente y a la voluntad popular, etcétera.

Una reforma constitucional que elimine las adherencias franquistas (injerencia del ejército, garantías plenas para el autogobierno y mayores competencias), o que simplemente permita unas relaciones libres entre Navarra y la CAV entre otros temas. Una declaración del parlamento navarro exigiendo la participación de las instituciones navarras en la elaboración de la política española en la UE y su presencia en la misma en todo lo que afecte a sus intereses específicos. Sirvan estas anotaciones como ejemplo de la orientación deseada.

Cambiar o no de rumbo es decisivo para la convivencia de identidades, para que emerja una Navarra más de izquierdas, progresista, de avance social, de calidad y ensanchamiento democrático. El enfrentamiento ETA-Estado actúa como una camisa de fuerza sobre la sociedad propiciando una Navarra institucional más a la derecha de lo que es y favoreciendo claramente a la UPN antivasca y conservadora. Si no afrontamos un cambio profundo, seguiremos instalados en este empantanamiento estéril: sea bajo la gestión de UPN o sea bajo la gestión de un gobierno diferente. Lo aquí expuesto sería una parte del horizonte de las próximas décadas. Debería completarse con la articulación de las diferentes organizaciones de la izquierda navarra, que tendríamos que combinar un cierto denominador común con los importantes y creativos acentos especificas, que posee cada una de ellas.



*Jesús Urra* Un nuevo pacto prepolítico para Navarra (Hika, nº 140, enero de 2003) Quizás una parte sustancial de los problemas de Navarra se puedan concentrar en el llamado conflicto vasco, en la calidad democrática y en las cuestiones sociales más lacerantes. Como en este artículo me voy a centrar en el primero, enunciaré brevemente los otros dos. En primer lugar, nos proponemos la necesidad de un avance en cuanto a la calidad de la democracia, un ensanchamiento de las reglas democráticas en definitiva, que debería desarrollarse en varias direcciones. 1) En sus cimientos ha de estar el reconocimiento de la viabilidad legal de cualquier proyecto para el futuro del País Vasco-navarro si es respaldado democráticamente por la mayoría. 2) Poder disponer de una ley de consultas, que dé potestad a Navarra para establecer las relaciones que desee con la CAV y en otro plano con el País Vasco-francés. 3) El reconocimiento de los derechos políticos plenos para los inmigrantes con residencia estable. 4) Habilitar mecanismos democráticos directos para la toma de decisiones por la ciudadanía, por cierto algo habitual en otros países, cuya necesidad ha puesto de relieve el conflicto de la Plaza del Castillo. 5) Superar las rigideces del sistema actual que provocan discriminaciones antidemocráticas como los topes del 5% y del 3% en las elecciones municipales y forales, la falta de libertad para elegir a las personas que cada ciudadano desee (listas cerradas) y una reglamentación de los grupos municipales o parlamentarios que prima absolutamente los derechos del grupo sobre los derechos de la persona elegida imponiendo un monolitismo que no refleja la pluralidad existente. En cuanto a las situaciones sociales más lacerantes, a nadie se le oculta que a estas alturas resultan escandalosas en una comunidad tan próspera como la nuestra. Me refiero, claro está, a la situación de las personas incluidas en la exclusión social. Me refiero también a los inmigrantes, que son discriminados en el trabajo y en la vivienda, aparte de estar insuficientemente integrados en la comunidad. Incluyo asimismo a una parte de las personas mayores (la tercera edad), que malvive en condiciones infrahumanas el ocaso de su vida. Y me refiero, por supuesto, al creciente deterioro de los derechos adquiridos en décadas anteriores para una parte de la población trabajadora: jóvenes (con discriminación salarial por el mismo trabajo realizado, con una gama de contratos en precariedad sin justificación, bajo los cárteles sindicales de empleo repartiéndolo a su capricho y fomentando una nueva afiliación obligatoria), mujeres (en una posición de subalternidad y de discriminación salarial); y, en términos más generales, me refiero a una organización del trabajo cada vez más autoritaria y productivista (ritmos, anulación de tiempo para unas relaciones humanas satisfactorias durante el trabajo), a un incremento de gente fuera de convenio para fraccionar el colectivo trabajador y a las dificultades añadidas para quienes se “caen” del trabajo estable o no llegan a los requisitos exigidos para la jubilación. Dicho esto, me referiré a la llamada cuestión “vasca” en Navarra, que hoy por hoy condiciona y solapa, por múltiples razones, estos y otros asuntos EL LLAMADO PROBLEMA VASCO EN NAVARRA. Aquí llevamos veinte años en un enfrentamiento sin salida, sin aportar nada de positivo a la sociedad en valores de calidad democrática, de satisfacción para la convivencia de sus diferentes identidades o para las generaciones futuras, sin aportar nada al arreglo del conflicto o a la constitución de un marco negociador para dirimir las aspiraciones legítimas, a veces contrapuestas, de ambas sensibilidades. El enfrentamiento viene alimentado principalmente por los gobiernos de UPN-PP y por ETA. ¿Seguir así? ¿Para qué? Aparte de por lo doloroso y costoso, no tiene sentido seguir así. No es nada racional ni inteligente. Rechazamos de plano la acción de ETA por su contribución a un enfrentamiento absurdo, por sus fines anti-pluralistas y exclusivistas, por su pretensión de conducirnos a una Euskadi uniforme. Y también lo hacemos por su método: la ejecución sumaria del otro y del adversario político por pensar diferente o por haber sido elegido tan democráticamente como cualquier cargo público vasquista o abertzale. ¿Qué aportan de positivo este proyecto y estos métodos en valores de justicia, libertad, respeto mutuo y calidad democrática? ¿Qué autoridad moral se puede tener ante la sociedad con semejantes actuaciones? La insumisión y la disidencia civil practicadas con tanta coherencia ético-política y con tanto éxito social por el movimiento de insumisos trazan otro camino incomparablemente mejor y, además, más adecuado a sociedades como la nuestra. La pregunta que debemos formularnos a este respecto las diferentes corrientes de izquierdas es si es cabe construir una disidencia sólida y de futuro sin partir de la crítica radical hacia ETA. Y esto conviene plantearlo al margen de su eficacia o de que la violencia política consiga muchos o pocos votos. El problema es previo. Puede haber políticas que sean “eficaces” o rindan electoralmente, pero que sean absolutamente inaceptables para una fuerza que se presenta ante la sociedad con una vocación de emancipación y liberación. Y este es el caso de ETA, que contradice profundamente los valores humanitarios más elementales y que carece de justificación moral o política en la realidad política concreta en que vivimos. Rechazamos la política del gobierno central y del navarro porque favorece asimismo el enfrentamiento y porque aboga por una línea sin diálogo, sin distensión. La rechazamos porque no reconocen la legitimidad legal y democrática de todos los proyectos, incluido el independentista. La rechazamos porque no se comprometen a superar la precariedad de la singularidad lingüístico-cultural del euskara, tarea esta que nos corresponde a todos los habitantes de Euskal Herria. Al contrario las instituciones navarras adoptan una línea provocadora; si tomamos como ejemplo las declaraciones de la Sra. Alcaldesa de Iruña al quitar la rotulación bilingüe “lo hago para que la gente no se confunda con los letreros en las dos lenguas, cuando acude al ayuntamiento”. En el mismo sentido la ilegalización de Batasuna y el encarcelamiento -más que probable- de varios miembros de la dirección de Batasuna ni guarda coherencia con los criterios incluyentes y no restrictivos del tipo de democracia que defendemos desde Batzarre ni convence ni resta apoyos a quienes optan por vías militaristas. Aparte de entrar como un elefante en una tienda de porcelana y de mezclarlo todo y de no separar el grano de la paja y de vulnerar derechos fundamentales de muchas personas, no tiene en cuenta la desconfianza existente entre amplios sectores de la población respecto del centralismo español y el poso existente a raíz de las humillaciones y barbaridades sufridas en el 36, durante la dictadura y en la transición. Los sucesos de Montejurra en 1976, la muerte del sindicalista José Luis Cano en 1977, la provocación fascista-policial de sanfermines de 1978 con la muerte de Germán, el asesinato de Gladys en Tudela en 1979, las continuas prohibiciones arbitrarias a las izquierdas de actos políticos o sociales hasta 1982, el posterior GAL han hecho por ETA en Navarra más que todos los propagandistas juntos. A este capítulo hay que añadir la cerrazón absoluta del gobierno de UPN ante las legitimas reivindicaciones de la comunidad vasquista en Navarra. Por el contrario pretende anular o reducir al máximo la identidad de quienes nos sentimos vascos y navarros. Y tenemos así, por paradójico que parezca, los dos polos opuestos –ETA y UPN- que se alimentan mutuamente, que buscan el enfrentamiento entre ambas identidades y la derrota completa o la exclusión de la otra parte en lugar de propiciar una convivencia satisfactoria. NECESIDAD DE UN NUEVO PACTO “PREPOLÍTICO” PARA NAVARRA. Tras veinticinco años de democracia confluyen varias necesidades para plantearse un cambio de envergadura: salir del enfrentamiento liderado por ETA y mal afrontado por el Estado y la derecha navarrista; superar las adherencias franquistas de la Constitución y de algunas actitudes del poder; adecuar la autonomía actual a la UE; mejorar la calidad democrática y acoger a los nuevos residentes, a los inmigrantes; impulsar reformas sociales de hondura; avanzar en la convivencia de identidades. Desde Batzarre hablamos de la necesidad de un pacto “prepolítico”. Esto es, un pacto para una perspectiva larga: de una o dos generaciones, alejado de los intereses político-partidistas, implicando a la sociedad y haciéndola co-responsable de sí misma. Y, quizás lo más importante, liderado por las fuerzas dialogantes y tolerantes del navarrismo y del vasquismo sin renunciar a sus idearios y a sus diferencias. Su resultado no puede excluir a los dos polos antes mencionados, esto es, a UPN-PP o a ETA, que son la referencia de una buena parte de nuestra sociedad. Siempre es mala vía la exclusión y no sobra nadie. Pero, es evidente que no habrá pacto si esas dos corrientes no se ven obligadas a cambiar. Un pacto así debería sustentarse sobre unos valores que impliquen el reconocimiento de la pluralidad de identidades, la legitimidad de las mismas, el respeto mutuo, la aceptación de la regla de la mayoría y simultáneamente los derechos de la minoría, un marco comúnmente concertado para dirimir las diferencias. Igualmente debería auspiciar un re-equilibrio más justo para la comunidad vasquista en lo que hace a la regulación conforme a la voluntad ciudadana de los símbolos vascos, de la doble pertenencia para quienes nos sentimos vascos y navarros, de un posible asociacionismo común vasco-navarro entre entidades de ambos territorios, a la constitución de un espacio político común con la CAV (y en otro plano lógicamente inferior con el País Vasco-francés), a la cooficialidad del euskara y a su regulación de acuerdo a la realidad existente y a la voluntad popular, etcétera. Una reforma constitucional que elimine las adherencias franquistas (injerencia del ejército, garantías plenas para el autogobierno y mayores competencias), o que simplemente permita unas relaciones libres entre Navarra y la CAV entre otros temas. Una declaración del parlamento navarro exigiendo la participación de las instituciones navarras en la elaboración de la política española en la UE y su presencia en la misma en todo lo que afecte a sus intereses específicos. Sirvan estas anotaciones como ejemplo de la orientación deseada. Cambiar o no de rumbo es decisivo para la convivencia de identidades, para que emerja una Navarra más de izquierdas, progresista, de avance social, de calidad y ensanchamiento democrático. El enfrentamiento ETA-Estado actúa como una camisa de fuerza sobre la sociedad propiciando una Navarra institucional más a la derecha de lo que es y favoreciendo claramente a la UPN antivasca y conservadora. Si no afrontamos un cambio profundo, seguiremos instalados en este empantanamiento estéril: sea bajo la gestión de UPN o sea bajo la gestión de un gobierno diferente. Lo aquí expuesto sería una parte del horizonte de las próximas décadas. Debería completarse con la articulación de las diferentes organizaciones de la izquierda navarra, que tendríamos que combinar un cierto denominador común con los importantes y creativos acentos especificas, que posee cada una de ellas.