Jesús Urra Bidaurre

Un plan para la comunidad nacionalista vasca
(Hika, 163 zka. 2005ko otsaila)

Un punto de partida para abordar el Plan Ibarretxe, a mi juicio tan sólido como razonable, es que hay motivos de peso y de sobra para reformar y renovar unos nuevos pactos autonómicos y constitucionales: la experiencia de estos 25 años de andadura autonómica y democrática, la eliminación de las concesiones hechas en su día al militarismo y al golpismo franquistas en la constitución, el trastoque habido en las autonomías a raíz de la entrada en la UE y de su creciente fortalecimiento, la conveniencia de escuchar las demandas de los nacionalismos periféricos que agrupan a más de 2 millones de votantes y de intentar acuerdos satisfactorios con los mismos... Esta es una constatación vieja y repetida al abordar estos temas. La conclusión es evidente: hace falta un cambio y un cambio importante.

La segunda premisa, no menos importante al menos para un servidor, me lleva a reconocer numerosas y sustanciales coincidencias con una parte de las demandas del plan Ibarretxe: la necesaria garantía para la autonomía vasca; la apuesta por un concepto plurinacional del estado (en mi lenguaje, un estado más cívico y más acorde con su radical pluralidad y diversidad en todos los sentidos y, por tanto, también en cuanto a los sentimientos e identidades nacionales); la exigencia de participar en Europa con voz propia en los asuntos que afecten a sus singularidades y competencias; la capacidad de la sociedad vasca para realizar consultas (desde el respeto a su pluralidad y desde el consenso entre los sectores representativos de sus diferentes identidades, añadiría) y en otras reivindicaciones de autogobierno que plantea. Aparte de comulgar una por una con esas demandas, reconozco además que son una muestra atinada de lo que siente y quiere una parte sustancial de la ciudadanía vasca: el nacionalismo-vasco. Asimismo, me parece oportuna la demanda de una reforma constitucional que se esfuerce por integrar a los distintos nacionalismos existentes en el estado español; que permita discutir sobre un proyecto de país (el pacto de convivencia entre vascos) y un modelo de relación (federal-plurinacional) con el Estado; que culmine en una consulta que ratifique el acuerdo logrado.

Creo que es preciso reconocer, por otra parte, la legitimidad legal que le confiere la mayoría requerida del Parlamento Vasco. Aunque, si se mira bien, no es para echar cohetes una mayoría absoluta sostenida en tres votos de Batasuna que rechazan toda la propuesta salvo el preámbulo y otros tres de EB que tan solo la sostienen, según han dicho por activa y por pasiva para que pueda debatirse y para poder “defender su propuesta alternativa de un federalismo de libre adhesión”

Cuarta premisa: el plan Ibarretxe me parece profundamente erróneo para un avance de convivencia y de cohesión entre sus diferentes identidades así como para progresar en la democracia consociativa tan necesaria en una sociedad como la vasca marcada por la pluralidad nacional. No es un plan para las diferentes sensibilidades nacionales existentes en Euskadi (especialmente para las más significativas: nacionalista-vasca y vasco-española). Es un plan para la comunidad nacionalista-vasca. Recoge sus máximas aspiraciones posibles en el momento actual analizados con un mínimo de realismo. Me detendré en esto, a continuación, ya que es el núcleo de mi crítica.

El plan Ibarretxe, tal cual ha quedado aprobado el 30 de diciembre en el Parlamento vasco, da rango constituyente a la cosmovisión nacionalista-vasca en todas las materias centrales: la definición de la Euskal Herria política (no solo cultural) como sujeto abarcando a los siete territorios; sus símbolos; la futura ley de nacionalidad; las relaciones con Navarra e Iparralde bajo formulaciones más pro-unitarias y próximas a sus tesis que la legislación de hace 25 años hechas de modo unilateral y tras veintitantas elecciones que muestran unas tendencias contrarias o reticentes a estas definiciones muy claras; la consideración del euskara como (única) lengua propia; su interpretación de los derechos históricos; el encaje a su medida con España en base a la soberanía y al derecho de autodeterminación planteados ambos sin un pacto previo entre las diferentes identidades vasco-navarras y sin las correspondientes mayorías cualificadas y garantías legalmente establecidas para la minoría al estilo del Acuerdo de Stormont; la autoasignación y autolimitación de las competencias que se atribuye y un afán desmesurado por parecerse a un Estado cuasi soberano con el triple poder legislativo, ejecutivo y judicial. Este es el armazón sustancial y compacto del plan Ibarretxe.

Si el acuerdo descansara en una sociedad cohesionada y con un buen nivel de convivencia, si respondiera a una aceptación mutua y satisfactoria de las dos partes diferentes, si todo el mundo confiara en el respeto a los valores pluralistas y democráticos, cualquier fórmula concreta (independencia, federalismo u otras formulas intermedias que inevitablemente tendrán una soberanía limitada en la nueva entidad europea) me parecería legitima y susceptible de ser discutida y aceptada. Pero este es el fallo principal del citado plan y el centro de mi crítica: solo satisface y solo pretende satisfacer a la comunidad nacionalista-vasca. Hasta tal punto es así que si prosperara, requeriría que el resto de identidades aceptase una subordinación en la definición general de la nación vasca; y de llevarse a la práctica ¿no implicaría una reeducación nacional (más o menos explícita más o menos activa) del conjunto de la sociedad en claves nacionalistas-vascas? Sería algo a todas luces disparatado y seguramente irrealizable en cualquier sociedad moderna.

Sus promotores saben a ciencia cierta que es de imposible aceptación para las fuerzas vasco-españolas por las razones críticas que he expuesto. Lo cual denota una grave desconsideración hacia los otros sectores constitutivos de la sociedad vasca o vasco-navarra. Y sorprendentemente se actúa así, cuando en los últimos 15 años se ha producido un hecho capital en la vida político-social vasca: la emergencia del no-nacionalismo. Este fenómeno -central durante estos años junto a la persistencia de ETA y a la radicalización del conjunto del nacionalismo-vasco desde el acuerdo de Lizarra- está formado por sectores de la población vasca que se sienten extramuros del vigente proyecto nacionalista-vasco y en la hechura del mismo han ejercido de motor aglutinante las acciones y amenazas de ETA contra la representación institucional vasco-española. Este conglomerado de gentes muy diversas no acepta la supremacía per se del nacionalismo vasco, por el hecho de serlo, y no acepta, por tanto, una condición inferior o menos noble de los no-nacionalistas vascos. Tampoco se resigna a desempeñar un papel subordinado: quiere participar en la definición del problema vasco y en su solución. Y revela la otra cara del problema vasco: la existencia de un conflicto interno entre los vascos; que a su vez matiza y condiciona el planteamiento del conflicto externo. Mirando hacia atrás, me parece evidente que este fenómeno social hunde sus raíces en la secular pluralidad de la sociedad vasco-navarra de la CAV y del resto de Euskadi. Mirando al presente, me parece no menos evidente que su actitud en la actualidad es muy diferente de la que tuvo en la negociación del Estatuto de Gernika, hace veinticinco años. Entonces este sector, por diversos motivos en los que no entro ahora, delegó en el nacionalismo-vasco la definición y la solución del conflicto vasco. Hoy no está dispuesto a repetir ese papel.

No deja de resultar extremadamente curioso que el conflicto de identidades en la CAV no existe ni en la propuesta de Ibarretxe ni en la documentación importante del PNV pese a que es un problema político capital de la sociedad. Un silencio extraño embarga la cuestión. Se habla de lo divino y de lo humano, de toda clase de problemas y materias, pero no se menta la supuesta bicha. Se pasa de puntillas y rápidamente todo se plantea como si no afectara a un sector amplísimo de la población vasca; como si no existiera la identidad vasco-española. Y se ejerce un reduccionismo interesado poniendo todo el énfasis en la parte exterior de los problemas: en el conflicto entre Euskal Herria y Madrid.

Creo que detrás de este asunto se encuentra la carencia más grave del nacionalismo-vasco en la actualidad y que refleja de modo perfecto el plan Ibarretxe: la no aceptación a fondo de la pluralidad nacional existente en la CAV (y en el conjunto de los países vasco-navarros) y el no-reconocimiento consecuente del pluralismo nacional como valor. Por ello, el primer obstáculo del plan Ibarretxe no se encuentra en el gobierno central o en las CC.AA. sino en la falta de un pacto satisfactorio en el seno de la propia sociedad vasca. Si dicho pacto, imprescindible en una sociedad plural como la nuestra, se produjera, la negociación con el Estado y con el resto de CC.AA. se situaría en otro plano; y simplemente habría que dirimir las diferencias o intereses contrapuestos entre ambas partes.

Hay otras críticas que simplemente enunciaré. Cierto que ambas partes se han rechazado mutuamente en el proceso de elaboración sobre todo durante el período aznarista; pero es un error obcecarse en seguir adelante para un proyecto de esta envergadura sin el concurso del PSOE y/o del PP dada su representatividad en la CAV, en Navarra y en el Estado español. Igualmente, alienta un planteamiento frentista, frente a los partidos vasco-españoles como el PSE y el PP, que si penetrara en la sociedad vasca implicaría un riesgo muy grave de fractura social. Supone una doble inoportunidad: de un lado por la persistencia de ETA, con sus atentados y amenazas hacia la representación democrática de la población vasco-española; y de otro, por la situación de excepcionalidad con la ilegalización de Batasuna. ¿Qué motivos justifican una urgencia tan desmesurada? Finalmente, alienta un pulso con el Estado español a sabiendas de que cosechará un rechazo total y de que alimenta el riesgo de provocar un choque con el resto de Comunidades Autónomas y la inmensa mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas, algo que no beneficia a ninguna de las partes.

Con toda seguridad el plan Ibarretxe va ser rechazado en el Congreso. Malo sería que no hubiera una mano tendida por parte del gobierno del PSOE que abriera una proceso negociador a fondo y que no tuviera una actitud abierta, receptiva y dialogante ante las insatisfacciones el nacionalismo-vasco. Si alguna virtud posee la propuesta de Ibarretxe es precisamente la de plasmar en un texto las reivindicaciones nacionalistas-vascas. Y en ellas se ha halla una parte imprescindible para un buen acuerdo. Por ello, es necesario un cambio de rumbo por parte de todos: de las Instituciones Vascas, de la representación vasco-española en el Parlamento Vasco, de las Instituciones Navarras y de las Instituciones españolas, para establecer un marco de negociación y unas bases creíbles y satisfactorias para todas las partes.