Jesús Urra

Ni la ilegalización ni la muerte del otro

(Página Abierta, nº 128, julio de 2002)

Este texto representa la posición de Batzarre sobre la controversia suscitada ante la aprobación de la Ley de Partidos. Además de ser difundido en los boletines municipales de esta organización y fuerza electoral en Iruña y varios pueblos navarros, fue publicado en Diario de Noticias de Navarra el pasado 15 de junio, con la firma de un representante de Batzarre.

Quizá no sea ocioso preguntarse por qué en 1996 José Mª Aznar rechazaba la vehemente petición de Fraga en pro de la ilegalización de HB. ¿Qué ha cambiado? Han cambiado muchas cosas. Se ha producido el 11-S, y con él una ola de restricción democrática, presentada por los Gobiernos como única solución a la seguridad reclamada por la población. Y sobre todo, de modo muy especial en la sociedad española, pero también en Navarra y, en otra medida, en la Comunidad Autónoma Vasca, hay un hartazgo social contra ETA; y cada vez le resulta más incomprensible la supeditación política de Batasuna a ETA. Se presiona también desde las bases de PP-UPN y PSOE para que se haga algo ante los atentados mortales. Por estos motivos, se ha pasado del espíritu poco intervencionista de los partidos de izquierda en 1977 –para no estar en el punto de mira de los restos de la dictadura recién aparcada y del golpismo– a una preocupación centrada en la inseguridad derivada de ETA. Está, en fin, el PP con mayoría absoluta que, apoyándose en las muertes de ETA, saca sus querencias autoritarias. Se constata una vez más que el peso de las tendencias sociales suele ser bastante determinante en la hechura de las leyes.
En este contexto se sitúa el actual proyecto del PP. Básicamente pretende responder a la acción de ETA poniendo fuera de la ley la actividad política desarrollada en estos veintitantos años por quienes le apoyan o coinciden políticamente. De este modo son motivos de ilegalización: dar apoyo político expreso o tácito a ETA, en la calle, en las instituciones, en espacios electorales, en organizaciones consideradas satélites de aquélla; usar símbolos identificables con ella; tener en su seno un número significativo de personas con doble militancia o antiguos miembros de ETA como dirigentes. Es decir, lo que el artículo 9 considera de modo muy pormenorizado como dar apoyo político o civil al llamado terrorismo.
El PP ha intentado introducir conceptos ambiguos que pudieran ser extensibles a otro tipo de disidencias, donde, por ejemplo, cabía la insumisión. Sin duda, Batasuna es la destinataria, pero todavía persisten algunos elementos susceptibles de dicha interpretación: ¿qué significa el apoyo tácito al terrorismo? ¿Cómo interpretar la expresión subvertir el orden constitucional? ¿Se entiende por colaborar con entidades o grupos que apoyan a los terroristas la solidaridad con los presos y presas vascas u otras actividades similares? ¿Se puede ilegalizar por opinar y reflexionar sobre la legitimidad de la violencia frente a la tiranía o la injusticia en situaciones muy excepcionales?

Opinión crítica

1. Desde Batzarre preferimos una ley poco intervencionista, en el marco de una democracia no restrictiva, abierta, más decantada por la libertad que por la seguridad, integradora en lugar de excluyente de los sectores más incómodos, libre para opinar aunque se trate de ideas reprobables. Donde no quepa la ilegalización por ideas, actos civiles de coincidencia política con organizaciones armadas, así como sin responsabilidad colectiva por actuaciones individuales o del pasado. Igualmente, es muy peligroso dejar zonas indeterminadas sujetas a la interpretación de fiscales, mayorías parlamentarias y jueces que posiblemente no serán de aplicación inmediata y, sin embargo, penden como una amenaza real. En definitiva, no podemos admitir la ilegalización por opinar o practicar acciones civiles. Los riesgos del futuro van a venir por un exceso de autoritarismo y de arbitrariedades del poder. Ahora bien, no es lo mismo predicar que dar trigo. Y reconocemos que Batzarre propugna esto desde la oposición, sin estar sufriendo la muerte por ocupar un cargo institucional, por opinar o por pensar libremente, como sucede hoy con los cargos del PSOE, UPN y PP a manos de ETA; lo cual es un problema fundamental aquí y ahora.
2. Contra ETA no vale todo. No vale la tortura, denunciada constantemente por Amnistía Internacional; ni la violación de los derechos humanos, especialmente la sufrida por los presos vascos; ni la represión arbitraria o la restricción de libertades sobre el cuerpo social que simpatiza políticamente con ella. Y una ilegalización por ideas u opiniones restringe de modo importante la democracia.
3. Una ilegalización injusta tendría efectos políticos muy perversos. Veamos: obligaría a solidarizarse a personas o fuerzas políticas que están en radical desacuerdo con ETA, dando la sensación de formar un todo; enfeudaría al PSOE bajo la hegemonía del PP y obstaculizaría el acuerdo entre quienes no desean el enfrentamiento actual auspiciado por el PP y por ETA; propiciaría más enfrentamiento; sería una pésima vía para afrontar por cauces civiles los conflictos nacionales del País vasco-navarro; dejaría sin representación político-electoral a una franja importante de la población vasco-navarra; podría favorecer las posiciones más militaristas...
4. La ilegalización da un tratamiento simplista al conglomerado social heterogéneo y complejo de la izquierda abertzale y a sus complejos vínculos con otros sectores del nacionalismo vasco. En dicho bloque se encuentran: a) aspiraciones legítimas (mayor capacidad de decisión del País Vasco, defensa de la supervivencia de las singularidades vasco-navarras en una situación de precariedad, etc.); b) otras que son comprensibles (profunda desconfianza en el centralismo español, frustraciones, deseos de revancha); c) y algunas que son claramente erróneas (un etnicismo exclusivista, incompatible con criterios democráticos; un militarismo que se autoarroga la misión de enderezar la auténtica conciencia de la nación vasca y dispuesto a matar a concejales de la comunidad vasco-española). Un conglomerado de esa complejidad requiere mano izquierda, separar lo justo de lo erróneo en sus demandas, crear un clima de confianza, favorecer a los sectores dispuestos al diálogo y al entendimiento mínimo entre sectores abertzales y vasco o navarro-españoles. Ilegalizar a la parte civil refuerza las tendencias más tenebrosas de esta microsociedad.
Por todas estas razones, Batzarre se opone a la ilegalización.

ETA debe reflexionar

Nuestra reflexión no puede terminar aquí. ETA y quienes políticamente coinciden con sus tesis deberían reflexionar seriamente sobre dos aspectos.
Primero, sobre los errores de bulto que hay en sus postulados nacionales. En particular, por mencionar un ejemplo claro, en lo que hace referencia a la pluralidad de Euskal Herria. Respecto a la pluralidad de identidades: deben admitir su existencia secular, su legitimidad, el reconocimiento mutuo y la necesidad de un mínimo para convivir y regular las diferencias. Y en cuanto a la pluralidad de los territorios: deben reconocer el ámbito navarro de decisión, así como el de Iparralde o el de la CAV. Algo que ETA ni reconoce ni admite.
El segundo aspecto, sobre su método de instrumentalizar la muerte del otro para conseguir fines políticos, es mucho más grave todavía. Las muertes por violencia política siempre son muy problemáticas. Existe una contradicción insalvable entre posibles bienes: un buen fin y un mal medio desgraciadamente inevitable –la lucha armada para lograrlo–. Lo cual debe conllevar unas prevenciones máximas ante la violencia (reducirla al máximo, saber que contaminará las mejores causas, la irreversibilidad de las muertes, etc.) y demostrar muy fehacientemente que realmente no hay otra vía posible, o sea, una situación de excepcionalidad. No vale, ni mucho menos, con tener unos fines justos, pues, desgraciadamente, en muchas experiencias los resultados desastrosos derivados de unos malos medios han sido lo único real, y los fines han quedado en buenos deseos. Por todo ello, la violencia –en el supuesto de admitirla– exige una justificación clarísima.
Hoy, lo decimos de manera muy firme, no están justificadas las muertes de ETA. No resisten ni la prueba de valores sustantivos de una izquierda humanista: ¿qué justicia, o igualdad, o solidaridad, o respeto mutuo con el otro, o calidad democrática cabe esperar cuando se mata al adversario político en una situación como la actual? Ni la prueba de unas condiciones excepcionales: el grado de libertad y bienestar se considera satisfactorio por la inmensa mayoría de la gente. Ni el apoyo de la opinión pública: el rechazo a ETA en la sociedad y en la propia izquierda es como nunca. Ni la situación del nacionalismo vasco en la sociedad vasco-navarra es equiparable a la de la dictadura, sus reivindicaciones adquieren una complejidad y una contradicción mucho mayores en nuestra sociedad y su proyecto es equivalente al de sus oponentes en legitimidad moral. Y, sin embargo, nos encontramos con más y peor lucha armada; matando de modo cada vez más indiscriminado a cargos públicos de las fuerzas vasco-españolas. Por ello se acrecienta la degradación moral de ETA y con ella el silencio de Batasuna. Ésta es la otra cara de la injusta ilegalización. Por ello, nuestro no rotundo a la ilegalización no significa aceptar la muerte del otro.