Jesús  Urra y Milagros Rubio
ETA, GAL, extrema derecha, cuerpos policiales…
Claves para el cierre de esta historia de violencia
(Página Abierta, 241, noviembre-diciembre de 2015).

La acción de ETA en democracia carecía y carece de la más mínima justificación por razones de principio. Porque vulnera los derechos fundamentales de sus víctimas, el derecho a la vida de modo irreversible e irreparable. Porque defiende un proyecto anti-pluralista: quiere una Euskadi uniforme. Por su práctica y por su planteamiento antidemocrático, pues pretende imponerse al resto de la sociedad, amedrentarla. Por su interés sectario, pues, en el fondo, ha pretendido comandar o dirigir la sociedad vasco-navarra sin respetar la voluntad de la población, utilizando la violencia ventajista para conseguirlo. La violencia de ETA, o sea, matar al otro con el fin de obtener beneficios políticos, no tiene ninguna legitimidad en una democracia.

Su renuncia a la violencia merece una valoración positiva. Ahora bien, debe disolverse de inmediato, de forma incondicional y sin ninguna contrapartida política. Y esta cuestión es clave para afrontar bien el resto de asuntos pendientes que le afectan principalmente a la propia ETA y cerrar este capítulo trágico de nuestra vida pública.
Idéntica ilegitimidad política nos merece la violencia del GAL, de la extrema derecha o de organizaciones similares.

E idéntica ilegitimidad tiene la violencia procedente de actuaciones injustas por parte de los cuerpos policiales, que están bajo el mandato de las instituciones democráticas. Sin embargo, no se puede equiparar a ETA y a las instituciones democráticas, pues ETA carece de legitimidad y las instituciones democráticas son plenamente legítimas al ser elegidas por la ciudadanía, aunque, eso sí, deben respetar los derechos humanos, como lo exige un Estado democrático de derecho.

Sobre las víctimas de ETA

Las víctimas de ETA constituyen un conjunto de más de 829 personas asesinadas y 4.000 heridas (otras fuentes las cifran en 857 personas asesinadas y 2.596 heridas) a lo largo de su historia; 747 en democracia, o sea, un 90% del total. A ello hay que agregar todo el sufrimiento ocasionado por las amenazas, secuestros, extorsiones, gente huida, etc., que ha afectado de uno u otro modo a bastantes miles de personas.

Desde Batzarre sostenemos la necesidad del reconocimiento de la dignidad humana de las víctimas y una restitución moral como personas. Esto es lo fundamental. Esta defensa no implica, lógicamente, avalar idearios que sean opuestos a los nuestros o comportamientos que sean injustificables. Pero nadie merece la pena de muerte.

Además, sostenemos la necesidad de una reparación en todos los órdenes: económico, social, atención a sus demandas judiciales, etc. Asimismo, hemos defendido la conveniencia y la obligación del reconocimiento del daño causado por parte de los victimarios. En una sociedad democrática como la nuestra no se le puede arrebatar la vida a nadie en nombre de ningún ideario, ni siquiera en nombre del rechazo a una injusticia manifiesta o de un derecho fundamental que consideremos conculcado. Nada justifica la pena de muerte aplicada por ETA en una democracia como la nuestra.

Sostenemos que algunas de las fuerzas que apoyamos al Gobierno del cambio en Navarra debemos realizar la autocrítica correspondiente, especialmente los sectores abertzales, vasquistas y una parte de la izquierda no nacionalista-vasca que no hemos estado a la altura en esta materia. Aunque la trayectoria de cada una de estas fuerzas ha sido diferente, hay errores o deficiencias comunes: la falta de sensibilidad humana ante las víctimas de ETA; el trato otorgado a las mismas en el pasado; la infravaloración de las consecuencias negativas de toda índole que ha acarreado la persistencia de ETA; la ambigüedad y condescendencia en la consideración de ETA; la no separación entre el problema de ETA y lo político... Mantener una actitud abierta, reconocer los errores que hemos cometido puede ayudar a superar la situación actual, a abrir un escenario nuevo, a cerrar bien este período tan nefasto.

Sostenemos que es preciso acometer con todas las garantías la memoria sobre lo acontecido, especialmente de cara a las generaciones futuras. Esta debe ser una tarea central para el futuro. Necesitamos de la memoria para levantar la convivencia democrática sobre un cimiento sólido, para respetar la verdad sobre lo sucedido, para ser justos con las víctimas, para su reparación…

Además de actuaciones o gestos en favor de las víctimas de ETA, deberemos ser especialmente cuidadosos en aplicar la ley aprobada por el Parlamento Foral de Navarra al respecto. Ley que también es efectiva para las víctimas del GAL y de la extrema derecha.

Finalmente, no podemos eludir la polémica sobre el papel de las víctimas en el final de ETA. Es indiscutible que la dirección y la capacidad de decisión deben residir en las instituciones democráticas, pues ostentan la representación, la legitimidad y la responsabilidad de gobernar. Pero también lo es que las víctimas, en tanto que ciudadanas y ciudadanos directamente afectados, tienen derecho a opinar, a tratar de influir en la opinión pública e incluso a presionar a las instituciones como cualquier otro colectivo social directamente afectado por un problema; de la misma manera que están expuestas a la libre opinión tanto de quienes les apoyan incondicionalmente como de sus detractores,  que están sujetas al acuerdo o al desacuerdo como cualquier colectivo que actúa en política.

Sin duda, su capacidad de adaptación a la nueva situación sin ETA, las posiciones de justicia, de generosidad y de equidad que sostengan en el futuro ante la reconciliación, influirán en la opinión pública. Ahora bien, desde el reconocimiento, el respeto y la reparación que se merecen por el daño que se les ha causado, están llamadas a desempeñar un papel importante en la gestación de un futuro de justicia, memoria y convivencia.

Sobre las “otras” víctimas

Los informes parciales que abarcan desde 1968 nos hablan de 72 personas asesinadas y 324 heridas por organizaciones de extrema derecha o parapoliciales y entre 93 y 122 personas asesinadas y entre 629 y 666 heridas –en relación con la acción política– por actuaciones violentas e ilegítimas por parte de servidores del Estado, haciendo un total de entre 165 y 215 asesinadas y 953-990 heridas, según Argituz.

Un informe del Departamento de Justicia del Gobierno vasco (2008) da la cifra de 109 personas asesinadas y 538 heridas por la violencia ilegítima del Estado y de 75 asesinadas y 236 heridas por grupos fascistas y parapoliciales, haciendo un total de 184 asesinadas y 774 heridas. Ninguna de las dos fuentes considera completos sus informes; todavía no hay una cuantificación contrastada sobre el tema. Hace años que no se producen asesinatos promovidos por organizaciones de estas características. La última persona asesinada por el GAL data del 24 de julio de 1987. A esta relación de víctimas hay que sumar las personas que han sufrido torturas o sufrimientos injustos.

“Las otras víctimas” han pasado (al igual que las victimas de ETA) por una situación muy penosa. Al daño infligido –irreversible con la muerte– se añade, hasta fechas recientes, la invisibilidad, la desconsideración, la falta de reconocimiento por las instituciones democráticas… Aspectos todos ellos que han constituido una gran injusticia.

Estas víctimas deben recibir el mismo trato, la misma justicia, la misma reparación en todos los órdenes: económico, social, atención a sus demandas judiciales... No puede haber víctimas de primera y de segunda. Y en este capítulo nos topamos con un problema procedente de la legislación de la UE: cuando la víctima ha sido victimario-terrorista y ha muerto de forma injusta, sus familiares o allegados no tienen derecho a recibir la indemnización correspondiente. Este acuerdo es injusto, a nuestro juicio, pues no respeta los derechos humanos, a los que debe tener derecho cualquier persona. ¿Acaso sería válida la tortura o la pena de muerte sobre cualquier ciudadano de la UE por el hecho de practicar la violencia terrorista o ilegítima? Lo cual nos plantea un problema de cara a la equiparación en derechos de todas las víctimas acaecidas de forma injusta. 

E, igualmente, deben recibir el reconocimiento del daño causado por parte de sus autores. Al Estado democrático de derecho y a sus instituciones se les debe exigir una declaración sobre su deber inexcusable de respetar los derechos fundamentales y de que bajo ningún concepto pueden impulsar, amparar o tolerar guerras sucias o similares. Es completamente necesario el reconocimiento y la reparación de las demandas de las víctimas de la guerra sucia o de torturas. Por criterios de justicia y de equidad; pero también por criterios de prudencia política y de educación en una sociedad demasiado poco sensible en estos asuntos. Y se requiere, asimismo, que estas víctimas formen parte de la memoria colectiva que se transmita desde las instituciones. Nos parece fundamental emprender estas tareas para afrontar y cerrar bien este capítulo.

El nuevo Gobierno debe ser exquisito y riguroso en aplicar la ley aprobada por el Parlamento Foral de Navarra sobre estas víctimas en la última legislatura.

Presos, política penitenciaria…

Hay varias medidas que se pueden tomar de forma inmediata por distintas razones. En unos casos porque suponen una pena añadida arbitraria y peligrosa para los familiares de los presos o para los propios presos; en otros, porque estamos en otra situación (sin ETA de facto, pendiente de su conclusión definitiva); en otros, porque se trata de actuaciones arbitrarias o dudosas en su fundamentación jurídica (relación con ETA no demostrada o no con suficiente fundamentación jurídica).

Así pues, nos parece que se pueden adoptar algunas medidas inmediatas como son: el  acercamiento de los presos vascos a las cárceles de la CAV y de Navarra; la libertad de las personas condenadas o en prisión provisional por pertenecer a organizaciones políticas o sociales ilegalizadas “próximas” a ETA; la excarcelación de los presos que padecen graves enfermedades incurables. La aplicación de los instrumentos legales previstos para quienes hayan cumplido con las 2/3 partes o las 3/4 partes de la condena por parte de los presos que deseen acogerse a ellos. La garantía del respeto a los derechos humanos que les asiste a las personas presas. La anulación del aislamiento total en los casos en que se produzca arbitrariamente.

El Gobierno central y las personas u organizaciones directamente afectadas deberán buscar los canales y las formas idóneas para abordar las cuestiones relativas a los presos, sin que esto implique “negociación” alguna. Desgraciadamente, el tema de algún tipo de “negociación” (vinculado al relato) es uno de los problemas que empantanan el final de ETA.

ETA intenta que haya un final negociado, aunque sea sobre cuestiones menores. Y con ello pretende salvar su discurso sobre el enfrentamiento secular y sobre el final negociado entre dos poderes legítimos, que haga más favorable su relato y, a poder ser,  dulcifique mucho la salida de los presos (en realidad, la amnistía sería el final adecuado a la lógica y al pensamiento de ETA). En esta operación le sigue la izquierda abertzale.

Y por parte del Gobierno central no hay ninguna intención de ceder lo más mínimo, sino todo lo contrario; ni tampoco se siente presionado al respecto por la opinión pública de fuera de Euskadi. Así está la cuestión, empantanada.

Por parte de Batzarre sostenemos que ha de haber una revisión de las leyes conforme al nuevo contexto social existente, sin ETA, en la perspectiva de integración y reinserción de sus miembros y por supuesto con la desaparición definitiva e inequívoca de ETA. Nos referimos a la necesaria revisión, mediante reformas de la legislación correspondiente, de las restricciones democráticas más negativas incorporadas al sistema legal a causa de la existencia de ETA y de la lucha antiterrorista y que se puede apreciar en la ley antiterrorista, en la ley de partidos, en las sucesivas reformas del Código Penal o de la legislación penitenciaria, etc.

Nos referimos a la revisión de la legislación que ha sido modificada en diferentes leyes, que contiene una pena añadida por delitos de terrorismo. Ya en su día nos parecía que en una parte de la legislación antiterrorista no se salvaguardaban con las debidas garantías los derechos humanos, como es exigible en una democracia. Ahora lo requerimos con más motivo si cabe. Es necesario realizar esta revisión bajo criterios democráticos, humanitarios, de respeto de los derechos humanos para las personas afectadas, de cara a favorecer la integración social frente a las políticas ultrapunitivas.

Estas reformas que afectarían a las personas presas han de tener en cuenta determinados criterios: favorecer y reconocer la nueva situación sin violencia; actuar siempre bajo las exigencias de la ley (la individualidad en cada caso, la renuncia expresa al uso de la violencia para obtener objetivos políticos, el reconocimiento del daño causado, la necesidad de esclarecer los delitos todavía pendientes); sin saltarse la justicia y sin impunidad; y desde el respeto a los derechos humanos y al principio democrático que respaldan, y por el que se rigen, las instituciones actuales de la CAV y de Navarra (y que debe estar siempre sujeto a su modificación por métodos democráticos); con un talante generoso y con la preocupación de cerrar heridas, de extraer para el futuro la enseñanza de “nunca más y para nadie estos horrores”, de favorecer la convivencia y de reconstruirla hasta donde sea posible, de intentar que las generaciones futuras no queden marcadas negativamente por la huella de la violencia.

Es evidente que el margen de actuación será mayor si hay reconocimiento del daño causado, de la tragedia causada a las víctimas, y si se aceptan unas penas justas. Es evidente, igualmente, que los gestos humanitarios hacia el dolor de las víctimas favorecerán el cierre de heridas, el proceso de reconciliación…, mientras que la arrogancia, la actitud distante, la frialdad ante el dolor causado, la reafirmación en sus actuaciones mortales los perjudicarán. Y es evidente que una autocrítica de fondo y sin las ataduras del cálculo político sobre la tragedia ilegitima e injusta que ha supuesto la acción de ETA durante estas décadas democráticas, y especialmente por el sufrimiento que ha infligido a decenas de miles de personas, también ayudará a caminar hacia una sociedad reconciliada y a solucionar los problemas que quedan pendientes.

Tras la desaparición de ETA

Hay que atender a la memoria, justicia, convivencia y cultura de derechos humanos.

Que se cierren las heridas de la violencia y no quede para las siguientes generaciones una sociedad donde predomine el resentimiento. Que se legue a las generaciones venideras una enseñanza clara: el chantaje de la violencia no trae más que males y tragedias en una sociedad democrática en la que también deseamos que haya un bienestar para la mayorías sociales y sobre todo para los sectores más desfavorecidos. Que reconozca y repare el daño causado a las víctimas de ETA, que reconozca y repare el daño causado a las víctimas de las tropelías del Estado en la lucha antiterrorista, que aborde con justicia y con generosidad la integración de los miembros de ETA.

Este reto encuentra dificultades obvias: choca con los intereses particulares de unos y otros y será difícil trasladarlo a la práctica. Habrá que lograr el máximo consenso político-social sobre las cuestiones planteadas y habrá que empujar mucho en esta dirección para sacarlo adelante.

ETA sabe que todo será menos difícil si se dan por su parte algunos gestos de reconocer el daño causado a las víctimas de sus atentados o de reconocer el principio democrático y los diferentes ámbitos de decisión (Navarra y la CAV), o de reconocer y respetar la diversidad de identidades existente… Debe quedar clara la ilegitimidad de ETA y el desastre moral y material que ha supuesto para la sociedad. Ha de quedar claro, asimismo, que la lucha contraterrorista por parte de los poderes públicos ha de estar sujeta al Estado de derecho y ha de respetar los derechos fundamentales y la dignidad de las personas que delinquen.

Los poderes públicos estatales responsables de una contraviolencia política deben hacerse también una autocrítica por la vulneración de los derechos humanos: las muertes –siempre irreversibles–, la tortura, las represalias sobre los familiares, las restricciones a las libertades, los cierres de medios de comunicación, hasta la fecha sin justificación...

Hay que mirar al futuro, pero sin que haya un borrón y cuenta nueva, cerrando bien el pasado con la verdad, la justicia, la generosidad. Porque resuelto el final de ETA, queda por delante la tarea de conseguir el reencuentro social, la reconciliación hasta donde sea posible de una sociedad fragmentada por la violencia, la construcción de una nueva convivencia entre personas de diferentes identidades; que la sociedad se impregne a fondo de la cultura de los derechos humanos y que haga imposible lo vivido en estas décadas.

Más allá de todo esto, queda pendiente la búsqueda de salidas y de nuevos compromisos al complejo conflicto existente en la sociedad vasca y navarra a raíz de la pluralidad de sentimientos, identidades y proyectos, así como de la voluntad o no de vincularse con España; conflictos y controversias que han de resolverse por vías democráticas, pacíficas, dialogantes, consensuadas.
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Jesús  Urra y Milagros Rubio son miembros de Batzarre.